Sentencia 2013-01183 de marzo 2 de 2016

 

Sentencia 2013-01183 de marzo 2 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 110011102000201301183-01 (10881-25)

Aprobado según Acta de Sala Nº 20

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición del disciplinado.

El coordinador del área de talento humano de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bogotá, Cundinamarca, mediante oficio Nº DESAUJ13-669 del 16 de abril de 2013, informó que el denunciado funge como Juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá desde el 4 de febrero de 2012, allegando copia de la decisión de nombramiento y acta de posesión; además de los datos de su residencia (fls. 77-86 c.o.).

3. De la falta endilgada.

El doctor RICARDO DEL CRISTO RODRÍGUEZ VILAR en su condición de Juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, fue hallado disciplinariamente responsable de infringir el deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y artículos 1º y 6º de la Ley 1096 de 2006, conducta calificada como grave dolosa.

LEY 270 DE 1996

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. (...)”. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

“ART. 174.—Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”. 

LEY 1095 DE 2006 

“ART. 1º—Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine. El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de excepción. 

(...) 

ART. 6º—Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno”. 

Resulta oportuno para la Sala en esta oportunidad, que si bien en el auto de pliego de cargos y en la sentencia se enunció en el quebranto de la “Ley 1096 de 2006”, debe señalarse que dicha enunciación obedece a un lapsus calami o error de digitación, en tanto se observa en la parte considerativa del pliego de cargos (fl. 127 c.o.), que la norma a la cual se hace referencia como quebrantada por el funcionario investigado corresponde a la Ley 1095 de 2005, siendo esta norma a la cual nos referiremos en el estudio del recurso de apelación presentado por el doctor RODRÍGUEZ VILAR, pues claramente se tiene que dicho lapsus no configura la existencia de nulidad procesal, pues se itera, esto obedece a un error de digitación en la parte resolutiva de las mentadas decisiones.

4. De la apelación.

Ahora bien, al tenor del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto legal es el siguiente: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (Negrilla fuera del texto original).

Como primera medida esta colegiatura encuentra que contra la decisión del a quo el encartado se notificó el 6 de mayo de 2015 y el agente del Ministerio Púbico el 27 de abril de la misma anualidad, instaurando recurso de apelación el 11 de mayo del 2015, con lo que se observa que la alzada fue instaurada en término, siendo procedente su estudio por esta Colegiatura.

Ahora bien, teniéndose clara la interposición dentro del término de ley, se procede a resolver lo que en derecho corresponda frente a los dos argumentos expuestos el apelante, veamos.

La presente investigación disciplinaria tuvo como génesis en la compulsa de copias ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal en contra del Juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, por la presunta falta a los deberes legales en el trámite del proceso de habeas corpus dentro del radicado Nº 201200001, actuación que luego del debate probatorio la Sala Dual de Instancia resolvió sancionar al doctor RICARDO DEL CRISTO RODRÍGUEZ VILAR, con UN MES DE SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo y en caso de que el sancionado haya cesado en sus funciones la misma se convertirá en multa de 1 salario mínimo devengado, por la infracción al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y artículos 1º y 6º de la “Ley 1096 de 2006”, conducta calificada como grave dolosa.

Por lo anterior, el disciplinado presentó recurso de apelación sustentando su primer argumento de inconformidad asegurando que el Fiscal 46 Seccional de Bogotá no dio ninguna respuesta al requerimiento reiterado de pronunciamiento sobre las vías de hecho alegadas por el actor constitucional, por lo cual dio aplicación a lo definido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia —Rad. 30066 del 26 de junio de 2006—, considerando que éste funcionario podría haber actuado como determinador para emitir decisión en favor del sindicado, por lo cual su actitud no fue dolosa.

Sobre el particular, observa la Sala de las copias allegadas a la actuación disciplinaria referentes al trámite impartido del habeas corpus radicada bajo el Nº 20120001 instaurado por el señor Alberto Salazar Gutiérrez contra la Fiscalía 46 Seccional de la Unidad de Administración Pública y otros, en aras de que se le ampare su derecho a la libertad por la presunta vulneración de la acción al haber incurrido en vías de hecho dentro del proceso penal Nº 110016000049200920537 por el cual se encontraba privado de la libertad, teniendo así, que el funcionario encartado libró las comunicaciones a las autoridades judiciales vinculadas en el trámite constitucional.

