Sentencia 2013-01047 de noviembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-15-000-2013-01047-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Maria Elizabeth García González

Actor: José David Caro Ardila

Demandado: Juez Tercera Administrativa de Descongestión del circuito de Bogotá - Sección Segunda y la Sección Segunda - Subsección F en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Bogotá, D.C., seis de noviembre de dos mil trece.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta contra la sentencia de 25 de julio de 2013, proferida por la Sección Quinta de esta corporación, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela incoada.

I. Antecedentes

I.1. La solicitud.

El señor José David Caro Ardila, en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Juez Tercera Administrativa de Descongestión del circuito de Bogotá, Sección Segunda, y la Sección Segunda, Subsección F, en descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la defensa, al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral y la garantía de los derechos de carrera y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por dichas autoridades, al haber proferido, respectivamente, las sentencias de 28 de marzo de 2011 y 15 de agosto de 2012, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el número 11001333170320090001900, contra la Superintendencia Financiera de Colombia.

I.2. Hechos.

Manifestó que instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia Financiera de Colombia, en aras de obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales fue retirado del cargo que desempeñaba en dicha entidad.

Indicó que las autoridades judiciales demandadas, al resolver la controversia en primera y segunda instancia, omitieron considerar los fundamentos de hecho y de derecho, así como las pruebas que soportaban las pretensiones de la demanda, las cuales fueron negadas, con la consecuente violación de sus derechos de carrera administrativa y el debido proceso.

Señaló que no dispone de otro medio judicial eficaz para obtener el amparo de los derechos fundamentales que estima vulnerados, pues el recurso extraordinario de revisión no es idóneo para el efecto en razón de las causales restrictivas previstas para su procedencia.

Estimó que la presente acción de tutela se interpone dentro de un término razonable y proporcional, contado a partir del 26 de febrero de 2013, fecha en que, según aseguró, se produjo la última actuación dentro del proceso ordinario.

Argumentó que en el presente asunto se cumplen todos los requisitos genéricos y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

I.3. Pretensiones.

Pretende el amparo de sus derechos fundamentales, para lo cual solicita que se declaren sin valor y efecto, inválidas o nulas las sentencias de 28 de marzo de 2011 y 15 de agosto de 2012, proferidas por la Juez Tercera Administrativa de Descongestión del circuito de Bogotá y la Sección Segunda, Subsección F, en descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Que se declare la nulidad de los actos administrativos emanados de la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de los cuales fue removido del servicio y que, en el plazo perentorio de 48 horas, se disponga su vinculación a un empleo de carrera igual o equivalente al que ocupaba al momento del retiro, respetando el derecho preferencial, por ser empleado de carrera.

I.4. Defensa.

La Juez Tercera Administrativa de Descongestión del circuito judicial de Bogotá, Sección Segunda, contestó la demanda en los siguientes términos:

Argumentó que el despacho realizó un recuento de la normativa aplicable al caso concreto de la Superintendencia Financiera, en materia de procesos de reestructuración y los derechos de los servidores afectados por el mismo y un análisis de las pruebas pertinentes, en especial, el estudio técnico adelantado por la entidad, el cual obtuvo concepto favorable por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Aseguró que el demandante no demostró tener mejor derecho frente a los servidores que resultaron incorporados a la nueva planta de personal, quienes también se encontraban inscritos en la carrera administrativa.

Arguyó que la acción de tutela no procede en este caso, pues no se configuran los defectos señalados por la jurisprudencia para tal efecto.

La magistrada ponente del fallo de segunda instancia, integrante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en descongestión, precisó que los actos administrativos cuya nulidad solicitó el actor, son las resoluciones 3 y 8 de 2 de enero de 2006, por cuanto no fue incorporado a la nueva planta de personal de la entidad demandada, en el cargo de asesor 1020-06; así como la nulidad de las comunicaciones de 2 y 25 de enero de 2006, mediante las cuales se le informa al demandante sobre la supresión del cargo y la opción que tiene de ser incorporado o indemnizado y, que a título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al cargo que ocupaba o a otro igual o equivalente, el pago de emolumentos dejados de percibir y la reparación de los perjuicios causados con los actos administrativos acusados.

