Sentencia 2013-01169 de octubre 8 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 68001-23-33-000-2013-01169-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Fabio Enrique Ojeda López

Demandado: Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar - Alcalde de Floridablanca

Bogotá, D. C., ocho de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación presentado por el accionante contra el fallo de 18 de junio de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, está fijada en los artículos 150 y 152-8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas.

2.2.1. De la integración y conformación de los tribunales administrativos.

La Ley 270 de 1996 en su artículo 40 indica que los tribunales administrativos son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y tienen el número de magistrados que determine esa corporación así(1):

“ART. 40.—Jurisdicción. Los tribunales administrativos son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen el número de magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres.

Los Tribunales Administrativos ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados; por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás salas de decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley”.

A su vez, el Acuerdo 209 de 1997(2) expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en su artículo 2º indica las funciones y conformación de los tribunales así:

“ART. 2º—Funciones y conformación. Los tribunales administrativos cumplen las funciones en cada distrito judicial administrativo que determine la ley procesal. Están conformados por un número no inferior a tres (3) magistrados, quienes conocerán indistintamente de toda clase de procesos sin atender al criterio de especialización (…).”

Asimismo, el artículo 8º de esta normativa indica que “para el ejercicio de la función jurisdiccional, habrá tantas salas de decisión plurales e impares cuantos magistrados conformen la corporación, y cada una de ellas se integrará con el magistrado ponente, quien la presidirá, y con los dos que le siguen en orden alfabético de apellidos y nombres”.

Por su parte, el artículo 12 ibídem señala que “constituye quórum para deliberar y decidir la mitad más uno de los miembros de cada una de las salas”.

Así pues, se tiene que el Tribunal Administrativo de Santander, como lo indicó el demandante, está integrado por 5 magistrados, pero, contrario a lo señalado por este, en ejercicio de la función jurisdiccional, el proceso de la referencia fue estudiado por 3 magistrados, tal como lo precisa el artículo 8º de la normativa citada en precedencia, esto es por los magistrados Rafael Gutiérrez Solano, Francy del Pilar Pinilla Pedraza y Julio Edisson Ramos Salazar.

Ahora bien, el Acuerdo 1 del 19 de enero de 2011(3) respecto de la aprobación de los proyectos debatidos en Sala dispone:

“ART. 5º—Procedimiento para los asuntos ordinarios. El trámite de adopción de la decisión judicial en los asuntos ordinarios será al siguiente: g) Aprobación. Cuando el proyecto obtenga la mayoría de los votos de quienes integran la Sala, quedará aprobado y deberá suscribirse en la misma sesión por cada uno de los (las) magistrados (as) en original y dos (2) copias”.

En conclusión, y de conformidad con la normativa transcrita se tiene que el proceso de la referencia fue aprobado como el ordenamiento jurídico lo establece para tales casos, esto es, con la aprobación de la mayoría de los votos de quienes integran la Sala; por ello, bastaba con el voto de 2 de los magistrados que la componen para su aprobación, tal como ocurrió y como se observa en el fallo que obra a folios 608 a 618, donde se observan las firmas de los doctores Rafael Gutiérrez Solano, Francy del Pilar Pinilla Pedraza ausente con permiso del doctor Julio Edisson Ramos Salazar.

2.2.2. De la solicitud de impedimento realizada por el demandado respecto de la magistrada Solangel Blanco Villamizar.

El 19 de mayo de 2014 el accionante presentó escrito ante el Tribunal Administrativo de Santander en el que solicitó que la magistrada Solangel Blanco Villamizar se declarara impedida para debatir y votar el proceso de la referencia, toda vez que a esta magistrada se le pagó una prima técnica en el periodo en que se desempeñó como funcionaria de la Gobernación de Santander y que este hecho no ofrece garantías de imparcialidad en el proceso de la referencia por ser el tema que se debate en el sub judice.

Se tiene que, tal y como se indicó en el acápite anterior, la Sala de Decisión que conoció y falló el caso de la referencia estaba conformada por los doctores Rafael Gutiérrez Solano, Francy del Pilar Pinilla Pedraza y Julio Edisson Ramos Salazar.

Es decir, dicha Sala no estaba integrada por la magistrada Solangel Blanco, y por tal motivo, no podía declararse impedida para conocer de un asunto que se iba a estudiar en una Sala de la cual esta no hacía parte.

2.2.3. De la vinculación a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Sobre el particular se resalta que la notificación a esta entidad dentro del presente proceso se hizo con fundamento en el numeral 2º del artículo 277 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece que se debe notificar “personalmente a la autoridad que expidió el acto y a la que intervino en su adopción, según el caso (…)”.