Es así, como a folio 5 al 24 del cuaderno anexo Nº 3 del expediente disciplinario, reposa copia del oficio de respuesta Nº 438 del 3 de mayo de 2012, mediante el cual el Juzgado 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento dio contestación al traslado de la acción constitucional, exponiendo un recuento de las actuaciones adelantadas por ese despacho dentro de la investigación penal Nº 110016000049200920537 por el presunto delito de peculado por apropiación seguido contra el actor constitucional, allegando copia del acta de diligencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento en subsidio sustitución de medida de aseguramiento regido por el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, destacando en su comunicación que: “Es importante resaltar que, dentro del texto de la solicitud de habeas corpus no se hace mención a este juzgado y sí al Juzgado 18 Penal Municipal con función de Control de Garantías que impuso la medida de aseguramiento al señor SALAZAR GUTIÉRREZ, decisión cuestionada por el procesado, por considerar que ya se adelantó un proceso donde fue absuelto y también ataca el criterio de la fiscalía por volverlo a acusar, supuestamente por unos mismos hechos. Cuestionamiento que desconoce este juzgado por no ser de su competencia esa decisión atacada”.

De otra parte, se tiene a folio 27 del cuaderno anexo Nº 3, respuesta presentada por el Juzgado 10 Penal del Circuito de Conocimiento, quien indicó sobre el trámite impartido al sumario penal Nº 20090537 N.I.150771 que dicha actuación arribó a su despacho para resolver recurso de apelación contra la decisión proferida por el Juez 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías que impuso la Medida de aseguramiento al actor Salazar Gutiérrez, siendo confirmada el 20 de abril de 2012.

El Juzgado 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, acudió al trámite de habeas corpus en su defensa mediante escrito del 4 de mayo de 2012, oficio Nº 0340, señalándole al funcionario judicial investigado que la investigación penal se adelantó por el delito de peculado por apropiación, y el 3 de febrero de 2012 se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que resolvió las solicitudes de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, imponiéndole al sindicado detención preventiva en establecimiento carcelario, luego de verificar los planteamientos expuesto por el fiscal de conocimiento del caso, la cual fue confirmada en segunda instancia (fls. 35-41 c.a Nº 3).

A su turno, el señor Fiscal 46 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública Eficaz y Recta Impartición de Justicia presentó mediante oficio del 4 de mayo de 2012, el cual fue recibido por el despacho del funcionario investigado el 4 de mayo de 2012 las 12:45, sus argumentos respecto del traslado de la acción constitucional, en el siguiente sentido:

