Sentencia 2013-00980 de noviembre 1º de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., primero (1º) de noviembre de dos mil diecisiete 2017.

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Rad.: 730011102000201300980 01

Aprobado según Acta Nº 93 de la misma fecha

Asunto a decidir

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a resolver el recurso de apelación interpuesto por la doctora MARZIA BARBOSA GÓMEZ, defensora de oficio del disciplinado contra la decisión proferida el 26 de marzo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima(1), mediante la cual sancionó a la abogado JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ, con SUSPENSIÓN del ejercicio de la profesión por el término de 4 meses, tras hallarlo como autor responsable de la falta descrita en los artículos 34-B, 35-6 y de la infracción al deber establecido en el artículo 28-8 de la Ley 1123 de 2007.

SÍNTESIS FÁCTICA

Tiene origen la presente investigación disciplinaria en la queja formulada por la señora, BLANCA INES YATE GARCIA quien contrató los servicios profesionales del abogado JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ para que llevara adelante la defensa de su compañero permanente, señor GUSTAVO QUICENO, habiéndole entregado suma de $ 1.500.000 el 4 de marzo de 2013 y luego $ 200.000, pero pasados 6 meses no había gestionado trámite alguno, por consiguiente anotó que el togado sin autorización de ella ni de su compañero, le dio poder al también abogado MAURICIO PÁRAMO CORTÁZAR, razón por la cual la quejosa exige la devolución de su dinero para darle poder a otro abogado.

CALIDAD DE ABOGADO- ANTECEDENTES

De acuerdo con el certificado N° 15818-2013 expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con fecha del 25 de octubre del 2010, se constató que el doctor JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 17690149, se encuentra inscrito como abogado y es titular de la Tarjeta Profesional N° 190612, que a la fecha se encuentra vigente.

Por su parte, la secretaría judicial de esta Sala, mediante certificado número 67353 del 25 de febrero de 2015, informo que el mencionado profesional del derecho registra la siguiente sanción disciplinaria:

Radicado NºSanciónInicio sanciónFinal sanción
20120017801Suspensión del ejercicio profesional.08 de agosto de 201407 de octubre de 2014

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Verificada la condición de profesional en derecho del doctor JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ, con la cédula de ciudadanía Nº 17690149, y titular de la Tarjeta Profesional Nº 190612, vigente, el a quo por auto del 28 de octubre de 2013, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el profesional y señaló para el día 04 de diciembre de 2013, la audiencia de pruebas y calificación provisional.

2. Audiencia que se aplazó, como también la del 13 de febrero de 2014, al ser declarado persona ausente el disciplinado, dado lo anterior se asignó como defensora de oficio a la togada LIZETH VIVIANA VASQUEZ PRIETO notificada personalmente de tal decisión por medio del auto fechado el 15 de enero de 2014, quien a la vez solicitó aplazamiento de la audiencia, por lo que el 26 de marzo de la misma anualidad se da inicio a la referida, dando lectura al escrito de queja por parte del Magistrado Ponente, acto seguido permite la ampliación de la misma, la intervención de la defensa, y ordena el decreto de pruebas, programando su continuación para el día 13 de mayo de 2014.

Se escuchó al quejoso en ampliación y ratificación de queja, posteriormente se decretan pruebas y se dispuso la vinculación al proceso del abogado MAURICIO PÁRAMO CORTÁZAR.

El 18 de junio de 2014 se dio continuación a la audiencia de pruebas y calificación provisional con presencia del investigado, quien asumió su propia defensa, relevándose del cargo a la defensora de oficio a quien se le defirió el cargo para que asumiera la defensa del doctor MAURICIO PÁRAMO quien no concurrió a la diligencia, rindiendo su versión libre de los hechos, no sin antes puntualizar detalles de la denuncia en las declaraciones que ha hecho la señora BLANCA INÉS YATE como sus hijas y su compañero permanente, finaliza la audiencia fijando fecha para su continuación el 23 de julio de 2014 y procede nuevamente a decretar pruebas.

