Sentencia 2013-01122 de julio 22 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Aprobado según acta de Sala 58

Expediente 730011102000201301122-01

Proyecto registrado el 21 de julio de 2015

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer la apelación de los fallos sancionatorios emitidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(5) y 59 de la Ley 1123 de 2007(6); ahora bien, establecida la calidad de abogada en ejercicio de la disciplinada, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 02 del 1º de julio de 2015, modificó el Capítulo 7 del Título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela(7) (resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la Ley Procesal Penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Del asunto en concreto. Teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, la Sala procede a estudiar el comportamiento de la abogada MYRIAM ARIZMENDI DE RODRÍGUEZ para determinar si puede ser objeto de reproche disciplinario o no.

Del material probatorio obrante en el proceso, se estableció que la abogada investigada, ejerció la defensa del señor Freider Roderic Carmona Díaz, al interior del proceso penal 96-11 adelantado en el Juzgado Penal del Circuito de Honda (Tolima), por el delito de Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años.

De las pruebas testimoniales de la señora Gloria Alejandra Quintero Díaz, Jairo Cardozo Navarro y Jasbleidy Díaz Martínez, se comprueba que la abogada investigada, solicitó a la señora Quintero Díaz $ 3.000.000 para dárselos al Fiscal a fin de obtener su ayuda en el referido proceso.

Dinero que le fue entregado en dos contados, el primero de $ 1.000.000 a finales del mes de septiembre de 2011 y el otro de $ 2.000.000 ocho días después del inicial.

En contraposición se tiene la declaración efectuada en la audiencia del 22 de agosto de 2014, por parte del doctor José Clemente Parra Peña, Fiscal en el aludido proceso penal, quien en su relato manifestó:

“llegue a laborar como fiscal en primer lugar como Fiscal 38 Seccional de Honda A finales de 2007, y estuvo laborando después fui nombrado como Fiscal 32 Seccional de Honda hasta finales de marzo del año 2012 (...).

Pues señoría le soy sincero la verdad al tenerlo aquí, el nombre se me hace conocido señoría, pero el físico... la verdad es muy difícil por la razón de que todos los días en mi trabajo conozco gente de diferentes fisionomías y condiciones físicas, pero señoría el nombre sí no me es desconocido.

Doctor la verdad no me acuerdo de la doctora Myriam Arizmendi de Rodríguez, puede que si haya participado en audiencias pero su señoría vuelvo e insisto que todos los días conocemos nosotros además de imputados o acusados, muchos abogados que se desplazan de otras ciudades para atender sus asuntos, es más fácil para nosotros de pronto acordarnos y conocer los defensores que diariamente participan en los procesos como son los defensores públicos o los defensores radicados en las ciudades donde atienden los negocios.

Es absolutamente falso en cuanto a que haya habido algún dialogo con la doctora Arizmendi, para que se me entregara a mí, cantidad alguna de dinero en absoluto, me sorprende y me duele este señalamiento que se haga por cuanto eso no ha ocurrido así, desafortunadamente desconozco que audiencias tuvimos audiencias con el señor Carmona, hasta donde tuvimos audiencia si hubo imputación si hubo una aceptación de cargos o en que terminó el proceso, no sé si el señor Carmona recordara que audiencias hicimos” (Sic a lo transcrito)(8).

De la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado

Tipicidad: la primera instancia imputó a la profesional del derecho la falta establecida en el numeral 6ª del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...).

6. Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia”.

Esta falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, contiene en su descripción el verbo rector “valerse” El cual, según la Real academia de la Lengua española significa:

Valer.

(Del lat. valēre).

1. tr. Amparar, proteger, patrocinar.

17. prnl. Recurrir al favor o interposición de alguien para un intento. Valerse DE un amigo.

De acuerdo con la anterior definición, si continuamos con la lectura de la falta se tiene que para configurarla se debe comprobar que el profesional del derecho recurrió ya sea a un funcionario, sus colaboradores o los auxiliares de la justicia, por medio de dádivas, remuneraciones o atenciones injustificadas a fin de lograr su benevolencia o su favor dentro de las actuaciones judiciales o extrajudiciales que desempeñe en ejercicio de su profesión.

