Sentencia 2013-01313/21878 de septiembre 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-37-000-2013-01313-01 (21878)

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Demandante: Obracic Ltda.

Demandado: DIAN

Asunto: Medio de control nulidad y restablecimiento del derecho. Sanción por no enviar información año gravable 2008.

Fallo

Bogotá, D. C., veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Con fundamento en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA [mod. por el artículo 623 del CGP], por auto del 22 de enero de 2016 se prescindió de la audiencia de alegaciones por considerarla innecesaria y se ordenó a las partes presentar los alegatos de conclusión por escrito. Precluida esta etapa procesal, la Sala procede a dictar sentencia.

En primer lugar, se advierte que la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó su impedimento para conocer del proceso por estimarse incursa en la causal contemplada en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso.

Sobre la manifestación de impedimento, revisado el expediente, la Sala encuentra configurada la causal invocada, toda vez que la Dra. Carvajal Basto conoció el proceso en la primera instancia. En consecuencia, se declara fundado el impedimento, por lo que la separa del conocimiento del asunto y, en su reemplazo, continúa el conjuez designado.

Desintegrado el quorum decisorio y con el fin de integrarlo para resolver sobre tal manifestación, se ordenó el sorteo de conjuez, diligencia en la que fue designada la doctora Lucy Cruz de Quiñones, quien tomó posesión del cargo9.

En el caso, la actora demanda la nulidad de las resoluciones 322412012000284 del 3 de abril de 2012 y 900.077 del 7 de mayo de 2013, por las que la demandada le impuso la sanción por no suministrar la información por el año gravable 2008 y resolvió el recurso gubernativo, respectivamente.

El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho, fijó el monto de la sanción en $36.242.696 y ordenó a la demandada devolver a la actora la suma de $91.244.776, con los intereses moratorios correspondientes conforme al artículo 192 del CPACA.

Las partes demandante y demandada apelaron la sentencia de primera instancia, por lo que, conforme con el artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala resolverá sin limitaciones.

En el presente caso, la administración impuso a Obracic Ltda. sanción por no suministrar la información de que tratan los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del estatuto tributario, correspondiente al año gravable 2008, dentro del plazo establecido para ello, requerida por el director general de la UAE DIAN, mediante la Resolución 3847 del 30 de abril de 200810.

El artículo 631 del estatuto tributario autoriza al Director General de la DIAN para requerir información a los administrados con el fin de realizar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, sin desconocer las facultades legales de fiscalización e investigación otorgadas a esa entidad.

En desarrollo de esta disposición, el Director General de la DIAN expidió la Resolución 3847 del 30 de abril de 2008, por la que estableció, para el año gravable 2008, el grupo de obligados a suministrar la información a que se refieren los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del estatuto tributario y el Decreto 1738 de 1998. Además, indicó el contenido y características técnicas para la presentación de la información y fijó los plazos para la entrega de esta.

Dado que la obligación prevista en la mencionada resolución no fue objeto de controversia en el proceso y que no se discute que la actora estaba obligada a entregar la información exógena, la Sala entiende que la actora estaba en el grupo de obligados a suministrar la información exógena por el año gravable 2008.

La Resolución 3847 de 2008, en el artículo 18, estableció el término para suministrar la información requerida, así:

“ART. 18.—Plazos para presentar la información. Para la entrega de la información solicitada en la presente resolución, deberá tenerse en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del informante, y suministrarse a más tardar en las siguientes fechas:

FechaÚltimos dígitos
24 de marzo de 2009
(…)
96 a 00
16 de abril de 2009
(…)
26 a 30
23 de abril de 200901 a 05

Teniendo en cuenta que los últimos dos dígitos del NIT de la actora son 28, el plazo para la entrega de información venció el 16 de abril de 2009.

La obligación de suministrar información requerida es legal y tiene como finalidad consolidar los datos que tienen relevancia tributaria para realizar, de manera adecuada y eficaz, los estudios y cruces de información con terceros que le permiten a la DIAN adelantar los programas diseñados para el control de los tributos, de que trata el artículo 631 del E.T.

