Sentencia 2013-01037 de julio 5 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 680012333000-2013-01037-01 (21952)

Demandante: Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A.

Demandado: Municipio de Bucaramanga

Temas: Estampilla de Previsión Social Municipal, Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor. Procedimiento de determinación del tributo. Hecho generador y base gravable en los contratos con valor indeterminado pero, determinable. Liquidaciones parciales. Intereses de mora sentencia segunda instancia.

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. De la violación al debido proceso. Reiteración

1.1. En oportunidad anterior, esta Sección(6), al resolver un caso similar, luego de analizar los artículos 250 del Acuerdo 044 de 2008(7) y 59 de la Ley 788 de 2002(8), concluyó que el municipio de Bucaramanga deberá aplicar los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, entre otros, para la administración, determinación, discusión y cobro de los tributos administrados por ese ente territorial.

1.2. En el caso de las estampillas, se afirmó que, por su naturaleza, este tributo es liquidado por la administración; por lo tanto, el contribuyente no está obligado a cumplir con la obligación formal de declarar (art. 272 del Acuerdo 044 de 2008).

De esta manera, si no hay obligación de declarar, no puede exigirse liquidación de aforo y, menos aún, que el municipio expida el emplazamiento previo por no declarar e imponer la correspondiente sanción.

1.3. También se precisó que, por el hecho de que el sujeto pasivo del tributo no tenga el deber de presentar declaración, no se exime del cumplimiento de otras prestaciones que dimanan directamente de la naturaleza del gravamen, en este caso, el pago de las estampillas.

1.4. Respecto de la liquidación de aforo expedida por el municipio de Bucaramanga, por concepto de estampillas, la Sala ha dicho que, técnicamente hablando, esta clase de liquidación no procede en este tributo, porque el aforo se expide para suplir la falta de declaración por parte del contribuyente, siempre y cuando esté obligado a hacerlo(9), supuesto que no aplica en este caso en concreto.

Sin embargo, también se ha dicho que esta circunstancia no implica la inexistencia o invalidez de las decisiones adoptadas en la liquidación del tributo –estampilla-, porque se trata del acto que determina de manera oficial la obligación sustancial con cargo al contribuyente, independientemente que se le haya denominado liquidación de aforo.

1.5. Para la Sala, al margen de su denominación, resulta indiscutible que se trata de un acto administrativo, manifestación de la facultad de fiscalización de la Administración, en el que se determinó el tributo a cargo del contribuyente, máxime, si se tiene en cuenta que es el contenido del acto y los efectos que este genera, el aspecto primordial a tener en cuenta, se insiste, más que su nombre, título o rótulo, con el que se distingue.

1.6. Por eso, que se llame liquidación de aforo cuando esta denominación no se ajusta a la realidad, por las razones expuestas, no desvirtúa su validez, fuerza vinculante y ejecutoria como acto administrativo, esencialmente, si se tiene en cuenta que fue expedido en el curso de un procedimiento administrativo surtido de manera regular, con el fin de determinar de manera oficial un tributo con cargo a la sociedad contribuyente.

1.7. En el caso concreto, como la parte actora no estaba obligada a cumplir con la obligación formal de declarar estampillas, el municipio demandado profirió un acto de determinación del tributo, denominado “Liquidación Oficial de Aforo de los Tributos de las Estampillas de Previsión Social Municipal, Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor”(10), al que le antecedió un acto previo, expedido el 9 de mayo de 2011, titulado o distinguido como “Oficio persuasivo cobro estampillas municipales”(11), por el que el municipio de Bucaramanga explicó los motivos por los que consideró que Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A. era sujeto pasivo de la obligación tributaria en discusión, además, expuso los factores que tuvo en cuenta para fijar y cuantificar el tributo.

Es decir, la administración le dio la oportunidad a la demandante de conocer las razones por las que decidió determinar la obligación de carácter tributario a su cargo, con lo que se le proporcionó la posibilidad de expresar sus opiniones respecto del requerimiento hecho, previo a proferir el acto de carácter definitivo.

1.8. Por lo anterior, se concluye que la denominación anti técnica de un acto administrativo, no necesariamente conduce a la violación del debido proceso, porque lo determinante, en casos como el presente, es el contenido del acto mismo y el trámite que le antecedió al acto definitivo.