Así, para la realización de los escrutinios generales, las comisiones escrutadoras municipales se conforman por jueces, notarios o personas de reconocida honorabilidad; y, como secretarios de esta comisión fungen funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En efecto, las comisiones escrutadoras tienen la función de practicar los escrutinios en las elecciones por voto popular y para ello deben diligenciar y firmar las actas generales y parciales, los cuadros de resultados y demás documentos que se producen en el acto de los escrutinios; por lo cual, es posible concluir que la Registraduría Nacional del Estado Civil interviene en la expedición del acto demandado.

Es por ello que en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander en auto de 20 de enero de 2014, ordenó la notificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en aplicación del numeral 2 del artículo 277 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.3. Caso concreto.

En el presente caso el señor Fabio Enrique Ojeda López controvierte la legalidad del Formulario E26 – ALC del 24 de noviembre de 2013 por medio del cual se declaró la elección de Carlos Roberto Alexander Avila Aguilar como alcalde de Floridablanca – Santander.

A juicio del accionante el demandado no podía ser alcalde de este municipio toda vez que no reúne las calidades legales para ser electo, ya que se encuentra en interdicción para el ejercicio de funciones públicas debido a que está inhabilitado permanentemente por haber cometido una falta que afectó el patrimonio económico del Estado.

Lo anterior debido a que en su calidad de concejal del municipio de Floridablanca aprobó una prima técnica ilegal a favor del exalcalde Eulises Balcázar, lo cual originó una afectación del patrimonio económico del municipio en mención por valor de COP $49.200.408 (sic).

2.3.1. Alcance del numeral 1 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

El legislador, dentro de su marco de competencia, estableció en la Ley 617 de 2000, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para las personas que aspiraran a cargos de elección popular del orden territorial. En concreto, en el caso de los alcaldes el artículo 37 de la citada norma determinó los casos en los que una persona se encuentra inhabilitada para desempeñar dicho cargo.

La norma establece literalmente lo siguiente:

“ART. 37.—Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: ‘ART. 95.—Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas’” (negrillas fuera de texto).

Esa norma consagra varias causales de inhabilidad para ser elegido alcalde. En cuanto concierne a este asunto, el legislador señaló como causal de inhabilidad para ser inscrito o elegido alcalde la de encontrarse en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. De manera que corresponde a esta Sala analizar los presupuestos fácticos de la causal de inhabilidad propuesta y verificar su demostración en el caso planteado.

2.3.2. De la inhabilidad por interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

El demandante sustenta la configuración de esa prohibición por las decisiones adoptadas por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga y la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa en primera y segunda instancia; y, finalmente por el Procurador General de la Nación al revocar las providencias anteriores. Providencia esta última que le impuso al señor Carlos Roberto Alexander Avila Aguilar la sanción de suspensión por 10 meses en el cargo de concejal de Floridablanca que desempeñaba para la época de los hechos.

Como lo sostuvo la Sala en reciente oportunidad(4), por interdicción se entiende la privación de derechos definida en la ley. Y, si bien el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española circunscribe esa figura al ámbito de los derechos civiles(5), es, en realidad un término genérico que abarca también otros derechos y, por regla general, admite rehabilitación, bien por el mero paso del tiempo, o por la demostración de la superación del hecho que la originó.

La interdicción para el ejercicio de funciones públicas de que trata el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, está referida al campo de los derechos políticos en cuanto priva temporalmente de la facultad de elegir y ser elegido, así como del ejercicio de la función pública, entre otros.

En los artículos 43 y 44 del Código Penal se regula esa forma especial de interdicción de derechos así:

“ART. 43.—Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos:

1. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

(...)”

“ART. 44.—La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales”.

A su turno, el Código Disciplinario Único, señala:

“ART. 38.—Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:

(…)

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. (…)”.

De modo que si el artículo 40 de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, es evidente que tal derecho no puede ser ejercido cuando, aun tratándose de un ciudadano, este ha sido afectado por la pena o sanción de interdicción de derechos y funciones públicas según decisión judicial o administrativa, en los términos de las normas legales antes señaladas(6).

