Sentencia 2013-00976 de mayo 28 de 2013

CORTE SUPREMA JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: expediente T. 11010203000 2013-00976-00

Magistrada ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Discutido y aprobado en Sala de 28-05-2013

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Relativamente a la censura de la actora frente a la determinación de enviar el referido expediente a la Sala Civil de Descongestión del Tribunal acusado, advierte la Corte que el amparo solicitado resulta improcedente, habida cuenta que ha trascurrido un holgado lapso desde cuando la magistrada sustanciadora “rechazó de plano” el recurso de reposición que formuló contra dicha decisión (1º de diciembre de 2011), hasta la presentación de la acción (29 de abril de 2013), término superior al establecido por esta Corporación (seis meses) para suplicar la tutela, lo cual desvirtúa, por sí sólo, el carácter urgente e impostergable de la protección implorada, a más de que, valga decirlo, contra tal determinación omitió ejercitar el medio impugnativo que tuvo a su alcance, esto es, la reposición que establece el artículo 348 de la ley de ritos civiles.

Esta última causa de improcedencia del amparo rogado, es decir, la inobservancia del postulado de la subsidiariedad, se predica parejamente del proveído de 27 de febrero de 2012, a través del cual la magistrada sustanciadora de la Sala de Descongestión acusada, denegó la petición elevada a fin de celebrar nuevamente la audiencia de que trata el artículo 360 ejusdem, en tanto que contra el mismo tampoco se emprendió impugnación ninguna.

2. Retornando al tópico de la inmediatez de que arriba se venía tratando, igual situación ocurre de cara al cuestionamiento de la sentencia de segundo grado (27 de febrero de 2012), la providencia que la aclaró (23 de marzo de 2012) y los autos, mediante los cuales, en su orden, se denegaron “el incidente de nulidad” enderezado a obtener la invalidación de esta decisión (7 de mayo siguiente) y los recursos de reposición y súplica (28 de mayo y 29 junio de esa anualidad), pues el término razonable para reclamar la salvaguarda de los derechos fundamentales, empieza a correr desde la fecha en que ocurrió la presunta vulneración; empero la gestora no acudió oportunamente a este instrumento excepcional, so pretexto de haberse incurrido en una supuesta irregularidad (“falta de competencia” de la Sala de Descongestión), que anulaba todo lo actuado y que tan solo vino a alegar, en dos oportunidades, después de fracasar el primer intento para obtener se “invalidara” el fallo de segundo grado con el argumento de que no se podía “aclarar” el error en cuanto a la fecha de la providencia revocada.

Cabe recordar que la jurisprudencia de la Sala sobre el tema ha sostenido que “(…) En el presente asunto, advierte la Corte, sin necesidad de evaluar el contenido de las actuaciones reprochadas, que el resguardo deprecado resulta improcedente, habida cuenta que ha trascurrido un lapso holgado desde cuando el juez profirió las providencias denunciadas como lesivas de las garantías supralegales (14 de julio mediante la cual el juzgado revocó el auto de 12 de agosto de 2009 y, en su lugar, admitió la demanda de reconvención y, 15 de diciembre de 2010 en el que se ‘abstuvo de resolver el recurso de reposición’ interpuesto por el actor) y el accionar constitucional (2 de diciembre de 2011), es decir, que desde la última providencia censurada pasó cerca de un (1) año, sin que sirva de excusa que ‘los medios procesales a través de los cuales se ha tratado de suvertir(sic) dicha decisión, han prolongado su influjo hasta la presente’, en concreto la ‘petición de legalidad’ a la que acudió cinco (5) meses después de ejecutoriada aquella determinación, pues, el término que se contabiliza es a partir del proferimiento de éstas y no de las ‘solicitudes’ improcedentes que se formulen para tratar de cumplir con el requisito de ‘la inmediatez’.

“Ello, en razón a que el reclamo que se analiza fue instituido como remedio de aplicación urgente y, por tal motivo, debe interponerse dentro de un plazo prudencial, ya que, precisamente por su naturaleza, no puede permanecer indefinidamente en el tiempo a la espera de su ejercicio…” (fallo de 8 de marzo de 2012, exp. 00025-01).

En relación con el presupuesto de “la inmediatez” esta Corporación ha expuesto que “Ahora, si bien la jurisprudencia no ha señalado de manera unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados… En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros.(…) Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante” (sentencia de 2 de agosto de 2007, expediente 2007-00188-01, reiterada, entre otros, en fallos de 22 de abril de 2008, expediente 00373-01, 3 de septiembre de 2009, expediente 00302-00, 14 de diciembre de 2010, expediente 02470-01, 13 de junio de 2011, expediente 00893-01, 16 de febrero de 2012, expediente 00006-01, 12 de diciembre de 2012, expediente 02527-01 y 5 de marzo de 2013, expediente 00401).