1.9. La Sala advierte que, en el caso concreto, con la actuación previa a la expedición del acto de determinación oficial del tributo, se garantizó el debido proceso y se acataron las normas generales sobre las actuaciones administrativas(12), en concreto, el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo(13), vigente para la época de los hechos, aplicable al municipio demandado con fundamento en el artículo 1 ibídem(14), lo que desestima el argumento que tuvo en cuenta el tribunal para declarar la nulidad de la actuación administrativa demandada.

1.10. En este orden de ideas, al no configurarse la violación al debido proceso, se impone revocar la sentencia de primera instancia y, decidir el fondo del asunto.

2. De la estampilla de previsión social municipal. Declaratoria de nulidad del tributo por esta jurisdicción. Situación jurídica no consolidada

2.1. Se observa que con la sentencia de 9 de julio de 2014(15), proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, se declaró la nulidad de los acuerdos 030 de 6 de septiembre de 1978(16) y 034 de 14 de septiembre de 1989(17), proferidos por el Concejo Municipal de Bucaramanga, relacionados con la estampilla de Previsión Social Municipal.

La anterior decisión se confirmó en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la providencia de 13 de noviembre de 2014(18).

2.2. Por tratarse de una sentencia proferida con ocasión del medio de control de nulidad, respecto de un acto administrativo de carácter general —acuerdos—, la declaratoria de nulidad surte efectos inmediatos(19), en relación con las situaciones jurídicas no consolidadas, entendidas como aquellas que se debaten o son susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o judiciales, al momento de proferirse el correspondiente fallo, como ocurre en el caso concreto, por lo que los acuerdos 030 de 1978 y 034 de 1989, que fueron anulados por esta jurisdicción, no se pueden aplicar para resolver este asunto.

2.3. En consecuencia, procede la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, en cuanto se está liquidando la estampilla de Previsión Social Municipal, que en la actualidad, no existe en la jurisdicción del municipio de Bucaramanga(20).

2.4. Por lo anterior, de la liquidación oficial practicada por el citado municipio, se excluirá la suma de $219.370.592,06(21).

3. De las estampillas Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor. Liquidaciones parciales y provisionales. Intereses de mora. Reiteración

3.1. Conforme se estudió en la sentencia de 4 de mayo de 2015(22), en los términos de los artículos 202, 205, 211, 212, 213 y 221 del Acuerdo 044 de 2008, expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, el hecho generador de las estampillas Pro Cultura y Pro Bienestar del Anciano está constituido por la celebración de todo contrato con la administración central y las entidades descentralizadas del orden municipal.

La base gravable de las citadas estampillas la constituye el valor del contrato suscrito por las personas naturales y jurídicas con ese municipio y demás entidades descritas en la norma, a una tarifa del 2%.

En este punto, la Sala aclara que no es posible aplicar la tarifa del 1% a la que se refirió la parte demandante en la demanda, porque si se atiende el tenor literal de la norma que fundamentó este argumento, esto es, el parágrafo segundo del artículo 221 del Acuerdo 044 de 2008, según el cual, “[l]os contratos y/o convenios que celebren con los aportes de la Nación, la Gobernación de Santander, los municipios del Área Metropolitana y el Área Metropolitana de Bucaramanga, las personas naturales o jurídicas, consorcios y uniones temporales con Metrolínea S.A. pagaran el 1% de las Estampillas Municipales que se encuentren vigentes en el Municipio de Bucaramanga, sobre el valor total del mismo, mediante recibo oficial de pago al momento de su legalización”, esta “[t]arifa temporal sobre Estampillas Municipales” aplica para el proceso de legalización del contrato, etapa que se surte antes de iniciar su ejecución, cuestión esta última, que es la que interesa en el presente proceso.

Lo anterior resulta suficiente para avalar la aplicación de la tarifa del 2%, porque la parte actora no cumplió con la suficiente carga argumentativa que condujera a desvirtuar la tarifa aplicada por el municipio de Bucaramanga, pues la simple enunciación de la norma no conduce a tener certeza de su aplicación en el caso concreto.