El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación11 o el término cierto señalado para ejecutar determinada acción; así, mientras no llegue el día señalado no expira el plazo y, por ende, no se entenderá la obligación incumplida. Por el contrario, si el plazo o término vence sin que el obligado ejecute la acción correspondiente, se entenderá que la obligación no fue cumplida en el plazo fijado para ello.

Entonces, el plazo que se fije, sea en acto general o de contenido particular, es el parámetro para determinar la ocurrencia de este hecho sancionable, pues mientras no llegue la fecha límite fijada para suministrar la información requerida no se configurará la conducta irregular sancionable, que se concreta en "no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello", pues se trata de una infracción instantánea.

Como lo indica la Resolución 3847 de 2008, en el artículo 18, las fechas fijadas son el límite para la entrega de la información por parte de los obligados a suministrarla, por lo que llegado el día, si el obligado no suministra la información, se configura la conducta sancionable prevista en el artículo 651 del E.T.

En el presente caso, la demandada impuso la sanción al constatar que la actora no cumplió dicha obligación en el plazo fijado para ello. La actora no suministró la información requerida en el plazo otorgado en la mencionada resolución, sino que la presentó “los días 2 y 5 de diciembre de 2011”, como lo informó en la respuesta al pliego de cargos, es decir, que suministró la información requerida después de la notificación del pliego de cargos Nº 232402011000321 del 8 de septiembre de 2011, realizada el 31 de octubre de 2011, cuando ya había vencido el plazo que tenía para entregarla.

Así, la Sala encuentra configurado el supuesto de hecho que da lugar a imponer la sanción prevista en el artículo 651 del estatuto tributario, que regula la sanción por no informar, en los siguientes términos:

“Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

“a) “Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (a partir del año gravable 2007). Literal modificado por el artículo 55 de la Ley 6ª de 1992. El texto con los valores reajustados es el siguiente.” Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

"Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

"Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. (...).

"b) (…).

"Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

"La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

(…)”.

De conformidad con el primer inciso de la norma transcrita, las personas obligadas a suministrar información tributaria y aquellas a quienes la administración les haya solicitado información o pruebas, pueden ser sancionadas si incurren en las siguientes conductas: i) cuando no suministran la información requerida en el plazo fijado para ello, ii) cuando presentan la información requerida pero el contenido tiene errores y iii) cuando entregan información distinta de la requerida.

En el presente asunto se configuró uno de los presupuestos legales, toda vez que Obracic Ltda., obligado a suministrar la información tributaria requerida por el Director General de la DIAN en la Resolución 3847 de 200812, no la suministró en el plazo fijado para ello, por lo que es procedente imponer la sanción prevista en la ley para esta infracción.

Es de anotar que en el pliego de cargos la DIAN propuso la sanción del artículo 651 del estatuto tributario porque encontró probado que la actora no entregó la información exógena dentro del plazo previsto en la Resolución 3847 de 2008 y esta fue la sanción que impuso en el acto sancionatorio.

En cuanto al monto de la sanción, el literal a) del artículo 651 del E. T. establece que la sanción puede ascender hasta 15000 UVT y fija criterios para cuantificarla. Tratándose de información cuya cuantía puede determinarse, la multa será "Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea".

Dado que la actora no suministró la información de que tratan los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del E.T., a la que estaba obligada en el plazo fijado para ello, la Sala encuentra que la cuantía de la misma es determinable, pues corresponde al valor de la información requerida que no entregó en el término fijado para ello, en consecuencia, este es el criterio aplicable para determinar la base de cuantificación de la sanción.

La administración calculó el monto de la sanción teniendo como base la información contenida en las declaraciones de renta, ventas y retención en la fuente del año gravable 2008, presentadas por el contribuyente, así:

Resolución 3847 30/04/2008FormatoNombre formatoValor
Artículo 4º1001Información de pagos o abonos en cuentas3.212.541.000
Artículo 5º1002Información de retenciones en la fuente practicadas1.185.000
Artículo 6º1003Información de retenciones en la fuente que le practicaron31.434.000
Artículo 7º1004Información de los descuentos tributarios solicitados0
Artículo 9º1005Información del impuesto sobre las ventas descontable0
Artículo 9º1006Información de impuesto sobre las ventas generado1.082.000
Artículo 8º1007Información sobre los ingresos recibidos en el año3.310 564.000
Artículo 101009Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 2008873.081.000
Artículo 121011Información de las declaraciones tributarias1.630.787.000
Artículo 121012Información de las declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes0
Total base9.060.674.100
Porcentaje de la sanción5%
Total sanción453,034.900
Límite de la sanción 15.000 UVT [Res. 15013/2007, dic. 6/2007. Valor UVT 2008 522.054]$330.810.000

La actora no discutió los ítems ni los valores tomados por la administración. En consecuencia, la Sala encuentra ajustada a la ley la base de cuantificación de la sanción.

De otra parte, la actora ha insistido en que suministró la información requerida antes de ser proferida la resolución sancionatoria, que, por esta razón, no debió imponérsele el porcentaje máximo y que la administración debió acceder al beneficio de la sanción reducida al 20% como lo dispone el artículo 651 del E.T.

La Sala advierte que son dos aspectos los que debate la actora, de un lado, la graduación de la tarifa para calcular la sanción y, de otro, la reducción de la sanción.

En cuanto a la tarifa, la Sala advierte que la administración impuso el tope máximo establecido en el 5% al considerar que la actora no presentó la información requerida en el plazo fijado para el efecto, sin explicación adicional.

En el caso, como se indicó, la actora incurrió en la conducta sancionable pero subsanó la omisión al presentar la información exógena del año gravable 2008, los días 2 y 5 de diciembre de 201113, después de la notificación del pliego de cargos, hecho que pone en evidencia la voluntad de cumplir con el mandato legal.

Por tanto, en aplicación del principio de equidad tributaria, consagrado en el artículo 363 de la Constitución, y dado que La Corte Constitucional en la Sentencia C-160 de abril 29 de 1998 condicionó la exequibilidad del artículo 651 del estatuto tributario, a que “el error o la información que no fue suministrada, genere daño, y que la sanción sea proporcional al daño producido”, en desarrollo del principio de buena fe y del debido proceso, la Sala considera procedente la graduación de la tarifa en el 1% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida'.

De otra parte, el artículo 651 del estatuto tributario prevé que la sanción se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si se subsana dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación de la sanción, pero la norma dispone que, en uno y otro caso “se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pacto o acuerdo de pago de la misma”.

La normativa condiciona el derecho al beneficio, para ello exige algunos requisitos, a saber: i) memorial de aceptación de la sanción reducida14 y con este, ii) acreditar que subsanó la omisión que dio origen a la sanción y iii) acreditar el pago o el acuerdo de pago de la sanción reducida.

Es de anotar que cuando la infracción consiste en no suministrar la información dentro del plazo fijado para ello, se subsana la omisión presentando la información.

En el presente asunto, la demandante entregó a la DIAN los formatos 1001 y 1002 el 2 de diciembre de 2011 y los formatos 1003, 1006 a 1012 el 5 de diciembre de 2011, antes de notificársele el acto sancionatorio. En la respuesta al pliego de cargos, la actora dijo aceptar “la sanción mínima” y acreditó que, el 6 de diciembre de 2011, pagó la suma de $251.00015. Posteriormente, con el recurso de reconsideración, acreditó que el 7 de junio de 2012 pagó la suma de $66.162.000, valor de la sanción impuesta reducida al 20% [$330.810.000 x 20%]. Además, la demandante sostuvo que solo al resolver el recurso de reconsideración la DIAN manifestó que uno de los formatos presentados contenía “error” que no le permitía leer la información.