3. Instalada la audiencia y con presencia de los dos abogados vinculados al proceso, el magistrado instructor formuló cargos así:

• Contra del doctor JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ por la presunta incursión en la falta contemplada en el artículo 34 literal B y 35 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con la infracción al deber establecido en el artículo 28 numeral 8º de la misma normatividad, siendo atribuidas las conductas a título de dolo.

• Contra del doctor MAURICIO PÁRAMO CORTÁZAR como presunto infractor a título de culpa de la falta contenida en el artículo 37 numeral 1º de la ley 1123 de 2007 atentoria(sic) a la debida diligencia profesional, y en concordancia con la infracción al deber contenido en el numeral 8º del artículo 28 de la misma norma.

El 26 de agosto de 2014 se realizó la audiencia de juzgamiento, en la cual se amplió la queja, escuchando en versión libre al doctor MAURICIO PÁRAMO CORTÁZAR quien solicitó tener como prueba los testimonios de los señores Alberto Verdugo y Rafael Tello Pava.

4. A solicitud del doctor PÁRAMO se aplazó la continuación de la audiencia de juzgamiento, reprogramándose para el 16 de octubre de 2014, fecha en la cual se suspendió por la no comparecencia del doctor JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ designándose como defensor de oficio al doctor ENRIQUE ARANGO HERNÁNDEZ, no obstante, el día 2 de diciembre de 2014 fecha fijada para su continuación no comparece ni el doctor TIQUE ni su defensor de oficio, por lo cual se relevó del cargo y se nombró a la doctora MARZIA BARBOSA, quien no asiste ni su representado a la siguiente audiencia programada para el 26 de enero de 2015 por lo ello se insiste en la comparecencia de ambos y se fija el día 24 de febrero de 2015 su continuación.

5. El 24 de febrero de 2015 se continuo la audiencia de juzgamiento, y verificada la comparecencia de la doctora MARZIA BARBOSA, corriéndose traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión; el doctor PÁRAMO CORTÁZAR solicitó se le excluya de cualquier responsabilidad disciplinaria por atipicidad de la conducta, reiterando que el vínculo contractual que tiene la quejosa es con el doctor JIMER FABIÁN TIQUE y los servicios por el prestados terminaron en razón a discrepancias en la estrategia defensiva con el señor GUSTAVO QUICENO compañero permanente de la quejosa, adujo además que no le fueron cancelados sus honorarios.

Por su parte la doctora MARZIA BARBOSA señaló que no existe prueba sumaria que demuestre la entrega de algún dinero al doctor JIMER FABIÁN TIQUE, agregó que el poder conferido a su representado lo faculta implícitamente a sustituirlo, basándose en eso, se deduce que el disciplinado actuó cabalmente dentro del proceso penal e inclusive sustento en debida forma el recurso de apelación a favor del señor QUICENO en el momento en el que su colega el doctor PÁRAMO CORTÁZAR renuncio al poder, solicitando se absuelva de los cargos formulados a los imputados.

EL FALLO APELADO

Mediante proveído del 26 de marzo de 2015, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, profirió sentencia declarando responsable al abogado JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ de las faltas descritas en los artículos 34 literal B y 35 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, así mismo por haber incurrido en la falta al deber contenido en el numeral 8º del artículo 28 ibídem conductas desplegadas a título de DOLO, sancionándolo con Suspensión del ejercicio profesional por el término de 4 meses. Y absolviendo de responsabilidad al doctor MAURICIO PÁRAMO CORTÁZAR de los cargos formulados por presunta vulneración al artículo 37 numeral 1º y numeral 8º del artículo 28 de la ley 1123 de 2007 imputadas a título de CULPA.