3.2. Aclarado lo anterior, se advierte que en el presente asunto está probado que el 8 de febrero de 2008, Metrolínea S.A.(23) y la Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A., suscribieron el contrato denominado “Licitación Pública M-LP-004-2007. Contrato de Concesión DOS de la Operación”, contrato de concesión para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, es decir, se configuró el hecho generador de las citadas estampillas, cuestión que la parte actora no discutió.

3.3. En lo que tiene que ver con la base gravable, que como se expuso con anterioridad, es el valor del contrato, en casos como el presente, en el que en el momento de la suscripción este es indeterminado(24), pero determinable durante su ejecución(25), la Sala(26) ha dicho que si la remuneración está determinada en función de los resultados del cumplimiento del contrato, calculados sobre los ingresos recibidos por el concesionario, en la forma acordada por las partes, y es ello lo que permite determinar su cuantía, es lógico afirmar que el valor final solo podrá determinarse cuando termine el correspondiente contrato de concesión.

3.4. Lo anterior no obsta para que se puedan hacer liquidaciones parciales de los tributos, atendiendo su valor determinable, como se hizo en el acto de determinación y en el oficio que le antecedió, tomando un periodo de ejecución del contrato, en el que se le han venido realizando algunos pagos por concepto de la remuneración derivada del contrato de concesión, pagos que la parte actora no cuestionó.

Luego, sobre ese valor, bien se puede liquidar provisionalmente el gravamen —estampillas—.

3.5. Se reitera que esta posibilidad no riñe sino que, por el contrario, se acomoda a la naturaleza determinable del valor del contrato. No es extraña a la potestad de administración y fiscalización inherente a la administración de impuestos, no desconoce el espíritu de justicia propio de las actuaciones tributarias y permite el recaudo de los gravámenes, atendiendo los principios de eficacia y eficiencia.

3.6. De allí que bien pueda calificarse como una liquidación previa o provisional, no definitiva, de los gravámenes, de manera que el pago que realice la sociedad actora por dicho concepto, deberá ser tenido en cuenta respecto del valor final del contrato.

3.7. Conforme con lo anterior, se concluye que, en lo que respecta a las estampillas Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor, procedía la liquidación del tributo, sobre $10.968.529.602,76, suma que no fue discutida por la parte actora, a la que aplicada la tarifa legal del 2%, arroja el resultado de $219.370.592,06 por cada una de ellas, como en efecto se determinó en la actuación enjuiciada.

De esta manera, en lo que tiene que ver con la liquidación oficial de las citadas estampillas, los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho.

3.8. No ocurre lo mismo con la imposición de los intereses de mora sobre la suma liquidada de manera oficial(27), porque como lo precisó la Sala en oportunidad anterior, estos se causan desde la notificación del acto de liquidación de las estampillas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 239 del Acuerdo 044 de 2008(28), que prevé su suspensión(29).

Por lo anterior, se dispondrá que los intereses de mora se causan desde la notificación de la Resolución 1042 de 21 de junio de 2012 —acto demandado—, no, “desde el momento en que se autorizó por el ente público contratante a desembolsar por la fiducia las remuneraciones pactadas en el contrato”(30), como lo dispuso el municipio de Bucaramanga.

4. Las costas.

Comoquiera que el recurso de apelación prospera de manera parcial en favor del municipio de Bucaramanga, corresponde revocar la condena en costas que se le impuso en primera instancia, porque no se configuran los supuestos previstos en los numerales 3º y 4º del artículo 365 del CGP(31), aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo 188 del CPACA.

Tampoco habrá lugar a condena en costas (gastos o expensas del proceso y agencias del derecho), en esta instancia, porque en el expediente no se probó su causación, como lo exige el numeral 8 del artículo 365 del CGP, aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo 188 del CPACA.

Además, se advierte que en este asunto las pretensiones de la demanda prosperaron de manera parcial, supuesto que en los términos del numeral 5 del citado artículo 365 del CGP(32), permite que el juez se abstenga de la condena en costas.

5. Conclusión.

Se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, en cuanto, liquidaron la estampilla de Previsión Social Municipal y dispusieron el pago de intereses “desde el momento en que se autorizó por el ente público contratante a desembolsar por la fiducia las remuneraciones pactadas en el contrato”.

