Sentencia 2013-01059 de marzo 23 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Magistrado Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Rad.: 410011102000201301059 01.

Aprobado según acta Nº 24, de la misma fecha.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia:

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir este grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º de la Carta Política y 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “...los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Aspectos generales de la competencia.

Es necesario advertir inicialmente el alcance de la consulta concedida por el a quo, en las presentes diligencias, indicando que en sede de consulta el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a realizar un control de legalidad de la decisión de primera instancia, a partir de los argumentos del disciplinable, del material probatorio allegado al plenario, y la providencia consultada, todo ello a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Superioridad, a pronunciarse sobre la consulta de la sentencia proferida el 28 de abril de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, en la cual se dispuso sancionar al doctor ABRAHAN PÉREZ VARGAS, en su condición de Juez Segundo Civil Municipal de Pitalito, Huila, con MULTA de un mes de salario devengado en el año 2013, en dicho cargo, por encontrarlo responsable de la comisión de falta grave, a título de culpa gravísima, prevista en los numerales 1º y 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 196 de la Ley 734 de 2002 y 52 del Decreto 2591 de 2002.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

Del caso en concreto.

Se originó la actuación disciplinaria contra el doctor ABRAHAN PÉREZ VARGAS, en calidad de JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PITALITO, HUILA, con base en la información suministrada por la doctora Martha Inés Covaleda Castaño, Jueza Segunda Civil Municipal de Pitalito a la Sala Administrativa de este Consejo Seccional, mediante oficio Nº 1802 del 31 de octubre de 2013, en el cual relaciona varias acciones de tutelas e incidentes de desacato fallados al parecer de manera extemporánea por el titular saliente del referido despacho judicial, entre ellas la que es objeto de este proceso, correspondiente al radicado Nº 2012-00103, siendo accionante Tomás Efrén Castaño Acosta y accionada COMPARTA EPS-S.

Pues bien, lo primero que hay que precisar por esta Superioridad acorde con la evidencia probatoria obrante en el expediente, que en relación con el trámite de la acción de tutela referida precedentemente, se determinó por el a quo en cuanto al término para proferir el fallo de la tutela, así como la demora en el envío para revisión de la misma a la Corte Constitucional, fue exculpado el funcionario y no se le formuló pliego de cargos.

Siendo así, que al disciplinado se le imputó pliego de cargos y se profirió sentencia sancionatoria en su contra objeto de consulta ante esta Sala, por el hecho de haber demorado y no haber fallado el incidente de desacato incoado por el accionante, por lo que se atribuyó la vulneración a los deberes consagrados en los numerales 1º y 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en virtud de los establecido en la Ley 734 de 2002, falta calificada como grave a título de culpa gravísima.

Es así como el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos: ART. 196.Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

Por su parte los numerales 1º y 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, establecen como deberes de los funcionarios judiciales:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

“(...)” 

15. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional”. 

Por su parte, el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra:

ART. 52.Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”.

Así las cosas, los elementos probatorios recaudados en el presente investigativo, determinan el trámite impartido a la acción de tutela promovida por el señor TOMÁS EFRÉN CASTAÑO ACOSTA contra la COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA, COMPARTA, radicada bajo el Nº 2012-00103, en la cual se emitió fallo el 9 de abril de 2012(10), por el doctor ABRAHAM PÉREZ VARGAS, en calidad de Juez Segundo Civil Municipal del municipio de Pitalito, Huila, tutelando los derechos del accionante de protección a la salud, una vida digna, integridad personal y seguridad social, ordenando e le autorice la práctica del examen de Rectosigmoidoscopia requerido al actor.

Igualmente verificado el expediente del desacato, se observa que el tutelante el 16 de abril de 2012 radica escrito en el que informa que la accionada no ha dado cumplimiento al fallo de tutela que le impuso dar cumplimiento dentro de las 48 horas siguientes a la práctica del examen requerido por el actor, ante lo cual el juez disciplinado, el día 17 de abril de 2012(11), admitió el incidente de desacato y corrió traslado por tres días a la entidad demandada para que exponga las razones del incumplimiento, librándose los oficios respectivos el mismo día, la empresa demandada por su parte allegó el 23 de abril de 2012, copia idéntica a la respuesta presentada a la tutela, el accionante el 9 de abril de 2013, envía por fax al despacho judicial comunicación en la que manifiesta: “Yo, Tomas Efrén Castaño Acosta identificado con cc 75056193 exonero de toda responsabilidad a la cooperativa COMPARTA sede Pitalito del proceso que se adelanta en esta dependencia por el incumplimiento de tutela”.

De contera, teniendo en cuenta que el expediente del desacato ingresó al despacho del Juez para tomar la decisión de fondo respectiva, el 23 de abril de 2012, según consta en el proceso a folio 9 vuelto del cuaderno anexo Nº 1, y que el doctor ABRAHAM PÉREZ VARGAS, prestó sus servicios como Juez Segundo Civil Municipal de Pitalito hasta el 20 de marzo de 2013(12), lo cual indica con toda claridad que el Juez mantuvo al despacho el expediente aproximadamente un año, sin tomar la decisión respectiva, aunado a que en dicho desacato no había pruebas por practicar, siendo fallado la nueva juez titular el 9 de abril de 2013.

Si bien en materia del término para tramitar el incidente de desacato la ley especial no previó un término específico, ello no releva al Juez del deber de impartir a las diligencias sometidas a su decisión el impulso y celeridad posible, dentro de un tiempo razonable, que garantice el principio constitucional de impartir una pronta y cumplida justicia, lo cual no ocurrió en el presente asunto, y al parecer en otros acorde con el último registro de antecedentes del disciplinado allegado en esta instancia.

Por lo anterior, evidentemente el funcionario incurrió en la falta que se le imputó, por no cumplir dentro de la órbita de su competencia el marco normativo aplicable al asunto referido, bajo el claro entendido que se trata de un asunto de prelación constitucional, dentro de los términos razonables, que garanticen el cumplimento de los principios de celeridad y eficiencia que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

En relación al elemento subjetivo de la conducta, el disciplinado se exculpa en el hecho de que la tutela fue fallada en favor del accionante, en el cúmulo de trabajo por diligencias agendadas y demás procesos al despacho y en que no se registraba cuándo había ingresado dicho expediente para fallar el incidente, argumentos que al igual que los valoró el a quo, esta Sala tampoco acoge por carecer de soporte probatorio, como quiera que contrario a lo dicho por el inculpado, el hecho de haber fallado en favor del accionante la tutela inicial para nada contribuye a lo que es objeto de investigación en su contra, dada la falta de cuidado y negligencia con que omitió por un largo tiempo definir la situación tanto para el actor como para la accionada respecto del incidente de desacato, como está demostrado con el sello respectivo de la fecha en que ingresó el proceso al despacho, faltando a la verdad en dicho sentido el disciplinado.

Respecto a las diligencias agendadas y otros expedientes para resolver al despacho, no obstante que el procesado no aportó ninguna evidencia cuantitativa de ello, evidentemente es lógico deducir o inferir que dada la dinámica de los despachos judiciales es creíble que tendría otros asuntos también en impulso y pendientes de decisión de su parte, aunque no es el caso de la congestión de las grandes capitales, si es normal que hubiera tenido más situaciones pendientes de resolver, pero que dado el tiempo desproporcionado de aproximadamente un año para atender el asunto objeto de esta investigación, no es atendible ni de recibo la exculpación del investigado, por desbordar los términos razonables y proporcionados de los tiempos en que se deben atender las situaciones judiciales, amén de que se trata de un asunto de prelación constitucional, donde dicha omisión riñe con los principios constitucionales que rigen la función judicial de impartir una pronta y cumplida administración de justicia.

Sobre el término para tramitar el incidente de desacato, la Corte Constitucional(13) ha decantado dicho asunto en los siguientes términos:

“2.1. El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no fija un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela, lo que, tratándose de un elemento esencial para armonizar con la Constitución implica la existencia de una omisión legislativa relativa. 

Al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez días, de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su apertura. 

2.2. En casos excepcionalísimos, (i) por razones de necesidad de la prueba y para asegurar el derecho de defensa de la persona contra la cual se promueve el incidente de desacato, (ii) cuando exista una justificación objetiva y razonable para la demora en su práctica y (iii) se haga explícita esta justificación en una providencia judicial, el juez puede exceder el término del artículo 86 de la Constitución, pero en todo caso estará obligado a 

(i) adoptar directamente las medidas necesarias para la práctica de dicha prueba respetando el derecho de defensa y (ii) a analizar y valorar esta prueba una vez se haya practicado y a resolver el trámite incidental en un término que sea razonable frente a la inmediatez prevista en el referido artículo”. (Destacado nuestro).

En cuanto a los criterios para determinar el grado de culpabilidad, encuentra esta corporación que el fallo objeto de consulta, ponderó adecuadamente la aplicación del artículo 43 de la ley 734 de 2002, al determinar la falta como grave a título de culpa gravísima, dada la naturaleza esencial del servicio de administrar justicia, la jerarquía del funcionario, en su condición de Juez Segundo Civil Municipal de Pitalito, Huila y la trascendencia social de la falta que genera desconfianza en la comunidad por la tardanza para resolver los asuntos con la celeridad requerida como en este caso que se trataba del incumplimiento de una decisión relacionada con la salud del accionante, que si bien se estableció la tutelada cumplió, ello no obedeció dentro del término que había ordenado el mismo Juez que se cumpliera su decisión.

En consecuencia. Establecidos los elementos objetivo de la falta y subjetivo de la responsabilidad del disciplinado por los cargos que le fueron imputados y la consecuente sanción a él impuesta, es pertinente para esta corporación CONFIRMAR, la sentencia proferida el 28 de abril de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

1. CONFIRMAR sentencia proferida el 28 de abril de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al doctor ABRAHAM PÉREZ VARGAS, en calidad de Juez Segundo Civil Municipal de Pitalito, Huila, con MULTA de un (1) mes de salario, equivalente al devengado en dicho cargo para el año 2013, por inobservar los deberes funcionales previstos en los numerales 1º y 15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en virtud de lo establecido en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, falta grave a título de culpa gravísima, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de este fallo.

2. Por Secretaría Judicial súrtanse las notificaciones de rigor, en los términos del artículo 103 de la Ley 734 de 2002.

3. Devolver el expediente a la Seccional de origen para lo pertinente.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria Judicial».

10 Fls. 78 al 80, cdno. A.2.

11 Fl. 84, cdno. A.2.

12 Fls. 16 al 18, cdno. O.

13 Sentencia C-367/2014, M.P. Mauricio González Cuervo.