Pues bien, para efectos de desatar esta segunda instancia debe tenerse en cuenta un aspecto, cual es hacer claridad sobre los hechos y la normatividad por los cuales la abogada investigada fue sancionada, esto es, la imputación fáctica y jurídica, la cual se refirió a la exigencia de $ 3.000.000 con destino al Fiscal a fin de lograr un buen resultado, al interior del proceso penal referido.

Ahora bien, de entrada debe señalar la Sala, que la solicitud de dineros, cuyo destino era supuestamente entregarlos a un funcionario para lograr su favorecimiento, si bien es una actuación totalmente reprochable, lo cierto es que ese hecho no se adecúa a la descripción típica del numeral 6º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007. Sobre todo, cuando de las pruebas obrantes en el proceso, no se logró comprobar que se hubiese efectuado realmente una entrega o por lo menos un ofrecimiento al Fiscal José Clemente Parra Peña.

Analizando la declaración de la señora Quintero Díaz, quien fue elocuente en explicar la entrega del dinero, nada dijo respecto al ofrecimiento, solamente atinó a decir que a su parecer no se lo había entregado, pero en todo caso no logró comprobarlo.

De tal manera que lo realmente comprobado luego del análisis de las pruebas testimoniales vertidas en el presente disciplinario, es que la profesional del derecho encartada, exigió a su cliente y recibió a finales del mes de septiembre de 2011, $ 3.000.000 en dos contados, cuya presunta finalidad era entregárselos al Fiscal del caso, no obstante, en este último hecho no se demostró en las presentes diligencias.

Es allí, donde radica la atipicidad de la falta atribuida en primera instancia, lo que llevará a revocar la sentencia apelada.

Ciertamente, no puede asegurarse que el actuar de la investigada haya llegado hasta el ofrecimiento, pues los testimonios no dan cuenta de eso, dejando de precisar ese aspecto sin el cual no se puede tipificar la falta endilgada por la primera instancia.

En este orden de ideas, el juicio realizado por el a quo omitió constatar que efectivamente la descripción fáctica desarrollada por la doctora ARIZMENDI DE RODRÍGUEZ, correspondiera con la imputación jurídica atribuida, desconociendo con ello la estructura del tipo que debe coincidir inexorablemente con la actuación surtida por el sujeto disciplinado.

De manera que al encuadrar la conducta de la procesada en la norma descriptiva de la falta disciplinaria, no se puede dejar de revisar si efectivamente el proceder de la togada encuadra perfectamente dentro de la conducta atribuida, comoquiera que la labor de formular cargos y de fallar conforme a los mismos, implica respeto a las garantías procesales, y dada la exactitud y precisión que en este sentido demanda la falta, es necesario efectuar una hipótesis concreta en relación con el asunto del cual se trate.

Observadas las anteriores consideraciones, la conducta de la doctora ARIZMENDI DE RODRÍGUEZ, resulta atípica, en tanto no aparece comprobado que el despliegue comportamental hubiese llegado hasta el ofrecimiento, que es condición sin la cual el tipo disciplinario imputado en primera instancia no se estructura. En ese orden de ideas no puede la Colegiatura superior convalidar el juicio de responsabilidad disciplinaria plasmado en contra la abogada inculpada.

Así entonces, no se ve de qué manera la disciplinable rayó en una falta de lealtad con la administración de justicia, pues no puede presumirse de la exigencia de dineros para supuestamente entregarlos al Fiscal del caso, un presunto ofrecimiento ya que son conductas totalmente diferentes.

En consecuencia, esta Superioridad revocará la providencia apelada y absolverá a la abogada acusada de la comisión de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 6º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo proferido el 16 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, sancionó con EXCLUSIÓN a la abogada MYRIAM ARIZMENDI DE RODRÍGUEZ, al declararla responsable de la comisión de la falta establecida en el numeral 6º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007. Para en su lugar ABSOLVERLA, conforme las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta Superioridad a la disciplinada y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria, para lo cual se comisiona a la Sala Seccional de primera instancia, por el término de 20 días libres de distancia, debiendo ceñirse al trámite previsto en la Ley para tal efecto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE».

5 “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

6 “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código...”.

7 M.S. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

8 Folio.