Así las cosas, la nueva liquidación por concepto de estampillas, por el periodo “Desde octubre de 2010, hasta los periodos del 2011”, sobre la base de liquidación de $10.968.529.602,76, a la tarifa del 2%, corresponde a la siguiente:

Liquidación practicada por el Municipio de BucaramangaLiquidación practicada por el Consejo de Estado
Estampilla Pro CulturaEstampilla Pro Bienestar Adulto MayorEstampilla Previsión Social MunicipalEstampilla Pro CulturaEstampilla Pro Bienestar Adulto MayorEstampilla Previsión Social Municipal

$219.370.592,06

$219.370.592,06

$219.370.592,06

$219.370.592,06

$219.370.592,06

$0

Total: $658.111.776,17

Total$ 438.741.184,12

Suma, respecto de la cual, se causan intereses en los términos previstos en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: REVOCAR la sentencia de veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar:

1. Se declara la nulidad parcial de la Resolución 1042 de 21 de junio de 2012, confirmada con la Resolución 0754 de 18 de abril de 2013, ambas proferidas por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Bucaramanga.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho, se declara que las sumas a cargo de la Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A., por concepto de las estampillas Pro Cultura, Pro Bienestar del Adulto Mayor y Previsión Social Municipal, por el periodo “Desde octubre de 2010, hasta los periodos del 2011”, corresponde a la liquidación practicada por esta Corporación, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia, suma, respecto de la cual, se causan intereses desde la notificación del acto de liquidación oficial, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 239 del Acuerdo 044 de 2008.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: RECONÓCESE PERSONERÍA al doctor Francisco José Plata Jiménez como apoderado judicial del Municipio de Bucaramanga, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el folio 415 de este cuaderno.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

1 Para efectos de realizar esta liquidación, se tomó como base gravable la suma de $10.968.529.602,76, a la que se le aplicó la tarifa del 2%, lo que arrojó que por cada estampilla la sociedad demandante debía pagar $219.370.592,06.

2 Conforme con la demanda (fl. 154 del c.p.) y su reforma (fl. 172 del c.p.).

3 Fls. 209 anverso y 210 del c.p. En la audiencia inicial celebrada el 7 de octubre de 2014, el tribunal afirmó que “el demandado no propuso excepción alguna”, se refiere a las previas (art. 180-6 CPACA), y que el “Despacho no encuentra configurada excepciones que deban ser declaradas de oficio”. Decisión que se notificó en estrados y que no fue objeto de recursos. Fl. 311 anverso del c.p.

4 Radicado 2005-00548-01.

5 Radicado 20615, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

6 Sentencia de 4 de mayo de 2015, radicado nro. 68001-23-33-000-2012-00133-01 (20615), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en las sentencias de 20 de febrero de 2017, radicado nro. 68001-23-33-000-2013-00857-01 (21579), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y de 24 de mayo de 2018, radicados nros. 68001-23-33-000-2012-00334-01 (21110) y 68001-23-33-000-2013-00682-01 (21243), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

7 Por el cual se expide el estatuto tributario del municipio de Bucaramanga. Esta norma se refiere a la remisión de los procedimientos al estatuto tributario nacional.

8 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. Este artículo trata de la aplicación del procedimiento previsto en el Estatuto Tributario Nacional a nivel territorial.

9 Ib. Nota al pie 6.

10 Fls. 265 a 268 del c.p.

11 Fls. 211 a 215 del c.p.

12 En este sentido, confrontar la sentencia de 16 de octubre de 2014, radicado 2007-00380-01 (19126), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

13 “ART. 35.—Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.
(…)”.
14 “ART. 1º—Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del Poder Público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este Código, a todos ellos se les dará el nombre genérico de "autoridades".

Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles.
(...)”.

15 Proferida en el proceso iniciado en ejercicio del medio de control de simple nulidad, radicado nro. 68001-33-33-012-2013-00423-00.