Advierte la Sala que la redacción del numeral 1 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 varió respecto del tenor literal de la norma que fue objeto de modificación. En efecto, la norma anterior distinguía como hipótesis de inhabilidad, de un lado, hallarse en interdicción judicial y, de otro, estar inhabilitado por una sanción disciplinaria (redacción anterior del numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994). Y la nueva norma solo habla de encontrarse en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

Pero ocurre que, esa circunstancia no impone entender que la nueva norma solo se refiere a la interdicción declarada judicialmente, pues además de que esa distinción no es expresa, lo cierto es que una interpretación contraria vaciaría de contenido las normas que permiten que la interdicción de determinados derechos sea declarada por autoridades administrativas.

Así las cosas, se tiene que para que se configure la causal de nulidad objeto de análisis es necesario demostrar que el elegido, al momento de la inscripción o de la elección, se encontraba en interdicción para el ejercicio de funciones públicas, bien por decisión judicial, o bien por decisión administrativa.

Y se dice que al momento de la inscripción o al de la elección, pues la inhabilidad que se analiza origina también la nulidad de la elección cuando está presente en el acto de inscripción.

2.3.3. Verificación de los presupuestos fácticos de la causal de inhabilidad objeto de análisis.

En el expediente de la referencia obran como pruebas relevantes para resolver el caso las siguientes:

1º. Fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga del 19 de junio de 2012 (fls. 200 a 304).

2º. Fallo de segunda instancia dictado por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa el 1º de noviembre de 2012 (fls. 153 a 199).

3º. Fallo de 22 de julio de 2013 proferido por el Procurador General de la Nación (fls. 562 a 572).

4º. Copia auténtica del formulario de inscripción del demandado a la alcaldía de Floridablanca de 10 de octubre de 2013 (fl. 55).

5º. Certificado de 11 de marzo de 2014, suscrito por la Juez Cuarta Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bucaramanga en el que se indica que bajo el CUI Nº 68-001-60-08-828-2010-01913 se adelanta investigación penal en contra del señor Eulises Balcázar Navarro como presunto responsable en calidad de determinador del delito de prevaricato por acción en concurso heterogéneo con peculado por apropiación y falsedad en documento privado en calidad de autor; y, que en dicha actuación no ha obrado como imputado o acusado el señor Carlos Roberto Alexander Avila Aguilar (fls. 142 a 145).

6º. Oficio 45 de 14 de marzo de 2014 rendido por la Fiscalía General de la Nación en el que se indica que en la Fiscalía Veintitrés Seccional Unidad de Administración Pública de Bucaramanga se adelanta la indagación con radicado 680016008828201300464 por la presunta conducta punible de prevaricato por acción. Entre los indiciados se encuentra el señor Carlos Roberto Alexander Avila Aguilar. Dentro de dicha indagación a esa fecha no se ha realizado audiencia de formulación de imputación y no se ha solicitado medida de aseguramiento en contra de los indiciados (fls. 146 y 147).

7º. Oficio remitido por la Contraloría Municipal de Floridablanca de 19 de marzo de 2014 en el que se señala que en esa entidad se sigue proceso de responsabilidad fiscal Nº 004-2012 por el presunto daño patrimonial causado al municipio de Floridablanca por el reconocimiento de una prima técnica al exalcalde municipal Eulises Balcázar y cuyos presuntos responsables son, entre otros, el señor Carlos Roberto Alexander Avila Aguilar. Que dicho proceso se encuentra en decreto de pruebas (fls. 305 a 306).

8º. Oficio CGS 1045-YMC de la Procuraduría General de la Nación en el que se informa que al revisar los datos de identificación del señor Carlos Roberto Alexander Avila Aguilar en el sistema de información SIRI(7) se encontraron las siguientes anotaciones:

SiriMóduloDocumento sancionadoSancionadoProcesoFecha ejecutoriaAnotaciónFecha autoridad 1ra instanciaAutoridad 1ra instancia
100093946Disciplinario91498363Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar082-450460-201107/12/2012Vigente16/06/2012Procurador Provincial de Bucaramanga Bucaramanga (sic) (Santander)

El certificado en mención indica:

“La anotación en precedencia corresponde a la sanción disciplinaria de suspensión por 10 meses impuesta en fallos del 19/06/2012 y 01/11/2012 por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga y Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, respectivamente. Dicho antecedente cuenta con los eventos de conversión en salarios (L. 734/2002, art. 46 inc. 2º), y el pago total de la obligación por valor de $41000250,00, ejecutada por la alcaldía municipal de Floridablanca, observándose, que la sanción impuesta no va acompañada de ningún tipo de inhabilidad sobreviniente (…)” (fl. 316).