Aseguró que en la sentencia de segunda instancia, que confirmó la de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, se observó el principio de congruencia, pues se refirió a los hechos y pretensiones de la misma y a las excepciones propuestas por la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en la ley estatutaria de administración de justicia, el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil.

Mencionó que el actor asegura que el tribunal desconoció dicha normativa, pero no señala siquiera sumariamente los aspectos o argumentos que, a juicio de aquel, habrían llevado a una decisión diferente.

Aseguró que el hecho de que las providencias cuya pérdida de efectos se pretende hayan sido contrarias a sus pretensiones, no presupone que sean incongruentes.

Agregó que en el fallo acusado, el tribunal realizó un análisis exhaustivo acerca del régimen de empleados de carrera de la Superintendencia Financiera; el proceso de supresión de empleos públicos y los derechos de los empleados de la entidad en reestructuración; la procedencia de la incorporación automática; el mejor derecho como criterio para solicitar el reintegro y la falta de competencia para expedir los actos administrativos acusados.

Afirmó que el demandante no alegó ni demostró tener un mejor derecho frente a otros empleados que resultaron vinculados a la nueva planta de personal.

Finalmente, estimó que en el caso concreto no se cumplen las causales genéricas y específicas de procedibilidad que den lugar a la acción de tutela contra providencias judiciales.

El subdirector de representación judicial de la Superintendencia Financiera de Colombia, aseguró que dentro del proceso de reestructuración se hicieron incorporaciones a la nueva planta de personal con funcionarios que ostentaban derechos de carrera sobre los mismos, frente a los cuales el demandante no demostró tener un mejor derecho.

Aseguró que mediante oficios de 2 y 25 de enero de 2006 le comunicó al demandante su retiro del servicio y que los 10 cargos de asesor 1020-06 creados en la nueva planta de personal fueron provistos por funcionarios de carrera y se le informó que podía optar por la reincorporación o, en caso de no ser posible esta, por la indemnización, frente a lo cual el actor guardó silencio, como quedó probado en el proceso ordinario.

Argumentó que no se presenta violación de los derechos fundamentales invocados en la demanda y que las autoridades judiciales demandadas profirieron sus providencias a la luz de las pruebas aportadas.

Trajo a colación la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual el hecho de que no se produzca la incorporación automática de un empleado de carrera administrativa, luego de un proceso de reestructuración, no quiere decir que se viole el derecho fundamental al debido proceso, pues la supresión del cargo es una causal legal de retiro del servicio y porque tal incorporación debe ser demostrada desde el punto de vista del mejor derecho.

Alegó que el actor tuvo a su alcance los medios de defensa judicial para obtener la protección que depreca, los cuales ejerció dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió para dejar sin efectos los actos administrativos acusados, que culminó con decisión adversa a sus pretensiones, sin que sea la acción de tutela procedente para reabrir el debate procesal ni para controvertir providencias judiciales.

II. Fundamentos del fallo impugnado

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 25 de julio de 2013, declaró improcedente la acción de tutela incoada.

Al efecto, señalo que la jurisprudencia de esta corporación, a partir del fallo de tutela, proferido en el Expediente 2009-01328-01, actora: Nery Germania Álvarez Bello, modificó el criterio sobre la improcedencia de la acción de tutela y aceptó “estudiar las que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Aseguró que entre dichos presupuestos se encuentran: i) que no se trate de tutela contra tutela, ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para obtener la protección del derecho fundamental conculcado.

Explicó que si no se cumple con alguno de tales presupuestos, la acción de tutela será improcedente contra providencia judicial, como ocurre en el presente asunto, en el cual falta el requisito de la inmediatez, pues la providencia de segunda instancia que puso fin al proceso es de fecha 15 de agosto de 2012, notificada el 28 de septiembre del mismo año, mientras que la acción de tutela se instauró el 14 de mayo de 2013, esto es, más de siete (7) meses después, sin que exista en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad de la parte actora frente al ejercicio de la misma.