Consideró la Sala a quo la existencia de prueba que compromete la responsabilidad del doctor JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ, en tanto prometió al señor GUSTAVO QUICENO, así como a la señora BLANCA INÉS YATE GARCÍA compañera permanente de aquel y, de igual forma a su hijastra, señora DIANA GAITA YATE y quien fuera la encargada de entregarle la suma de $ 1´700.000, a título de honorarios profesionales, que en caso de que le fuera concedido el mandato para el ejercicio de su defensa, en tres meses lograría la libertad del implicado, sumado al hecho de que al momento de recibir la primera suma, no expidió el recibo correspondiente, a pesar de ser esa su responsabilidad.

Dinero que el profesional no negó haber recibido, además aceptó que conoció a la quejosa en su puesto de trabajo vendiendo tintos y fue ahí el lugar donde le comento la situación jurídica de su compañero permanente, momento que aprovechó este para ofrecerle sus servicios profesionales, razón para concurrir al penitenciario y entrevistarse con el señor QUICENO logrando de él contrato de mandato, del mismo modo y para garantizar el pago de sus honorarios obtuvo de su poderdante la suscripción de contrato de compra venta de unas máquinas de ebanistería a favor de la señora DIANA GAITA quien terminaría sufragando el valor inicial por sus honorarios esto es, la suma de $ 1´700.000.

En tanto y sin ánimo de defraudar la confianza dada por sus clientes, le advirtió a la querellante y sus hijas que por no ser especialista en derecho penal la causa del señor QUICENO la adelantaría el doctor MAURICIO PÁRAMO con quien tiene un consorcio de abogados, siendo él el encargado de coordinar la defensa, por lo cual cobro la suma de $ 3´000.000.

En efecto, la quejosa en las declaraciones emitidas dentro del proceso sostuvo que el doctor TIQUE prometió que en tres meses lograría la libertad de su compañero, declaración corroborada por su hija la señora DIANA GAITA, quien aseveró que su madre solicitó de ella el dinero para la defensa de su padrastro asegurándole que el doctor TIQUE le garantizaba la libertad en el término antes referido, y añadió que el caso lo llevarían 3 abogados.

Asimismo afirmó que el profesional le presentó otros colegas con lo que daba credibilidad a sus promesas, aseverando sin embargo que él iba a ser quien representara a su padrastro y que su caso no daba motivos para que estuviera privado de la libertad, que incluso presentaría cierto documento ante la Procuraduría General de la Nación para gestionar su cometido.

Por lo cual y ante la insistencia del doctor TIQUE y habiendo logrado del señor QUICENO la suscripción del contrato de compra venta, la señora DIANA GAITA con el dinero percibido de la misma canceló la suma de $ 1´500.000 sin que el profesional firmara comprobante alguno y refiere que a los veinte días le entrego la suma de $ 200.000 logrando ese día comprobante de ello.

Confirmado por su hermana ÉRICA GAITA quien corroboró en su declaración lo dicho por su hermana, siendo testigo del pago de sus honorarios. De igual forma en la declaración del señor GUSTAVO QUICENO aseguro que el doctor TIQUE SÁNCHEZ fue contratado por su compañera permanente, que le hizo firmar un poder prometiéndole que lo dejaría en libertad y que luego lo abandono, mostrándose molesto por ello, pues —refirió—, hasta ese momento de su declaración fue que lo vio frentiar, advirtiendo que siempre vio fue al otro profesional, refiriéndose al doctor PÁRAMO CORTÁZAR.

Si bien para la seccional de primera instancia lo anterior es suficiente para la estructuración de las faltas contenidas en las siguientes normas:

ART. 34.—Constituye faltas de lealtad con el cliente (...) 

B) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable; 

ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado (...) 

6. No expedir recibo donde consten los pagos de honorarios o de gastos. 

Atentorias contra la lealtad con el cliente y la honradez del abogado, en concordancia con la infracción al deber contenido en el numeral 8º del artículo 28 que preceptúa:

ART. 28.Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: 

(...) 

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. 