“las providencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal del 9 de diciembre de 2011 y de la Corte Suprema de Justicia-Sala de casación Penal del 26 de abril de 2012, dentro del recurso de habeas corpus impetrado por el señor LUIS ALBERTO SALAZAR GUITIÉRREZ. No obstante las providencias precitadas, no guardan relación directa con el recurso de habeas corpus impetrado, para claridad de su despacho, debo señalarle que el proceso en mi Fiscalía (46), tiene como origen las copias que compulsa el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Bogotá a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la conducta del señor secuestre ANÍBAL RUEDA MÉNDEZ dentro del proceso ejecutivo laboral, en razón de que no presentó cuentas comprobadas de su gestión como auxiliar de la justicia y no consignó los frutos de los bienes inmuebles embargados y secuestrados. En la misma dirección, el Juzgado 51 Penal del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso seguido en contra de JOSÉ ANDRE DE LIMA MÁRQUEZ, LUIS ALBERTO SALAZAR GUTIÉRREZ y otros, por los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falso testimonio, al considerar que los señores ALBERTO SALAZAR GUTIÉRREZ Y ANÍBAL RUEDA MÉNDEZ, se apropiaron indebidamente de los rendimientos y frutos de los bienes inmuebles legalmente Embargados y Secuestrados por el Juzgado Segundo Laboral del circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo laboral 2001-0104, también compulsa copias ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la conducta de los citados señores. (...) Aunque el núcleo fáctico, origen de las investigaciones son similares el proceso que terminó en la Corte Suprema de Justicia y que estudio en casación la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, se suscribiría básicamente a reatos contra el patrimonio económico y la eficaz y recta impartición de justicia, mientras que la investigación iniciada por el suscrito se refiere a un presunto delito contra la administración pública peculado por apropiación en concurso homogéneo en cuantía de 2.244.960.352, solamente teniendo en cuenta lo apropiado desde el año 2005 hasta el mes de agosto de 2011, dado que sobre los dineros apropiados anteriores al año 2005, existe investigación en la Fiscalía 203 de administración pública de esta ciudad, Ley 600 por similar delito PECULADO POR APROPIACIÓN en contra de LUIS ALBERTO SALAZAR GUTIÉRREZ Y ANÍBAL MÉNDEZ. En síntesis, nuestro proceso, se inicia porque el señor LUIS ALBERTO SALAZAR GUTIÉRREZ ejecutante dentro del proceso laboral, administró los bienes inmuebles embargados y secuestrados y no entregó los frutos de los arriendos al Juzgado Segundo laboral del Circuito de Bogotá, a pesar de los reiterativos requerimientos hechos por el precitado despacho jurisdiccional”. 

Del anterior recuento probatorio, encuentra la Sala que el argumento expuesto por el doctor RODRÍGUEZ VILAR en cuanto a no haber recibido respuesta clara por parte del Fiscal 46 Seccional de Bogotá, para haber proferido una decisión de habeas corpus diferente, es alejada a la realidad presentada en el expediente disciplinario, pues pese a lo expuesto por el investigado en su defensa tratando de justificar su actuación en el entendido que el fiscal de conocimiento no le suministró los elementos de juicio necesarios para establecer la realidad de las cosas, claramente se observa de la respuesta radicada el 4 de marzo de 2012 a las 12:45 en el despacho del encartado por el doctor Carlos Eduardo Sarmiento Fiscal de conocimiento de asunto penal de autos, antes del proferimiento de su decisión en el habeas corpus, contenían aspectos importantes y determinantes para establecer que lo alegado por el sindicado Salazar Gutiérrez no correspondía a la realidad de la acción penal objeto de la medida constitucional, pues si bien el núcleo del asunto podía tener el mismo origen de investigación la autoridad accionada le informó que “la investigación iniciada por el suscrito se refiere a un presunto delito contra la administración pública peculado por apropiación en concurso homogéneo en cuantía de 2.244.960.352, solamente teniendo en cuenta lo apropiado desde el año 2005 hasta el mes de Agosto de 2011, dado que sobre los dineros apropiados anteriores al año 2005, existe investigación en la Fiscalía 203 de Administración Pública de esta ciudad, Ley 600 por similar delito (...) En síntesis, nuestro p roce so , se inicia porque el señor LUIS ALBERTO SALAZAR GUTIÉRREZ ejecutante dentro del proceso laboral, administró los bienes inmuebles embargados y secuestrados y no entregó los frutos de los arriendos al Juzgado Segundo laboral del Circuito de Bogotá, a pesar de los reiterativos requerimientos hechos por el precitado despacho jurisdiccional.

De otra parte, salta a la vista para ésta Superioridad que el doctor Rodríguez Viloria, contaba al interior del habeas corpus de autos con el material probatorio suficiente para adoptar su decisión en derecho, pues como prueba de ello se tienen las copias allegadas por los despachos judiciales accionados, quienes le informaron del trámite impartido a la medida de aseguramiento impuesta al señor Salazar Gutiérrez, y de esta forma atender la acción de habeas corpus que estaba a su cargo, la cual tiene un efecto correctivo y reparador, correctivo en la medida en que con ella se busca enderezar una situación de ilegalidad que cubre la privación de la libertad de una persona, y reparador en su significación de que ordenar la excarcelación por esta vía excepcional supone reivindicar su derecho fundamental a no ser privado de ella sino previa satisfacción de una serie de exigentes requisitos de orden material y formal; todo lo cual está ligado a la inmediatez de la ilegalidad denunciada con la necesidad urgente de devolver la libertad arrebatada o negada ilegítimamente.