III. Fundamentos de la impugnación

El demandante impugnó el fallo de primera instancia, en consideración a que el a quo pasó por alto las siguientes actuaciones procesales posteriores a las sentencias que se acusan: i) auto de 30 de diciembre de 2012 del juzgado tercero administrativo de descongestión que ordena obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior; ii) el ingreso al despacho del citado juez el 30 de abril de 2013 y iii) auto de 6 de mayo del mismo año, proferido por dicho funcionario, por el cual se pone en conocimiento la liquidación de gastos procesales y, en esa medida, la terminación del proceso ocurrió el 8 de mayo de 2013, de tal suerte que entre esta fecha y la de presentación de la tutela, solo transcurrieron dos (2) días hábiles.

Concluyó entonces que la acción de la referencia sí cumple con el requisito de inmediatez.

IV. Consideraciones de la Sala

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Exp. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Exp. AC-10203) han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que la misma corporación elabore sobre el tema.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c.Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la Sala respectiva, se tornan definitivas.

(...) Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución” (resaltado fuera del texto).

Advierte la Sala que en el caso presente, las providencias que se demandan vía acción de tutela, son las sentencias de 28 de marzo de 2011 y 15 de agosto de 2012 proferidas, respectivamente, por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del circuito judicial de Bogotá, Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en descongestión, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el número 11001333170320090001900, promovida contra la Superintendencia Financiera, con el objeto de obtener la nulidad de las resoluciones 3 y 8 de 2 de enero de 2006 emanadas de dicha entidad, en cuanto no incorporaron al actor a la nueva planta de personal y de las comunicaciones de 2 y 25 de enero de 2006, mediante las cuales se le comunica la supresión del cargo y se le informa sobre la opción de incorporación o indemnización y que, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara a la entidad demandada disponer su reintegro y el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir como consecuencia de los actos administrativos acusados.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, a la defensa, al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral y la garantía de los derechos de carrera y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta de que, a juicio del actor, las autoridades judiciales demandadas no tuvieron en cuenta los hechos, fundamentos de derecho y pruebas aportadas al proceso.

Al respecto, la Sala advierte que la presente acción de tutela no está llamada a prosperar, dado que no se cumple con el requisito general de procedibilidad de la inmediatez.

En relación con el cumplimiento estricto del principio de inmediatez en tratándose de acciones de tutela instauradas contra providencia judicial, la Corte Constitucional en Sentencia T-739 de 2010, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, precisó que no hay una regla exacta que le permita al juez constitucional establecer un término preciso dentro del cual se entiende satisfecho o no tal requerimiento, no obstante, jurisprudencialmente se determinaron algunos factores que se deben tener en cuenta para el estudio del caso concreto y concluir si el lapso trascurrido entre la decisión atacada y la presentación de la acción de tutela es razonable. De igual forma, precisó que cuando el presunto afectado con la providencia judicial tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa dentro del proceso y estuvo asesorado de abogados, la aplicación del precitado principio debe ser más rigurosa, pues se presupone que conoce la estructura y cuestiones debatidas en el proceso, de suerte que si advirtió alguna vulneración a sus derechos fundamentales, su reclamación no debe postergarse excesivamente en el tiempo. La Sala estima conveniente citar los siguientes apartes de esta providencia:

“(...).

En el caso específico de las tutelas contra providencias judiciales, el requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si a la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la ya citada Sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos”.

No existe aún una regla vigente, formal o jurisprudencial, que de manera precisa establezca un término exacto dentro del cual se entiende cumplido el requisito de inmediatez en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales. Jurisprudencialmente, se han establecido algunos factores que deben ser tenidos en cuenta en cada caso concreto, para determinar la razonabilidad del lapso transcurrido entre la decisión judicial atacada y la interposición de la acción.

La Corte ha establecido que el juez de tutela, ante una solicitud de amparo contra providencia judicial, debe examinar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado(1); (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición(2).