La primera, consiste precisamente en el hecho de “garantizarquedeserencargadodelagestión,habrádeobtenerunresultadofavorable, el a quo consideró probada dicha conducta al referir las declaraciones de la quejosa, quien indica que el profesional le aseguro que “en tres meses lograría la libertad de su compañero”, señor GUSTAVO QUICENO, a quien prometió igualmente el abogado que de otorgarle el poder “lo dejaría en libertad”, aseveración que coincide con la de la señora DIANA GAITA YATE, encargada de entregarle al doctor TIQUE SÁNCHEZ el valor de los honorarios pactados, señalando que “... él le garantizaba que sacaba a su padrastro en tres meses”, refiriéndole que el caso lo llevarían tres abogados y “que él iba a salir libre”.

Tales promesas, resultan contrarias al deber profesional de actuar con lealtad y honradez, pues es de pleno conocimiento que la gestión desarrollada por los abogados es de medio y en ningún caso de resultado, por lo que al garantizar la libertad del señor QUICENO en un término de 3 meses, motivo injustificadamente a su familia y a él a suscribir aquel contrato de compra venta.

Agregó la Sala de Instancia que el togado da aún más credibilidad a sus promesas al asegurar que 3 abogados se encargarían de la causa del señor QUICENO.

Dicho lo anterior el disciplinado se limitó a referir, frente a las claras y coherentes acusaciones que, le explico a Gustavo “que se iba a luchar por su libertad”, sin siquiera contradecir la prueba obrante en su contra.

En el mismo sentido, guardo silencio al confrontarlo con la afirmación que da certeza de la segunda falta imputada, esto es, por noexpedirrecibosdondeconstenlospagosdehonorariosodegastos” ello, respecto de la primera suma recibida de manos de la señora DIANA GAITA YATE a nombre de su poderdante, por valor de $ 1´500.000, según lo constata la misma testigo, así como su hermana ÉRICA GAITA YATE. Y aunque el profesional del derecho afirmo haber expedido los recibos respectivos, lo cierto es que nunca allego tales comprobantes, resultando coherente los reproches en su contra por esta conducta, como tampoco cuando recibió los $ 200.000, pues debió en su momento la señora GAITA exigirle la expedición del correspondiente recibo, siendo claro que tampoco pretendía el profesional expedir el comprobante en esa oportunidad,

El a quo coligió la existencia de pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad del abogado para emitir un fallo sancionatorio por las dos faltas imputadas, en relación con el abogado, toda vez que se cuenta con la prueba que conduce a la certeza de la existencia de las faltas y de la responsabilidad del disciplinable.

Pues resulta evidente la antijuridicidad, culpabilidad y responsabilidad del doctor TIQUE en la incursión de las faltas antes descritas, basándose en la adecuación objetiva y subjetiva de las normas infringidas, pues su actuar no denota ninguna causal de justificación por el contrario acredita el material probatorio que deduce su culpabilidad a título de dolo y por la cual el a quo dispuso sancionarlo.

Por consiguiente considero que la trascendencia social de las conductas desplegadas por el disciplinado es mínima dado que solo afecto a la familia de la quejosa, y como es lógico pensar los perjuicios no solo resultan en términos pecuniarios sino también de tipo moral, es decir el disciplinado conocía la situación económica de la denunciante, al entablar con ella un acercamiento en su puesto de trabajo vendiendo tintos, por tanto al prometerle lo incumplible, indujo a la familia a vender su único capital (unas máquinas de ebanistería) para que al final la esperanza depositada en él se viera defraudada al aceptar la condena en contra de su familiar.

En cuanto a los criterios de atenuación no puede alegar el disciplinado que por el hecho de haber presentado en últimas el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria haya resarcido el daño, pues tal actuar, en vez de resultar oportuno, resulto tardío.

Y en ultimas lo que resulta vinculante son los criterios de agravación, pues en un primer aspecto recae en su contra una sanción dentro de los cinco años anteriores a la comisión de las conductas que se investigan en este proceso, como se puede constatar en el certificado de antecedentes disciplinarios anexo al folio 201-202, le fue impuesta al profesional del derecho suspensión de dos meses en el ejercicio de sus funciones, según providencia del 05 de junio de 2014, vigente entre el 08 de agosto y el 07 de octubre de 2014.

Asimismo la Corporación considero como factor agravante de su conducta el haberse aprovechado claramente, de las condiciones de ignorancia, inexperiencia y necesidad del afectado, en este caso no solo del poderdante, sino de todos los implicados, su compañera y sus hijastras.

La Seccional de Primera Instancia en estricto acatamiento al principio in dubio pro disciplinado absolvió de responsabilidad al doctor MAURICIO PÁRAMO CORTÁZAR de las faltas imputadas a la debida diligencia profesional en el proceso penal en el que asumió la defensa del señor GUSTAVO QUCENO, al no probarse con precisión la forma y circunstancias en que asumió el poder, con el cual se limitó a asistir a la audiencia de formulación de acusación para luego renunciar a tal dignidad – según su dicho, por no haber logrado acuerdo respecto de la estrategia de defensa y del pago de los honorarios.

Ya que no resulta lógico que un profesional de tal experiencia hubiese aceptado un poder en esas condiciones, para luego renunciar al mandato por no haber “concretado la estrategia de defensa”, pues asegura que su compromiso se limitó a hacer un “acompañamiento” en la defensa que asumió el primero frente al caso del señor QUICENO.

Precisó el a quo que no puede mantenerse el juicio de reproche hecho contar el doctor PÀRAMO CORTÁZAR bajo un solo supuesto, al existir una duda respecto de si recibió el profesional parte del pago de los honorarios, o si tenía derecho a exigir nuevos estipendios por su gestión, como también respecto de si fue la falta de acuerdo en la estrategia defensiva lo que justifico su renuncia al mandato, pues como se sabe, el señor QUICENO en ultimas termino en efecto aceptando los cargos a él imputados, siendo esta la base del fallo condenatorio.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Notificadas en debida forma las partes, la defensora de oficio del doctor JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ, interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, mediante escrito del 25 de mayo de 2015, deprecando la revocatoria de la decisión de instancia mediante la cual se impuso sanción de suspensión de cuatro meses del ejercicio de la profesión, porque en su sentir la prueba de los cargos son la queja, la ampliación y unos testimonios de personas sospechosas por la cercanía y demás de la denunciante, no se estructura ante el Juez disciplinario el conocimiento en el grado de certeza requerido para proferir fallo sancionatorio, y en este sentido no queda otro camino que absolver.

Por lo cual resulta imperante la aplicación del principio in dubio pro disciplinado,... ya que “el Estado como titular de la carga de la prueba no logro acreditar la comisión de las faltas irrogadas en primera instancia, deberá absolverse al jurista, esencialmente por cuanto no se desvirtuó la presunción de inocencia”.(2)

Mediante auto del 2 de junio de 2015, el a quo, concedió el recurso de apelación (fl. 247 c. o.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo

256 de la Constitución Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogadosen el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Ley Estatutaria de la Justicia— al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al disponer: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejo seccionales de la judicatura”.

Asunto a resolver. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la doctora MARZIA BARBOSA GÓMEZ , defensora de oficio del disciplinado en contra la decisión proferida el 26 de marzo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó al abogado JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ, con SUSPENSIÓN del ejercicio profesional por cuatro meses, tras hallarlo responsable de la comisión de las faltas descritas en los artículos 34B y 35 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con la infracción al deber contenido en el numeral 8º del artículo 28 de la misma norma, circunscribiéndose al objeto de impugnación y lo que resulte inescindiblemente vinculado a ello, conforme lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 171 del Código Único Disciplinario, al cual se llega por remisión expresa del artículo 16 de la ley 1123 de 2007.

Descripción de la falta disciplinaria.