16 Por medio del cual se crea la Estampilla de Previsión Social Municipal.

17 Por el cual se modifica el Acuerdo 033 de 1981, que establece el pago de estampillas de previsión social municipal.

18 Mediante la Resolución 0659 de 29 de octubre de 2015, el señor alcalde del municipio de Bucaramanga decidió: “Dar cumplimiento a lo ordenado por el juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito y el Tribunal Administrativo de Santander en las sentencias señaladas en la parte considerativa y en consecuencia se procede a dejar de recaudar como renta de la Caja de Previsión Social Municipal la Estampilla de Previsión Social Municipal, como resultado de la nulidad de los acuerdos municipales 030 del 6 de septiembre de 1978 y del Acuerdo 034 del 14 de septiembre de 1989, proferidos por el Concejo Municipal de Bucaramanga mediante los cuales se creó y estableció el pago de la Estampilla de Previsión Social Municipal”. En: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/download/decretos_y_resoluciones_antes_de_2016/0659-29102015.PDF
19 La Sala ha dicho que de acuerdo con el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo (actual artículo 189 del CPACA), las sentencias ejecutoriadas que declaren la nulidad de un acto administrativo tienen efectos de cosa juzgada erga omnes y la nulidad de los actos generales decretada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene efectos inmediatos frente a situaciones jurídicas no consolidadas. Cfr. la sentencia de 29 de junio de 2017, radicado 21273, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.20 En igual sentido, se pronunció la Sala en las sentencias de 24 de mayo de 2018, radicados nros. 68001-23-33-000-2012-00334-01 (21110) y 68001-23-33-000-2013-00682-01 (21243), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
21 En la liquidación oficial demandada, el municipio de Bucaramanga determinó que la base de liquidación de las estampillas procultura, pro bienestar del adulto mayor y previsión social municipal es de $10.968.529.602,76. A esta base le aplicó la tarifa del 2% por cada una de las estampilla, lo que dio un subtotal de $219.370.592.06. Por las tres estampillas, el total liquidado ascendió a $658.111.776.17. Fl. 4 del c.p. 22 Sentencia de 4 de mayo de 2015, radicado nro. 68001-23-33-000-2012-00133-01 (20615), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en las sentencias de 20 de febrero de 2017, radicado nro. 68001-23-33-000-2013-00857-01 (21579), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y de 24 de mayo de 2018, radicados nros. 68001-23-33-000-2012-00334-01 (21110) y 68001-23-33-000-2013-00682-01 (21243), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
23 Conforme con el numeral 2.103 de la cláusula 2 del contrato de concesión que trae la definición de los términos consignados en dicho contrato, Metrolínea S.A. es una sociedad por acciones entre entidades públicas sujeta al régimen de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, “es la entidad estatal concedente y tiene el carácter de titular del Sistema Metrolínea”. Fl. 67 del c.p.24 En la cláusula 129 del contrato de concesión las partes acordaron que “es de valor indeterminado, pero determinable en el tiempo de acuerdo con los resultados de su ejecución”. Fl. 141 del cp.
25 Conforme con lo previsto en la cláusula 86 del Contrato de Concesión DOS, que se refiere a los ingresos del concesionario a que tiene derecho por la operación de transporte del Sistema Metrolínea. Fl. 119 del c.p.
26 Ib. Nota al pie número 22.
27 En los dos últimos párrafos del artículo primero del acto de determinación, el municipio demandado dispuso lo siguiente:
Sanción por mora en el pago de impuestos y retenciones. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por el municipio de Bucaramanga, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día de retardo en el pago. Los mayores valores de impuestos, o retenciones, determinados por la Secretaría de Hacienda en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante, que para el efecto es desde el momento en que se autorizó por el ente público contratante a desembolsar por la fiducia las remuneraciones pactadas en el contrato.
En el momento del pago, operadora de transporte masivo movilizamos con NIT 900.188.899-6 deberá adicionar a la suma total a pagar, los intereses moratorios calculados desde cuando se hizo exigible el pago del impuesto a la tasa vigente para los intereses de mora de acuerdo con los artículos 238 y 240 del Acuerdo 044 de 2008, por cada día calendario de retardo en el pago.” Fl. 34 del c.p.
28 “Artículo 239. Suspensión de los intereses moratorios. Después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la Jurisdicción contenciosa administrativa, se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia respectiva”.

29 Cfr. la sentencia de 24 de mayo de 2018, radicado nro. 680012333000-2013-00682-01 (21243), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

30 Ver pie de página 27.

31 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…).
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

32 Artículo 365 del CGP. Numeral 5º: “[e]n caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.