Estos factores, ha dicho la Corte, deben valorarse en cada caso particular, con especial atención a las circunstancias y el contexto que rodean la solicitud de protección constitucional. Esta aproximación casuística(3) al principio de inmediatez como requisito de procedibilidad ha llevado, por ejemplo, a que un lapso de seis meses entre la expedición de la providencia atacada y la interposición de la tutela se considere excesivo y por lo tanto inconsistente con el principio de inmediatez, pero, al mismo tiempo y con base en los mismos factores, se haya podido concluir que un lapso de dos años lo satisface. Todo depende de las circunstancias del caso concreto. La Corte ha permitido lapsos más extendidos entre la providencia atacada y la interposición de la tutela, por ejemplo, en casos de solicitudes de amparo interpuestas por personas pertenecientes a sectores sociales vulnerables, como las víctimas de desplazamiento forzoso(4).

(...).

En el caso específico de las tutelas contra providencias judiciales, el requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si a la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la ya citada Sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos” (sic).

En el caso concreto se advierte que el señor José David Caro Ardila, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mencionados en precedencia, mediante los cuales fue desvinculado de la planta de personal de la Superintendencia Financiera por supresión del cargo.

La acción fue conocida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del circuito de Bogotá, Sección Segunda, quien en sentencia de 28 de marzo de 2011 negó las pretensiones de la demanda, razón por la cual el demandante interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en descongestión, en sentencia de 15 de agosto de 2012, en el sentido de confirmar la de primera instancia, notificada por edicto fijado el 26 y desfijado el 28 de septiembre de 2012. Ahora bien, la presente solicitud de amparo fue instaurada el 14 de mayo de 2013, es decir, más de 7 meses después de la notificación del fallo que puso fin al proceso.

La Sala observa que la parte actora no hizo alusión alguna en la demanda al motivo de su tardanza para instaurar la acción de tutela, solo en la impugnación manifestó que ello se debió a que, con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Distrito Judicial de Bogotá, profirió sendos autos por medio de los cuales, respectivamente, dispuso obedecer y cumplir lo ordenado por el superior e informar sobre la liquidación de gastos procesales, por lo que, a su juicio, entre la terminación del proceso y la presentación de la acción de tutela solo transcurrieron dos (2) días.

Para la Sala, tales argumentos no son de recibo para tener por satisfecho el requisito de inmediatez, habida cuenta de que, para efectos de la acción de tutela contra providencia judicial, el término con que cuenta el interesado para promover la acción de tutela se determina por la fecha de notificación de la decisión cuestionada y el ejercicio de la acción de tutela que pretende dejar sin efecto tal decisión, sin que el auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior o el informe sobre la liquidación de gastos sea relevante frente a la violación de los derechos fundamentales que endilga. En síntesis, no son estas últimas decisiones las que afectan tales derechos, sino las que le niegan sus pretensiones.

En consecuencia, no hay justificación para la tardanza y tampoco se trata de hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia que puso fin a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la motiva, capaces de variar o incidir la misma, de tal suerte que, se repite, la solicitud de amparo no cumple con el principio de inmediatez que gobierna las acciones de tutela, cuya finalidad es la pronta intervención de la autoridad judicial para que cese la vulneración o amenaza a un derecho fundamental.

Lo precedente impone a la Sala confirmar la sentencia impugnada; como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 25 de julio de 2013, proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

3. REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 6 de noviembre de 2013.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, Presidente, ausente en comisión—María Elizabeth García GonzálezMaría Claudia Rojas LassoGuillermo Vargas Ayala.

(1) Sentencia SU-961 de 1999.

(2) Sentencias T-814 de 2004, T-243 de 2008, T-743 de 2008, T-033 de 2010.

(3) Entre las sentencias en las que se han aplicado estos criterios, pueden consultarse la T-022 de 2010, T-033 de 2010, T-079 de 2010, T-078 de 2010, T-101 de 2010, T-016 de 2009, T-316 de 2009, T-199 de 2009, T-315 de 2005, T-420 de 2009.

(4) Sentencias T-136 de 2007, T-647 de 2008 y T-867 de 2009, entre otras.