9º. Certificado ordinario de antecedentes Nº 55457729 expedido por la Procuraduría General de la Nación en el que se registran las siguientes anotaciones(8):

Sanciones

SanciónTérminoFecha fin inhabilidadClase sanciónEntidad
Suspensión num. 3 art. 4410 meses PrincipalConcejo Municipal de Floridablanca Floridablanca (sic) (Santander)

Instancias

InstanciaAutoridadFecha providenciaFecha efectos jurídicos
PrimeraProcurador Provincial de Bucaramanga19/06/201207/12/2012
SegundaProcurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa01/11/201207/12/2012

Eventos

Nombre CausaEntidadTipo actoFecha acto
Conversión en salarios (L. 734/2002, art. 46 inc. 2º)Concejo Municipal de Floridablanca Floridablanca (sic) (Santander)Resolución04/09/2013

Sanciones

SanciónAutoridadDepartamentoMunicipioTipo ActoNº actoFecha actoForma pagoValorPago total
Suspensión num. 3 art. 44Alcalde municipal de FloridablancaSantanderFloridablancaResolución7804/09/2013Acuerdo Pago41000250,00

10º. Fallo de pérdida de investidura de 31 de enero de 2014 seguido en contra del demandado y otros, en su calidad de concejales del municipio de Floridablanca periodo 2008-2011, en el que se negaron las pretensiones de la demanda.

11º. Oficio de la Contraloría General de la República de 28 de abril de 2014 en el que se indica:

“(…) en su condición de oficial mayor del Tribunal Administrativo de Santander, solicita certificar si existe alguna responsabilidad fiscal que pese sobre el señor Carlos Alberto Alexander Ávila Aguilar.

Al respecto es del caso anotar que la Contraloría General una vez adelantadas las gestiones necesarias en sus dependencias, tendientes a suministrar la información que corresponde, y una vez consultada la base de datos del sistema de información de responsabilidad fiscal SIREF, así como la base de datos del sistema de información del boletín de responsables fiscales SIBOR, se determinó lo siguiente:

• SIREF: Realizada la búsqueda por la base de datos del SIREF, me permito informar que no se encontró información.

• SIBOR: Con el fin de atender su solicitud le informo que, consultado el sistema de información del boletín de responsables fiscales SIBOR, hoy veintidós (22) de abril de 2014, por ordenamiento alfabético (apellidos nombres), no se encontró registro alguno como responsable fiscal coincidente con Carlos Alberto Alexander Ávila Aguilar” (fl. 378).

12º. Copia auténtica del Formulario E26-ALC de 24 de noviembre de 2013, expedido por la comisión escrutadora general de Floridablanca, mediante el cual se declaró la elección del señor Carlos Roberto Alexander Avila Aguilar como alcalde de ese municipio para el período 2013-2015 (fl. 54).

Del acervo probatorio expuesto en precedencia se observa que el demandado fue suspendido de su cargo por 10 meses por el Procurador General de la Nación, en fallo de 22 de julio de 2013.

Ahora bien, el señor Avila Aguilar inscribió su candidatura a la alcaldía de Floridablanca – Santander el 10 de octubre de 2013, situación que de ninguna manera es óbice o impedimento para que fuera elegido como tal, toda vez que la suspensión que le realizó la Procuraduría General de la Nación en ningún momento se convirtió en inhabilidad para el ejercicio de sus derechos políticos, sino que simplemente se enmarcó dentro de las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario así:

“ART. 44.—Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.

4. Multa, para las faltas leves dolosas.

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas”.

Entonces, es evidente que el accionado no se encontraba destituido ni inhabilitado al momento de realizar su inscripción para ser elegido alcalde del Municipio de Floridablanca, toda vez que en el fallo mencionado se calificó la falta cometida por el accionado como grave culposa y por esa razón la sanción impuesta fue de suspensión por el término de 10 meses.

Esta Sala en auto de 3 de septiembre de 2014, al admitir la demanda de nulidad electoral interpuesta en contra del acto de elección de un representante a la Cámara por Cundinamarca(9) señaló que no toda sanción disciplinaria implica necesariamente la configuración de la inhabilidad para desempeñar cargos públicos, debido a que “solo aquellas decisiones disciplinarias que impongan de manera expresa la sanción de inhabilidad pueden limitar los derechos políticos”.

Adicionalmente, la providencia en comentó indicó que del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 se desprende que hay varios tipos de sanciones disciplinarias y solo dos de ellas acarrean inhabilidad para desempeñar cargos públicos, estas son: i) la destitución e inhabilidad general y ii) la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.