Precisamente por eso el artículo 30 Superior autoriza el ejercicio del habeas corpus en todo tiempo, esto es a cualquier hora y en cualquier día con independencia de que sea hábil o no, y por eso mismo la decisión con la que se resuelva debe producirse dentro de las treinta y seis horas siguientes, justamente porque lo que se persigue es la protección casi inmediata de la libertad de quien acaba de ser ilegalmente desprovisto de ella, o de quien acaba de ser atropellado con una prolongación ilícita de su privación.

En ese orden de ideas la Sala encuentra oportuno resaltar que la acción de habeas corpus es un mecanismo constitucional erigido para proteger la libertad personal frente a las amenazas o atentados que contra ella producen autoridades judiciales o policivas, tal como se desprende del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006, y como lo ha precisado reiterada jurisprudencia de esta corporación(2):

“1. El hábeas corpus, consagrado como una acción constitucional en el artículo 30 de la Carta Política y reglamentado a través en la Ley 1095 de 2006, es una acción pública encaminada a la tutela de la libertad en aquellos eventos en que una persona es privada de ella con violación de sus garantías constitucionales y legales, o ésta se prolongue ilegalmente”.

Es así como se edifica o se estructura básicamente en dos eventos dicha vulneración, a saber:

“1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas o especies constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts. 28 C.P., 2º y 297 L. 906/94), flagrancia (arts. 345 L. 600/2000 y 301 L. 906/04(sic)), públicamente requerida (art. 348 L. 600/2000) y administrativa (C-24 enero 27/94), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió —y ocurre— en vigencia de la Ley 600 de 2000. 

“2. Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley para que el servidor público i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisión que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del término, ordenar la libertad frente a captura ilegal —arts. 353 L 600/00 y 302 L 906/2004— entre otras)”.

En este estado de las cosas, evidencia esta Colegiatura, que el encartado siendo Juez constitucional en sede del habeas corpus, es conocedor de la primacía del derecho conculcado, por lo cual sus actuaciones debían estar sujetas a las normas constitucionales y procesales que rigen dichas actuaciones, estándole vedado inmiscuirse en la competencia de los jueces naturales del asunto, por ello en caso de autos, el doctor Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar tenía la tarea de propender su estudio en la legalidad de las actuaciones impartidas por el Juzgado que le impuso la medida de aseguramiento al sindicado, y no inmiscuirse en los temas de fondo como fue el caso de la presunta ocurrencia de un non bis in ídem, máxime cuando el proceso estaba en curso, por ello su conducta fue calificada como dolosa, como bien lo señaló el seccional de instancia al considerar que había desplegado un comportamiento “deliberado y consciente respecto del cual voluntariamente se determinó cometerlo en detrimento de la ley y la realidad procesal”, teniéndose como grave por la calidad de funcionario judicial, el grado de culpabilidad y el daño que con ese tipo de acciones afectó a la administración de justicia.

En suma, la Sala no encuentra configurada ninguna causal de eximente de responsabilidad aplicable al caso del encartado, pues como se demostró en precedencia, el doctor Rodríguez Vilar desconoció los postulados de la Ley 1095 de 2006 y adoptó una decisión contraria a derecho, basada en supuestos fácticos incompletos y valorados de manera sesgada.

En cuanto al segundo argumento de apelación del encartado, relacionado con el material probatorio arribado al trámite del habeas corpus y, el tiempo con el que dispuso para proferir su decisión, como aspectos que no fueron tenidos en cuenta por el Seccional de Instancia al momento de proferir la sentencia motivo de su alzada, encuentra la Sala que en relación con el primero, ya se realizó el análisis respectivo demostrándose que de las piezas procesales allegadas de las acción constitucional, claramente se evidencia que el encartado contó con elementos de juicio y probatorio suficientes para sustentar su decisión en las respuestas allegadas por los despachos judiciales accionados, sin embargo, la decisión del habeas otorgó credibilidad al dicho del accionante dejando a un lado lo manifestado por el Fiscal 46 Seccional de Bogotá de Conocimiento.