Al respecto, revisados los actos demandados, se advierte lo siguiente:

(i) Al imponer la sanción, la DIAN encontró probado que la demandante “subsanó la omisión los días 2 y 5 de diciembre de 2011, presentando los formatos 'Presentación por información de envío de archivos, formatos 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 y 1012 (...)”. Además, indicó que la actora no pagó el total de la sanción reducida [$33.081.000], pues solo acreditó un pago por $251.000, por lo que le negó la reducción de la sanción al 10%.

(ii) Con el recurso de reconsideración, la actora acreditó el pago del 20% de la sanción impuesta ($66.162.000).

(iii) Al resolver el recurso de reconsideración, la DIAN le negó la reducción de la sanción al 20%, al encontrar que “no se cumple con la totalidad de los requisitos” exigidos para acceder a este beneficio, toda vez que aunque la actora acreditó que presentó la información “ésta contiene errores” que impiden su lectura, por lo que estimó que “el daño o perjuicio para la administración” persistía.

De lo precisado, la Sala advierte que la demandante suministró la información requerida del año gravable 2008 incluso antes de que la DIAN le notificara la resolución sancionatoria; además, subsanó la omisión porque entregó toda la información con ocasión del pliego de cargos. El hecho de que la DIAN alegue que uno de los formatos tenía errores y no pudo ser abierto no significa que la actora no haya subsanado la omisión. Si la DIAN consideraba que la información tenía errores, lo procedente era formular nuevo pliego de cargos teniendo en cuenta que otra de las infracciones del artículo 651 del estatuto tributario es la presentación de la información con errores y que debe garantizarse a la actora el debido proceso.

Así, la Sala encuentra que la actora cumplió los requisitos legales para acceder a la sanción reducida al 20%, pues subsanó la omisión antes de que se le notificara la imposición de la sanción y pagó el monto correspondiente.

La Sala no se pronuncia sobre la supuesta configuración del silencio administrativo positivo frente a la decisión del recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio, pues ese cargo no fue propuesto por la actora en la demanda, sino por el Ministerio Público en su concepto al alegar de conclusión [art. 247, num. 4º del CPACA]. Además, no hizo parte de la fijación de litigio, a pesar de que el Ministerio Público intervino en la audiencia inicial16.

Teniendo en cuenta que procede graduar la sanción al 1% del total de la información no suministrada y que respecto de esta sanción se acepta la sanción reducida al 20%, la Sala liquida la sanción a cargo de la demandante, así:

Base para la cuantificación
[Valor de la información no suministrada en el plazo fijado]
$9.060.674.000
Porcentaje aplicable1%
Valor de la sanción$90.606.740
Sanción reducida20%
Valor de la sanción reducida al 20%$18.121.348

Ahora bien, la actora informó que, en relación con la sanción aquí discutida, además de los pagos mencionados [$251.000 y $66.162.000], el 23 de septiembre de 2013, pagó la suma de $52.935.000, “con ocasión del acogimiento al beneficio de la condición especial de pago. Al respecto, la DIAN guardó silencio y está probado el pago”17, por lo cual se acepta dicho pago.

Como se indicó, por concepto de la sanción discutida, la demandante pagó los siguientes valores:

Recibo de pago oficial en bancosFechaValorFI.
490702787650406 dic. 2011$251.00024
490702830638907 jun. 2012$66.162.00022
490703346006223 sep. 2013$52.935.00023
Total $119.348.000 

La diferencia entre el valor total pagado por la demandante, no discutido por la administración, y el valor de la sanción por no suministrar información en el plazo fijado para el efecto que en esta providencia se determina es la siguiente:

Valor total pagado por concepto de la sanción discutida$119.348.000
(-) Valor de la sanción reducida a cargo de la actora$18.121.348
Valor pagado en exceso$101.226.652

En consecuencia, se mantiene la nulidad parcial de los actos acusados y, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 187 del CPACA, la Sala ordena a la demandada devolver a la parte actora, previas las compensaciones a que haya lugar, la suma de $101.226.652, pagada en exceso por la demandante, por concepto de la sanción discutida, suma que deberá ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor.