Y, concluyó, citando otro precedente de la Sección, que, tal como se determinó en precedencia, “únicamente la sanción disciplinaria que imponga de manera explicita, bien sea la inhabilidad general o la inhabilidad especial tiene la capacidad de afectar el acto de elección o nombramiento”(10).

Por otra parte, la Sala no comparte el desacuerdo planteado por el demandante pues considera que el certificado de antecedentes administrativos que obra en el expediente no contenía la inhabilidad permanente del demandado y sin analizar norma adicional el tribunal desestimó sus pretensiones.

Al respecto, advierte la Sala que el mencionado certificado sí contiene la información requerida para llegar a una conclusión sobre la configuración de la “causal de inhabilidad” atribuida al demandado. En efecto, en el mismo aparecen consignados los siguientes datos:

a) Identificación de la sanción disciplinaria impuesta: principal de suspensión por falta grave culposa.

b) Término de la sanción: 10 meses;

c) Fecha de ejecutoria de la providencia que la impuso: 7 de diciembre de 2012;

d) Providencias que adoptaron esa decisión: las dictadas el 19 de junio de 2012 por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga en primera instancia; y, la del 1º de noviembre de 2012 proferida en segunda instancia por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa.

De manera que, contrario a lo planteado por el demandante, el contenido del certificado de antecedentes ordinario expedido por la Procuraduría General de la Nación es suficiente para demostrar los supuestos fácticos necesarios para determinar que el demandado no se encontraba inhabilitado para ser inscrito y elegido alcalde tal como lo consagra el artículo 95, numeral 1, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000; sino que se encontraba suspendido por 10 meses del cargo que ejercía al momento de la sanción.

2.3.4. Argumentos adicionales.

Advierte la Sala que tampoco le asiste razón al impugnante en indicar que el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 señala que cuando una falta disciplinaria afecte el patrimonio económico se genera automáticamente una inhabilidad permanente, pues dicha precisión se encuentra dirigida a las sanciones de inhabilidad general e inhabilidad especial, las cuales deben entenderse de carácter permanente cuando se afecte el patrimonio público; y, como se indicó en precedencia, el accionado no se encontraba inhabilitado para el ejercicio de sus funciones, sino suspendido por el término de 10 meses del cargo que ejercía como concejal del municipio de Floridablanca.

Finalmente, tampoco le asiste razón al actor respecto de su argumento según el cual no se analizaron las sentencias proferidas por la Corte Constitucional C-948 de 2002 y C-720 de 2006, toda vez que las mencionadas providencias se refieren exclusivamente a las inhabilidades, y, como se ha puesto de presente en esta providencia, la sanción impuesta al demandado no se trató de una inhabilidad sino de suspensión del cargo que venía ejerciendo.

En esta forma, la Sala confirmará la sentencia apelada, pues no se demostró que para el 10 de octubre de 2013, fecha en que se inscribió la candidatura del señor Ávila Aguilar como candidato a la alcaldía del municipio de Floridablanca, aquel se encontraba incurso en la causal de inhabilidad a que se refiere el numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA.

Primero. Confirmar el fallo de 18 de junio de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.

Segundo. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Tercero. Declarar que contra esta providencia no procede recurso alguno.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Norma reproducida en el artículo 122 de la Ley 1437 de 2011.

(2) “Por el cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los Tribunales Administrativos”.

(3) “Por el cual se expide el reglamento de funcionamiento de las Salas de Decisión del Tribunal Administrativo de Santander”.

(4) Sentencia del 9 de junio de 2005, expediente 3600.

(5) www.rae.es

(6) Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Darío Quiñones Pinilla. 2 de septiembre de 2005. Rad.: 52001-23-31-000-2003-01715-02(3668). Actor: Francisco Bernardo Bolaños Gaviria. Demandado: Alcalde del municipio de Arboleda.

(7) “Referente a lo establecido en la Ley 734 de 2002 artículo 174, en el Sistema de Información —SIRI—, se registran las decisiones ejecutoriadas y notificadas, impartidas por las diferentes autoridades competentes que envían a la Procuraduría General de la Nación, dicho registro contiene los antecedentes disciplinarios correspondientes a las personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas”.

(8) (Fls. 317 y 318).

(9) Rad.: 11001-03-28-000-2014-00082-00. Actor: Leonardo Santo Petro Llorente. Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel – Representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca.

(10) Ver también sentencia de 6 de julio de 2009. Consejo de Estado, Sección Quinta. C.P. Susana Buitrago Valencia. Rad.: 11001-03-28-000-2006-00115-00(4056-4084).