Sentencia 2013-00934 de mayo 9 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 1100102030002013-00934-00

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil trece.

Discutido y aprobado en Sala de ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013).

Se decide el amparo formulado por Clara Emilia Sinning Cárdenas frente al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, extensivo a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, siendo vinculados Orlando Chavarro Caro y Lianeth Sánchez Heilbrón.

Antecedentes

I. Obrando directamente, la accionante solicita la protección del derecho al debido proceso.

II. Circunscribe su reclamo a la omisión de la encartada de restituirle la posesión del predio involucrado en el juicio abreviado de entrega del tradente al adquirente de Lianeth Sánchez Heilbrón contra Orlando Chavarro Caro, pese a la orden que en tal sentido impartió el tribunal.

III. Sustenta el resguardo en los siguientes supuestos fácticos (fls. 1-4):

a.) Que el 28 de julio de 2011, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla dictó sentencia en la aludida causa, accediendo a las pretensiones del libelo introductor, y de contera ordenando que el demandado restituyera a su contraparte el inmueble en cuestión.

b.) Que el 9 de septiembre de ese año, la autoridad comisionada por el a quo rechazó la oposición que formuló en la citada diligencia, privándola de la posesión que ejercía.

c.) Que el 24 de abril de 2012, al desatar la apelación que planteó frente a la anterior providencia, el ad quem declaró la nulidad de todo lo actuado en el juicio a partir del mentado fallo, porque se omitió integrar el contradictorio con Ana Elvira Chavarro de Rodríguez, Vicente Emilio y Carmen Alicia Chavarro Caro, con lo que devino “nula la diligencia en la cual la apelante presentó su oposición”.

d.) Que a pesar de que el juzgado de conocimiento dictó auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior y luego dispuso comisionar al inspector de policía respectivo para que le reintegrara el predio, a la fecha no se ha elaborado el respectivo despacho comisorio, pese a las reiteradas peticiones de su apoderado, con lo que se ha configurado “un incumplimiento a resolución judicial emanada del superior”.

IV. El amparo se radicó inicialmente ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, autoridad que lo remitió a la Corte, por estimar que está involucrada en el asunto, con ocasión de la providencia de la que, precisamente, se pide su cumplimiento. Esta corporación, en consecuencia, admitió a trámite el resguardo (fls. 29, 30 y 59).

Respuesta de la accionada e intervinientes

El juzgado encartado rindió informe pormenorizado de las actuaciones, indicando, en lo que aquí concierne, que con la nulidad decretada por el tribunal se afectó, “naturalmente”, la diligencia realizada sobre el inmueble en disputa, por lo que en auto de 9 de julio de 2012 libró despacho comisorio para “la entrega” del predio a la opositora. Agregó que esto último no se ha cumplido, por cuanto si bien el precitado auto quedó en firme luego de resolverse el recurso de reposición contra el mismo, el 19 de abril de 2013 “ordenó remitir el expediente al honorable tribunal para que se surtiera el recurso de apelación en relación con el auto que había denegado el desistimiento de la demanda” (fls. 73 y 74).

La Sala atacada remitió copia del proveído que declaró la citada invalidez (fls. 67-71).

Hasta el momento de someterse a discusión el asunto, los demás vinculados no se habían pronunciado.

Trámite

Completada como se encuentra la instrucción, prosigue decidir la queja planteada.

Consideraciones

1. De entrada ratifica la Corte su competencia para decidir este amparo, pues, la actuación de la que deriva la accionante su derecho a pedir la restitución del inmueble la profirió la Sala vinculada, situación que conlleva que el asunto lo analice el superior jerárquico de esta última, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, según el cual, “Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado”.

2. Corresponde ahora establecer si el juzgado encartado quebrantó la prerrogativa denunciada al no librar despacho comisorio para realizar la diligencia de restitución del inmueble a la opositora, hoy accionante, como consecuencia de la nulidad declarada por el tribunal en el juicio de que aquí se trata.

3. Por la consagración constitucional del principio de autonomía judicial, las providencias de los jueces o funcionarios que administran justicia son en principio ajenas al análisis propio de la acción de amparo consagrada en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción a dicha regla, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos en los que la respectiva autoridad profiere alguna decisión ostensiblemente arbitraria y caprichosa, esto es, producto de la mera liberalidad del funcionario, a tal punto que configure una “vía de hecho”, y bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y no tenga o haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para conjurar la lesión de sus garantías superiores.

4. Para los efectos del análisis que se realiza está acreditado:

a.) Que el 28 de julio de 2011, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla dictó sentencia en la que acogió las súplicas del libelo abreviado de entrega del tradente al adquirente de Lianeth Sánchez Heilbrón contra Orlando Chavarro Caro, y ordenó que el demandado restituyera a su contraparte el predio de la calle 52 Nº 26-05 de esa ciudad (fls. 5 y 6).

b.) Que el 9 de septiembre de ese año, la inspección de policía comisionada para efectuar la diligencia de entrega, rechazó la oposición formulada por Clara Emilia Sinning Cárdenas (fl. 73).

c.) Que el 24 de abril de 2012, encontrándose el expediente para desatar la alzada de la anterior providencia, el tribunal decretó la nulidad de todo lo actuado en el mentado juicio, “a partir de la sentencia (...) inclusive, con el propósito de que se entere del presente proceso a los señores Carmen Alicia Chavarro Caro, Ana Elvira Chavarro de Rodríguez y Vicente Emilio Chavarro Caro, para los fines que atañen a la defensa de sus intereses” (fls. 5-9).

d.) Que en sendos autos de 9 de julio del año pasado, el juzgado de conocimiento denegó el “desistimiento del proceso” solicitado por las partes, y comisionó al inspector de policía primero especializado de Barranquilla para que “se sirva hacer entrega del inmueble (...) a la señora Clara Emilia Sinning Cárdenas” (fls. 76 y 77).

e.) Que el 1º de octubre postrero, tal funcionario desató adversamente la reposición planteada frente a los precitados pronunciamientos, y concedió, en el efecto suspensivo, la alzada respecto del proveído que no acogió el “desistimiento” (fl. 74).

f.) Que el 19 de abril de 2013, el juez de primer grado in limine descartó el remedio de súplica que el demandante esgrimió respecto del auto que “comisionó para la entrega”, y remitió las diligencias al ad quem para la segunda instancia otorgada frente al interlocutorio que descartó el “desistimiento” (fl. 74).

5. Se acogerá el auxilio, de conformidad con los siguientes argumentos:

a.) El Código de Procedimiento Civil prevé tres efectos en los que, dependiendo de la providencia atacada, se concede el recurso de apelación, a saber: el suspensivo, el diferido y el devolutivo. El primero, que es el que aquí interesa, implica, de un lado, que la decisión reprochada no se cumple mientras el superior no la confirme o declare desierto el remedio; y del otro, que la competencia del a quo se suspende hasta tanto no le regrese el expediente.

Excepcionalmente, el legislador mantiene la facultad decisoria del juzgador de primer grado, para conocer de todo lo que se refiere a medidas cautelares, y además establece, en desarrollo del principio de celeridad procesal, que cuando la determinación opugnada contenga varias resoluciones, las no fustigadas se cumplirán, excepto cuando sean consecuencia de la controvertida, cuestión que se constata al repasar el texto del inciso cuarto del numeral tercero del artículo 354 ibídem: “Cuando la apelación en el efecto suspensivo o diferido se haya interpuesto expresamente contra una o varias de las decisiones contenidas en la providencia, las demás se cumplirán, excepto cuando sean consecuencia de las apeladas, o si la otra parte hubiere interpuesto contra ellas apelación concedida en el efecto suspensivo o en el diferido”.

En sintonía con dichas reglas, la Corte en sentencia de 13 de noviembre de 2011, Expediente 0233-01, expresó: “Concebida la apelación en los precisos términos a los que la contrajo la petición del recurrente, debe entenderse que la providencia quedó ejecutoriada y en firme respecto de aquellos puntos en ella decididos que no fueron objeto de impugnación, pues independientemente del efecto en que se conceda el recurso de apelación, es lo cierto que de conformidad con lo previsto por el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, bien si se trata del efecto devolutivo, o de la apelación selectiva de una o varias decisiones contenidas en la providencia (si el recurso se concede en el efecto suspensivo o diferido), las demás decisiones se cumplirán, salvo que fueren consecuencia de la apelada”.

b.) En el presente caso, como se relacionó en el capítulo de hechos probados, el 1º de octubre de 2012 el Juzgado Séptimo Civil de Barranquilla, en sede de reposición, mantuvo las decisiones de comisionar para la diligencia de entrega y no acceder al desistimiento peticionado por las partes, y, adicionalmente, concedió el recurso de apelación subsidiariamente formulado respecto de la última; es decir, en otros términos, que la discusión en lo que atañe a la “comisión”, quedó finiquitada.

Con esos presupuestos, rápidamente advierte la Corte que el a quo fustigado cercenó el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, por cuanto, bajo el argumento de haber remitido las diligencias al superior, el cual no es válido según se expuso, se ha negado a librar el despacho comisorio ordenado en una providencia que alcanzó el sello de la ejecutoria, y que no depende, por ser diferente la materia tratada, de lo que se resuelva en torno al desistimiento del proceso abreviado.

6. En ese orden de ideas, se concederá el amparo impetrado, para superar la omisión injustificada del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, al que se ordenará, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, librar el referido “despacho comisorio”.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la protección reclamada por Clara Emilia Sinning Cárdenas, y, en consecuencia, ordena al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla que en el término de cuarenta y ocho (48) horas proceda a librar el “despacho comisorio” ordenado en el auto de 9 de julio de 2012.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y oportunamente remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese.

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.