De manera que el ajuste se hará atendiendo la siguiente fórmula:

RA RH AA
 

En la que el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el mayor valor pagado por el contribuyente, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, esto es, el vigente al momento de cada pago.

De otra parte, de conformidad con lo previsto en los incisos segundo y tercero del artículo 192 del CPACA, la suma líquida reconocida en esta providencia devengará intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, en los términos previstos en el artículo 195 numeral 4º de la misma normativa.

Condena en costas

En relación con las costas de segunda instancia, la Sala precisa lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe,

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. (Se destaca)

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 5º del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), pues prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda, por lo que las partes demandante y demandada apelaron y se modifica la decisión que declaró la nulidad parcial de los actos acusados, en cuanto al restablecimiento del derecho pretendido.

No obstante, la Sala ha precisado que esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”18.

Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en esta instancia. En consecuencia, no se condena en costas en esta instancia.

En suma, por las razones expuestas, se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y negó la condena en costas, pero la modifica en cuanto al restablecimiento del derecho [ordinal SEGUNDO de la parte resolutiva], toda vez que fija el monto de la sanción por no suministrar información del año gravable 2008 en el plazo fijado para ello, graduando la sanción al 1% y se accede a la sanción reducida al 20%; además, se determina el valor pagado en exceso por la demandante que debe serle devuelto por la DIAN, previas las compensaciones a que haya lugar. No se condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto. En consecuencia, SEPÁRASE del conocimiento del presente asunto. En su reemplazo, continúa la conjuez designada, doctora Lucy Cruz de Quinones.

2. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el que queda así:

“SEGUNDO: A título de restablecimiento de derecho:

a) FIJAR como sanción por no enviar información, por el año gravable 2008 a cargo de la sociedad Obracic Ltda., la suma de dieciocho millones ciento veintiún mil pesos ($18.121.000) moneda corriente, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

b) Previas las compensaciones a que haya lugar, ORDENAR a la UAE DIAN devolver a la sociedad Obracic Ltda., la suma de ciento un millones doscientos veintisiete mil pesos ($101.227.000) moneda corriente, valor pagado en exceso por concepto de sanción por no suministrar información del año gravable 2008, en el plazo fijado para ello, de acuerdo con la liquidación efectuada en la parte motiva de esta providencia, debidamente actualizados, junto con los intereses moratorios correspondientes conforme a lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA,

3. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

4. NO CONDENAR en costas en esta instancia.

RECONOCER personería a Milton Alberto Villota Ocaña, como apoderado de la parte demandada, en los términos del memorial que está en el folio 164 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen para su obedecimiento y cumplimiento. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión».

9 Cfr. Folios 176, 177, 178 y 179 c.p.

10 Resolución modificada por las resoluciones 7612 dcl 19 de agosto de 2008 y 10404 del 28 de octubre de 2008.

11 Código Civil, art. 1551.

12 Resolución modificada por las resoluciones 7612 del 19 de agosto de 2008 y 10404 del 28 de octubre de 2008.

13 Cfr. folio 57 c.a.

14 En sentencia de 6 de noviembre de 2014, Exp. 20344, que reitera la sentencia de 26 de abril de 2007, Exp. 15441 y de 29 de junio de 2017, Exp. 21989, la Sala indicó que “(…) la administración debe aceptar el beneficio de la reducción de la sanción aunque los contribuyentes no presenten el memorial de aceptación de la sanción reducida, pues negar el derecha a la sanción reducida implica un excesivo rigorismo, máxime si se tiene en cuenta que el recibo de pago pone de presente la intención del contribuyente de acogerse al beneficio”.

15 Cfr. folio 78 c.a. [Valor de la sanción mínima vigente para el año 2011].

16 Folios 76 a 81 cdno. ppal.

17 Folio 23 cdno. ppal.

18 Sentencia de 13 de julio de 2017, Exp. 21188, C. P. Milton Chaves García.