Es ese comportamiento el que fue juzgado en sede disciplinaria en esta oportunidad, sin que se pueda considerar la existencia de una actitud sospechosa o caprichosa desplegada por el señor Fiscal de la causa penal de autos, o de cualquier otra autoridad judicial demandada, pues de las copias arribadas al plenario obrantes en el cuaderno anexo Nº 10, se observa que desde la competencia de cada uno de los accionados, éstos le brindaron al juez constitucional, hoy investigado, los elementos de juicio necesarios para atender la acción de habeas corpus, por lo cual la afirmación de “sospechoso” no existió en tanto la realidad probatoria demostró lo contrario.

En cuanto al término de 36 horas con el que contaba el encartado para resolver el habeas corpus planteado por el señor Salazar Gutiérrez como posible causal de eximente de responsabilidad para emitirse una decisión en su favor, tal afirmación no está llamada a la prosperidad, pues de conformidad con los principios constitucionales contenidos en los artículos 28, 29 y 228 de la Constitución Política, desarrollados en la Ley Estatutaria de Administración Judicial —Ley 270 de 1996—, los funcionarios judiciales tienen la obligación de adelantar las actuaciones de forma célere y diligente, bajo la observancia de los términos procesales consagrados en la ley y la constitución en pro del cumplimiento en cada una de las actuaciones que se encuentran a su cargo, por ello emplear tal argumento como medio de defensa resultaría contradictorio con el deber funcional de cada operador judicial, por lo cual no se extenderá el análisis de este aspectos.

Finalmente, el doctor Rodríguez Vilar, solicitó tenerse a consideración los pronunciamientos de archivo emitidos por las fiscalías Segunda Delegada y Setenta y Tres Delegada “ante la colegiatura de Bogotá” dentro de los radicados Nos. 201200181 y 201300056, al exponer que penalmente no fue encontrado responsable por los hechos investigados en esta oportunidad, para lo cual este juez disciplinario debe traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-244 de 1996, con ponencia del honorable magistrado Carlos Gaviria Díaz:

“Cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. 

(...) 

Siendo la acción disciplinaria distinta de la acción penal, cada una puede adelantarse en forma independiente, sin que de su coexistencia se pueda deducir infracción al principio non bis in ídem, pues en este caso no existen dos juicios idénticos”. 

De lo descrito en precedencia, fácilmente se concluye la autonomía de que goza el derecho disciplinario, por lo cual no se puede asemejar o comparar con el derecho penal, pues como bien lo señaló el Alto Tribunal Constitucional, no existe identidad de objeto, de causa o finalidad, ni tampoco los bienes jurídicamente tutelados, ni el interés jurídico que se protege, partiendo además, de la naturaleza de las normas procesales que rigen cada actuación judicial, entiéndase con éstos, que los resultados de una acción penal distan de los de una disciplinaria, por ello en la investigación disciplinaria adelantada contra el doctor RICARDO DEL CRISTO RODRÍGUEZ VILAR en su condición de Juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se analiza desde la óptica del incumplimiento de sus deberes funcionales, mientras que en el ámbito penal se hace desde la perspectiva de tipo penales o delitos, los cuales buscan preservar bienes sociales más amplios.

En el señalado orden de ideas, concluye la Sala que los razonamientos y juicios jurídicos planteados en las acciones penales y disciplinarias no son compatibles entre sí, unos y otros no pueden ser analizados para adoptar decisiones en cada caso, pues como ya se referenció en precedencia el fin perseguido no es el mismo, por ello no se pueden tener a consideración en esta oportunidad las decisiones de archivo proferidas por la jurisdicción penal, siendo indispensable con la presente decisión se base en las normas procedimentales y sustanciales que rigen la potestad disciplinaria del Estado respecto de los funcionarios judiciales, por lo cual no se realizará ningún pronunciamiento en relación con las decisiones de otras autoridades judiciales.