3. De otro lado, observa la Corte que la sociedad accionante, como ya se advirtiera, promovió posteriormente otros dos “incidentes de nulidad”, alegando la presunta “falta de competencia de la Sala de descongestión del tribunal” para conocer del asunto. El primero de ellos, fue resuelto desfavorablemente el 13 de agosto de 2012 por considerar la magistrada acusada que “la proposición elevada por el entonces presidente de esta Corporación, fue la escogencia y envío de los 300 expedientes más antiguos, y que para ello sugería tener en cuenta que no se remitieran aquellos pendientes de pruebas, los que tuvieran fijada fecha para la audiencia del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, los que ya fueron a Sala y aquellos cuyo proyecto fue derrotado, adicionado que ‘de todas maneras tales criterios se consultarían a la Sala’, siendo uno de estos aspectos el que ciertamente ocurrió en el presente asunto, empero, si bien se fijó fecha para la diligencia oral de alegatos, también lo es que ésta se agotó, lo que permitía su remisión a la Sala de Descongestión para lo de su cargo, pues el proceso ya se encontraba para dictar la respectiva sentencia” (fls. 28 a 33 cdno. 14 del expediente), determinación que recurrió en “súplica”, siéndole rechazada el 5 de septiembre de 2012 por considerar el magistrado que seguía en turno que el estatuto procesal, vigente cuando se radicó la solicitud, “no contempla como apelable el auto que deniega la nulidad procesal” (fls. 41 y 42 ídem), de igual manera, en autos de 11 de febrero y 7 de marzo del año en curso “rechazó” los sendos “recursos de reposición” que interpuso (fls. 63, 64, 83 y 84 ídem).

El segundo, le fue “rechazado de plano” por medio de auto de 2 de mayo de 2013, con fundamento en “lo establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil”, en el que además, la magistrada encartada la requirió “enérgicamente para que en lo sucesivo cese tales comportamientos dilatorios, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales y disciplinarias que prevé el ordenamiento jurídico para corregir dichas actuaciones, que por cierto lucen desleales para con la contraparte, y antitécnicas a la lealtad procesal que atentan directamente a la administración de justicia (fls. 60 a 62 cdno. 15 del expediente).

4. Analizadas las citadas providencias, observa la Sala que por estar edificadas en las expresadas reflexiones, no pueden tildarse de caprichosas o arbitrarias y por tanto, no se hace necesaria la intervención del juez constitucional, ya que de otra manera se estaría interfiriendo la esfera de juzgamiento propia de los funcionarios competentes, laborío que, como se sabe, a partir del desarrollo de los principios de la autonomía y de la independencia judicial, también tiene protección en la Carta Política.

En efecto, los magistrados encartados fundamentaron las reseñadas determinaciones en las disposiciones que regulan el asunto, esto es, lo dispuesto en los artículos 140, 142, 143 y 351 del estatuto procesal civil y el artículo 5º del Acuerdo PSAA 10-7043 de 28 de julio de 2010, emitido por la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del cual el presidente de la Sala Civil del Tribunal sugirió que “tener en cuenta que no se remitieran aquellos pendientes de pruebas, los que tuvieran fijada fecha para la audiencia del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, los que ya fueron a Sala y aquellos cuyo proyecto fue derrotado, adicionando que ‘de todas maneras tales criterios se consultarían a la Sala…”, es decir se trató de una proposición mas no de una “imposición”, como lo entendió la accionante.

Respecto del carácter de apelable del auto que deniega la nulidad la Corte ha sostenido que “(…) Ahora bien, la negativa del accionado a conocer de la apelación, no es producto de su capricho, ni dicha determinación se emitió, como lo afirman los reclamantes, en contravención de las normas adjetivas, porque ciertamente, la recurrida, no es una providencia apelable.

“Lo anterior se afirma en razón de la reforma de que fuera objeto el precepto que determina las decisiones susceptibles de ese medio de defensa, en virtud de lo normado por el artículo 14 de la Ley 1395 de 2010.

“De conformidad con la anterior disposición, el auto en contra del cual procede formular el recurso que se comenta, es aquel que “declare la nulidad total o parcial del proceso” (CPC, art. 351 num. 5º), lo cual se encuentra en perfecta consonancia con lo previsto en el artículo 147 de la codificación procesal, que establece que “el auto que decrete la nulidad de todo el proceso, o de una parte del mismo, sin la cual no fuere posible adelantar el trámite de la instancia, será apelable en el efecto suspensivo. El que decrete la nulidad de una parte del proceso que no impida la continuación del trámite de la instancia, lo será en el efecto diferido”.

“Es palmario, entonces, que con la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, se suprimió del ordenamiento jurídico, la procedibilidad del recurso de apelación frente al proveído que, al resolver de fondo la solicitud de invalidez, la deniega.

Se colige, luego, que la sustentación que de tal negativa hiciera el Tribunal, tuvo pleno fundamento legal, incluso en la misma norma que los accionantes aseguran fue desatendida, porque, precisamente, en ejercicio del examen preliminar a que se contrae el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, se inadmitió el recurso, advertido como estaba, el incumplimiento de los requisitos definidos en la ley para su concesión, como lo es el relativo a que la decisión cuestionada fuere susceptible de conocerse en segunda instancia, por así haberlo previsto el legislador…” (sentencia T. de 18 de abril de 2012, expediente 00705, reiterada entre otras, el 7 de noviembre de 2012, expediente T. 00501-01).

Al margen de lo anterior, cumple señalar que el asunto debatido a través de los incidentes de nulidad planteados por la quejosa, denota el reclamo subyacente de un problema de “reparto”, contingencia tal que no es generadora de invalidación procesal en modo alguno; con todo, si lo cuestionado es, entonces, un tema de “competencia funcional” por haberse pronunciado la Sala de descongestión querellada, a criterio de la empresa petente, desbordando sus atribuciones ya que no podía asumir conocimiento para desatar el recurso vertical, y ello de acuerdo a las supuestas directrices impartidas por el Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad, cabe anotar que, para remediar esa dolencia, puede acudir, de estimarlo pertinente, al recurso de revisión, conforme al numeral 8º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, cual es la senda para atacar la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”.

En un asunto que guarda simetría con el ahora abordado, la Corte sostuvo que “(…) Esta corporación ha asumido constantemente la postura anteriormente referida, conforme se pasa a evidenciar mediante la citación de algunos precedentes que acogen el aserto elevado, todos ellos en virtud a la existencia del recurso de revisión, que se impone como tópico de su improcedencia conforme al postulado de la subsidiariedad.

“En sentencia de 25 de julio de 2011, proferida en la acción de tutela 11001-02-03-000-2011-01479-00, la Sala precisó que ‘[s]i como aquí lo plantea el accionante, la Sala convocada extralimitó sus funciones cuando se pronunció sobre la pretensión subsidiaria de resolución del contrato de compraventa que dio origen a la litis, sin tener atribuciones para hacerlo, puede Rodríguez Vergara interponer el recurso extraordinario de revisión, acorde con lo previsto en el ordinal 8º, artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, según el cual una de las causales de ese medio impugnativo se estructura al ‘existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso’, esto es, una falta de competencia funcional.

“‘En un caso que guarda similitud con el presente, la Sala en fallo de 12 de enero de 2005, expediente T-7600122030002004-00392-01, señaló que ‘[a]unque en la demanda de tutela se manifestó que se acudía al mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, por cuanto se carecía de otro medio de defensa judicial, observa la Corte que, con independencia de que la autoridad judicial denunciada haya incurrido en una falta calificada, lo cierto es que la parte supuestamente agraviada con la decisión contra la cual se interpuso el amparo, es susceptible del recurso extraordinario de revisión (…). En efecto, como en el escrito de tutela se alega que el juzgado de segunda instancia no estaba facultado para declarar la prescripción de la excepción de nulidad relativa del contrato de seguro, a la postre lo que se reprocha es la falta de competencia originada en la sentencia, irregularidad que de ser cierta, debe controvertirse en el escenario natural, como es el anotado recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 380, numeral 8º del Código de Procedimiento Civil’” (Fallo de 25 de marzo de 2012, expediente T. 00506-00).

5. Resulta claro, entonces, que la actora pretende, a través de la tutela, revivir el debate propuesto en el referido proceso que le fue desfavorable, desconociendo el carácter residual y subsidiario de este instrumento excepcional.

6. En este orden de ideas, el amparo solicitado no puede prosperar.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela impetrada.

Comuníquese esta decisión a las partes, conforme a lo estipulado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y, oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Por secretaría, devuélvase el proceso al tribunal de origen.

Notifíquese».