El abogado JIMER FABIAN TIQUE SANCHEZ, fue encontrado responsable de la comisión de la falta atentoria contra la lealtad con el cliente y la honradez del abogado, tipificadas en el literal B del artículo 34, numeral 6º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con la infracción al deber contenido en el numeral 8º del artículo 28 de la misma normatividad, que establecen lo siguiente:

ART. 34.Constituye faltas de lealtad con el cliente (...) 

B) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable; 

ART. 35.Constituyen faltas a la honradez del abogado (...) 

6. No expedir recibo donde consten los pagos de honorarios o de gastos. 

ART. 28.Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (...) 

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. 

De acuerdo con las pruebas allegadas a la presente actuación se establece que el disciplinado fue designado por la quejosa para la representación de su compañero permanente en el proceso penal adelantado en su contra, todo ello induce a estimar que se ha de configurar una serie de obligaciones que si bien se desarrollaron por un tercero quien fue el abogado MAURICIO PÁRAMO fue el señor JIMER FABIAN TIQUE la persona encargada de velar por la defensa del señor QUICENO.

De ahí que se le impute la incursión en la falta contra la lealtad con su cliente, pues la defensa del poderdante se vio menguada por la discrepancia en la proyección de la defensa que venía desarrollando el doctor MAURICIO PÁRAMO pues se le aseguró que de contratarlos iba a quedar en libertad en un plazo de 3 meses no obstante la situación jurídica del señor QUICENO era distinta de la que se le informo, hecho que condujo a la renuncia de su defensa ya que de aceptar los cargos en un preacuerdo con la Fiscalía iba a ser condenado.

Así las cosas está demostrado que el doctor JIMER FABIAN TIQUE garantizó un resultado por su gestión lo cual va en contraposición con los lineamientos de esta profesión, ya que las obligaciones derivadas de los abogados son de medio no de resultado, por lo cual no puede en ningún momento garantizar un resultado definitivo por sus servicios, sino velar por un debido proceso en el que se respeten las etapas procesales y los derechos de su mandante.

Dentro de este marco ha de considerarse el escrito de apelación de la doctora BARBOSA GOMEZ en el que afirmó que la causa de la queja se debe a un inconformismo con el desempeño del profesional mas no a la existencia de elementos probatorios que den certeza de las faltas endilgadas, ya que los testimonios por parte de la quejosa en razón a su parentesco se encuentran viciados de credibilidad e imparcialidad.

Lo anterior carece de fundamento en razón al desarrollo del proceso, como se evidencio en las audiencias de pruebas y calificación como la de juzgamiento, fue el Magistrado Ponente quien decretó los referidos testimonios al considerarlos conducentes, útiles y pertinentes, de igual forma el disciplinado contradijo tales declaraciones limitándose a negar los hechos sin aportar elementos probatorios que apoyaran su hipótesis con lo cual no desvirtuó la naturaleza de la falta ni los hechos que se alegan ciertos.

De esta manera, el contrato de compra-venta que hizo suscribir al señor QUICENO, para que con ello se pagaran sus honorarios, la renuncia del doctor PÁRAMO por la discrepancia mencionada con su cliente, su postulación para presentar la apelación en contra de la sentencia condenatoria, y las declaraciones recaudadas en el proceso disciplinario, son prueba suficiente para esta Sala de que el disciplinado procedió con conciencia y voluntad de infringir la normatividad reguladora de la profesión respecto de la falta de lealtad con el cliente.

Ahora en lo concerniente a la falta contemplada en el numeral 6° del artículo 35 de la ley 1123 de 2007, la Sala en concordancia con la Sentencia C-819/11 señala que el ejercicio de la abogacía implica el desarrollo de una función social que conlleva responsabilidades de trascendencia determinante en el Estado, lo que justifica los mecanismos de control disciplinarios, que le permiten al aparato estatal encausar dicha actividad para las finalidades previstas e impedir el ejercicio indebido de la profesión de la abogacía.

En efecto, quedó probada dentro del proceso la incursión de la falta atentoria a la honradez de la profesión, al no caber duda sobra la omisiva del togado de abstenerse a expedir recibo de pago por los dineros percibidos en razón a sus honorarios, todo ello obligo a la familia de la quejosa a elaborar un manuscrito improvisado para disponer de un comprobante que soportara el segundo abono por $ 200.000, pero el pago inicial por el valor de $ 1´500.000 careció del mismo, no obstante el disciplinado no negó haberlos recibido, si incurrió en dicho comportamiento en la modalidad de dolo ya que el verbo rector que exige la comisión de la falta consiste en “no expedir” con lo que automáticamente atentó a la honradez profesional al no cumplir cabalmente con sus deberes como abogado.

En ese orden de ideas, como considero esta misma corporación en sentencia del 3 de diciembre de 2014(3) el núcleo rector de este tipo disciplinario es “negarse a otorgar recibos”, con lo cual quiso generar la obligación en los abogados, de expedir el respectivo recibo de pago de honorarios o gastos siempre que se le cancelara dineros por ambos conceptos. Por lo tanto, actualmente para incurrir en la falta establecida en el numeral 6º, del artículo 35, de la Ley 1123 de 2007, basta con que el abogado omita la obligación de expedir los recibos por los dineros recibidos.

Para concluir, esta Superioridad considera que no es admisible este tipo de comportamiento de parte de un profesional en derecho, pues está en la obligación de actuar y colaborar leal y legalmente en pro de los fines primarios del Estado que buscan de la justicia y la equidad, deber preceptuado en el artículo 28 numeral 8°, del Estatuto del Abogado por lo cual también se le sanciona al incurrir efectivamente en las faltas atentorias contra la lealtad y la honradez profesional.

Por lo tanto, ninguna de las causales consagradas en la ley para eximir de responsabilidad se han configurado en el sub judice, siendo menester para esta Superioridad expresar su concordancia respecto del fallo de primera instancia, pues el investigado, sí desarrolló las conductas endilgadas por el a quo, incurriendo en las causales de agravación que asertivamente señala la instancia en sus consideraciones, por tanto es forzoso concluir, de acuerdo con la valoración del acervo probatorio, que el profesional del derecho investigado, incurrió en la falta a la honradez y lealtad profesional sin emerger causal exonerativa para evitar el juicio de reproche y por la cual se le sancionó en primera instancia, soslayando el deber de actuar como dispone el numeral 8° del artículo 28.

En relación con la sanción de Suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 4 meses, impuesta al togado JIMER FABIAN TIQUE SANCHEZ, observa esta Superioridad, que la misma guarda concordancia con las faltas y consultó los parámetros establecidos en los artículos 40, 43 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad - dolosa las circunstancias de las mismas, los motivos determinantes y las causales que determinan los elementos de agravación, para imponerla.

En consideración a lo anterior esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, habrá de confirmar el fallo apelado proferido el 26 de marzo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, mediante la cual sancionó al abogado JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ, con suspensión del ejercicio de la profesión por cuatro meses, tras hallarlo responsable de la comisión de las faltas descritas en el literal b del articulo 34 y numeral 6º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con la infracción al deber contenido en el numeral 8° del artículo 28 de la misma norma.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el fallo apelado, proferido el 26 de marzo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, mediante la cual sancionó al abogado JIMER FABIÁN TIQUE SÁNCHEZ, con Suspensión del ejercicio profesional por cuatro meses tras hallarlo responsable de la comisión de las faltas descritas en el literal b del articulo 34 y numeral 6º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con la infracción al deber contenido en el numeral 8° del artículo 28 de la misma norma, conforme a las consideraciones en la parte motiva de esta providencia.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devolver el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucia Olarte Avila, Secretaria Judicial.

1 M.P. José Guarnizo Nieto, Sala con el magistrado Carlos Fernando Cortés Reyes. Fls. 206- 226.

2 Sentencia del 22 de septiembre de 2010 dentro del Rad. 500011102000200700345 02

3 Rad. 050011102000 2012 00931 01.