Dosimetría de la sanción.

De otra parte, encuentra la Sala, que si bien, el disciplinado no alegó inconformidad alguna con la sanción impuesta, se observa que en relación con la suspensión de un mes en ejercicio del cargo al funcionario encartado, la misma sí genera tensión entre principios constitucionales de la más alta relevancia como son los de legalidad y proporcionalidad, en tanto el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 refiere claramente que para las faltas graves culposas o gravísimas culposas, la sanción a imponer debe ser la de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, sin embargo en el caso en estudio solamente se le imputó suspensión de un mes.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-1076 de 2002, alegó en amparo a los principios cuestionados que:

“El hecho de que el legislador haya considerado que únicamente constituye falta gravísima la omisión, el retardo o la obstaculización de la tramitación de una actuación disciplinaria originada en falta gravísima cometida por un servidor público, y asimismo, la omisión o el retardo en denunciar faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón de su cargo o función, y no haber considerado como tal los casos de faltas graves o leves, no vulnera el principio de igualdad entre los funcionarios públicos en la medida en que no está estableciendo un tratamiento más benévolo entre los servidos (sic) públicos. La norma, por contrario, respeta los principios de igualdad y proporcionalidad, al acordarle una mayor sanción a estos comportamientos que guardan relación con faltas gravísimas o con comportamientos delictuales. En los demás casos, constituirá una falta grave o leve, a la luz del artículo 50 de la Ley 734 de 2002, con lo cual, tampoco se está originando impunidad disciplinaria. 

(...) 

“El principio de proporcional (sic), enseña que la sanción disciplinaria a imponer debe corresponder a la gravedad de la falta cometida por el funcionario público. En el caso concreto, el legislador, actuando dentro de su margen de configuración normativa, consideró que únicamente serían sancionadas con la destitución y la inhabilidad general las amenazas o las agresiones realmente muy graves cometidas contra las autoridades legítimamente constituidas en ejercicio o con relación a sus funciones. Existe, por tanto, un sano equilibrio entre el comportamiento desplegado por el sujeto disciplinable y la sanción a imponer. En segundo lugar, de manera alguna quedarán en la impunidad aquellas amenazas o agresiones que no revistan el carácter a las que se alude en el numeral 19 del artículo 48 del nuevo Código Disciplinario Único ( faltas gravísimas ), por cuanto, en virtud del artículo 50 del mismo podrán ser calificadas como faltas graves o leves, según el caso”. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia anotada, la sanción a imponer debe estar revestida del amparo del postulado del principio de proporcionalidad, sin embargo en el caso de autos, la sanción de un mes impuesta al doctor RICARDO DEL CRISTO RODRÍGUEZ VILAR, no cumple con el fin perseguido para las faltas calificadas a título de graves dolosas, con lo cual encuentra esta Sala una vulneración al principio de legalidad, pues de la sentencia anteriormente citada se observa que no le era dable al a quo imponer solamente una sanción de suspensión, sin haber afectado la misma con inhabilidad especial, se itera, lo cual genera en sí una ilegalidad en la sanción, sin embargo la misma se mantendrá.

No obstante lo anterior, deben ponderarse dos principios de raigambre constitucional, pues en virtud de la “No reformatio in pejus”, no se encuentra esta colegiatura habilitada para empeorar la situación del único apelante. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional(3):

“...la Corte Constitucional ha sido reiterativa(4) en afirmar que el segundo inciso del artículo 31 de la Carta, impone al juez penal un deber imperativo de asegurar que la sentencia de segunda instancia no empeore la situación del apelante único. En efecto, la non reformatio in pejus no sólo es una garantía de respeto por los derechos individuales del condenado sino que es una derivación del principio de legalidad, el cual impone autolimitación y exclusión de la arbitrariedad y del exceso del ius puniendi del Estado.

En tal contexto, la doctrina constitucional, que hoy se reitera, tiene establecido que “la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable”(5) y opera sólo a favor del condenado. Por esta misma razón, el ad quem sólo está autorizado a conocer de los asuntos que, a través del recurso, se someten a su estudio”.

