Sentencia 2013-01024 de mayo 19 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REF: Exp. 68001-23-33-000-2013-01024-01.

Recurso de apelación contra la sentencia de 15 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

Tesis: “la responsabilidad fiscal debe necesariamente recaer sobre el manejo o administración de bienes y recursos o fondos públicos y respecto de los servidores públicos y particulares que tengan a su cargo la custodia de bienes o recursos del estado, frente a los cuales tengan poder decisorio”.

Actor: Horacio Arroyave Soto.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS:«V. Consideraciones de la Sala.

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del “Fallo Nº 19 Fecha 2 de octubre de 2012 en el Proceso de Responsabilidad Fiscal Nº 1739”, proferido por la gerencia departamental colegiada Santander de la Contraloría General de la República, a través del cual declaró responsable fiscalmente a Horacio Arroyave Soto, en su condición de Director Ejecutivo de Cormagdalena, por la suma de $737.425.450 m/cte., correspondiente al daño patrimonial producido al erario; del Auto 01 de 22 de enero de 2013, “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio petición de apelación contra el Fallo Nº 019 fecha 2 de octubre de 2012 en el proceso de responsabilidad fiscal Nº 1739”, emanado de la mencionada Unidad, a través del cual se resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar el antes citado acto demandado, y del Auto 000202 de 1º de marzo de 2013, “Por medio del cual se conoce un grado de Consulta y se resuelven sendos Recursos de apelación dentro del PRF- 1739”, expedido por la Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, que al resolver el recurso de apelación, confirmó el antes citado fallo con responsabilidad fiscal.

Se observa que la Contraloría demandada expidió los actos administrativos acusados, como resultado del proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra el actor, en su condición de director ejecutivo y representante legal de Cormagdalena, “por la mora que tuvo al decidir realizar las acciones contractuales que garantizaban a la corporación hacer efectivas o afectar las pólizas, con la declaratoria de siniestro, por medio de acto administrativo debidamente motivado”, por “su exagerada compasión y extralimitación de comprensión, se desencadenó en la pérdida que tuvo el erario, patrimonio público que como recursos de la Corporación, no podían ser manejados de manera ligera, descuidada y atentando directamente contra los fines de Estado”, “máxime cuando él como ordenador del gasto y junto al visto bueno de la interventoría, ordenó el desembolso de la segunda mitad del valor de la grúa, antes que la misma fuese entregada en debida forma”.

Se le imputó la conducta a título de culpa grave y se le indicó que el nexo de causalidad estaba claramente determinado, en razón a que su negligencia y exagerada benevolencia, en no hacer efectivas las sanciones, originó el desmedro al erario y su omisión generó el daño al patrimonio público.

Los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, en el escrito de apelación, reiteran los argumentos expresados en los cargos de la demanda, los cuales se pueden resumir en: “falsa motivación” y “violación del debido proceso”, por lo que la Sala procederá a examinarlos, en aras de establecer la legalidad de los actos demandados.

Falsa motivación.

El recurrente adujo que el operador fiscal omitió realizar la valoración integral de las pruebas, conforme al artículo 26 de la Ley 610 de 2000, toda vez que no tuvo en cuenta las relacionadas con las actividades desplegadas por la Jefe de Oficina Asesora de Jurídica de Cormagdalena, con ocasión de la ejecución del contrato número 0086 de 2005, suscrito entre dicha corporación y el Consorcio Río Grande, que demostraban que las omisiones y equivocaciones cometidas por ella, al asesorar al director ejecutivo de dicha entidad, acarrean una serie de consecuencias, de acuerdo con el principio de responsabilidad, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política, y que son determinantes en el daño ocasionado al erario.

Según su criterio, las actividades jurídicas realizadas por la mencionada Jefe sí comportan gestión fiscal y, en tal virtud, debía ser vinculada al proceso de responsabilidad fiscal y responder por los daños ocasionados al patrimonio público, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, razón por la cual no le asistió razón al fallador de primera instancia, al sostener que ella no era sujeto de control fiscal y que las actividades desplegadas por ella no podían ser encuadradas como gestión fiscal.

Que se configuró la causal de nulidad de falsa motivación, en la medida en que la Contraloría omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados, habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

En primer término, debe dilucidar la Sala, si las actividades desplegadas por la Jefe de la Oficina Jurídica Asesora de Cormagdalena, respecto del contrato núm. 0086 de 2005, suscrito entre dicha corporación y el Consorcio Río Grande comportan gestión fiscal, vale decir, sí era sujeto de control fiscal.

En tratándose del alcance del concepto de gestión fiscal y de los sujetos pasivos del proceso de responsabilidad fiscal, es preciso traer a colación la sentencia de 26 de agosto de 2004 de esta Sección (Exp. 05001-23-31-000-1997-2093-01, Actor: Luis Carlos Ochoa y Norma Amparo Valencia Osorio, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la que se señaló:

“Cabe señalar que la Ley 42 de 1993, a diferencia de lo que sucede con la Ley 610 de 2000, no consagra una definición de gestión fiscal; empero nada impide a la Sala acudir al concepto que sobre el tema trae la referida Ley 610 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías”.

“El artículo 3º de dicha ley prevé:

“Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.

De la definición transcrita deduce la Sala que el sujeto pasivo en el proceso de responsabilidad fiscal son los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, cuando al realizar la gestión fiscal, a través de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas no han dado una adecuada planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los mismos, o a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas, causando por ende con ello detrimento patrimonial al Estado.

Es oportuno traer a colación apartes de la Sentencia C-840 de 9 de agosto de 2001, de la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad de algunas normas de la mencionada ley:

“(...).

3. Naturaleza y sentido del concepto de Gestión Fiscal.

Al amparo de la nueva concepción que sobre control fiscal incorpora la Constitución de 1991, la Ley 610 de 2000 prescribe en su artículo 3º la noción de gestión fiscal... Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario público puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los servidores públicos, a tiempo que contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines del Estado.

Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores. Lo cual es indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente. Circunstancia por demás importante si se tienen en cuenta las varias modalidades de asociación económica que suele asumir el Estado con los particulares en la fronda de la descentralización por servicios nacional y/o territorial. Eventos en los cuales la actividad fiscalizadora podrá encontrarse con empleados públicos, trabajadores oficiales o empleados particulares(1), sin que para nada importe su específica condición cuando quiera que los mismos tengan adscripciones de gestión fiscal dentro de las correspondientes entidades o empresas.

Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de los servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades fiscales se trata.

4. El proceso de responsabilidad fiscal.

El proceso de responsabilidad fiscal se fundamenta en el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución, según el cual el Contralor General de la República tiene la atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, facultades que a su vez tienen asiento en la función pública de vigilancia y control sobre la gestión fiscal que realicen los servidores públicos o los particulares en relación con los bienes y recursos estatales puestos a su cargo. Funciones éstas que por igual se predican de las contralorías territoriales (C.P., art. 272, inc. 6º).

Conforme a lo anterior, las competencias que asisten a todas las contralorías se expresan a través de dos momentos teleológicamente concatenados, sin que el segundo de ellos deba darse necesariamente en todos los casos. Es decir, en un primer momento las contralorías realizan el control fiscal dentro de sus respectivas jurisdicciones, formulando al efecto las correspondientes observaciones, conclusiones, recomendaciones, y llegado el caso, las glosas que puedan derivarse del examen de los actos de gestión fiscal seleccionados. Si con ocasión de esa vigilancia, en forma inmediata o posterior surge alguna información concerniente a hechos u omisiones eventualmente constitutivos de daño fiscal, procede la iniciación, trámite y conclusión del segundo momento, esto es, del proceso de responsabilidad fiscal. El cual, en todo caso, está sujeto a la oportunidad que le otorgan las figuras de la caducidad y la prescripción.

Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene a su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control, con miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario público. De esta forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido de que un determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, en la administración de los dineros públicos(2).

El proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa;(3) de ahí que la resolución por la cual se decide finalmente sobre la responsabilidad del procesado constituya un acto administrativo que, como tal, puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso administrativa.

En este orden de ideas la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae sobre la gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y, finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido proceso(4) según voces del artículo 29 Superior.

(…).

Frente al tema en estudio resulta ilustrativo el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, expresado dentro del Radicado 1522 (ago. 4/2003, C.P. dr. Flavio Rodríguez Arce), en el cual se precisó lo siguiente:

(…).

Control y gestión fiscal. Responsabilidad fiscal. El control fiscal es una función pública que tiene por objeto la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, ejercida por la Contraloría General de la República(5), las contralorías territoriales y la Auditoría General, que se cumple mediante el ejercicio del control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece la ley (C.P., art. 267).

Para el cumplimiento de esta función, se asigna a los organismos de control la atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma ( art. 268.5 de la C.P.).

Para deducir responsabilidad fiscal, es preciso que la conducta reprensible se haya cometido en ejercicio de la gestión fiscal, definida en el artículo 3° de la ley 610 de 2000 así:

“Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.

De esta definición legal de gestión fiscal(6), armonizada con las disposiciones siguientes de la Ley 610 y dada su inescindible interrelación, se desprenden múltiples consecuencias: determina el objeto de la gestión; se tiene en cuenta para establecer el alcance, objeto y elementos de la responsabilidad fiscal, esto es, el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal (arts. 4° y 5°), así como la causación de un daño patrimonial al Estado producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna ( art. 6° ). (7)

Así mismo, sirve para estructurar el concepto de proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen, por acción u omisión, un daño al patrimonio del Estado (art. 1°). (8)

La acción fiscal cesará cuando se demuestre que el hecho no comporta el ejercicio de gestión fiscal y, por tanto resulta procedente dictar auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal (arts. 16 y 47); sin embargo, de existir efectiva lesión al patrimonio del Estado, habrá lugar a exigir la correspondiente responsabilidad patrimonial por otra vía, como se verá más adelante.

En consecuencia, se deduce responsabilidad fiscal por la afectación del patrimonio público en desarrollo de actividades propias de la gestión fiscal o vinculadas con ella, cumplida por los servidores públicos o los particulares que administren o manejen bienes o recursos públicos. Al respecto la Corte Constitucional, al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 1°(9) de la Ley 610, señaló:

“El sentido unitario de la expresión o con ocasión de esta solo se justifica en la medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus respetivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los particulares responsables del manejo de fondos o bienes del Estado.

De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento adscrito dentro del marco de la tipicidad administrativa. De allí que, según se vio en párrafos anteriores, el ente fiscal deberá precisar rigurosamente el grado de competencia o capacidad que asiste al servidor público o al particular en torno a una específica expresión de la gestión fiscal, descartándose de plano cualquier relación tácita, implícita o analógica que por su misma fuerza rompa con el principio de la tipicidad de la infracción. De suerte tal que sólo dentro de estos taxativos parámetros puede aceptarse válidamente la permanencia, interpretación y aplicación del segmento acusado.

Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al desdibujamiento de la esencia propia de las competencias, capacidades, prohibiciones y responsabilidades que informan la gestión fiscal y sus cometidos institucionales.

Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de quienes en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios. La defensa y protección del erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas. Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.” (Negrillas y subrayas son del texto)

De conformidad con el antecedente jurisprudencial antes transcrito, la Contraloría General de la República, como ente de control fiscal, tiene que identificar a quiénes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores o particulares.

Para establecer la responsabilidad fiscal, se requiere examinar si la conducta comporta gestión fiscal o guarda alguna relación de conexidad con ésta.

La responsabilidad fiscal se deduce por la afectación del patrimonio público, tanto en forma dolosa como culposa, en desarrollo de actividades propias de la gestión fiscal(10) o vinculadas con ella, cumplida por los servidores públicos y particulares, que manejen o administren bienes y recursos del Estado.

Vale la pena puntualizar, que la responsabilidad fiscal debe necesariamente recaer sobre el manejo o administración de bienes y recursos o fondos públicos, y respecto de los servidores públicos y particulares que tengan a su cargo bienes o recursos del Estado, sobre los cuales tengan capacidad o poder decisorio.

En el sub lite, de conformidad con el Manual de Funciones de Cormagdalena (Acuerdo de la Junta Directiva núm. 111 de 12 de noviembre de 2004(11)), la Jefe de Oficina Asesora de Jurídica de dicha entidad tiene las siguientes funciones:

“1. Asesorar Jurídicamente a la Junta directiva, el Director Ejecutivo y a las diferentes dependencias de la Corporación y solucionar los asuntos de carácter jurídico, y conceptuar acerca de los aspectos que sobre el particular le sean planteados.

2. Adelantar de manera eficiente la defensa jurídica de los intereses de la entidad y para el efecto deberá entre otras, representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que ésta deba promover mediante poder que le otorgue el director de la corporación o por delegación de éste; supervisar el trámite de los mismos y mantener informado al director y a las entidades competentes sobre el estado de cada uno de los procesos y actuaciones.

3. Absolver las consultas que, en materia jurídica, le formulen a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena.

4. Realizar estudios e investigaciones, tendientes a mantener las normas relacionadas con asuntos de competencia de la Corporación y participar en los eventos que se programen internamente o por otras entidades públicas o privadas en los cuales se promueva la difusión de normas que incidan en el desarrollo de las funciones de la Corporación.

5. Revisar y conceptuar sobre los actos administrativos que sean sometidos a su consideración por el director de la corporación o por las dependencias de la misma y preparar los proyectos de actos administrativos que le sean solicitados.

6. Brindar el soporte legal interno que requieran las dependencias de la Corporación, en especial en la elaboración de las respuestas a los derechos de petición y tutelas y en las acciones administrativas, y emitir los conceptos jurídicos que le sean solicitados.

7. Presentar los informes que le sean solicitados sobre el desarrollo de sus funciones.

8. Asesorar y conceptuar jurídicamente sobre los pliegos de condiciones y términos de referencia para las licitaciones y concursos de méritos que se determinen para la escogencia de contratistas.

9. Tramitar el registro y custodiar los títulos por los cuales la entidad adquiere o enajena inmuebles y de las servidumbres que afectan predios de propiedad de terceros.

10. Ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro de cuentas por concepto de las deudas a favor de la corporación, de acuerdo con las normas sobre la materia.

11. Asesorar al director ejecutivo en la Imposición de las sanciones y multas por violaciones a la normatividad, conforme a la ley o los reglamentos.

13(sic). Apoyar el trámite contractual para las concesiones portuarias.

13. Revisar, conceptuar y custodiar los contratos y convenios que en desarrollo del objeto de la corporación se suscriban.

14. Responder y hacer seguimiento a las tutelas interpuestas contra la Corporación.

15. Responder por el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos y formalidades legales que determine el Régimen de contratación en la celebración de contratos y convenios.

16. Coordinar la consolidación y preparación de los informes que la Corporación deba suministrar en forma periódica a otras entidades, en los temas que le correspondan a la dependencia.

17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.” (Negrillas son del texto)

Al revisar detenidamente las funciones asignadas a la Jefe de la Oficina Asesora en mención, se observa que no encajan dentro del concepto de gestión fiscal, por no estar referidas a la ordenación, control, dirección, administración y manejo de los bienes o recursos de la entidad, o por no implicar poder decisorio sobre dichos bienes o fondos.

Además, debe señalarse que la misma denominación del referido cargo “jefe de oficina asesora de jurídica”, es la que indica que éste tiene relación con funciones de asesoría, de conceptuar, absolver consultas y brindar soporte legal, pero no involucra poder decisorio sobre bienes o recursos del Estado, elemento necesario para pregonar responsabilidad fiscal.

Al respecto, se debe precisar que si bien es cierto que la Jefe de Oficina Asesora de Jurídica de Cormagdalena desplegaba actividades jurídicas con relación al contrato núm. 0086 de 2005, éstas no se encontraban relacionadas o comportaban gestión fiscal, pues dentro de las funciones aplicables a ella no tenía las de manejo, administración, dirección o disposición de los recursos de la entidad, conforme se dijo anteriormente.

De ahí que tampoco tuviera manejo o administración de los recursos del citado contrato núm. 0086 de 2005, suscrito por la referida corporación con el Consorcio Río Grande.

Por consiguiente, las omisiones y equivocaciones cometidas por ella, al asesorar al director ejecutivo de Cormagdalena, sobre la imposición de multas y sanciones frente al contratista incumplido, la caducidad, y supervisión y seguimiento de las pólizas contractuales, si bien podrían acarrear una acción disciplinaria, pues las mismas podrían estar relacionadas con el incumplimiento u omisión de sus deberes, contenidos en el manual de funciones aplicable a su cargo, no generan consecuencias desde el ámbito de la responsabilidad fiscal.

Al estar ausente la gestión fiscal, elemento vinculante y determinante para establecer la responsabilidad fiscal, en las actividades desplegadas por la Jefe de Oficina Asesora de Jurídica de Cormagdalena, con relación al referido contrato, no podía la Gerencia Departamental Colegiada Santander de la Contraloría General de la República, vincularla al proceso de responsabilidad fiscal.

En segundo lugar, debe la Sala señalar, conforme lo indicó el fallador de primera instancia, que en manera alguna las omisiones y equivocaciones cometidas por la Jefe de la oficina asesora jurídica de Cormagdalena, al asesorar al director de dicha entidad, pueden exonerarlo de su responsabilidad fiscal.

En efecto, el mencionado director, al tener la condición de representante legal y de ordenador del gasto de Cormagdalena, y las funciones de “expedir los actos administrativos que le correspondan de acuerdo con la Ley, el Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes y decidir sobre los recursos legales que se interpongan contra los mismos” y “Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la Corporación, garantizando la racionalidad en la misma”, tenía la ordenación, control, dirección, administración y manejo de los bienes y recursos o fondos de la entidad, en sus diferentes etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición, así como la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26, numeral 5, de la Ley 80 de 1993.

Y como tal, estaba llamado, en el caso bajo examen, a ejercer las acciones contractuales que garantizaban a la entidad hacer efectivas las pólizas, con la declaratoria del siniestro, a través de acto administrativo motivado, y a orientar y verificar la ejecución de los recursos hacia la consecución efectiva de los fines del Estado, vale decir, a responder por el buen manejo y administración de los recursos de la Corporación.

De ahí que obró conforme a derecho la Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, cuando al resolver el recurso de apelación, mediante Auto 000202 de 1º de marzo de 2013 acusado, señaló:

“… no se puede desconocer, que quien compromete recursos públicos, debe responder por la correcta ejecución y destinación de los mismos, en defensa del interés general y del ordenamiento jurídico. Es imperativo para los servidores públicos buscar el cumplimiento de los fines perseguidos por el Estado con la contratación, vigilar su correcta ejecución, y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución.

En consecuencia, responderán pos sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas, situación que ha sido valorada por la instancia de conocimiento, y como se ha podido observar a lo largo de la actuación procesal, su representado es responsable fiscal. En razón de lo anterior a la recurrente no le asiste razón, por cuanto no se observan motivos para vincular a la Jefe de la Oficina Jurídica.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Respecto a este punto, es del caso traer a colación la sentencia de esta Sección, de 15 de abril de 2010 (Expediente núm. 66001-23-31-003-2006-00102-01, Actor: Esperanza de Jesús Gómez Pérez, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta), en la que se señaló:

“El concepto de gestión fiscal, cuyo contenido va más allá del simple comportamiento fiscal apegado al principio de legalidad, comprende igualmente la verificación de los resultados que se quieren alcanzar con ella. En ese sentido, quienes tengan bajo su responsabilidad el manejo de los recursos presupuestales, están llamados a orientar dicha actividad hacia la consecución efectiva de los fines del Estado, con un apego estricto e incondicional a las normas vigentes, buscando alcanzar de manera exacta y puntual los objetivos a los cuales apunta el manejo de tales recursos.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)

Por consiguiente, no cabe duda de que acertó el Tribunal de primera instancia cuando estimó que la Jefe de Oficina Asesora Jurídica de Cormagdalena no era sujeto de control fiscal y que su no vinculación al proceso de responsabilidad fiscal en manera alguna puede ser considerada como falsa motivación de los actos demandados. Al efecto razonó de la siguiente manera:

“Así las cosas, estando en cabeza de la Contraloría establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal e imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso y siendo sujeto de control fiscal el Director Ejecutivo de Cormagdalena y no la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, no avizora la Sala conforme a las normas antes citadas, que se impusiera para dicho ente de control el deber de vincular a ésta última al proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra del hoy demandante para efectos de imputarle responsabilidad fiscal y con ello exonerar al Director Ejecutivo de ésta, pues se reitera, la finalidad de dicho proceso no es otra que la de determinar y establecer la responsabilidad de los particulares –entre otros-, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa una daño al patrimonio del Estado; presupuestos que no resultaban predicable de la persona respecto de quien solicitó su vinculación.

Aunado a lo anterior, contrario a lo considerado en la demanda, tal vinculación no constituía el único mecanismo viable que le permitiera a la Contraloría deducir si se violentó o no el bloque constitucional y legal aplicable al caso, pues fue el caudal probatorio que hizo parte del mencionado proceso, el que permitió encontrar configurada la responsabilidad declarada en contra del Director Ejecutivo de Cormagdalena, para lo cual fue considerada la injerencia que pudo tener aquella en las decisiones adoptadas por éste, sin embargo, es por razón de la responsabilidad directa en las disposiciones contractuales, su permisibilidad en los reiterados incumplimientos del contratista y la no atención de las sugerencias de la Interventoría, que se predicó el origen del desmedro en las finanzas de la empresa, pues comprometió recursos públicos, lo que desencadenó finalmente en la declaratoria de responsabilidad.” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Las consideraciones expuestas constituyen razón potísima para que se desestime el primer cargo planteado contra la sentencia apelada.

Violación del debido proceso.

De otra parte, el apelante adujo que se violó el debido proceso del actor, durante el trámite del referido proceso de responsabilidad fiscal, por la presencia de vicios, falencias y omisiones en los Autos 039 de 21 de diciembre de 2009, 6 de 7 de octubre de 2011, 011 de 18 de mayo de 2012, así como en los actos acusados: el Fallo núm. 019 de 2 de octubre de 2012, 01 de 22 de enero de 2013 y 000202 de 1º de marzo de 2013, y ante la no aceptación de argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el Auto de Imputación Fiscal.

Sobre el particular, vale la pena señalar lo siguiente:

En relación con el Auto 039 de 21 de diciembre de 2009, “Apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal Nº 1739”, la Sala observa que fue precisamente el acervo probatorio el que permitió identificar a Horacio Arroyave Soto como presunto responsable fiscal, y no así, a la Jefe de Oficina Asesora Jurídica de Cormagdalena.

En efecto, las probanzas obrantes en el proceso demuestran que las actividades desplegadas por la Jefe de Oficina Asesora de Jurídica de Cormagdalena, con relación al contrato núm. 0086 de 2005, no comportaban gestión fiscal, habida cuenta de que dichas actividades no implicaban el manejo, administración, dirección o disposición de los recursos o bienes de la entidad, conforme se expresó anteriormente.

De tal manera que el elemento vinculante y determinante para ser considerada como presunta responsable fiscal y ordenar la apertura del proceso de responsabilidad fiscal no se encontraba presente en la Jefe de dicha Oficina.

Al respecto, cabe reiterar que las presuntas equivocaciones y omisiones, cometidas por la Jefe en mención, al asesorar al Director de Cormagdalena, podrían acarrear una acción disciplinaria, al estar relacionadas con el incumplimiento u omisión de sus deberes, contenidos en el Manual de Funciones aplicable a su cargo, pero no generar consecuencias desde el ámbito de la responsabilidad fiscal, ni exonerar de su responsabilidad fiscal al actor.

Aunado a lo anterior, es menester destacar que el Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República ordenó la apertura del proceso de responsabilidad, a través del citado de auto, al establecer la existencia de un daño patrimonial al Estado, que surgió como resultado de “que fueron entregados por parte de la entidad al contratista la totalidad de los dineros sin la supervisión efectiva de las obras en su ejecución o en su técnica de ejecución de conformidad con lo estipulado dentro del contrato Nº 0-0086-2005”, y de identificar como posible autor de dicho daño a Horacio Arroyave Soto, entre otros, por ser titular y “poseer la capacidad jurídica sobre los recursos estatales”, de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 40 de la Ley 610 de 2000, que es del siguiente tenor:

“… cuando… del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal” (Negrillas fuera de texto).

Y de acuerdo con el artículo 41, numeral 4, ibídem, que prevé que el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal deberá contener lo siguiente: “4. Identificación de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales”.

En cuanto al Auto núm. 6 de 7 de octubre de 2011, que dispuso la cesación de la acción fiscal y, en consecuencia, el archivo parcial en favor del representante legal de la Universidad Militar Nueva Granada y de Enrique Bueno Rey, y la posterior imputación contra éste sin que mediara auto de reapertura, la Sala estima que no constituye un vicio capaz de afectar la legalidad de los actos objeto de impugnación en este proceso.

En lo concerniente al Auto núm. 011 de 18 de mayo de 2012, “por medio del cual se resuelve sobre petición de pruebas postimputación, sobre peticiones de nulidades y reconocimiento de apoderados de confianza dentro del trámite del proceso de responsabilidad fiscal Nº 1739-Cormagdalena”, la Sala considera:

De conformidad con los artículos 10 y 11 de la Ley 527 de 18 de agosto de 1999, “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”, los mensajes de datos tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los documentos en el capítulo VIII del título XIII del Código de Procedimiento Civil, para lo cual se habrá de tener presente la confiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.

En el sub lite, a folios 1639 y 1640 del Cuaderno Anexo 1, claramente se puede observar que el correo electrónico, a través del cual se remitieron los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas al actor, fue enviado el 16 de abril de 2012, por la doctora Martha Elena Camargo Villamizar, apoderada del actor, y que en respuesta al envío de dichos argumentos, la Contraloría demandada le contestó, dirigiéndose a ella con nombre propio, así:

Doctora Martha

Para que puedan ser admitidos dentro del proceso de responsabilidad fiscal, se requiere que el documento, venga con nota de presentación personal y debidamente firmados, preferiblemente en formato PDF”

Cordial saludo

Elkin Ómar Wilches. (Las negrillas fuera de texto).

Lo anterior pone de presente que dicho correo electrónico sí permitió a la referida entidad estatal identificar a la apoderada del actor como remitente o iniciador del mismo, a pesar de encontrarse sin firma, y que, por consiguiente, dicho requisito se debe entender satisfecho, de acuerdo con el artículo 7º, ibídem, que establece:

FIRMA. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos para indicar que el contenido cuenta con su aprobación…”.

Sobre el particular, vale la pena señalar, además, que al tener certeza sobre la persona que lo elaboró, dicho correo debe ser considerado como auténtico, conforme lo prevé el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

Por tal razón, no le asistió razón al a quo al afirmar que el mensaje electrónico enviado no permitió ser debidamente aceptado conforme le fue requerido, por carecer de firma.

Tampoco le asistió razón al fallador de primera instancia, cuando consideró que no se podía aceptar el referido correo, por no haberse enviado en formato PDF, pues la Ley 527 de 1999 no indica que para garantizar la integridad de un mensaje de datos, debe ser enviado en un determinado formato. Tan sólo requiere que la información consignada en el mismo permanezca completa e inalterada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º de la citada ley.

En lo tocante a que el citado correo electrónico debía tener nota de presentación personal, se aclara que esta exigencia fue suprimida mediante el artículo 33 del Decreto 2150 de 1995.

No obstante lo anterior, debe la Sala precisar que si bien es cierto que no le asistió razón a la Contraloría demandada al rechazar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas al actor, enviados mediante el correo electrónico de 16 de abril de 2012, por la apoderada del actor, también lo es que no se le violó el debido proceso a éste, habida cuenta que dicha entidad estatal efectuó un análisis de los mismos, al dar las explicaciones para señalar que no se encontraba sustentada la causal de nulidad procesal, por la no vinculación de la Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica.

Además, no puede perderse de vista que contra el citado auto 011 de 18 de mayo de 2012, el actor tenía el derecho a interponer los recursos de reposición y apelación, a fin de ejercer su derecho de defensa y contradicción; empero no hizo uso de éstos, a pesar de que en el artículo noveno de dicho auto se dijo de manera expresa acerca de la procedencia de los referidos recursos.

En igual sentido, cabe mencionar que independientemente de que el factor climático y el cierre del aeropuerto pudieron haber constituido o no hechos de fuerza mayor, que justificaran la entrega extemporánea del documento contentivo de los argumentos de defensa, lo cierto es que éstos sí fueron tenidos en cuenta por la Contraloría demandada y, por ello, no se violó el debido proceso del actor, conforme se explicó anteriormente.

Con respecto a los argumentos señalados con relación al Fallo 019 de 2 de octubre de 2012, y los Autos 01 de 22 de enero de 2013 y 000202 de 1º de marzo de 2013, en el sentido de que no se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas por el actor en contra de dicho fallo y los citados autos, fundamentados en la no vinculación de la Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de Cormagdalena al proceso de responsabilidad fiscal, así como a la no aceptación del referido correo electrónico enviado el 16 de abril de 2012, la Sala estima que las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia recurrida aparecen válidas para demostrar que no se violó el debido proceso.

Es del caso destacar que la Contraloría demandada profirió el citado fallo con responsabilidad fiscal en contra del actor, en su condición de Director Ejecutivo de Cormagdalena, al considerar que en el proceso de responsabilidad fiscal obraba prueba que conducía a demostrar la existencia de un daño al patrimonio público, imputable a él, y de la relación de causalidad entre su comportamiento y el daño ocasionado al erario, de acuerdo con lo señalado en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000.

Así, lo expresó dicho ente de control:

“… este accionar del señor Horacio Arroyave Soto, como se ha probado durante todo el proceso, solo puede acaecer en una conducta con connotación de culpa grave, bajo los postulados plasmados en el artículo 63 del Código Civil Colombiano: “(…) es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios…

La responsabilidad del señor Arroyave, no tiene justificación alguna, así haya manifestado sus deseos altruistas, de haber otorgado dichas prórrogas, haber aceptado y aprobado desembolsos sin cumplimientos de los estadios de la obra, en miras de proteger los recursos públicos, pues el deber de todo servidor público es cumplir con la Constitución, las leyes y en sí, todo el ordenamiento y además por acción y omisión, su omisión a su deber de hacer efectiva cada una de las acciones que tenía para sancionar al contratista incumplido, pero es su momento y no darle las largas en busca de resultados utópicos y llenos de ideales, tal evento solo concluyó en la pérdida del patrimonio público.

Otro de los factores que ha tenido en cuenta el despacho, es la serie de comunicados y sugerencias dadas por el interventor, sobre los diferentes, reiterados e insistidos incumplimientos del contratista, claro también la intención ligera del contratista de entregar una grúa, sin respetar los criterios exigidos en el contrato, dichas comunicaciones se describen concisamente:

(…)

Dentro de lo observado por el despacho, el nexo de causalidad, está claramente manifestado, en razón a que la negligencia y la exagerada benevolencia del señor Arroyave, en no hacer efectivas las sanciones que tanto el contrato, como el ordenamiento jurídico colombiano en materia de contratación estatal le daba a la Corporación, fue el artificie (sic), sine qua non, originó el desmedro al erario, ya sea bien, para esta instancia el nexo causal, fue sin lugar a dudas, probado, pues su omisión originó el daño al patrimonio público.” (Las negrillas son del texto.)

Ahora, frente al argumento de que en el proceso de responsabilidad fiscal se encontraban los elementos que estructuraban la responsabilidad fiscal de la interventoría del cuestionado contrato, ejercida por la Universidad Militar Nueva Granada, pero que a pesar de ello, la Contraloría demandada no la encontró responsable fiscalmente, la Sala estima, al igual que el fallador de primera instancia, que si la interventoría era responsable fiscalmente o no, ello no exime de responsabilidad al actor, dado que “no puede constituir el fundamento de la no responsabilidad fiscal declarada en contra del director ejecutivo y traducirse en la nulidad de los actos acusados, pues lo que le correspondía al demandante no era acreditar, que otros sujetos fiscales como en este caso la UMNG(12) eran responsables y que por tanto debió emitirse un fallo en su contra, sino que en efecto y contrario a lo considerado por la Contraloría no existió responsabilidad fiscal a él imputable de manera directa y debió exonerársela de ésta, lo cual no tuvo lugar”.

En consecuencia, tampoco prospera este cargo.

Así las cosas, para la Sala, en el presente caso, no se evidencian las violaciones aducidas por el actor, razón por la cual debe mantenerse incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados y confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de mayo de 2016».

1 Tal como ocurre en relación con los empleados de las empresas de servicios públicos mixtas; y de las empresas de servicios públicos privadas que incorporen aportes estatales. (arts. 14, nums. 6 y 7, y 41 de la Ley 142/94).

2 Op. Cit. SU 620 de 1996

3 Ciertamente, la Corte ha entendido que los órganos de control llevan a cabo una administración pasiva que consiste en la verificación de la legalidad, eficacia y eficiencia de la gestión de la administración activa, esto es, aquella que es esencial y propia de la rama ejecutiva, aunque no exclusiva de ella, pues los otros órganos del Estado también deben adelantar actividades de ejecución para que la entidad pueda cumplir sus fines. En este sentido, "la atribución de carácter administrativo a una tarea de control de la Contraloría no convierte a esa entidad en un órgano de administración activa, puesto que tal definición tiene como único efecto permitir la impugnación de esa actuación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…) Es pues una labor en donde los servidores públicos deciden y ejecutan, por lo cual la doctrina suele señalar que al lado de esa administración activa existe una administración pasiva o de control, cuya tarea no es ejecutar acciones administrativas sino verificar la legalidad y, en ciertos casos, la eficacia y eficiencia de gestión de la administración activa”. Sentencia C-189 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver también Op Cit. SU 620 de 1996, C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara

4 En la sentencia varias veces citada SU 620 de 1996 se establece el alcance del derecho al debido proceso en el proceso de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos: "la norma del artículo 29 de la Constitución es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, (derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y ano ser juzgado dos veces por el mismo hecho."

5 El artículo 119 constitucional señala que “La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración”. En la Asamblea Nacional Constituyente. Informe – ponencia se precisó que “...la función fiscalizadora es de interés primordial del Estado, en cuanto tiene que ver con el correcto manejo de las finanzas públicas que son objeto de su atención. Los caudales o recursos que tienen las actividades gubernamentales provienen del pueblo y a él deben revertir en forma de servicios. (...) la Contraloría representa a la sociedad en cuanto que es ella la titular de sus finanzas en último término, pues en principio lo son del Estado. Vela porque los recursos que le proporciona al Estado estén correctamente manejados”. (Gaceta Constitucional 59, jueves 25 de abril de 1991).

6 Sobre el concepto de gestión fiscal, esta Sala expresó en la Radicación No 848 de 1996 : “Gestión fiscal es, entonces, el conjunto de actividades económico jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, o disposición de los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado. Dentro del género de entidades públicas queda comprendido el Banco de la República.” Por su parte la Corte Constitucional en la sentencia C- 529 de 1993 señala: “...el concepto de gestión fiscal alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición. “Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración (Ley 42 de 1993, arts. 8° a 13)”.

7 Sent. C- 840/01: “...el circuito de la gestión fiscal involucra a todos los servidores públicos que tengan poder decisorio sobre los bienes o rentas del Estado. Criterios éstos que en lo pertinente cobijan a los particulares que manejen fondos o bienes del Estado (...) Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores. Lo cual es indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

8 Sent. C- 840/01: “Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene a su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control, con miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario público. De esta forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido de que un determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, en la administración de los dineros públicos Op. Cit. SU 620 de 1996. (...) la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae sobre la gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y, finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido proceso.” // V. Sent. C- 477/01. (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

9 “Artículo 1°. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.” (El aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible en la sentencia C- 840/01)

10 Actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad , transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

11 El Acuerdo en mención fue consultado en la página web de dicha entidad.

12 Universidad Militar Nueva Granada.