De igual forma, resaltó:

“El principio de legalidad no puede ser interpretado de manera estrecha al punto que desconozca el sentido mismo que dio origen a su elaboración. En efecto, la legalidad es una conquista en el derecho penal que garantiza certeza jurídica, no sólo de la conducta reprochada o de la sanción sino de la decisión judicial que impone una pena o que absuelve al procesado. Dicho de otro modo, este principio se convierte en una protección de la confianza en el proceso penal, el cual, incluye naturalmente la sentencia. De ahí pues que si la pena sólo está determinada en la decisión judicial - antes de la sentencia la sanción es solamente determinable entre un mínimo y un máximo que será concretada por el juez-, es en la sentencia cuando se logra el máximo de certeza jurídica que se propone el Estado de Derecho. Por este motivo, si el superior empeora la situación del apelante único, no sólo quebranta la confianza en el fallo que el principio de legalidad protege, sino que se generan consecuencias sorpresivas naturalmente no calculadas por el sindicado”.

De esta manera, se advierte que el principio de legalidad, protege las garantías del proceso y lo enmarca, en abstracto, dentro de unos cauces, de cuyo rigorismo depende el cumplimiento de los fines generales del Estado como dispensador de la administración de justicia. De otro lado, se puede concluir que el principio de la “No reformatio in pejus”, es la concreción de derechos personalísimos del único apelante a que no se agrave su situación, y esto tiene como derivación la vulneración al debido proceso como garantía fundamental del procesado.

Así las cosas, entiende esta Colegiatura que en aras de la protección de los derechos fundamentales del investigado, y atendiendo el principio de la “No reformatio in pejus” confirmará la providencia objeto de reproche, con el único fin de no empeorar su situación, a pesar que la sanción establecida no podía ser impuesta por el a quo, debiéndose en consecuencia, hacerse un llamado a la reflexión a los Seccionales de Instancia, para que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales se abstengan de continuar imponiendo sanciones disciplinarias ilegales, pues con dicho comportamientos desconocen principios de raigambre constitucional como se explicó en precedencia.

Por lo anteriormente expuesto esta colegiatura CONFIRMARÁ la sentencia proferida el 27 de marzo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó al doctor RICARDO DEL CRISTO RODRÍGUEZ VILAR en su condición de Juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá con UN MES DE SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo y en caso de que el sancionado haya cesado en sus funciones la misma se convertirá en multa de 1 salario mínimo devengado, por la infracción al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y artículos 1 y 6 de la Ley 1095 de 2006, conducta calificada como grave dolosa, al estar demostrado que el investigado ha incurrido en las faltas endilgadas por el a quo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de marzo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó al doctor RICARDO DEL CRISTO RODRÍGUEZ VILAR en su condición de Juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá con UN MES DE SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo y en caso de que el sancionado haya cesado en sus funciones la misma se convertirá en multa de 1 salario mínimo devengado, por la infracción al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y artículos 1 y 6 de la Ley 1095 de 2006, conducta calificada como grave dolosa, por las razones expuesta en esta decisión.

2. DEVUÉLVASE la actuación al Consejo Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión, en los términos previstos en los artículos 202 y siguientes de la Ley 734 de 2002, así mismo el magistrado sustanciador tendrá facultades para comisionar cuando así lo requiera para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo orden, cumpla con lo dispuesto por la Sala y demás fines pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, Presidente—Adolfo León Castillo Arbeláez—María Rocío Cortés Vargas—Rafael Alberto García Adarve—Julia Emma Garzón de Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Martha Patricia Zea Ramos.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

2 Entre otros, el fallo de 7 de noviembre de 2008 dentro del proceso de habeas corpus con Rad. 30772.

3 Sentencia SU-1553/2000.

4 Al respecto, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias SU-327 de 1995, C-055 de 1993, SU-598 de 1995, SU-962 de 1999, T-750 de 1999, T-178 de 1998, T-751 de 1999, T-179 de 1998 y T-113 de 1997.

5 Sentencia SU-327/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz.