Sentencia 2013-01399 de noviembre 15 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201301399 01

Magistrado Ponente:

Dr. Doctor Camilo Montoya Reyes

Aprobado según Acta de Sala Nº 098 de la fecha

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil diecisiete.

Asunto a tratar

Resuelve la sala el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora 68 Judicial II Penal de Bogotá en representación del Ministerio Público, contra la sentencia de 5 de mayo de 2017(1), mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó al abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, con suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión y multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por haber sido hallado autor responsable de la falta contra “la recta y leal realización de la justicia” consagrado en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos y actuación procesal

Hechos. La presente investigación tuvo origen en la queja interpuesta el 21 de febrero de 2013(2), por el señor Abelardo De La Espriella contra el abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, para que se investigue por los hechos publicados en el periódico “El Heraldo” y la “Revista Semana”, en los cuales se informó que el profesional del derecho ingresó el 18 de enero de 2013, a la cárcel la picota de la ciudad de Bogotá, a sobornar al paramilitar Edgar Ignacio Fierro Alias “Don Antonio”, a quien le ofreció la suma de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) para cambiar su testimonio y así sembrar dudas sobre la responsabilidad de Silvia Gette Ponce en el homicidio del señor Fernando Cepeda, esposo de la señora Paulina Ceballos, hija del dueño y fundador de la Universidad Autónoma del Caribe, doctor Mario Ceballos con quien se había casado la señora Gette Ponce, cuya investigación estaba cursando en la Fiscalía de la Unidad de Vida de la ciudad de Barranquilla y posteriormente asignada a la Fiscalía 51 Seccional de la Unidad de Vida de la ciudad de Bogotá.

También se menciona, que ofreció la suma de 500 millones de pesos para que manifestara que el abogado Abelardo De La Espriella, representante de la señora Paulina Ceballos, viuda de Fernando Cepeda, había mandado a alguien a ofrecerle dinero.

Se indica en la queja, que en razón a estos hechos, el ex paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio” el 9 de febrero de 2013 llamó al CTI denunciando a este abogado por lo que se dispuso un operativo de captura, que se llevó a cabo el 10 de febrero de ese año, en el Centro Comercial Buenavista a la 1:15 p.m., en el que se capturó al abogado Arcadio Martínez Pumarejo en flagrancia cuando pretendía entregar el dinero a un emisario del ex paramilitar “Don Antonio”, quien intentó destruir uno de los celulares que le incautaron.

Por lo anterior solicita el quejoso, se le imponga al abogado Arcadio Martínez Pumarejo una sanción ejemplarizante como es la exclusión en el ejercicio de la profesión. Aportó en copia simple los artículos publicados en la revista Semana y el Heraldo.

Actuación procesal

Calidad del disciplinado y apertura de investigación. Acreditada la calidad del señor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo como abogado identificado con cédula de ciudadanía Nº 8.531.983 de Barranquilla y tarjeta profesional Nº 113694(3), la Magistrada de instancia mediante proveído de 17 de junio de 2013(4), avocó conocimiento, dispuso la apertura de la investigación, convocó para audiencia de pruebas y calificación provisional el 26 de agosto de 2013 y ordenó notificar a los intervinientes y comunicar a la parte quejosa. Fecha en la que no se llevó a cabo la diligencia por solicitud de aplazamiento del abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, para efectos de asignar un defensor de confianza. El magistrado de primer grado, dispuso suspender la audiencia hasta por el término de 5 días para continuarla el 27 de septiembre de 2013(5).

Audiencia de pruebas y calificación provisional.

En la fecha preestablecida(6) se instaló la diligencia con presencia del disciplinado y su defensor de confianza, la parte quejosa y su apoderado. El magistrado de instancia, decretó pruebas y ordenó la suspensión de la audiencia para continuarla el 5 de febrero de 2014; recepcionó la ampliación y ratificación de la queja del señor Abelardo Gabriel De La Esprilleta Otero, quien manifestó que la misma persona contactada por el señor Martínez Pumarejo para que cambiara el testimonio, denunció esos hechos ante la Fiscalía y adjuntó un CD que hace parte del expediente que por el delito de soborno se le sigue al disciplinado, del que conocieron la Fiscalía 214 y el Juzgado 34 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, proceso que se unificó con el de la señora Silvia Gette Ponce. Se ratificó en cada uno de los señalamientos y acusaciones que ha presentado contra el disciplinado y aportó entre otros los siguientes documentos:

— Denuncia presentada el día 24 de enero de 2013 por el señor Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, ex comandante del frente José Pablo Díaz de las autodefensas contra Arcadio Martínez Pumarejo y Silvia Gette; ampliación de la misma, de fecha 7 de febrero de 2013.

— Acta de incautación de elementos al señor Arcadio Martínez de 10 de febrero de 2013.

— Acta de audiencia preliminar de legalización de captura, legalización de incautación de elementos materiales con fines de comiso, formulación de imputación y medida de aseguramiento del señor Arcadio Martínez Pumarejo realizada el 11 de febrero de 2013.

— Informe de registros de ingresos y visitas realizadas al interno Edgar Ignacio Fierro Flórez de fecha 16 de febrero de 2013 suscrito por el INPEC.

— Escrito de acusación de fecha 24 de abril de 2013 contra el señor Arcadio Martínez Pumarejo.

— Acta de inspección a la Penitenciaria la Picota de fecha 16 de mayo de 2013 a fin de solicitar información sobre el registro de visitas hechas por Arcadio Martínez Pumarejo suscrito por investigador del CTI, y reporte de ingresos y salidas de visitas ocasionales realizadas a ese complejo carcelario y penitenciario, suscrito por el INPEC en la misma fecha.

— Minuta de visitas de 19 de diciembre de 2012 a 18 de enero de 2013. El informe de investigador de laboratorio del grupo de policía judicial de delitos informáticos del CTI.

— El CD de audio de la conversación entre el señor Martínez Pumarejo y Alias “Don Antonio”.

Decreto de pruebas. En la audiencia de 27 de septiembre de 2013, la defensa requirió citar a la señora Silvia Gette Ponce, oficiar al centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio y a la Fiscalía 214 de la Unidad de Administración Pública, para que remitieran lo actuado dentro del proceso con radicado Nº 080016001055201301045. A su vez, oficiar al Instituto de Medicina Legal, para valoración espectográfica de audio aportado por el quejoso al expediente 110016099046201300006.

Sesión de audiencia de 5 de febrero de 2014. Se reconoció personería jurídica al apoderado de confianza del quejoso; se dio a conocer por el despacho que la Fiscalía 214 no suministró las copias del expediente penal por ser un caso delicado, e informó que se encontraban a disposición de ese despacho las diligencias; también, que el Intituto de Medicina Legal negó la prueba solicitada, y que la testigo Silvia Gette Ponce nunca compareció por no ser remitida del Centro Penitenciario del Buen Pastor.

Por lo anterior, fijó el día 4 de abril de 2014 para realizar la inspección judicial al proceso penal 080016001055201301045 en la Fiscalía 214 de la Unidad de Administración Pública.

Con auto de 28 de abril de 2014(7), suscrito por el Magistrado Jorge Eliecer Gaitán Peña quien asumió el conocimiento del proceso disciplinario en cumplimiento del acuerdo PSAA12-10072 de 27 de diciembre de 2013 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se señaló el 5 de mayo de 2014 para continuar con la audiencia y la realización de diligencia de inspección judicial. Diligencia que fue reprogramada con auto de 16 de mayo para el día 23 de mayo de 2014.

Debido a que el radicado penal fue reasignado, con auto de 25 de agosto de 2014 se dispuso fijar nueva fecha para la diligencia de inspección judicial al proceso penal seguido ahora en la fiscalía 5 Unidad de Falsos Testigos para el día 2 de septiembre de 2014.

Obra Certificación expedida por la Fiscal 10 Delegada ante los jueces del circuito especializados, adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante la cual consigna que el despacho adelanta investigación radicada bajo el Nº 9704, en contra de Silvia Beatríz Gette Ponce y otros, por el punible de homicidio, iniciada de oficio, occiso Fernando César Cepeda Vargas; también informa, que en el presente diligenciamiento se observa que el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo no ha actuado en ningún momento en el instructivo como abogado de la investigada Silvia Beatríz Gette Ponce(8).

Diligencia de Inspección Judicial realizada el 2 de septiembre de 2014, al proceso penal con radicado Nº 080016001055201301045 en la Fiscalía 5 Grupo de Trabajo Unidad de Falsos testigos que fue decretada en la audiencia de pruebas y calificación provisional llevada a cabo el día 5 de febrero de 2014(9).

Oficio Nº 036 GTIFT de 8 de septiembre de 2014, mediante el cual la Fiscal 5 Seccional GTFT remite las copias solicitadas en la diligencia de inspección judicial realizada el 2 de septiembre de 2014, tal como allí se dispuso(10).

Con auto de 15 de diciembre de 2014(11) se ordenó fijar como nueva fecha para audiencia de pruebas y calificación el día 20 de enero de 2015.

En la fecha establecida(12), hizo presencia el defensor de confianza del disciplinado, no se hizo presente el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, en calidad de disciplinado, ni el quejoso, ni su apoderado, ni el representante del Ministerio Público. Se informó a la defensa la diligencia de inspección judicial al proceso citado con anterioridad, y se ordenó por el despacho:

Oficiar al INPEC y al Juzgado 34 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, para que informara con destino a este proceso la situación jurídica y la ubicación actual de la señora Silvia Beatríz Gette Ponce, para que se hiciera concurrir ante ese despacho para escucharla en diligencia de declaración.

Se corrió traslado a la defensa de la inspección judicial, se suspendió la audiencia por el término de 5 minutos para que el defensor revisase la prueba. Por el despacho se ordenó ampliar la práctica de pruebas:

Oficiar al Juzgado 34 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, para que informara si dentro del proceso penal radicado Nº 0800160010552013-01045, seguido contra la señora Silvia Beatríz Gette Ponce, se dio inicio a la etapa de juzgamiento y de haberse practicado pruebas, se solicitaría el traslado de las mismas con destino a el proceso disciplinario; de haberse tomado decisión de fondo se solicitaría la remisión de copias. Así mismo, se solicitó que en caso de obrar declaración de los señores David Mostacilla y Edgar Ignacio Fierro Flórez, se trasladara copia y en caso de que no obrar, se dispuso citar a los mencionados.

En Audiencia de pruebas y calificación provisional de 25 de febrero de 2015(13), se allegaron y decretaron, entre otras, las siguientes pruebas:

— Oficio Nº 00703 de 4 de marzo de 2015, mediante el cual la Juez 34 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, informa que dentro del proceso 080016001055201301045 seguido contra Arcadio Tobías Martínez Pumarejo y Silvia Beatríz Gette Ponce, por el punible de soborno en la actuación penal, el 24 de febrero de ese año, se instaló la audiencia de juicio oral, respetándose las garantías constitucionales, legales y procesales a los acusados, al igual que a las partes intervinientes e informó lo acaecido en dicha audiencia, adjuntando la respectiva acta(14).

Obra en las diligencias acta de audiencia de juicio oral de 24 de febrero de 2015 remitida por la Juez 34 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en el proceso penal adelantado contra el abogado Arcadio Tobías Pumarejo de 24 de febrero de 2015(15). Así mismo en la sesión de marzo 18 de 2015, de marzo 19, marzo 20, mayo 19: diligencia en la que se clausuró la etapa probatoria; mayo 21: se dio inició a los alegatos finales por parte de la Fiscalía, el apoderado de las víctimas y el Delegado de la Procuraduría General de la Nación(16).

En audiencia de 25 de marzo de 2015(17), se recepcionó versión libre del abogado Arcadio Martínez Pumarejo. Bajo la gravedad del juramento, Inició con la exposición de una reseña histórica de lo que fue su relación con el quejoso, destacando que tuvo una relación comercial o laboral por más de 9 años, fueron socios, compartieron oficina en esta ciudad y en Barranquilla, desarrollando así una amistad de más de 12 años. Aludió a unas amenazas que el doctor Abelardo De La Espriella profirió en su contra al finalizar una de las audiencias, entregándole junto con sus amenazas, una copia simple de una declaración juramentada del señor Jorge Luis Hernández Villazón, en la ciudad de Miami ante Notario Público, diciéndole que se la iba a hacer publicar, que lo quería ver acabado, que lo iba a “joder” y de esto son testigos los señores Luis Castro y Jefferson Carvajal, los encargados de su remisión. Expuso que la enemistad con el quejoso comenzó luego de que se separó de la oficina en Bogotá y se fue a trabajar con otros colegas y el detonante final fue que representó los intereses de la señora Jacqueline Ramón, viuda del reconocido cantante Joe Arroyo, y él representó los intereses de Mary Luz Alonso, anterior esposa del cantante y desde ahí se suscitó una batalla mediática que el quejoso inició en los medios de comunicación.

Dijo que se le investiga un presunto soborno en la actuación penal, pero es que nunca fue abogado de la señora Silvia Gette, no mantuvo ni ha mantenido ningún vínculo laboral o profesional con dicha señora, no ha sido sujeto procesal actuando como defensor de la señora Silvia Gette. Insiste en que se trata de un montaje y que todo señala a que el principal cerebro organizador o gestante de ese vil montaje que se le ha hecho es el quejoso, Abelardo De La Espriella, que su captura fue una flagrancia inducida.

En relación con la grabación que se aportó también a esta investigación, manifiesta que ya se determinó de manera precisa científicamente mediante validación espectográfica de audio, manipulada, editada, incluso fue grabada con antelación a la fecha que dice el denunciante que la hizo, hay cortes, se puede determinar de manera precisa y tiene el informe tanto de la Fiscalía como el que hizo su defensa técnica. Se determinó por parte de la fonoaudióloga forense de la Fiscalía que el audio era ilegible, inentendible y que no era apto para el cotejo de voces, es decir, científicamente no se puede determinar quiénes eran los intervinientes.

Concluyó que la queja está basada en hechos subjetivos que él mismo idea, de manera fabulosa y de manera graciosa en su mente, es decir trata de ajustar la verdad verdadera a una verdad personal que no concuerda, que hay contrastes, trata temas subjetivos pero no habla desde el punto de vista objetivo.

A la pregunta del despacho, si visitó al señor Edgar Ignacio Fierro Flórez en el centro de reclusión donde se encuentra privado de la libertad, contestó, que sí por solicitud de él mismo, lo hizo exactamente 6 veces. Lo visitó en la Picota el 16 de octubre de 2012, en la mañana y en la tarde, el 19 de diciembre de 2012, el 18 de enero de 2013.

“(…) él me habla de una asesoría, de un tema de una extinción de dominio que tiene un compañero y que quiere que yo lo conozca para hablar sobre el tema”. Por lo que siempre las visitas fueron a título personal, nunca como profesional del derecho, ni dentro de un proceso, ni recibió poder del señor Edgar Ignacio Fierro, ni fue un mandato de facultades que se habían conferido mediante un poder, de ninguna persona.

Dijo no conocer a la señora Silvia Gette, pero que sabía quién es, que no ha tenido ningún vínculo profesional con ella ni con la Universidad Autónoma del Caribe, de la cual ella es la rectora.

A la pregunta del despacho, para quién era la suma de dinero que portaba al momento de la captura, contestó “ese dinero es de mi propiedad y yo estaba atendiendo una cita, para comprar

una información, eso es lo que he dicho siempre en el proceso penal, y es lo que se está debatiendo en estos momento”, “yo estaba esperando recibir la información y unas fotografías para entregar ese dinero”, “una información referente al señor Abelardo De La Espriella, por unos supuestos tráficos de influencias que él ha realizado y unas fotografías, que ya habían sido mencionadas por el señor Edgar Ignacio Fierro, en varias conversaciones que tuvimos nosotros”.

Agregó, que el dinero íba a ser entregado a un emisario del señor Edgar Ignacio Fierro de nombre Javier Mostacilla Silva, quien resultó ser concuñado del señor Fierro.

Finalmente, se suspendió la diligencia y se señaló para la práctica de pruebas y calificación provisional el día 6 de mayo de 2015.

Obra en el expediente diligencia de inspección judicial practicada el día 2 de septiembre de 2014, al proceso penal con radicado Nº 2013-01045, en la Fiscalía 5 Seccional de la Unidad de Falsos Testigos, en la que se dispone otorgar un plazo de 10 días para que la titular del despacho haga llegar copia de los folios relacionados en esta diligencia, los cuales fueron efectivamente remitidos mediante oficio Nº 036 de 8 de septiembre de 2014(18).

Con auto de 25 de marzo de 2015(19) se fijó como nueva fecha para llevar a cabo la diligencia de inspección judicial al proceso penal Nº 080016001055201301045 adelantado en el Juzgado 34 Penal del Circuito con Función de Conocimiento para el 22 de abril de la misma anualidad. En la fecha establecida se solicitó la expedición de copias de las piezas procesales más importantes.

Se observa auto de 29 de mayo de 2015, en el que avoca nuevamente conocimiento de las diligencias la Magistrada Luz Helena Cristancho Acosta en consideración a la terminación de las medidas de descongestión(20). Se señaló el día 27 de agosto de 2015 para continuar la audiencia de pruebas y calificación provisional.

Se instaló continuación de la audiencia de pruebas y calificación provisional el 27 de agosto de 2015(21) en la que no se hizo presente el disciplinado ni su abogado de confianza.

Seallegóporpartedelquejosocopiadelactadeaudienciadejuiciooralcelebradaeldía24deagostode2015,enlaquesecondenóporelJuzgado34PenaldelCircuitodeBogotá,alseñorArcadioMartínezPumarejoalapenaprincipalde78mesesdeprisiónymultade100SMMLV,asícomoalapenaaccesoriadeinhabilitaciónparaelejerciciodederechosyfuncionespúblicasyelejerciciodelaprofesióndeabogadoporunlapsoigualaldelapenaprincipal(22). 

Se observa en las diligencias copia del fallo disciplinario sancionatorio contra del abogado César Augusto Londoño defensor de confianza de Arcadio Martínez Pumarejo, de suspensión de 4 meses en el ejercicio de la profesión por hecho relacionados con la argumentación expuesta en la queja contra este último, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá el 28 de agosto de 2015(23).

Se allegó por la Fiscalía 07 Especializada de Barranquilla, copias de la investigación Nº 080016001257201301849 seguida contra el disciplinado Arcadio Martínez Pumarejo, por el delito de lavado de activos, donde funge como denunciante el aquí quejoso Abelardo De La Espriella.

Se registra auto de noviembre 12 de 2015 en el que se señaló el día 17 de febrero de 2016 para que se continuara con la audiencia de pruebas y calificación provisional; y auto de 4 de febrero de 2016(24) con el que avoca conocimiento de la actuación disciplinaria el Magistrado Sergio Estarita Jiménez.

Se instaló la diligencia en la fecha prevista, pero teniendo en cuenta que el defensor de confianza no se hizo presente ni el disciplinado, se ordenó la compulsa de copias para la presunta falta en que puede incurrir el doctor López Pumarejo; se designó como defensora de oficio del disciplinado a la doctora Leidy Patricia Carrillo Aguirre y se señaló como fecha para continuar con la audiencia el 24 de febrero de 2016; no obstante con auto de 18 de febrero del mismo año, se reprogramó para el 8 de marzo siguiente(25).

El quejoso allegó memorial de solicitud de aplicación de sanción de exclusión de la profesión al disciplinado(26), quién aportó como prueba sentencia proferida el 28 de agosto de 2015 por la Seccional Bogotá contra el abogado César Augusto Londoño.

El 8 de marzo de 2016 se instaló la continuación de la audiencia, en la que se reconoció personería a la doctora Carola Andrea Achicanoy Enríquez como defensora de confianza del disciplinado.

Se corrió traslado del cuaderno original de la actuación al disciplinado para que se pronunciara sobre el mismo, quién luego solicitó un aplazamiento de la diligencia. Se señaló como nueva fecha el 9 de marzo de 2016(27); no obstante, con auto de 8 de marzo de 2016, como quiera que no fue posible obtener la autorización del INPEC para el traslado del procesado beneficiado con el mecanismo de vigilancia electrónica se reprogramó para el 18 de marzo de 2016.

Pliego de cargos. En la audiencia de pruebas y calificación provisional realizada en la fecha prevista, el magistrado instructor calificó jurídicamente la falta; concretó la situación fáctica y realizó la valoración probatoria. Dispuso formular pliego de cargos contra el doctor Arcadio Tobías Pumarejo, al encontrar que faltó a su deber profesional de abogado consagrado en el artículo 28 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, y en consecuencia estar incurso en la falta consagrada en el artículo 33 numeral 9º, falta que se le imputó a título de dolo. En el acápite de pliego de cargos, dijo la providencia recurrida:

“En la audiencia de pruebas y calificación provisional llevada a cabo el día 18 de marzo de 2016, al doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo se le formuló pliego de cargos al concluirse que ha faltado a sus deberes profesionales de abogado consagrados en el artículo 28 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007 y en consecuencia está incurso en la falta consagrada en el artículo 33 numeral 9º de la citada ley, porque a esa altura procesal el despacho considera que existe prueba que determina que el señor abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, actuando en calidad de abogado ingresó a la Cárcel de la Picota en la ciudad de Bogotá, entre los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013 a visitar al interno Edgar Ignacio Fierro Flórez alias ““Don Antonio””, precisándole que iba como mensajero o representante de la señora Silvia Beatríz Gette Ponce, quien mandaba ofrecerle la suma de $ 500.000.000 para que en la actuación penal que se le adelantaba por la muerte de Fernando Cepeda, declarara que ella no era quien lo había mandado a asesinar, sino que era María Paulina Ceballos Pardo, además, le ofreció $ 500.000.000 para que en ese proceso vinculara al doctor Abelardo De La Espriella y al doctor Daniel Peñaredonda , declarando que este último le había dicho que se mantuviera en la versión que había dado inicialmente en Justicia y Paz, donde señaló a Gette Ponce como la determinadora del homicidio de Cepeda Vargas pues de ese modo se plantearía la duda si fue Gette Ponce o Ceballo Pardo la autora de ese homicidio, acordando el pago inicial de la suma de $ 250.000.000 en la ciudad de Barranquilla por intermedio del señor David Mostacilla, hecho que se concretó el 10 de febrero de 2013, fecha en la cual el profesional del derecho aquí investigado fue capturado en flagrancia.

Con lo anterior, el profesional del derecho aquí procesado al sobornar a un testigo como investigado dentro de una causa penal, pudo al parecer aconsejar, patrocinar e intervenir en un acto totalmente fraudulento, en detrimento no solo de los intereses de la señora Paulina Ceballos de los abogados Abelardo De La Espriella y Daniel Peñaredonda sino del Estado o la Comunidad.

Por lo que claramente se desprende que el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, presuntamente aconsejó al momento de indicarle a Edgar Ignacio Fierro Flórez lo que debía decir dentro del proceso penal; presuntamente patrocinó pues estaba amparando y favoreciendo a la señora Silvia Beatríz Gette Ponce; y, presuntamente intervino, pues participó activamente en el fraude, ingresando en su calidad de abogado a la Cárcel la Picota, fue el encargado de proponerle a “alias ““Don Antonio””” mentirle a la justicia y en ese trasegar y caminar, afectar de manera directa los intereses del doctor Abelardo De La Espriella, del doctor Daniel Peñaredonda y de la señora María Paulina Ceballos Pardo, sino también de los intereses del Estado, al intentar engañar a la administración de justicia y a la comunidad en general. Conducta que se le imputó a título de DOLO”(28).

Luego de la intervención del disciplinado en la que aportó documental en 70 folios y solicitó pruebas, se escuchó a la defensora de oficio y al Ministerio Público quienes solicitaron pruebas.

El magistrado a quo negó las siguientes pruebas:

— La de requerir al quejoso para que suministrara copia del contrato de prestación de servicios suscrito por la señora Ceballos Pardo; La de escuchar al abogado Jhony Mercado, abogado que reemplazó al aquí quejoso en el proceso adelantado a María Paulina Ceballos; la de escuchar a la investigadora de la Fiscalía 10 de la Unidad de Derechos Humanos y al investigador de la Fiscalía 214 Seccional de Bogotá; la de escuchar a la Fiscal 10 de la Unidad de Derechos Humanos.

Decretó las siguientes: librar despacho comisorio a la Sala Jurisdicción Disciplinara del Consejo Sección de la Judicatura de Atlántico para que se escuchara en declaración a la señoras María Paulina Ceballos, Silvia Gette Ponce; realizar inspección judicial al proceso 9704, adelantado por el homicidio del señor Fernando Cepeda, en la Fiscalía 10 de la Unidad de Derechos Humanos; realizar inspección al proceso penal que se adelanta en segunda instancia contra el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, proceso que se encuentra en el Tribunal Superior de Cundinamarca(29); escuchar en ampliación de versión libre y espontánea al doctor Arcadio Tobías Pumarejo; actualizar los antecedentes disciplinarios del encartado. Decisión que quedó en firme al no interponerse contra ella recurso alguno. En consecuencia se señaló como fecha para adelantar la audiencia de juzgamiento el día 2 de julio de 2016(30).

Con auto de marzo 29 de 2016 señaló el día 29 de abril de la misma anualidad para realizar la inspección del proceso penal adelantado en segunda instancia contra el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los días 5 y 6 de mayo de 2016 para que tuviese lugar la inspección judicial al proceso 9704, adelantado por el homicidio del señor Fernando Cepeda, que cursa en la Fiscalía 10 de la Unidad de Derechos Humanos(31).

Obra memorial del quejoso radicado 28 de abril de 2016 con el que anexa la decisión de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá de 11 de abril de 2016, en la que se resolvió los recursos de apelación promovidos por el Delegado del Ministerio Público y la Defensa contra la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá el 24 de 2015, confirmatoria de la misma por el delito de soborno; reitera su solicitud de exclusión de la profesión al procesado disciplinariamente(32).

En la inspección judicial realizada el día 29 de abril de 2016(33), ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al proceso Nº 110016001055201301045, se dispuso para una mejor comprensión tomar copia de las siguientes piezas procesales: concepto del Procurador 357 Judicial Penal II; sentencia de 11 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, M.P. doctor Dagoberto Hernández Peña; copias de los audios que contienen las audiencias de juicio oral.

En esta diligencia la defensora de oficio del disciplinado solicitó la revisión de las declaraciones de los señores Edgar Ignacio Fierro Flórez alias “Don Antonio”, David Mostacilla, Juan Pablo Sepúlveda Villa y José Benito Cadrazo Salcedo.

En diligencia de inspección judicial realizada el día 5 de mayo de 2016(34) en la Fiscalía 10 de la Unidad Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, al proceso penal con radicado Nº 9704 seguido contra Silvia Beatríz Gette Ponce, se ordena tomar fotocopias de las siguientes piezas procesales: Indagatoria del señor Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”; ampliación de indagatoria de la señora María Paulina Ceballos de 31 de marzo de 2016; ampliación juramentada del doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo; ampliación de Indagatoria de la señora Silvia Beatríz Gette Ponce; declaración de David Mostacilla Silva; declaración juramentada de investigadores del CTI; declaración juramentada de José Benito Cadrazco Salcedo de 29 de enero de 2016; memorial del doctor Miguel Ángel De Los Ríos y sus anexos.

Obra oficio Nº 91 de 13 de mayo de 2016, mediante el cual el Asistente de Fiscal II de la Fiscalía 10 Especializada de la Dirección de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, remite copia de la ampliación de indagatoria de la señora María Paulina Ceballos Pardo el 31 de marzo de 2016 y del memorial presentado por el doctor Miguel Ángel Del Río Malo, en 76 folios(35).

En cumplimiento de la comisión ordenada en la audiencia de pruebas y calificación provisional de 18 de marzo de 2016, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico, recepcionó el día 5 de mayo de 2016(36), la declaración jurada de la señora Silvia Beatríz Gette Ponce.

Manifestó la declarante que conoce al abogado Arcadio Tobías Martínez porque la apoderó en un proceso donde había sido estafada toda vez que dio un dinero para comprar una cabaña y el propietario no se la entregó, en el año 2012 y además, junto con el abogado Arcadio fueron señalados por un supuesto soborno por el cual fueron condenados y hoy en día están pagando casa por cárcel en razón a dicha condena.

Refirió que en el proceso de soborno se dijo que el señor Arcadio había visitado a alias “Don Antonio”, lo cual es absolutamente falso, pues a ella nunca el señor Arcadio le mencionó nada al respecto, que ha sido un complot que ha urgido “Don Antonio” y Abelardo De La Espriella para involucrarla en un delito del cual nunca participó. El doctor Arcadio era su abogado por otro proceso pero no por el de la muerte del señor Fernando Cepeda, pues su abogado era Germán Gómez Remolina.

Con el complot lo que querían “Don Antonio” y Abelardo De La Espriella era sacarla a ella del frente de la Universidad Autónoma del Caribe, para ellos apoderarse de ella, que en el soborno hubo muchas debilidades y muchas actuaciones falsas que una a una han sido descubiertas, el líder de la investigación del CTI, ya declaró ante la Fiscalía 10 de Derechos Humanos en Bogotá, fue obligado por “Don Antonio” a través de los fiscales que manejaban el caso a transliterar un CD, donde se basa la denuncia de Edgar Ignacio Fierro Flórez, por el encuentro con Arcadio Martínez en la grabación y el señor del CTI ha declarado que habían muchas partes que no se entendían y que lo obligaron a colocar su nombre y el de Arcadio.

Refirió que en dos oportunidades alias “Don Antonio” ha tratado de extorsionarla exigiéndole dinero o la nombraba en las declaraciones en la Ley de Justicia y Paz, y en esas oportunidades han capturado a varias personas con la ayuda del Gaula de Barranquilla, que nunca se ha prestado para pagar extorsiones, que jamás quiso tener ningún tipo de relación con el señor Edgar Ignacio Flórez, no veía el motivo, considera que es una retaliación, una venganza, por haber sido una de las pocas personas que no se asustó cuando comenzó a realizar extorsiones ni pagó un peso; no justifica que el señor Arcadio Martínez haya ido a hablar con él de su parte, pues no cree que eso haya sido posible, toda vez que con el abogado Martínez nunca hablaron del asunto.

Señaló que el señor Abelardo De La Espriella se ha valido de los medios de comunicación para ultrajarla, injuriarla y calumniarla, así lo ha hecho con el señor Arcadio Martínez, el día que la capturaron tenía todo organizado en el Edificio de Paloquemao, con carteles escritos que decían Asesina, este señor tiene la metodología de no defender los procesos en los estrados judiciales, sino en los medios de comunicación, sabe que al doctor Arcadio Martínez le inventó algunos procesos, a ella también le ha inventado procesos como uno de concierto para delinquir donde fue absuelta.

Refirió que el señor Abelardo De La Espriella inventa muchas cosas y hace otras que no son legales, todo está comprobado, también se descubrió la falsa declaración que hizo Benito Cadrazco, un cura que fue a una notaría a declarar un montón de sandeces al cual denunció y está comprobado que dijo mentiras, pues él mismo se rectificó en la Fiscalía de todas las mentiras que dijo, por lo que considera que hubo mucho tráfico de influencias por el cual han sido condenados en el soborno.

Agregó, que el señor Arcadio Martínez no pudo haberle dicho ni ofrecido nada de lo que este señor Antonio mencionó, puesto que nunca lo hablaron, en el proceso de soborno que el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia confirmó, ya se han practicado muchísimas pruebas sobrevinientes que las van hacer valer en el momento oportuno y donde se va a descubrir que lo que le hicieron Arcadio y a ella fue un complot, el señor Martínez porque tiene problemas personales con De La Espriella y a ella porque Antonio vio la oportunidad de sacarla del medio y hacer muchas más cosas de las que tenía planeadas, porque no le quiso dar dinero.

En el proceso de soborno declararon muchos testigos contradictorios en sus dichos que se disculparon, hasta un paramilitar dijo que todo fue planeado para sacarle a ella dinero, sin embargo la juez no lo aceptó y creyó en la palabra de “Don Antonio” y los condenó; por ello piensa que la queja instaurada por Abelardo al señor Arcadio es absurda”(37).

El 9 de junio de 2016 se instaló la audiencia de juzgamiento en la que el disciplinado le otorgó poder al doctor Diomedes Yate Chinome quien relevó a la doctora Leydi Patricia Carrillo Aguirre de su cargo como defensora de oficio. El magistrado en instancia accedió a la solicitud de aplazamiento de la audiencia, y señaló el 20 de junio de 2016 para su realización.

Obra constancia del magistrado instructor de 20 de junio de 2016, informando que con ocasión de la solicitud de aplazamiento de la audiencia y la solicitud de expedición de copias de todo el proceso disciplinario hecha por el defensor de confianza del disciplinado, se le informó a dicho profesional que era la cuarta vez que se suspendía la audiencia, que al doctor Martínez Pumarejo siempre se le han garantizado sus derechos, que se le entregó copia del expediente en su totalidad, pero que se accedió a reprogramar la diligencia para dicha fecha. Advirtió que pese a que las copias se encuentran a disposición del defensor de confianza en secretaría desde el 10 de junio, a esa fecha el abogado no se había acercado a cancelarlas y retirarlas(38).

Con segundo auto de la misma fecha, se dejó constancia que la audiencia de juzgamiento programada no pudo llevarse a cabo en razón a que el disciplinado y su defensor de confianza no comparecieron. Se designó entonces, como defensor de oficio al doctor Manuel Alejandro Plazas y se fijó como nueva fecha el 27 de junio de 2016(39). Fecha en la que no se pudo adelantar la diligencia, por la extensión de la audiencia de pruebas y calificación provisional en el proceso 2016 - 1120(40). Se convocó para el 12 de julio de 2016, pero nuevamente se reprogramó por la prolongación de la audiencia que le precedía en el radicado 2015 0335(41), por lo que se reprogramó para el 1º de agosto de 2016. Con auto de 28 de julio de 2016, debido a permiso concedido al magistrado instructor, se reprogramó para el día 8 de septiembre de la misma anualidad(42).

Se aportó a las diligencias la declaración jurada rendida a través de despacho comisorio, por la señora Silvia Gette Ponce, el día 5 de mayo de 2016(43). Se dejó constancia de la no comparecencia de la señora María Paulina Ceballos para ser escuchada en declaración jurada en ese seccional(44).

Con auto de 21 de septiembre de 2016, el magistrado instructor insistió en la prueba decretada, relacionado con escuchar a la señora María Paulina Ceballos, por lo que nuevamente ordenó despacho comisorio por 20 días al Consejo Seccional de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Judicatura de Atlántico(45).

Despacho comisorio que fue devuelto el 20 de enero de 2017(46) ante insistente requerimiento del despacho instructor, sin que hubiese comparecido la señora María Paulina Ceballos. Con auto de 23 de enero de 2016 se fijó el 2 de marzo de 2017 para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento(47). Con auto de 28 de febrero de 2017 la Magistrada Luz Helena Cristancho Acosta, quien reasumió la titularidad del despacho, ante solicitud de aplazamiento elevada con escrito 23 de febrero por el defensor de confianza, no accedió a ello recodándole que con su actuar podía estar incurso en falta disciplinaria por estar dilatando el trámite de la investigación, por lo que se le indicó que si no podía asistir a la diligencia podría designar un abogado suplente o sustituir el poder; se le recordó también que por auto de 20 de junio de 2016 le fue designado un defensor de oficio(48).

En la fecha indicada se instaló la audiencia de juzgamiento y el defensor de oficio del disciplinado doctor Manuel Alejandro Rodríguez presentó sus alegatos de conclusión, solicitando el archivo de las presentes diligencias. Anunció la magistrada el registro de fallo en los cinco días siguientes(49).

No obstante lo anterior, obra auto interlocutorio aprobado en acta extraordinaria Nº 018 de 7 de marzo de 2017, en el que la sala dual a quo decretó la nulidad de la audiencia de juzgamiento de 2 de marzo de 2017, por cuanto el abogado de oficio no presentó los verdaderos alegatos en pro de la defensa del disciplinable, fijándose para el 27 de marzo de 2017, la continuación de la audiencia de juzgamiento(50).

En esa fecha, se instaló la audiencia con la presencia del disciplinado, de su defensor de confianza doctor Diomedes Yate Chinome, del defensor de oficio doctor Manuel Alejandro Plazas Rodríguez y del apoderado de confianza del quejoso. Intervino el defensor de confianza, quién solicitó la práctica de pruebas.

Se recepcionó la ampliación de versión libre del abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, solicitó el archivo de la presente investigación disciplinara, solicitó pruebas y aportó algunas documentales(51). El despacho se pronunció con respecto a la solicitud de pruebas realizada por el disciplinado manifestando no ser el momento procesal indicado para ello.

Alegatos de conclusión. El disciplinado y su defensor, al unísono, solicitaron el archivo de la investigación disciplinaria.

El disciplinado rechazó los cargos formulados por el anterior magistrado, en los que se le enrostró la comisión de una falta por haber presuntamente aconsejado, asesorado o patrocinado un acto fraudulento. Reitera que no lo hizo con conciencia a título de dolo o culpa; hizo énfasis en que fue convocado dentro de un plan criminal estratégicamente diseñado para incriminarlo en una actuación penal; y recuerda que la queja fue presentada 11 días después de su captura, y se refiere al complot de testigos, entre ellos “Don Antonio” que denunció al abogado Arcadio Martínez por haber pretendido, a cambio del ofrecimiento y entrega de una importante suma de dinero que buscara de crear la duda en la ampliación de indagatoria acerca de la participación de Silvia Gette en el homicidio de Fernando Cepeda.

Aceptó que fué (sic) al Centro Penitenciario La Picota de manera imprudente pero no sabía que estaba siendo víctima de un engaño en un plan criminal; ingresó como abogado, porque fue llamado para una asesoría legal sobre unos bienes; dice no estar probado lo que conversó con Edgar Ignacio Fierro Flórez; en la etapa del juicio desconoció su misma voz, porque hay muchos programas en los cuales se adultera, se edita, no reconoció siquiera su voz cuando él mismo fue el que grabó el contenido de ese CD que se presentó; el CD que se estudió y controvirtió en el juicio no tenía validez alguna tampoco por eso se desestimó por parte de la Fiscalía, el testimonio de Cadrazco Salcedo también no se tuvo en cuenta porque la Fiscal renunció a ese testimonio.

Refiere, que presentó más de 70 testimonios como pruebas y 100 pruebas todas se las negaron en el juicio oral y fueron al tribunal y confirmó la decisión de primera instancia y lo condenan por ausencia de pruebas, o sea, está condenado por la mera denuncia del señor Edgar Ignacio Fierro Flórez, pero ese ofrecimiento nunca se probó, el soborno como tal nunca se probó, lo que sí está probado de manera precisa enfática, dice, es que ha sido víctima de un complot, de una trampa y lo ha evidenciado a lo largo del desarrollo de este proceso, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos el 10 de febrero de 2013.

En el juicio oral dijo que él le insinuó o le manifestó que no lo pusiera a nombre de él, para entrar a nombre de él, sino a nombre de otra persona eso es falso. Recalca que fue a la cárcel a hablar con “Don Antonio” pero no por un soborno que es lo que se le está enrostrando. Da a entender la presunta adulteración de la que fue objeto el acta de incautación realizada al momento de su captura, en concreto lo relacionado con el hallazgo de un celular del que se dijo había tratado de destruir.

El defensor de confianza. Cuestiona en primer término la competencia de la Sala Seccional para investigar la conducta de su prohijado por la presunta vulneración a los deberes que consagra la Ley 1123 de 2007, a manera de falta gravísima por haber acudido a la Cárcel Nacional, pues como lo explicó en su intervención, al reunirse con el denunciante en la Cárcel la Picota, el doctor Arcadio Martínez estaba en ejercicio de su profesión.

Se refiere a la amistad que tenía su defendido con el quejoso, la que termina en una guerra en la que quieren acabarse los dos, por lo que dice que en un acto de absoluta imprudencia va donde el entonces paramilitar alias “Don Antonio” a la Cárcel, previamente convocado, y allí se ve inmerso en un complot muy difícil de entender, de concebir, el que pasa a describir. Asegura que no hay certeza en la comisión de la conducta endilgada a su patrocinado, de que haya aconsejado, patrocinado o intervenido en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado que sería en este caso o en detrimento de la comunidad, eso no está probado. En su sentir, el cargo carece del principio de la motivación previsto tanto en la Ley 734 de 2002 como en la 1123 de 2007.

El Defensor de oficio. Cuestiona el valor probatorio de los recortes de prensa, los que según el Consejo de Estado se le imprimirá, siempre que tengan conexidad con otros medios de prueba o coincidan con ellos: para el caso dice debe existir conexidad material y física entre el delito de soborno, lo que no está presente en este caso. Insiste en que no se puede traer de manera genérica unos resultados parciales de conductas investigadas en otros escenarios, recordando que está siendo juzgado por el presunto delito de soborno, muy a pesar de que los sujetos investigados y las circunstancias de tiempo, modo y lugar sean los mismos esta debe estudiarse de manera diferente, porque lo que se busca es investigar conductas distintas.

Critica la carga de la prueba traída a este proceso disciplinario, pues corresponde a unas actuaciones que se han surtido en un proceso penal, y que el quejoso se ha limitado a traer unas piezas procesales de otra investigación.

Fue enfático en decir que no se ha evidenciado la presencia de un poder, de un contrato que establezca la relación entre la doctora Silvia Beatríz Gette Ponce y el investigado Arcadio Martínez Pumarejo. Por el contrario, ha demostrado con pruebas haber presentado de manera física y documental a este proceso: nunca ha sido procesado ni sujeto procesal en la investigación surtida en la Fiscalía 10 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos bajo el radicado interno 9704, por el homicidio del señor Fernando Cepeda Vargas. Por ello solicita la aplicación del principio in dubio pro disciplinado, emanado de la presunción de inocencia establecido en el artículo 8º de la Ley 1123 de 2007.

Repite que la denuncia penal en su contra hecha por el señor Edgar Ignacio Fierro Flórez fue diseñada y confeccionada bajo las “directrices” del señor Abelardo De La Espriella, con el único fin de destruirlo y encarcelarlo, como también le ha colocado muchas denuncias en su contra desde hace aproximadamente 4 años. Sobre el CD con que el señor Fierro Flórez, acompañó su mentirosa denuncia, observa su obtención en el 18 de enero de 2013 y la denuncia la presentó hasta el 24 de enero de ese año cuando pudo haberlo hecho inmediatamente y luego, a los tres meses de su captura cuando se descubrieron las pruebas, su equipo de abogados pagó para una valoración espectrografía de audio a ese CD y se encontró que había sido manipulado el día 19, 20 y 21 de enero de 2013, pues había sido editado y posteriormente aparece fragmentado en el almacén de evidencias de la Fiscalía General de la Nación y se dice que por su poder económico y el de Silvia Gette mandaron a destruir el CD, también se perdieron unos cuadernos de ingresos al patio R3. Disco compacto considerado la prueba reina, para probar el ofrecimiento. Por lo que en el juicio oral en materia penal nunca se probó ese ofrecimiento al señor Edgar Ignacio Fierro Flórez, y en el mismo sentido debe valorarse esa prueba en el aquí proceso disciplinario.

Se refiere luego a cada una de las pruebas aportadas a las diligencias, e insiste en el presunto complot o trampa: alude al contrato suscrito entre la señora Ceballos Pardo y Abelardo De La Espriella, en concreto a la cláusula primera que señala: “la contratista se compromete a gestionar en representación de la contratante señora María Paulina Ceballos Pardo, en su condición de víctima, la condena de la señora Silvia Gette Ponce”, concluye el disciplinado que al precio que fuese la condenan, “(…) así les toque inventar testigos, meter preso a Arcadio Martínez, hacer lo que sea pero lo condenan”.

Rechaza los cargos formulados por el anterior magistrado, los cuales se fundamentan en indicaciones especulativas porque precisamente la realización de esas conductas no han sido probadas a lo largo de esta investigación. Dice no haber actuado en calidad de abogado de nadie y mucho menos fue a la Cárcel la Picota a asesorar, jamás se presentó a esa cárcel con fines distintos a cumplir con una cita a la que fue convocado mediante un ardid engañoso que hacía parte de una trampa planeada y diseñada para provocar su captura, no se le puede señalar como un actuar doloso, ni se le puede endilgar el patrocinio de un acto fraudulento en el detrimento de intereses ajenos o del quejoso o del Estado o de la comunidad porque era de su total desconocimiento el plan criminal gestado en su contra. Tampoco aconsejó ni asesoró al señor Edgar Ignacio Fierro y mucho menos desarrolló esa conducta, ninguna a título de dolo; el señor Fierro Flórez lo convocó a la cárcel vía telefónica, para fines de concretar su plan criminal, graba la conversación en la que le propone información contentiva de cómo el quejoso Abelardo De La Espriella le montó una falsa denuncia con otros de sus socios el doctor Adriano Iglesias, también con una grabación, y tiene la orden de archivo que hiciera un magistrado de la ciudad de Barranquilla Álvaro Márquez, aporta el acta, donde se le archiva esa conducta. Solicita se le tenga en cuenta lo anterior para que se le archive esta investigación.

Con memorial el quejoso solicita al despacho a quo abstenerse de valorar los argumentos expuestos por el apoderado del abogado Martínez Pumarejo y reitera su petición sanción con exclusión de la profesión, “En la medidad (sic) en que la gravísima conducta objeto del presente proceso disciplinario fue desplegada con ocasión del ejercicio de la profesión de abogado”(52).

Sentencia apelada

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante sentencia de 5 de mayo de 2017(53), declaró disciplinariamente responsable al doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, como autor responsable de la falta contra la recta y leal realización de la justicia consagrada en el artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007. Colorario de lo anterior, lo sancionó, con suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión, y multa equivalente a 20 SMMLV para la época de los hechos. Arribó a tal decisión, bajo las siguientes consideraciones:

Recuerda que se le formuló pliego de cargos al disciplinado por haber faltado a su deber profesional de abogado consagrado en el artículo 28 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007 y en consecuencia estar incurso en la falta consagrada en el artículo 33 numeral 9º de la citada ley, que a la letra reza:

“Articulo 33 Ley 1123/07. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

Evidenció el a quo la conducta del doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, quien en ejercicio de la profesión de abogado aconsejó, patrocinó e intervino en actos fraudulentos, en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad, al haber presuntamente ofrecido dinero a Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio” para cambiar la versión que había dado referente a la responsabilidad de Silvia Gette Ponce en el homicidio de Fernando Cepeda, y de igual manera, ofreció dinero con el objeto que en ese proceso se vinculara al doctor Abelardo De La Espriella y se dijera que este había mandado al doctor Daniel Peñaredonda, para mantener la versión dada inicialmente en Justicia y Paz, donde señaló a Gette Ponce como la determinadora del homicidio de Cepeda Vargas.

Analizó en primer término si efectivamente se encuentra acreditado que el abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, ingresó a la Cárcel la Picota a visitar al interno Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, en el ejercicio de la profesión de abogado, o simplemente lo visitó como cualquier ciudadano a título personal por solicitud del propio “Don Antonio” para entregarle una documentación de su interés.

Relacionó entonces las diversas intervenciones del disciplinado, como la versión rendida el 27 de agosto de 2015 en la que aseguró: “yo no estaba ejerciendo la profesión al desarrollar esa supuesta conducta que se me investiga en materia penal, y que jamás y nunca yo he sido abogado de la doctora Silvia Gette Ponce, en el proceso que se sigue por el homicidio del señor Fernando Cepeda”.

Además dijo “el señor Fierro en una oportunidad me llama y me dice que quiere hablar conmigo para que yo lo asesore en un tema de una extinción de dominio, por eso yo concurrí como abogado que soy, pero no para que lo representara en ningún proceso, él me habla de una asesoría, de un tema de extinción de dominio que tiene un compañero y que quiere que yo lo conozca para hablar sobre el tema”. (...) “Siempre de manera única y exclusiva fue a título personal. Nunca fue como profesional del derecho, ni dentro de un proceso, ni recibí poder del señor Edgar Ignacio Fierro, ni fue en mandato de las facultades que se me habían conferido mediante un poder, de ninguna persona”.

Luego, en la ampliación de versión libre rendida el 27 de marzo de 2017, de forma enfática manifestó que “para ejercer la profesión o representar los intereses jurídicos de una persona natural o jurídica se requiere de un poder, de un mandato, donde se señala de manera precisa por qué y para qué se otorga ese poder, cuál es la finalidad, en la presente investigación no se ha evidenciado la presencia de un poder, de un contrato que establezca la relación entre la doctora Silvia Beatríz Gette Ponce y el investigado Arcadio Martínez Pumarejo”.

Recuerda lo expuesto por el disciplinado, al asegurar que en el proceso que se le sigue por soborno, está probado que entró a la Cárcel La Picota, pero en este proceso no hay un solo elemento probatorio que demuestre la certeza de una conversación suya con el señor “Don Antonio”, es más en los registros aparece ingresando para ver a otro interno, sostiene que nunca ingresó a ver al señor Fierro Flórez, pero admitió finalmente que entró a ver a dicho señor, fue convocado por él, sin saber que estaba siendo víctima de un entrampamiento, sin que se le puede endilgar la comisión de una falta cuando está obrando con todo el respecto a la recta y administración de justicia.

Alude a la certificación expedida por la Fiscal 10 Delegada ante los Jueces del Circuito Especializados, adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante la cual consigna que el despacho adelanta investigación radicada bajo el Nº 9704, en contra de Silvia Beatríz Gette Ponce y otros, por el punible de homicidio, siendo denunciante “de oficio”, occiso Fernando César Cepeda Vargas; también informa, que en el presente diligenciamiento se observa que el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo no ha actuado en ningún momento dentro del instructivo como abogado de la investigada Silvia Beatríz Gette Ponce(54).

Según el a quo si bien es cierto ha quedado demostrado que el disciplinado no ha actuado en ningún momento como abogado de la señora Gette Ponce en la investigación penal adelantada por el delito de homicidio en la persona del señor Fernando Cepeda en la Fiscalía 10 Delegada ante los Jueces del Circuito Especializados, adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, no por ello se puede afirmar que el disciplinado no ingresó al Establecimiento Carcelario en ejercicio de sus profesión de abogado: por el contrario existe en el plenario prueba demostrativa del ingreso del disciplinado a dicho penal en ejercicio profesional de abogado, pues se cuenta con el acta de inspecciones a lugares por parte de la policía judicial fechado el 16 de mayo de 2013, a la penitencia la picota, en donde se registra claramente en el libro de ingreso al penal, que este lo hizo el día 18 de enero de 2013, en calidad de abogado.

De conformidad con la providencia de primera instancia, el disciplinado en sus versiones se contradice, pues en ocasiones manifiesta que ingresó a la Cárcel la Picota a visitar al interno Fierro Flórez alias “Don Antonio” a título personal y no profesional, pero en otros momentos manifiesta que ingresó en ejercicio de la profesión de abogado para asesorarlo en un tema de una extinción de dominio, cuando en otras ocasiones ha mencionado que ingresó para asesorar a un compañero de “Don Antonio” en un problema jurídico y finalmente al momento de presentar los alegatos manifestó que compareció al establecimiento carcelario en razón a la convocatoria que le hiciera el señor Fierro Flórez para entregarle una documentación que necesitaba como prueba en la contienda mantenida con el abogado Abelardo De La Espriella, además manifestó que los abogados visitan los establecimientos carcelarios cada vez que un cliente los llama porque necesitan sus servicios profesionales, que siempre se hace eso.

Concluyó la acreditación que el disciplinado Martínez Pumarejo, concurrió el 18 de enero de 2013 a la Cárcel la Picota de esta ciudad de Bogotá, en ejercicio de su profesión de abogado a visitar al interno Edgar Ignacio Fierro Flórez alias “Don Antonio”, por solicitud que le hiciera la señora Silvia Gette, quien desde hace rato era su clienta toda vez que ya la había representado en otro caso, a fin de aconsejarlo, asesorarlo respecto de la forma cómo debía cambiar su declaración, porque como abogado y por su experiencia profesional sabía exactamente qué debía debía (sic) decir para sembrar dudas en el proceso penal adelantado por el homicidio de Fernando Cepeda en la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos y DIH y de esta forma ejerció su profesión de abogado y no actuó como él lo dice bajo el libre desarrollo de sus actividades como persona.

Añadió, que si bien no se ha demostrado la existencia de un poder por escrito conferido por Silvia Gette Ponce al abogado aquí disciplinado, sí existió una relación profesional como él mismo lo reconoce pues la asesoró y representó en un caso relacionado con la compraventa de un bien inmueble, por lo que sí se conocían de tiempo atrás y sí la había representado como abogado, así en la primera declaración rendida haya manifestado no conocerla; recuerda que el mandato también se pueden otorgar de manera verbal, como en este caso, en el cual Silvia Gette utilizando los servicios profesionales de abogado de Arcadio Martínez le pidió concurriera a la Cárcel La Picota con el fin de aconsejar a Edgar Fierro Flórez para que en la próxima indagatoria que rindiera, sembrara dudas respecto de su participación en el homicidio del señor Fernando Cepeda.

Acreditado entonces que el abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo ingresó a la Cárcel la Picota de esta ciudad, a visitar al señor Edgar Ignacio Fierro Flórez alias “Don Antonio” en el ejercicio de la profesión de abogado, lo hace destinatario de la Ley 1123 de 2007.

Luego de dejar en claro que si bien el proceso penal y el proceso disciplinario son instancias diferentes, como lo ha sostenido el disciplinado y su defensa, no por ello puede el operador judicial dejar de valorar las pruebas legal y oportunamente incorporadas a este disciplinario, por traslado hecho de los procesos penales cursantes en la Fiscalía General de la Nación. Analiza entonces la inspección judicial de fecha 2 de septiembre de 2014 al proceso penal con radicado Nº 0800160010552013-01045, posteriormente remitidas mediante oficio Nº 036 GTIFT de 8 de septiembre de 2014 por la Fiscal 5 Seccional GTFT, que hacen parte del cuaderno de anexo Nº 3 de este proceso disciplinario(55).

Menciona en primer lugar, la denuncia presentada por el propio Edgar Ignacio Fierro Flórez, ex comandante del Frente José Pablo Díaz de las autodefensas, visible a folio 1 del c. anexo 3, de la que extrajo:

“Quiero poner en su conocimiento hechos muy graves que corroboraron las denuncias que hice ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación (...) cuando afirmé que en la investigación por el asesinato de Fernado Cepeda la señora Silvia Gette ha querido desviar la investigación ofreciendo plata a testigos. (...) el día 18 de enero del presente año [2013], el abogado Arcadio Martínez Pumarejo vino en nombre de Silvia Gette a ofrecerme 500 millones de pesos para que creara duda sobre la autoría intelectual de esa señora en el crimen de Fernando Cepeda para que le echara la culpa a la esposa del muerto y dijera además que la viuda de Cepeda tenía relaciones con las autodefensas. El doctor Arcadio me insistió en que para quitarle credibilidad a mi versión inicial era necesario que dijera que a mi nada me constaba personalmente, que todo lo que yo sé sobre el crimen de Fernando Cepeda me lo dijo el abogado Jorge Palacios, que está muerto.

También me ofreció insistentemente otros 500 millones para que dijera que el abogado Abelardo De La Espriella había mandado a una persona de nombre Daniel Peñaredonda a decirme que mantuviera en mi versión de que Silvia Gette había mandado a matar al señor Cepeda. (...).

Según me dijo el doctor Arcadio Martínez Pumarejo, Juan Carlos Rada está arreglado para que declarara a favor de Silvia Gette. (...).

En la grabación que entrego se escucha claramente la manera como este abogado busca que yo favorezca a Silvia Gette. También me prometió que yo obtendría más beneficios económicos por ser testigo en otros procesos que existen contra Silvia Gette. El abogado Arcadio me dijo que le iba a exigir a ella que yo fuera su testigo, vendiéndole la idea de que eso le iba a permitir demostrar que no existieron vínculos entre ella y las autodefensas.”.

Se refirió luego al escrito de ampliación de la denuncia, radicada el 6 de febrero de 2013, visible a folio 3 cuadernos anexo Nº 3, del que extrajo:

“(...) denuncié ante su despacho a la señora Silvia Gette y al abogado Arcadio Martínez Pumarejo quienes han venido haciéndome ofrecimientos económicos para que cambie mi versión en relación con el homicidio del señor Fernando Cepeda. (...).

El último episodio relacionado con esta denuncia ocurrió (...) cuando el abogado Arcadio Martínez Pumarejo me visitó en el pabellón de Justicia y Paz de la penitenciaria La Picota de esta ciudad para plantearme la entrega en la ciudad de Barranquilla de (...) $ 250.000.000 como anticipo del negocio propuesto con anterioridad y denunciado ante su despacho (...).

Ante ello señor Fiscal General debo solicitarle que designe un grupo de agentes del CTI del nivel central con el fin de que viajen a la ciudad de Barranquila para que reciban del abogado Arcadio Martínez Pumarejo el dinero del ilícito que viene cometiendo (...).”.

Relaciona luego el informe ejecutivo de la policía judicial sobre la captura de Arcadio Martínez Pumarejo, de 10 de febrero de 2013, obrante a folio 7 del cuaderno de anexos Nº 3, del cual extrajo:

“El día de hoy siendo las 13:15 horas se procede a capturar en flagrancia al señor Arcadio Martínez Pumarejo por el delito de soborno en la actuación penal, en donde se le incautaron 2 black Berry y una bolsa de cartón de color roja cuyo interior había otra bolsa de cartón de a cuadros de color negro con blanco en donde al interior de la misma se encontraban dos bolsa[s] plásticas que en su interior se notaba una bastante suma de dinero en billetes de denominación $ 50.000, que al contar dicho dinero tenía la suma de $ 250.000.000 (...) (...).

El señor Edgar Ignacio Fierro Flórez hace contacto con la doctora Maritza directora del CTI (...) indicando que en estos días ya sea el sábado, domingo, lunes o martes próximos en la ciudad de Barranquilla se llevara a cabo la entrega de un dinero que le estaría ofreciendo el abogado Arcadio Martínez, en prebenda por cambiar la versión inicial que rendirá el lunes próximo en el proceso seguido contra la señora Silvia Gette por la muerte del señor Fernando Cepeda Vargas.

Indica el señor Fierro Flórez, que la entrega de ese dinero se haría por intermedio de una persona, muy posiblemente de un familiar suyo, que para poder él colaborar se hace neCésario (sic) que se realice el desplazamiento de Unidades del CTI a la ciudad de Barranquilla con el fin de comunicarse con nosotros a algún teléfono para informarnos el sitio exacto de la entrega del dinero que la cantidad es de $ 250.000.000. (...).

El día 10 de febrero de 2013 en horas de la mañana se comunica el señor Edgar Ignacio Fierro Flórez donde manifiesta que la entrega del dinero se llevara a cabo en el centro comercial Buena Vista a lo cual nos desplazamos a este lugar; siendo así el señor Fierro Flórez nos confirma que el abogado Arcadio Martínez Pumarejo se encuentra reunido con el señor Javier quien es la persona que envió para que recogiera el dinero en un local de comidas llamado Jenos Pizza en el segundo piso del centro comercial Buena Vista, por tal motivo (...) se procede a realizar la captura del señor Arcadio Martínez Pumar[e]jo. (...)

(...) se le permitió el ingreso al baño que está ubicado en el primer piso de la URI a lo cual el funcionario Nestor Estibenson Rivera Caceres lo estaba custodiando en esos momentos, el señor Arcadio Martínez Pumarejo se encerró en el sanitario y el funcionario se dio cuenta cuando levantó una lámina de icopor del cielo razo y escondió un teléfono celular, inmediatamente le solicitó que le entregara el celular y que saliera del baño y debido a que este no respondió nada, le dijo que saliera inmediatamente y le entregara el teléfono celular que había escondido en el cielo razo, entonces este señor volvió a levantar la lámina de icopor del cielo razo y saco el teléfono celular que tenía encendido pero este no abrió la puerta se le dijo nuevamente que entregara el teléfono celular en esos momentos bajó la palanca del sanitario, abrió la puerta, e intentó partir el teléfono por la mitad y ya en tono más fuerte se le dijo que entregara el teléfono inmediatamente el cual entregó sin la sim card”.

Se relaciona luego la entrevista de policía judicial realizada el día 10 de febrero de 2013 a David Mostacilla Silva, visible a folio 29 del cuaderno anexo 3, quien era la persona que se encontraba con el señor Arcadio Martínez Pumarejo en el momento de la captura, de la cual se consignó:

“El señor Edgar Ignacio Fierro Flórez quien se encuentra detenido en la cárcel la picota por el delito de paramilitarismo hace aproximadamente siete años, me hizo una llamada a mi celular 3016739988 y me solicitó que fuera a la cárcel picota a visitarlo porque tenía algo muy importante que comunicarme, yo fui a visitarlo el día sábado 9 de febrero del año en curso y entré a la cárcel a las once de la mañana, y el señor Edgar Ignacio Fierro Flórez me pidió el favor que viajara a Barranquilla para entrevistarme con el señor abogado Arcadio Martínez Pumarejo quien me iba a entregar la suma de (...) $ 250.000.000, los cuales le ofrecieron pagarle por cambiar la versión que Edgar Ignacio había dado dentro del proceso seguido por la muerte del señor “Armando” Cepeda Vargas, me contó que el abogado Arcadio Martínez había ido a la cárcel la picota a hacerle este ofrecimiento y que dicho dinero lo dio la señora Silvia Gette Ponce (...) todo esto me lo contó al detalle Edgar Ignacio ayer cuando ful (sic) a visitarlo, Edgar Ignacio me hace llegar la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) con un amigo de él y con eso compré un blackberry para comunicarme con el abogado por medio de ping porque no tenía el número del abogado, posteriormente yo viaje a la ciudad Barranquilla el día de ayer sábado nueve de febrero a las nueve de la noche por la aerolínea Avianca, y en la mañana del día domingo 10 de febrero del año en curso, le hago una invitación al ping de la blackberry del señor abogado Arcadio Martínez Pumarejo, 27556814, quien me aceptó la invitación aproximadamente a las once de la mañana y después de hablar y tratar de coordinar la cita me dijo que fuera a la casa de él y me mando un ping con la dirección de la casa que es carrera 56 Nº 82-104 edificio Lalique, yo le dije que no podía que era mejor en la cafetería del éxito del centro comercial buena vista al norte de la ciudad que me sentía más tranquilo por instrucciones de Edgar Ignacio Fierro y en eso quedamos, (...) regresa con la bolsa que le regalaron en el almacén de calzado con algo adentro y el señor Arcadio me comenta que hay (sic) va la plata, de ahí seguimos caminando y nos vamos a la plazoleta de comidas del centro comercial nos sentamos en la mesa de negocio jen nos pizza, (...) él me entrega el paquete y me dice que ahí hay doscientos cincuenta millones de pesos (...)”.

Lo anterior se soporta con lo visible a folio 34 del cuaderno de anexo 3, esto es, el acta de 10 de febrero de 2013, en la que se indica la incautación al señor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, de dos BlackBerry con seriales Nº 367174049373642 y 358566040663278.

Analizó también el a quo lo obrante a folio 32 del c. anexo 3, entrevista de policía judicial realizada a Néstor Estibenson Rivera Cáceres de 10 de febrero de 2013, quien sobre el incidente ocurrido con el capturado Martínez Pumarejo coincide totalmente con lo consignado en el informe de policía judicial ya relacionado.

Con relación a la diligencia de indagatoria del señor Edgar Ignacio Fierro Flórez alias “Don Antonio”, de 11 de febrero de 2013, visible a folio 63 del cuaderno anexo 3, resaltó los siguientes apartes que interesan a la investigación:

“Mensualmente los comandantes de comisión se reunían conmigo y rendían los informes respectivos de finanzas, de gastos y así mismo, de operaciones realizadas durante el mes, es decir, de los asesinatos”.

“Si mi organización llevaba un registro de las operaciones y asesinatos por comisiones, estos eran entregados por cada uno de las comisiones a mi como comandante del frente y así mismo yo se los reportaba al señor Rodrigo Tovar comandante del bloque. Esa información la almacenaba en un computador donde indicaba el nombre, la fecha del hecho, el motivo por el cual había sido asesinada esa persona, la comisión que había cometido el hecho. Solamente yo cuidaba esa comisión” (...).

“Esta denuncia está relacionada con unas visitas que recibí de parte del señor Arcadio Martínez quien manifestaba que venía en representación de la señora Silvia Gette y donde el señor Arcadio me ofrece quinientos millones de pesos para que cree una duda, o para que deje una duda sobre la autoría intelectual de la señora Silvia Gette en el homicidio de Fernando Cepeda, además de quinientos millones de pesos adicionales para que manifestara en esta diligencia, que el abogado Abelardo De La Espriella había mandado a una persona de nombre Daniel Peñaredonda para que me mantuviera en la versión de que di ante la Fiscalía 12 de Justicia y Paz”, esta denuncia fue radicada el 24 de enero de 2013 y posteriormente el 31 de enero de 2013, se radica una solicitud ante los mismos despachos para que se designe un grupo de agentes del CTI que viajen a la ciudad de Barranquilla y reciban 250 millones de pesos, como abono a los mil millones que la señora Gette estaba ofreciendo”.

A folio 119 del cuaderno de anexo 3, se encuentra el informe del investigador de campo de la policía judicial de 20 de enero de 2014, donde se incorporó la transliteración realizada por acústica forense mediante el programa Kaesar, sobre la grabación del dialogo sostenido por alias “Don Antonio” con el señor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo del que se extrajo en la providencia apartes relevantes que dan cuenta de las conductas reprochadas penalmente al abogado.

Se relaciona luego el oficio RU-8158 de 24 de julio de 2015, con el que el Centro de Servicios Judiciales del sistema penal acusatorio de Bogotá remite copia de las actas de las audiencias del juicio oral del proceso 0800160010552013-01045, que por el delito de soborno se siguió contra el disciplinado, donde aparecen entre otra, las declaraciones de los señores David Mostacilla y Edgar Ignacio Fierro Flórez. Se consignó que puestas de presente las conversaciones, durante la audiencia de juicio adelantado contra el aquí disciplinado, “Don Antonio”, dijo:

“A la pregunta del defensor si recuerda qué habló con el doctor Martínez en el mes de diciembre de 2012, contestó:

“De la propuesta que él me estaba haciendo, el dinero que iba a entregar, Silvia Gette para dejar la duda en el proceso”.

A la pregunta de la Fiscal de cuántas grabaciones hizo con el doctor Arcadio Martínez, contestó:

“Una sola que fue la que entregué a la Fiscalía con la denuncia”

“Eso fue lo que me manifestó el doctor Arcadio que había que dejar la duda para sacar a Silvia Gette de ese proceso, en qué sentido, en vincular, como ya habían hecho eso con chiqui, porque a chiqui lo pusieron a decir eso exactamente, que quien había mandado a asesinar a Fernando Cepeda no era Silvia Gette sino maría paulina ceballos, eso también quería el doctor Arcadio que yo dijera básicamente eso, sembrar la duda (…)”.

A la pregunta de si la grabación fue el 18 de enero porque aparece instaurada la denuncia el 24, contestó:

“Yo estoy preso estoy privado de la libertad mientras yo elaboraba el documento, mientras mi abogado podía sacar tiempo para venir a recogerlo y presentarlo en la Fiscalía creo que 5 0 6 días es apenas el tiempo que tiene uno privado de la libertad y con todas las limitantes que tiene uno para presentar denuncias y presentar documentos”.

Se le indica, que como quiera que en la conversación que adelantara con Arcadio Tobías Martínez, manifestó que adicionalmente le hicieron otro ofrecimiento referido a la vinculación de las aquí reconocidas víctimas Abelardo De La Espriella y alguien de apellido Peñarredonda, en qué términos de dio ese ofrecimiento, contestó:

“Estábamos hablando del tema, tengo entendido que ellos tenían un problema, Arcadio y Abelardo De La Espriella, había escuchado en una emisora de radio de Barranquilla una discusión bastante acalorada entre estos dos personajes y ese ofrecimiento me lo hace él que, me dice que él puede conseguir otra cantidad para vincular a ese abogado, para decir que ese abogado fue a visitarme a decirme o a proponerme que me mantuviera en lo que había dicho inicialmente a la versión de justicia y paz”.

Se pasa luego a revisar la declaración del señor David Mostacilla Silva, recibida el 19 de marzo de 2015, quien manifestó conocer al señor Edgar Ignacio Fierro Flórez pues son amigos y familiares. A la pregunta si lo visitó en febrero de 2013, dónde y con qué fin, señaló: “si en la cárcel la picota (...) me llamó para pedirme un favor (...) ir a recoger un dinero a la ciudad de Barranquilla (...) $ 250.000.000 (...) que eran de un soborno que le estaban ofreciendo a él para que cambiara la versión.”.

A la pregunta, quién le estaba ofreciendo el soborno, indicó que Edgar Ignacio Fierro Flórez “se había entrevistado con un señor Arcadio Martínez y, por medio de una señora llamada Silvia Gette (...) él me lo comentó en esa oportunidad (...) me dijo que le hiciera ese inmenso favor, y yo le dije que pues era demasiado dinero y que era un favor muy grande que me estaba pidiendo, él acostumbra pedirme favores pero no de esa índole (...) yo le dije que si era importante para él (...) traté al máximo de decirle que si era imperativo ese favor y él me dijo que si (...) al ver eso (...) yo acepté, listo está bien yo lo apoyo y le voy hacer el favor (...) eso fue para el nueve de febrero de 2013, eso fue un sábado eso son los días que hay visitas de los hombres para la cárcel de la picota (...) ese día hubo visita y me vi con él”.

Se le interroga cómo haría para recoger el dinero, y respondió “debía comunicarme con una persona en Barranquilla que era la que me iba hacer la entrega del dinero, era el señor Arcadio Martínez e íbamos a comunicamos por medio de un blackberry para que ahí acordáramos la entrega del dinero y todo el proceso, yo le comenté que pues para mí era complicado eso y que si había algún problema de algún delito o algo así, y me dijo que no, que todo eso tenía conocimiento la Fiscalía y que iba ir acompañado con unos integrantes de ellos, (...) Edgar le dijo que iba un familiar con el nombre Javier, ante el señor Arcadio mi nombre era Javier (...) esa misma noche viajé yo a la ciudad de Barranquilla (...) me citaron al puente aéreo que ahí iban haber unos señores de la fiscalía y que ellos me iban acompañar, entonces, efectivamente nos encontramos esa misma noche y ahí volamos todos juntos (...) llegamos a la ciudad de Barranquilla tipo 10, 11 de la noche ese sábado 9 de febrero (...) al día siguiente la idea era que yo hiciera contacto con el señor Arcadio por medio del blackberry para que coordináramos la entrega del dinero, pues ahí me hicieron unas recomendaciones los señores de la Fiscalía y pues me dijeron que estuviera tranquilo que siempre iba a estar como acompañado por parte de ellos y al día siguiente entonces estuve pendiente de que pudiéramos tener contacto (...) en las horas de la mañana tuve contacto con él”.

A la pregunta, qué le dijo al señor Arcadio, indicó: “que ya me encontraba en la ciudad de Barranquilla que dónde nos podíamos encontrar (...) él dice que listo, me dio la dirección del apartamento de él y me dijo que nos encontráramos en el apartamento de él (...) pero me dirigí a un centro comercial de Barranquilla (...) los señores de la fiscalía me decían que no podía irme al apartamento del señor porque ahí no podrían ellos ver, no podrían entrar a la casa a coger el dinero que tenía que ser en un sitio público, entonces nos dirigimos a un centro comercial llamado Buena Vista y quedamos de encontrarnos en una cafetería del éxito de ese centro comercial (...) me quede de encontrar con el señor Arcadio Martínez (...) a las 11 de la mañana (...) yo le dije como iba vestido y él me dijo como iba vestido (...) ahí nos charlamos el me comento que había salido un poquito tarde porque había estado en un concierto (...) que si nos íbamos a la camioneta que estaba en el parqueadero y que ahí me entregaban el dinero (...) yo le dije que no, porque la Fiscalía me recomendó que no saliera del centro comercial (...) ahí entramos en conversación (...) él me dice que vamos a la camioneta y yo le dije que no, que mejor en un sitio público, él me dice que lo acompañe, yo lo acompaño caminamos hacia el parqueadero, yo lo acompaño hasta la escalera (...) ahí espero un rato él regresa con una bolsa y me dice que nos dirijamos a la plazoleta de comidas (...) después vamos hasta allá”.

A la pregunta, en qué momento y quien entregó el dinero, señaló “en el momento en que estamos ahí en la pizzería de Jennos Pizza (...) me lo entrega el señor Arcadio Martínez”.

Resalta la primera instancia que todas estas pruebas fueron analizadas y valoradas por la Juez 34 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en el proceso con radicado Nº 0800160010552013-01045, que por el delito de soborno en actuación penal se siguió contra el disciplinado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo y Sivia Beatríz Gette Ponce, al momento de proferir la sentencia de primera instancia de 24 de agosto de 2015, en la cual ambos fueron condenados al hallarlos responsables del punible de soborno en la actuación penal, precisando la titular del despacho judicial de conocimiento en la sentencia condenatoria, que:

“En diciembre de 2012 y enero de 2013 el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo visitó a Edgar Ignacio Fierro Flórez alias ““Don Antonio”” en la cárcel la picota de Bogotá manifestándole que Silvia Beatríz Gette Ponce le ofrecía $ 500.000.000 para que cambiara su versión rendida en Justicia y Paz donde él la había señalado como determinadora de Cepeda Vargas y en su defecto declarara en el proceso penal que por esa muerte adelantaba la Fiscalía General de la Nación que quien lo había mandado asesinar era María Paulina Ceballos de ese modo, se plantearía la duda si había sido Ceballos Pardo o Gette Ponce la determinadora de ese homicidio, ofreciéndole $ 500.000.000 más para que en ese mismo proceso declarara que el doctor Abelardo De La Espriella por intermedio del doctor Daniel Peñaredonda le mandaba a decir que se mantuviera en su versión inicial rendida en Justicia y Paz.

Edgar Ignacio Fierro Flórez, rechazó el ofrecimiento tal mencionado, acordando con el emisario de Gette Ponce dejar la duda en dicha investigación como era diciendo él que Jorge Palacios quien ya había fallecido era quien le había contado esos hechos, de ese modo nada le constaba directamente, y Gette Ponce salía bien librada de ese proceso, esos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nacional por Fierro Flórez, aportando en la denuncia un CD en el que se encontraba grabada la conversación sostenida entre él y Martínez Pumarejo donde se le ofreció el dinero en comento, posteriormente y en escrito adicional el denunciante avisó al ente instructor de la entrega de $ 250.000.000 que se le iba hacer por parte de Gette Ponce a través de Martínez Pumarejo como parte de pago del dinero acordado por el cambio de su versión el día 10 de febrero de 2013 en la Ciudad de Barranquilla, a su emisario David Mostacilla Silva, esto lo hizo Fierro Flórez con el fin de que se procediera a dar captura a Martínez Pumarejo como así sucedió, aprensión que se realizó a las 13:15 horas del 10 de febrero de 2013 en el Centro Comercial Buena Vista segundo piso local de comidas Jen nos Pizza (sic) por los investigadores del CTI, (...) incautándole una bolsa de cartón que contenida $ 249.450.000 en billetes de $ 50.000 y dos teléfonos celulares uno de ellos sin batería y sim card, elemento último que Martínez Pumarejo arrojó al inodoro del baño sitio donde también intentó esconder en su techo el celular y al ser descubierto por quien lo custodiaba pretendió partirlo ofreciéndole dinero a este por su silencio”.

La titular del Juzgado 34 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, encontró demostrada la culpabilidad del abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo y la señora Silvia Beatríz Gette Ponce, con los elementos materiales probatorios en las diligencias, como la Incautación de dos celulares al procesado, el estudio técnico realizado a estos; la incautación de 4989 billetes de $ 50.000 llevada a cabo a Martínez Pumarejo el 10 de febrero de 2013 en la ciudad de Barranquilla; las visitas de David Mostacilla Silva a Edgar Ignacio Fierro Flórez, el 9 de febrero de 203 el 16 de febrero de ese mismo año y en 6 ocasiones más entre el primero de junio de 2012 y el 20 de febrero de 2013, y la declaración bajo la gravedad del juramento clara y contundente del último de los citados.

Así, concluyó la Juez 34 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá que de “las pruebas atrás relacionadas resulta evidente para el despacho que efectivamente Silvia Beatríz Gette Ponce, a través de Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, si ofreció a Edgar Ignacio Fierro Flórez $ 1.000.000.000 para que en la actuación penal que se adelantaba por la muerte de Cepeda Vargas faltara a la verdad como era declarando allí que quien lo había mandado a matar era su esposa María Paulina Ceballos y no Gette Ponce, como lo había dicho en Justicia y Paz, además, para que declarara en ese mismo proceso que el doctor Abelardo De La Espriella por intermedio del doctor Peñarredonda le había mandado a decir que se mantuviera en su declaración inicial, esto es, en que era Gette Ponce quien había mandado a matar a Cepeda Vargas, destaca el juzgado que el dinero aquí ofrecidos por los procesados a Fierro Flórez, no fue para que en justicia y paz cambiara su versión inicial, sino que ese dinero se le prometió fue para que en la actuación penal que se adelanta por la muerte de Cepeda Vargas, faltara a la verdad. (...) Mírese que los $ 250.000.000 como cuota inicial para que faltara a la verdad se los entregaron a Fierro Flórez los sujetos activos de la infracción un día antes de que él rindiera indagatoria pues la entrega se hizo el 10 de febrero de 2013 y la indagatoria se recibió al otro día 11 del mismo mes y año, hecho que corrobora aún más la tesis de este juzgado en que Fierro dice la verdad de dicho ofrecimiento de dinero pues había un interés de Gette Ponce para que faltara a la verdad que se dijo antes.”.

Con base en los anteriores argumentos el Juzgado 34 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, condenó a Arcadio Tobías Martínez Pumarejo a la pena principal de setenta y ocho (78) meses de prisión y multa consistente en cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigente, en calidad de autor penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal.

Sentencia que fue apelada por la bancada de la defensa y conocida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que mediante sentencia de fecha 11 de abril de 2016, M.P. doctor Dagoberto Hernández Peña, fue confirmada en su integridad.

Se indica en la mencionada providencia por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá:

“Suficientes se estiman estos fundamentos para concluir que los medios de pruebas analizados, legal y oportunamente allegados al proceso, acreditan que Arcadio Tobías Martínez Pumarejo entre diciembre de 2012 y enero de 2013, realizó visitas al centro de reclusión donde permanecía Edgar Fierro y le manifestó el ofrecimiento que le hacía Silvia Gette para que al concurrir al proceso penal adelantado por el homicidio de Fernando Cepeda, la desvinculara de cualquier participación en el crimen. Igualmente, que un día antes de que tal comparecencia se llevara a cabo, Martínez Pumarejo en la ciudad de Barranquilla, cumpliendo con lo acordado con el soborno, se reunió con el emisario de este, David Mostacilla y le entregó $ 249.450 en efectivo.

Vistas así las cosas, la prueba de cargo, analizada conforme postulados legales y constitucionales, en su conjunto de acuerdo con el sistema de persuasión racional, permite edificar mentalmente lo ocurrido, sin desviaciones o imprecisiones que la desvirtúen, y, con la fidelidad fortalecida por las circunstancias que rodearon la captura del procesado.

(...).

Conforme a tal apreciación del caudal probatorio, se arriba al convencimiento de la responsabilidad penal de Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, en la conducta punible por la que se procede, de donde deviene imperativo confirmar el fallo dictado en su contra”.

Luego del material probatorio relacionado y analizado, concluyó la sala a quo, entre otras, que

“(…) el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo actuando en su calidad de abogado, como ya quedó demostrado, concurrió a la Cárcel la Picota de la ciudad de Bogotá entre los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013 a visitar al señor Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, como dan cuenta los libros de registro de ingreso de abogados al penal, y como de igual manera lo mencionó el denunciante señor Edagar Ignacio Fierro Flórez y que el propio abogado disciplinado ha reconocido como cierto.

De igual manera se ha logrado demostrar con los medios probatorios analizados en su oportunidad, que precisamente iba como representante de la señora Silvia Beatríz Gette Ponce, quien le mandaba a ofrecer $ 500.000.000 para que en la actuación penal que se le adelantaba por la muerte de Fernando Cepeda, declarara que ella no era quien lo había mandado a asesinar, sino que era María Paulina Ceballos Pardo, además, le ofreció $ 500.000.000 para que en ese proceso vinculara al doctor Abelardo De La Espriella y al doctor Daniel Peñaredonda declarando que este último nombrado le había dicho que el doctor Aberlardo De La Espriela le había mandado a decir que se mantuviera en la versión, pues obsérvese que se cuenta con la denuncia y posteriores ampliaciones de la misma, las cuales ya fueron motivo de valoración por la jurisdicción penal, en la que indica “que la señora Silvia Gette ha querido desviar la investigación por el asesinato del señor Fernando Cepeda; el 18 de enero del presente año el abogado Arcadio Martínez Pumarejo vino en nombre de Silvia Gette a ofrecerme 500 millones de pesos para que creara duda sobre la autoría intelectual de esa señora en el crimen de Fernando Cepeda para que le echara la culpa a la esposa del muerto”. “El doctor Arcadio me insistió en que para quitarle credibilidad a mi versión inicial era necesario que dijera que a mi nada me constaba personalmente que todo lo que yo sé sobre el crimen de Fernando Cepeda me lo dijo el abogado Jorge Palacios que está muerto”, “también me ofreció insistentemente otros 500 millones para que dijera que el abogado abelardo de la espriella había mandado a una persona de nombre Daniel Peñaredonda a decirme que mantuviera en mi versión de que Silvia Gettea había mandado a matar al señor Cepeda”.

Comparó luego la magistrada de primera instancia las declaraciones rendidas por el señor José Benito Cadrazco Salcedo en los apartes que interesan a esta investigación, a fin de establecer si le asistía razón al disciplinado cuando manifiesta que esta prueba es fundamental para exonerarlo de toda responsabilidad de los hechos que acá se le investigan y para dejar sin piso jurídico la queja disciplinaria impetrada en su contra, y concluyó:

En ese orden de ideas, observa la sala que el testigo es coincidente en sus dos declaraciones al afirmar que conoció a Silvia Gette porque fue su consejero espiritual, por lo que se hicieron muy buenos amigos, que el día que capturaron al abogado Arcadio Martínez, se comunicó con Silvia Gette, en una declaración dijo que fue al apartamento y en otra que lo hizo por teléfono, pero en las dos coincide en que la señora Silvia Gette le manifestó que no la fuera a regañar que ya todo el mundo lo había hecho, que “el diablo metió la cola” y que desde ahí no supo más de ella.

De igual manera, observa la sala que en las dos declaraciones el testigo narra en detalle acontecimientos sociales, familiares y personales de la señora Silvia Gette, así como en la primera declaración narra hechos puntuales relacionados con las circunstancias que rodearon el acontecer delictual respecto del punible de soborno. Pero en la segunda declaración el testigo manifiesta no tener conocimiento de nada relacionado con el homicidio del señor Fernando Cepeda y de los hechos relacionados con el punible de soborno, pero sí manifiesta que tan pronto se enteró de la captura de Arcadio Martínez se comunicó por teléfono con Silvia Gette para preguntarle qué había pasado y esta dijo que no la fuera a regañar que el diablo metió la cola, siendo esto coincidente, se reitera, con lo afirmado en la primera declaración.

De otro lado, si bien en la declaración rendida ante la Fiscalía 10 Delegada de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, manifiesta que todo lo dicho en la declaración extraporceso no es verdad porque firmó sin leer, lo que no se explica de una persona letrada pues como él mismo lo manifestó antes de ingresar a la universidad fue sacerdote y se retiró por problemas con el arzobispo, a más de que no dio una explicación creíble de por qué lo hizo con personas que apenas conocía y tampoco dio explicación creíble del porqué en la oficina de Abelardo De La Espriella conocen tantos detalles de la vida, social, familiar, personal de Silvia Gette si no es porque él mismo lo refirió pues según cuenta duró como tres meses en constante comunicación con ellos.

Además téngase en cuenta que este testigo refiere que la señor Orietta Martínez lo llama para comunicarle que había sido despedido de la universidad y que se abstenga de acercarse a la universidad porque no lo quieren ver por allá y corre peligro su vida y eso que se oculta y posteriormente concurre a la oficina del abogado Abelardo De La Espriella, lo que significa que estaba siendo amenazado mucho antes de hacer contacto con la oficina de Espriella Lawyers Interprise SAS.

Es así, que esta sala no le da credibilidad al dicho de este testigo, pues al parecer acostumbra a faltar a la verdad con el fin de quedar bien con todos, en razón posiblemente al miedo que dice lo ha venido embargando por estar constantemente en estado de amenaza.

Restó valor probatorio al dicho de la señora María Paulina Ceballos, quien según el disciplinado y el defensor de confianza permitía establecer los inconvenientes suscitados entre el quejoso y esta señora que terminaron con la revocatoria del poder por parte de esta al abogado De La Espriella: consideró la sala que esto no interesa a este caso, toda vez que los inconvenientes presentados entre estas persona no es el motivo de esta investigación disciplinaria, a más de que la señora Paulina en su ampliación de indagatoria, manifestó no saber nada sobre el soborno, no conoce al abogado Arcadio Martínez solo de vista en las audiencia, no conoce a alias “Don Antonio” por lo que su declaración para nada incide en esta investigación disciplinaria.

Sobre la prueba sobreviniente relacionada con el testimonio presentado por la señora Silvia Gette ante la sala homóloga de la ciudad de Barranquilla, en el que manifiesta que todo lo dicho por el señor Fierro Flórez es completamente falso, un complot urgido “Don Antonio” y Abelardo De La Espriella para involucrarla a ella en un delito en el cual nunca fue partícipe, además, el doctor Arcadio Martínez no era su abogado, con el único fin de sacarla a ella del frente de la Universidad Autónoma del Caribe, la sala a quo le restó credibilidad porque al igual que el disciplinado fue condenada como determinadora del delito de soborno en actuación penal, luego su testimonio está claramente parcializado.

Encontró el a quo con las probanzas analizadas, prueba suficiente conducente a la certeza exigida en la norma de que el abogado Arcadio Martínez Pumarejo sí ingresó a la Cárcel la Picota de la ciudad de Bogotá en los meses de diciembre de 2012 y el 18 de enero de 2013 a entrevistarse con el señor Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, precisándole ir como abogado y como representante de la señora Silvia Beatríz Gette Ponce, quien le mandaba a ofrecer quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) para que en la actuación penal adelantada por la muerte de Fernando Cepeda, declarara que ella no era quien lo había mandado a asesinar, sino María Paulina Ceballos Pardo; o para que en su defecto, sembrara la duda sobre la participación de Silvia Gette en el mencionado homicidio. Además, le ofreció $ 500.000.000 para vincular en ese proceso al doctor Abelardo De La Espriella y al doctor Daniel Peñaredona, declarando que este le había dicho que el doctor Abelardo De La Espriella le mandaba a decir que se mantuviera en la versión entregada inicialmente en Justicia y Paz, donde señaló a Gette Ponce como la determinadora del homicidio de Cepeda Vargas, pues de ese modo se plantearía la duda si fue Gette Ponce o Ceballos Pardo la autora de ese homicidio, acordando el pago inicial de la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000.000) en la ciudad de Barranquilla por intermedio del señor David Mostacilla, hecho que se concretó el 10 de febrero de 2013, fecha en la cual el profesional del derecho aquí investigado fue capturado en flagrancia como resultado del operativo que fue diseñado y ejecutado por funcionarios del CTI de Barranquilla con apoyo de funcionarios de esta ciudad.

El acto fraudulento en que incurrió el abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, consistió en haber ingresado el 18 de enero de 2013 al Establecimiento Carcelario “La Picota”, con el único fin de sobornar al señor Edgar Ignacio Fierro Flórez, privado de la libertad bajo la ley de justicia y paz, para que cambiara su declaración, pues era la persona que había declarado en contra de la señora Silvia Gette en el proceso de homicidio del señor Fernando Cepeda, y refirió que en calidad de Comandante del Frente José Pablo Díaz del bloque Norte de las Autodefensas tuvo conocimiento de que Silvia Gette Ponce estaba ofreciendo ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), para ejecutar a Fernando Cepeda.

“Es por ello que el abogado Martínez Pumarejo, cuando visitó en el penal a alias “Don Antonio” lo ASESORÓ para que dijera en su indagatoria la que se llevaría a cabo el lunes siguiente, que no le constaba que la señora Silvia Gette había sido la persona que estaba ofreciendo esa suma de dinero por la muerte del señor Cepeda sino que se lo había escuchado al abogado Jorge Palacios, quien estaba muerto.

Por lo que para esta sala existe certeza que se configuró el elemento del tipo disciplinario ACONSEJAR, que según la doctrina significa “inspirar algo en alguien, sugerir como conveniente a sus intereses”.

Sostuvo, que como lo manifestó alias “Don Antonio”, al principio la propuesta del abogado Arcadio Martínez era desvincular totalmente a la señora Gette de la investigación penal y adjudicar la responsabilidad a Paulina Ceballos, pero se negó aceptar porque no podía cambiar su declaración toda vez que en el evento de ser descubierto sería acusado por falso testimonio y no le convenía en razón a que estaba sometido a la ley de justicia y paz y perdería todos los beneficios, razón por la que el abogado disciplinario lo aconsejó para no rectificar su declaración sino simplemente sembrar dudas respecto de la participación de Silvia Gette en la comisión de ese delito; de igual manera lo aconsejó para declarar que el abogado Abelardo De La Espriella, quien era el apoderado de la víctima María Paulina Ceballos, había enviado a un integrante de su firma de nombre Daniel Peñaredonda para mantener sus manifestaciones y con ello sembrar aún más dudas sobre quién en realidad había pagado para que se produjera el homicidio de Fernando Cepeda, si Silvia Gette o María Paulina Ceballos.

También existió certeza para la sala a quo que se configuró el elemento del tipo disciplinario patrocinar, que según la doctrina significa “proteger, amparar, favorecer, apoyar o financiar una actividad.”.

Ello, por cuanto el abogado disciplinado, al momento de asesorar a alias “Don Antonio” para que sembrara dudas de la participación de la señora Silvia Gette Ponce en el homicidio de Fernando Cepeda, lo hizo con la única intención de proteger, amparar a la señora Gette Ponce, pues estaba siendo claramente señalada por Edgar Ignacio Fierro Flórez alias “Don Antonio”, como la persona que pagó la suma de ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) para la comisión del homicidio y por tal razón estaba vinculada al proceso penal como determinadora y se requería lograr generar dudas sobre su participación en el crimen y por tanto era preciso, necesario que en la nueva declaración que iba a rendir alias “Don Antonio” este la liberara de tal situación, toda vez que en su condición de Comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia con operación en el Atlántico, era poseedor de información directa relacionada con la muerte de Fernando Cepeda.

También existe certeza para la sala a quo de la configuración del elemento del tipo disciplinario intervenir, que según la doctrina significa “tomar parte en un asunto”, por cuanto

“(…) quedó demostrado que el abogado Arcadio Martínez Pumarejo, participó activamente en los actos fraudulentos, pues fue quien ingresó a la Cárcel la “Picota”, en el mes de diciembre de 2012 y el 18 de enero de 2013, en calidad de abogado a visitar a Edgar Ignacio Fierro Flórez con el fin de ofrecerle la suma de $ 500.000.000 para que cambiara lo por él dicho en la investigación que por el homicidio del señor Fernando Cepeda se adelantaba en la Fiscalía, y como en principio ““Don Antonio”” no aceptó el ofrecimiento, lo aconsejó para que no se retractara de lo ya dicho, sino que en la próxima indagatoria expusiera hechos que sembrarán dudas sobre la participación de Silvia Gette Ponce en el crimen que se investigaba, y también le ofreció otros $ 500.000.000 para que involucrara al abogado Abelardo De La Espriella.

De otro lado, téngase en cuenta que el abogado Arcadio Martínez Pumarejo además de intervenir activamente en los actos fraudulentos al haber ingresado al Establecimiento Carcelario para proponerle a alias “““Don Antonio””” mentirle a la justicia, también tomó parte en el asunto al encargarse de entregar la mitad el dinero acordada, o sea la suma de $ 250.000.000 a un emisario de ““Don Antonio”” en la ciudad de Barranquila, culminando de esta forma con la perpetuación de los actos fraudulentos, pues haciéndole creer ““Don Antonio”” que había aceptado el ofrecimiento de los mil millones de pesos acordaron que iniciaría entregándole la suma de $ 250.000.000, los cuales debían ser entregados a un familiar de nombre David Mostacilla Silva en la ciudad de Barranquilla, pero en realidad se trataba de un operativo de funcionarios del CTI para capturarlo en estado de flagrancia cuando entregaba el dinero, porque como bien lo ha manifestado de manera reiterada Edgar Ignacio Fierro Flórez alias ““Don Antonio””, a él no le convenía aceptar el ofrecimiento hecho por el doctor Arcadio Martínez Pumarejo porque al ser descubierto perdería los beneficios de la ley de Justicia y Paz, y en esos momentos era más importante la libertad que el dinero así este le hiciera falta”.

En relación con otro de los ingredientes del tipo, determinado por el término en detrimento de intereses ajenos, concluyó que afectó de manera directa los intereses de los abogados Abelardo De La Espriella y Daniel Peñaredonda y de la señora María Paulina Ceballos Pardo. Como se analizó, el ofrecimiento realizado por el disciplinado Martínez Pumarejo al desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, Edgar Ignacio Fierro Flórez, se hizo con el fin de amparar, proteger a la señora Gette Ponce. De igual manera, afectaba los intereses de la señora María Paulina Ceballos, pues era la cónyuge de la persona contra quien se perpetuó el delito de homicidio y por tanto una de las víctimas en el proceso de soborno en actuación penal, siendo su interés como víctima el esclarecimiento de los hechos para que el homicidio de su esposo Fernando Cepeda no quedara impune.

“Y es que recuérdese además, que en principio una de las propuestas del abogado Arcadio Martínez Pumarejo para la cual estaba ofreciendo dinero, era la exoneración de toda responsabilidad de la señora Silvia Gette en el hecho criminal para lo cual debía inculpar del mismo a María Paulina Ceballos, luego la conducta del abogado, sería en este caso también, en detrimento de los intereses esta señora.

Ahora, se dijo también en el pliego de cargos que la conducta del abogado disciplinado, fue de igual manera en detrimento de los intereses de los abogados Abelardo De La Espriella y Daniel Peñaredonda, pues recuérdese que otra de la propuesta que le hiciera el abogado disciplinado al señor Edgar Ignacio Fierro Flórez, para lo cual le ofreció otros quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) era también que en su indagatoria decir que el abogado Abelardo De La Espriella había mandado Daniel Peñaredonda, abogado integrante de su firma, para que se mantuviera en su dicho de inculpar a la señora Silvia Gette Ponce como la persona que ofreció los cientos cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) para asesinar a Fernando Cepeda, lo cual sin ningún tipo de discusión afectaría la carrera de estos dos abogados, su imagen y en el peor de los casos podían estar enfrentados a un proceso por soborno.”.

Se estableció también por el a quo que la conducta del abogado se realizó en detrimento del Estado y de la comunidad, toda vez que se estaría colaborando para que la impunidad reinara en el caso penal, afectando de igual manera a la comunidad que espera justicia pronta, oportuna y eficaz.

Conducta que se le reprochó a título de dolo,

“(…) por cuanto el disciplinable, era consciente de que estaba incurriendo en un hecho constitutivo de falta disciplinaria al pretender que alias ““Don Antonio”” cambiara lo por él manifestado, en la diligencia de indagatoria que en próximos días iba a rendir, con el único fin de sembrar dudas respecto de la participación de Silvia Gette Ponce, en calidad de determinadora en el homicidio de Fernando Cepeda. Era también conocedor que de esta manera estaba engañando a la justicia al pretender comprar la conciencia del testigo, que tenía información vital para el esclarecimiento de los hechos relacionados con el homicidio de Fernando Cepeda, dada su posición en la organización de las Autodefensas Unidas de Colombia, toda vez que como comandante de uno de los bloques tenía el dominio sobre muchos de los crímenes que fueron ejecutados por esta organización. Comportamiento que es grave, por cuanto como profesional del derecho sabe que la abogacía tiene como función social colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y su principal misión es defender en justicia los derechos de la sociedad y los particulares.

Cuando contrarío a lo dicho, los abogados actúan en detrimento de intereses ajenos, como en el presente caso, donde se pretendió engañar a la justicia, debe sancionarse severamente”.

La sanción impuesta por el a quo. Luego de realizar un análisis del artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 el cual consagra que quien cometa una de las faltas allí contempladas, será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, debiéndose en consecuencia cuantificar la sanción a imponer con observancia de los criterios establecidos en el artículo 45 ibídem, y al haber trastornado el orden jurídico, lo sancionó con suspensión por dos (2) años en el ejercicio de la profesión y multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos (2013), de acuerdo al artículo 42 de la ley 1123 de 2007, la que cancelará a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

“El artículo 45 de la ley 1123 de 2007, establece que para efectos de graduación de la sanción disciplinaria se deben constituir determinados criterios generales, que para el caso que nos ocupa se cumple a cabalidad por cuanto la conducta tiene trascendencia social debido a que como abogado el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo tiene la obligación de ejercer su profesión observando las exigencias éticas contenidas en el Código Disciplinario del abogado.

Respecto de la modalidad de la conducta, debemos tener en cuenta que la conducta por la que debe responder disciplinariamente el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo se debe tener a título de dolo, toda vez que de manera consiente y voluntaria abogado aconsejó, patrocinó e intervino en actos fraudulentos al ingresar en su calidad de abogado a la Cárcel la Picota, a fin de proponerle a “alias ““Don Antonio””” mentirle a la justicia con el único fin de favorecer los intereses de Silvia Gette al lograr obtener que el testigo sembrara dudas en su declaración para así lograr exonerarla de responsabilidad en el homicidio de Fernando Cepeda en el que fue vinculada como determinadora, faltando así a la recta y leal realización de la justicia y los fines del estado.

Ahora. Como de igual manera se observa que el disciplinado no le aparecen antecedentes disciplinarios conforme al certificado expedido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que obra a folio 30 del c.o., considera la sala, que lo razonable, proporcional y neCésaria de cara a las finalidades de la sanción disciplinaria (L. 1123/2007, art. 11), es la de sanciones que para la sala resulta neCésario (sic), pertinente y proporcional, en tanto permite y cumple con la función de corrección y prevención. Y es que teniendo la abogada la defensa de los derechos de los ciudadanos, así como propugnar por la justicia y el orden social, no se concibe desde el punto de vista ético una conducta como la que ahora es objeto de juzgamiento, máxime en una sociedad como la nuestra donde día a día se deterioran los valores. Esas circunstancias hacen aconsejable sanciones como la que se ha de imponer en este evento, orientada a corregir y prevenir futuros comportamientos de los profesionales del derecho.

Además,elcumplimientodelasactividadesdelabogadodebencontribuiralbuendesarrollodelordenjurídicoyalafianzamientodelEstadosocial de derecho,dedondesedesprendequelostogadosestánllamadosacumplirunamisiónofunciónsocial(56)inherentealarelevanciadesuprofesiónqueseencuentraíntimamenteligadaalabúsquedadeunordenjustoyallogrodelaconvivenciapacífica,pueselabogadoes,engranmedida,unvínculonecesarioparaqueelciudadanoaccedaalaadministracióndejusticia(57).

Del recurso de apelación

La Procuradora 68 Judicial II Penal de Bogotá, en representación del Ministerio Público, impugnó la anterior decisión con los siguientes argumentos:

Teniendo en cuenta lo concluido por la primera instancia, que la conducta del abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo fue sumamente reprochable, de carácter doloso, toda vez que el disciplinable era consciente que incurría en una actuación constitutiva de falta disciplinaria al pretender que el señor Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, cambiara su versión en la investigación penal Nº 9704 con el fin de que creciera la duda acerca de la participación de la señora Silvia Gette en el homicidio del señor Fernando Cepeda, logrando así su posterior exoneración, la sanción debió haber sido mucho más drástica, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y necesidad, la función preventiva y correctiva que la misma debe cumplir, el fin de garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, vinculantes en el ejercicio de la profesión de abogado.

Los hechos son de tal magnitud y envergadura y fueron objeto de investigación penal, fallados en primera instancia por el Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá en contra del señor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo con sentencia condenatoria, de pena principal de setenta y ocho (78) meses de prisión y multa consistente en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), en calidad de autor, penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal, sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.

El investigado no solo ofreció dineros para beneficiar los intereses de la señora Silvia Gette, además ofreció quinientos millones de pesos más ($ 500.000.000), para que el testigo afirmara que el abogado Abelardo De La Espriella envió al doctor Daniel Peñaredonda, abogado de su oficina, con el fin de convencerlo de mantener la acusación en contra de la señora Silvia Gette sobre su participación en el homicidio del señor Fernando Cepeda.

Según el Ministerio Público, la sanción que se impone debe ser proporcional al hecho o conducta juzgada, y se debe aplicar de acuerdo al grado de culpabilidad del sujeto disciplinado y la menor o mayor gravedad de la(s) falta(s) cometida(s); lo cual no se tuvo en cuenta al ser indiscutible la gravedad de la conducta cometida por el investigado frente a una sanción desproporcionada con la trascendencia de la misma. Es evidente el reproche que debió hacerse en este caso a través de una sanción ejemplarizante, no solo para el destinatario de la misma sino para todos los profesionales del derecho como función preventiva y correctiva, contemplada en el artículo 11 de la Ley 1123 de 2007.

Por lo anterior, consideró el recurrente, se debe imponer al disciplinable la sanción más drástica, la exclusión de la profesión, o subsidiariamente la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres años de acuerdo a los criterios de dosificación de la sanción, contemplados en el artículo 45 del estatuto deontológico del abogado.

Concesión del recurso de apelación. Con auto de 30 de mayo de 2017 la magistrada a quo concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación oportunamente interpuesto, para ser desatado en esta superioridad.

Trámite en segunda instancia. Arribadas las diligencias a esta colegiatura con acta de reparto de 2 de junio de 2017(58), correspondió su conocimiento al despacho de quién hoy funge como ponente(59), quién mediante auto de 5 de junio de 2017 avocó conocimiento, solicitó acreditar los antecedentes disciplinario del abogado, ordenó correr traslado al Ministerio público e informar si contra el inculpado cursaban otros procesos en esta corporación por los mismo hechos(60).

Según certificado Nº 459534 de 7 de julio de 2017(61), de la secretaría de la sala, no aparecen registradas sanciones contra el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo. Revisado el sistema de gestión Siglo XXI, por los mismos hechos no cursa ni ha cursado otra investigación disciplinaria. Las diligencias pasaron al despacho para el respectivo pronunciamiento el 10 de julio de 2017.

El Ministerio Público. Fue notificado el 9 de julio de 2017(62), y rindió concepto con memorial de junio 27 de 2017(63) la Viceprocuradora General de la Nación:

Luego de realizar el recuento de la situación fáctica y de cotejarla con el acervo probatorio, concluyó con el a quo, la incursión del abogado Martínez Pumarejo en la falta imputada y por la que resultó sancionado. Analiza la gravedad de la falta disciplinaria cometida, a la par de la condena penal de la que también fue objeto cuyas pruebas fueron trasladadas a este proceso y valoradas en la oportunidad procesal pertinente, y estima que la sanción a imponer debió ser la exclusión de la profesión; no obstante, en virtud del principio de la no reformatio in pejus contemplado en el artículo 82 de la Ley 1123 de 2007, al existir un apelante único de la decisión de primera instancia solicita a esta colegiatura confirmar la providencia cuestionada.

Consideraciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 Constitucional Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley” (Subrayado de la sala), norma desarrollada por el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura”. (Negrilla fuera de texto), concordante con lo preceptuado en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, pues la alzada “procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia”.

Facultad constitucional y legal que se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinada. En razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, el cual dispuso que “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (…)”.

Transitoriedad que fue avalada mediante Auto 278 de 9 de julio de 2015 proferido por la Honorable Corte Constitucional, proveído que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Límites de la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del operador de segunda instancia, se circunscribe únicamente a los aspectos impugnados, por cuanto presume el juzgador que los tópicos no discutidos no suscitan inconformidad. Respecto de la órbita de conocimiento esta corporación, no goza de libertad para emitir un nuevo juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión recurrida y desatar los puntos de disenso esbozados por el apelante(64).

La Agente del Ministerio Público, presentó y sustentó recurso de apelación en el término establecido en el inciso tercero del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, el cual prescribe: “Recurso de apelación (…), se concederá en efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación (...)”, porque, como se constató a folio 472 del cuaderno original de primera instancia, la última notificación se surtió el 17 de mayo de 2017, y se presentó el escrito de impugnación el 22 del mismo mes y año.

Procederá la sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 5 de mayo de 2017, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó al abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, con suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión y multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, al hallarlo autor responsable de la falta contra “la recta y leal realización de la justicia” consagrado en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Del caso concreto. El control disciplinario otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, se ejerce sobre la conducta profesional de los abogados y tiene como objetivo primordial verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esta misión se concreta en la observancia de los deberes propios del ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas intervinientes en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. Si esos deberes son cumplidos, el ejercicio de la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Los hechos reprochados se circunscribieron en que el abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo cometió un acto delictivo al ofrecerle dinero al señor Edgar Ignacio Fierro Flórez el 18 de enero de 2013 —día en que lo visitó en la cárcel La Picota, como consta en los libros que existen en la guardia del pabellón ERE—, para ofrecerle quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) a cambio de plantear dudas acerca de la participación de la señora Silvia Gette Ponce en la muerte del señor Cepeda Vargas y de afirmar que el doctor Abelardo De La Espriella le había ofrecido la misma cantidad de dinero a través de un abogado de su firma, el doctor Daniel Peñaredonda, con el fin de que mantuviera lo dicho por primera vez en su versión; además existe certeza que ese acto fraudulento lo realizó en ejercicio de la profesión, por cuanto se encontraba representando los intereses de la señora Gette Ponce, así no existiera un poder amplio y suficiente por escrito en el que lo facultara para actuar a nombre de ella, toda vez que el ejercicio de la abogacía, como litigante, supone la actuación del profesional —dentro de un proceso judicial— dirigido a defender o a disponer de los derechos de sus representados ante los estrados judiciales o ante terceros con la capacidad de incidir en el curso de los procesos o en el sentido de las decisiones judiciales.

Ello es evidente en el presente caso: el abogado disciplinado se dirigió a un centro carcelario para sobornar al testigo conocido con el alias de “Don Antonio”, para que este faltara a la verdad y cambiara su versión inicial, con el fin de favorecer los intereses personales de la procesada Silvia Gette: es decir, aconsejó y ofreció dinero al testigo para que variara su versión y así engañara a la justicia. También se encuentra probada la sugerencia al testigo de mantener su acusación en contra de la señora Gette, sobre su participación en el homicidio del señor Fernando Cepeda, para implicar y desacreditar al quejoso, Abelardo de La Espriella y al abogado de su oficina, Daniel Peñaredonda.

El problema jurídico que se plantea con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público, se centra en establecer si en el sub examine es posible modificar la sanción de suspensión de dos (2) años impuesta por el a quo al disciplinado, para en su lugar excluírlo (sic) del ejercicio de la profesión, en virtud de la gravedad de la falta cometida, o, en todo caso, imponer una sanción más drástica.

Para dilucidar el asunto, la sala centrará el estudio en varios puntos.

1. De la gravedad de la conducta. Al igual que lo hizo la Viceprocuradora General de la Nación y la recurrente, la sala estima laxa y no proporcionada la sanción impuesta por el a quo, la que de ninguna manera se compadece con la gravedad de la falta disciplinaria cometida por el abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado.

Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...).

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.”.

Falta sobre la que se ha pronunciado la sala en múltiples ocasiones, sancionando con exclusión de la profesión a los profesionales que han incursionado en ella, insistiendo en el carácter doloso, cuyos verbos rectores son alternativos, pues a través de cada uno de ellos es posible incurrir en falta; así se tiene por ejemplo un significado de cada uno de ellos, veamos: aconsejar, es inspirar algo en alguien o sugerir como conveniente a sus intereses; patrocinar, se define como defender, proteger, amparar, favorecer, apoyar o financiar una actividad e intervenir, que es tomar parte en el asunto, a más que el tipo cuenta con ese ingrediente normativo determinado por el término de actos fraudulentos, esto es, engañoso o falaz(65).

La Corte Constitucional sobre los actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos precisó:

“Sanción disciplinaria a abogado-Consejo, patrocinio o intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos. Al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención “en actos fraudulentos” en detrimento de intereses ajenos, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado en ejercicio que resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquel tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso causen perjuicio a un tercero. En la medida en que el abogado desarrolla su actividad profesional en dos campos distintos a saber: dentro del proceso, a través de la figura de la representación judicial, y por fuera del mismo, prestando asesoría y consejo, es la conducta engañosa en esos escenarios lo que la norma acusada pretende censurar, pues no resulta lógico, ni constitucionalmente admisible, que el abogado pueda hacer uso de sus conocimientos jurídicos especializados para defraudar a personas o autoridades. Por eso, al tenor de la norma acusada, el jurista es sancionado disciplinariamente cuando auxilia, aconseja o interviene en un acto fraudulento o engañoso con perjuicio para los intereses de otro, que puede ser su poderdante o cliente, un tercero o la propia administración de justicia. Así entendido, en contraposición a la conclusión a la que llegan los actores, el concepto “actos fraudulentos” hace referencia a una conducta clara y suficientemente determinada, comprensible para los destinatarios de la norma, la cual a su vez puede concretarse razonablemente por la autoridad que tiene a su cargo la investigación y juzgamiento de la infracción, sin que quepa aducir que el proceso de adecuación típica queda abandonado al arbitrio o a la discrecionalidad del juez disciplinario para ser valorado por este libremente. En ese sentido, existe un equilibrio entre la conducta ilícita adoptada en la norma acusada y el bien jurídico que intenta proteger, lo que no permite advertir una afectación irrazonable de los intereses del disciplinado ni un exceso o abuso de poder por parte del legislador al expedir la medida prohibitiva (...).

(...).

Si ello es así, hacer uso de los conocimientos jurídicos especializados para engañar a terceros y a las propias autoridades judiciales, y no para colaborar con la justicia que es precisamente el compromiso ético y moral adquirido por el abogado, sin duda que afecta sustancialmente la lealtad que este debe a la administración de justicia en el ejercicio de la profesión. (...).

Frentealasautoridadesdisciplinarias,paralosefectosdeentraradefinireltítulodeimputaciónodeterminarlaexistenciadelaconductafraudulenta, estanorequiereentraraestablecerlaposibleocurrenciadeundelito,sinolimitarseaverificarladescripcióntípicaprevistaenlanormaacusadacontodossuselementos.Enestesentido,lacompetenciadelConsejoSuperiordelaJudicaturaydelosConsejosSeccionalesestacircunscritaúnicamenteaestablecersielabogadoinvestigadodisciplinariamenteaconsejó,patrocinóointervinoenactosfraudulentosenperjuiciodeotro,cumpliendoasíconlafunciónconstitucionalylegalqueleshasidoasignada.Conformealasconsideracionesprecedentes,laCorteencuentraqueelnumeraldelartículo52delDecreto196de1971noescontrarioalartículo256-3delaCartaniafectaelprincipiodelnonbisinidem(66). (Resalta la sala).

Ahora, el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario, tan es así que se establece como deber de los togados, el colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia, en todas sus relaciones profesionales, es más les impone la obligación de actuar con extrema honestidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas como profesionales, pues son los abogados, como máximos defensores de la justicia y del ordenamiento jurídico, los llamados a llevar como estandarte de suprema máxima de su conducta, la honestidad; pues solo con ella fortalece la credibilidad que ha depositado en él, de manera general la sociedad.”.

La falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado de que trata el artículo 33, numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, cuestiona a los profesionales que participan de alguna forma en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, y busca castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado cuando en ejercicio de su profesión resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquel tendiente a evadir una disposición legal, y a perjudicar a un tercero.

Y si bien es cierto un proceso penal dista mucho de una investigación disciplinaria, resulta relevante para este caso la investigación penal Nº 0800160010552013-01045 que el 24 de agosto de 2015 el Juez 34 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá falló en contra de los señores Arcadio Tobías Martínez Pumarejo y Silvia Beatríz Gette Ponce, al hallarlos responsables del delito de soborno en la actuación penal adelantada por el homicidio del señor Fernando Cepeda, y que el 11 de abril de 2016 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en su integridad, toda vez que los hechos relevantes para esta, son los mismos por los cuales se inició el presente proceso disciplinario, siendo la diferencia entre uno y otro el bien jurídico tutelado.

Las pruebas valoradas y analizadas en la actuación penal hicieron parte de esta investigación disciplinaria al haber sido legal y oportunamente aportadas, y tienen el carácter de pruebas trasladadas.

El reproche al togado Martínez Pumarejo no solo se circunscribe al hecho de querer representar y proteger los intereses de la señora Silvia Beatríz Gette a través de actos fraudulentos, sino afectar con ello el buen nombre de dos profesionales del derecho Abelardo De La Espriella Otero y Daniel Peñaredonda , al pretender que el señor Fierro Flórez dijera que eran ellos quienes le habían ofrecido dinero en lugar de él; la lealtad procesal, y la recta y leal realización de la justicia, se vieron afectadas por cuanto es evidente que con las dudas que pretendía sembrar el doctor Martínez Pumarejo en la investigación penal Nº 9704, buscaba impedir que no se resolviera el asunto, es decir que no se lograra esclarecer realmente quién había sido el determinante de la muerte del señor Fernando Cepeda, afectando de manera grave el curso de la administración de justicia, en un caso tan delicado como lo es el esclarecimiento de un atentado contra la vida: un homicidio.

El abogado Martínez Pumarejo desplegó acciones y gestiones positivas para que se declarara responsable a una persona ajena a los hechos, atentando de esta forma contra los derechos de la misma y traicionando su compromiso de abogado con la lealtad a una recta y cumplida justicia.

Como de forma vehemente lo expuso la representante del Ministerio Público, Viceprocuradora General de la Nación,

“Es realmente vergonzoso y penoso lo que hizo el doctor Arcadio Martínez en ejercicio de una profesión que exige decoro, rectitud y honradez, al ser los abogados los profesionales capacitados para defender los derechos de la ciudadanía y del Estado; si la comunidad no puede confiar en quienes tienen ese deber, aquellos quienes no conocen de la normativa aplicable en cada caso, cómo podrán reclamar por la vulneración de sus derechos.

La conducta fue gravísima, de trascendencia nacional al estar relacionado con el homicidio de una persona y el soborno a través del ofrecimiento de una gran suma de dinero, que se cometió con dolo porque el investigado era consciente de lo que estaba haciendo, por lo que la sanción debe ser proporcional, es decir, con los mismo efectos y magnitud, que cause recordación en la comunidad, que envíe el mensaje que ser corrupto en este país no es razón de elogio, para evitar que vengan muchos más abogados a ejercer la profesión con la falsa idea, de que sin importar la gravedad de sus actos la pena nunca será tan drástica.

Los grandes hechos deben generar consecuencias que estén a su altura, por lo que la sanción adecuada para este caso era la exclusión de la profesión, de la cual el sancionado podía obtener su rehabilitación cinco años después de la ejecutoria de la sanción una vez adelantara y aprobara los cursos de capacitación autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura, como lo consagra el artículo 108 del estatuto deontológico del abogado, por lo que es claro que no es una sanción imprescriptible y el togado que demuestre merecerlo podrá ejercer nuevamente la profesión.”.

La gravedad de los comportamientos enrostrados al disciplinado son de tal magnitud, que desdibujan la finalidad del ejercicio de la abogacía el cual se debe caracterizar por desplegar un proceder en procura de una recta y eficaz administración de justicia, a más de actuar con honradez frente a sus clientes, pues justamente se tiene como elemento axial la circunstancia que el abogado es un coadyuvante del Estado social de derecho; generó un impacto negativo en los intereses del quejoso y de la imagen que de la profesión del derecho se percibe en la sociedad, por lo que considera la sala, al igual que las representantes del Ministerio Público, que la sanción a imponer debió ser la exclusión de la profesión, congruente con lo descrito en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con los artículos 11, 13, 40, 43, 44, 46 ibídem, que a la letra rezan:

“ART. 11.—Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la profesión de abogado.”.

“ART. 13.—Criterios para la graduación de la sanción. La imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley.”.

“ART. 40.—Sanciones disciplinarias. El abogado que incurra en cualquiera de las faltas reseñadas en el título precedente será sancionado con censura, multa, suspensión exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación establecidos en este código.”.

“ART. 43.—Suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y tres (3) años.”.

“ART. 44.—Exclusión. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía.”.

“ART. 46.—Motivación de la dosificación sancionatoria. Toda sentencia deberá contener una fundamentación completa y explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción.”.

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

A. Criterios generales.

1. La trascendencia social de la conducta.

2. La modalidad de la conducta.

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.

B. Criterios de atenuación.

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

C. Criterios de agravación.

1. La afectación de derechos humanos.

2. La afectación de derechos fundamentales.

3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero.

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.

5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares servidores públicos.

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado.”.

Extraña a la sala la sanción impuesta por el a quo, de suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión y multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, si bien en la providencia recurrida inició el estudio de la sanción con el contenido del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, que consigna los criterios de graduación, asegura que se cumplen a cabalidad, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, “(…) debido a que como abogado el doctor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo tiene la obligación de ejercer su profesión observando las exigencias éticas contenidas en el Código Disciplinario del abogado”.

Con relación a la modalidad de la conducta, es acertado el criterio expuesto por el a quo, debe responder a título de dolo, “(...) toda vez que de manera consiente y voluntaria abogado aconsejó, patrocinó e intervino en actos fraudulentos al ingresar en su calidad de abogado a la Cárcel la Picota, a fin de proponerle a alias “Don Antonio” mentirle a la justicia con el único fin de favorecer los intereses de Silvia Gette al lograr obtener que el testigo sembrara dudas en su declaración para así lograr exonerarla de responsabilidad en el homicidio de Fernando Cepeda en el que fue vinculada como determinadora, faltando así a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado”.

No obstante lo anterior, a renglón seguido da tratamiento de criterio de atenuación al hecho de no contar el investigado con antecedentes disciplinarios, de donde infiere que la sanción a imponer se tornaba razonable, proporcional y necesaria, “(…) de cara a las finalidades de la sanción disciplinaria (L. 1123/2007, art. 11), es la de sanciones que para la sala resulta necesario, pertinente y proporcional, en tanto permite y cumple con la función de corrección y prevención. Y es que teniendo la abogada la defensa de los derechos de los ciudadanos, así como propugnar por la justicia y el orden social, no se concibe desde el punto de vista ético una conducta como la que ahora es objeto de juzgamiento, máxime en una sociedad como la nuestra donde día a día se deterioran los valores. Esas circunstancias hacen aconsejable sanciones como la que se ha de imponer en este evento, orientada a corregir y prevenir futuros comportamientos de los profesionales del derecho. Además,elcumplimientodelasactividadesdelabogadodebencontribuiralbuendesarrollodelordenjurídicoyalafianzamientodelEstadosocial de derecho,dedondesedesprendequelostogadosestánllamadosacumplirunamisiónofunciónsocial(67)inherentealarelevanciadesuprofesiónqueseencuentraíntimamenteligadaalabúsquedadeunordenjustoyallogrodelaconvivenciapacífica,pueselabogadoes,engranmedida,unvínculonecesarioparaqueelciudadanoaccedaalaadministracióndejusticia”. (Sic a lo transcrito).

Interpretación errónea realizada por el a quo, dado que la ausencia de antecedentes disciplinarios no es criterio de atenuación que incida en la dosificación de la sanción: sí es factor condicionante para aplicar los criterios de atenuación traídos por los numerales 1º y 2º del literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2997 ya transcrito, para imponer censura, esto es,

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. Enestecasolasanciónnopodráserlaexclusiónsiempreycuandocarezcadeantecedentesdisciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. Enestecasosesancionaráconcensurasiempreycuandocarezcadeantecedentesdisciplinarios.”.

Es racional y equitativo considerar como factor de agravación, la existencia de antecedentes disciplinarios dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la falta, en los términos del artículo 45 literal c) numeral 6º. Es decir, la existencia de antecedentes disciplinarios es circunstancia de agravación de la sanción, y la carencia de los mismos será un factor adicional a considerar para establecer la imposibilidad de excluir de la profesión al sancionado, cuando este confiese la falta cometida (art. 45.13.1 ejusdem); y siguiendo la misma línea de fundamentación, la carencia de antecedentes disciplinarios es factor adicional a considerar al ponderar la atenuante del resarcimiento del daño o la compensación del perjuicio por parte del disciplinado, caso en el cual, por expresa previsión legal, solo se podrá imponer la censura como sanción (art. 45.13.2 ejusdem).

Esto a diferencia de lo que ocurre en derecho penal, donde de conformidad con el artículo 65 del Código Penal, la carencia de antecedentes sí es circunstancia de menor punibilidad, mientras que la presencia de antecedentes penales, no es de mayor punibilidad.

2. De la reformatio in pejus. Principio general del derecho procesal y garantía constitucional que hace parte fundamental al debido proceso, artículo 29 de la Constitución Nacional.

Ella es consecuencia de la máxima latina “tantum devolutum quantum appelatum” en virtud de la cual se ejerce la competencia del juez superior. El ejercicio de las competencias judiciales radicadas en el juez natural y su límite, ambos, se suscitan y a la vez se limitan por virtud de la impugnación y las pretensiones que ella involucra. La interdicción de la reforma en perjuicio del condenado constituye, igualmente, una garantía procesal fundamental del régimen de los recursos, a su vez contenido en el derecho de defensa y en el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Al superior no le es dable por expresa prohibición constitucional empeorar la pena impuesta al apelante único, porque al fallar exoficio sorprende al recurrente.

La expresión “apelante único” del condenado —para el caso sancionado disciplinariamente—, es requisito necesario para limitar las facultades del juez de segunda instancia. Dispone el artículo 31 de la Constitución Nacional:

“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuandoelcondenadoseaapelanteúnico(68). (Resalta y subraya la sala).

Recuerda la sala que en el caso sometido a estudio, no fue el sancionado disciplinariamente quien impugnó la sentencia de primera instancia, sino la Procuradora Judicial Penal del caso, interviniente en el proceso disciplinario, cuya participación viene definida por la Ley 1123 de 2007, así:

“ART. 65.—Intervinientes. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio Público podrá hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales.”.

“ART. 66.—Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para:

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en su práctica.

2. Interponer los recursos de ley.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de sus fines, y

4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal estas tengan carácter reservado.

PAR.—El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la secretaría de la sala respectiva.”. (Resalta la sala).

De las funciones del Ministerio Público. Por mandato constitucional, le compete:

“ART. 118.—Funciones y estructura del Ministerio Público. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el defensor del pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.”.

“ART. 277.—Funciones de la Procuraduría. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones.

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.

2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.

3. Defender los intereses de la sociedad.

4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.

5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.

6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso.

9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria.

10. Las demás que determine la ley.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.”. (Resalta la sala).

Legitimada como está la representante del Ministerio Público para impugnar la decisión de primera instancia, retoma la sala el principio de no reformatio in pejus, del que en materia jurisprudencial(69), se ha dicho lo siguiente:

“La prohibición de reforma peyorativa es parte del debido proceso. (...) 7. El artículo 31 de la Constitución viene a completar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 28, 29 y 30.

La consagración en la Carta Política de la prohibición de agravar la pena impuesta al condenado cuando este es apelante único eleva a nivel constitucional la garantía de la proscripción de la “reformatio in pejus” y proyecta su aplicación al derecho penal.

Definición y alcance de la “reformado in pejus

La prohibición de la “reformado in pejus” o reforma peyorativa es un principio general del derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.N., art. 29). Ella es consecuencia de la regla ínsita en la máxima latina “tantum devolutum quantum appelatum”, en virtud de la cual se ejerce la competencia del juez superior. El ejercicio de las competencias judiciales radicada en el juez superior y su límite, ambos, se suscitan y a la vez se limitan por virtud de la impugnación y las pretensiones que ella involucra.

La interdicción de la reforma en perjuicio del condenado constituye, igualmente, una garantía procesal fundamental del régimen de los recursos, a su vez contenido en el derecho de defensa y en el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Al superior no le es dable por expresa prohibición constitucional empeorar la pena impuesta al apelante único, porque al fallar ex - officio sorprende al recurrente, quien formalmente por lo menos no ha tenido la posibilidad de conocer y controvertir los motivos de la sanción a él impuesta, operándose por esta vía una situación de indefención. (...)

La interpretación constitucional del artículo 31 de la Carta debe inspirarse en su finalidad garantista y en la primacía del derecho sustancial sobre meras consideraciones y acentos formalistas. En efecto, la expresión “apelante único”, requisito necesario para limitar las facultades del juez de segunda instancia, no hace relación exclusiva al número de recurrentes de la sentencia condenatoria, sino a la naturaleza de sus pretensiones. En el proceso penal actual son claramente distinguibles cuatro partes procesales: el acusado, la parte civil, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación. Cualquiera de las tres últimas mencionadas puede pretender legítimamente la condena del acusado; sin embargo, cuando las pretensiones de una de las partes se restringen al plano o interés económico y son, por lo tanto, pretensiones de carácter civil, el ejercicio de recursos en contra de la sentencia condenatoria no conduce a inobservar la interdicción peyorativa o reformatio in pejus, salvo en lo relacionado con dicha pretensión. No basta que el juez ad quem se limite a contabilizar el número de partes recurrentes para concluir, eo ipso la inexistencia de la prohibición constitucional por registrarse una pluralidad de apelantes. Por el contrario, el juzgador debe establecer la naturaleza de las pretensiones esgrimidas y conformar sus facultades decisorias a lo estrictamente permitido por la Constitución. Sería absurdo, y a la vez inconstitucional, acabar agravando la condena de privación de la libertad del procesado, si habiendo apelado la sentencia, el juez decide finalmente aumentar la pena principal por efecto de la pretensión concurrente, pero de naturaleza estrictamente económica, elevada por la parte civil.

Pretensiones de carácter civil y penal

La ocurrencia de un hecho constitutivo de delito genera la posibilidad de ejercer acciones penales o civiles, bien sea conjunta o separadamente. El carácter independiente de las acciones legales no condiciona la existencia de una de ellas a la extinción de la otra. Sin embargo, cuando la acción civil se interpone en el curso de un proceso penal, esto conlleva consecuencias jurídicas para su ejercicio, siendo aplicable respecto a las pretensiones de la parte civil la limitante de la reformatio in pejus.

No se produce la lesión del artículo 31 de la Constitución e indirectamente del 29, cuando existe una pretensión de signo contrario pero de igual naturaleza, ejercitada por las partes, como en el caso de que la parte civil solicite la condena y el condenado la absolución. De otra parte, la reformatio in pejus también se extiende a lo civil: al juez o tribunal de segunda instancia le está vedado decretar la responsabilidad civil que supere el límite de lo ya acordado en la primera instancia, sin obrar la correspondiente petición”(70).

“La prohibición constitucional de reformatio in pejus no admite excepciones cuando el procesado es apelante único. ‘Con el propósito de unificar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la prohibición de la reformatio in pejus consagrada en el artículo 31 de la actual Constitución, la Sala Plena (...) procede la Corle Constitucional a dictar sentencia de revisión de la decisión de instancia proferida en el trámite del proceso (...).

Es una manifestación del principio de congruencia, según el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem; Tantum devolutum quantum appellatum. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda pronunciarse, no solo debe mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquella que padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso (...).

Definición de condenado. “El término “condenado” que se emplea en el artículo 31 de la Constitución Nacional, debe entenderse como referido al sujeto procesal integrado por todos los acusados, sin importar su número y, además, por todos los defensores debidamente reconocidos, es decir, que si varios acusados o sus defensores, recurren una sentencia, todos ellos tienen la condición ya dicha y el superior no podrá agravar la pena que se les impuso en el fallo de primera instancia, salvo las excepciones legales. Tampoco podrá hacerlo respecto de los procesados no recurrentes o que se les haya declarado desierto por ausencia de sustentación. Interpretar la norma en sentido distinto, sería tanto como limitar su aplicación a los asuntos en los cuales figure un solo procesado, lo cual resulta inadmisible.

PerocuandoelfallodeprimerainstanciaesalavezrecurridoporelMinisterioPúblicooporelrepresentedelapartecivil,asísusinteresesjurídicosversensobrepuntosdiferentes,nopodrádecirsequeelprocesadotienelacondicióndeapelanteúnicoyenconsecuencia,elsuperiorpodrárevisareltallosinlimitaciónalgunaytomarlasdeterminacionesqueconsiderepertinentes,aúnencontradelosinteresesdelprocesado,comoseríaelaumentarlassancionesyrevocarlasabsolucionesdecretadasyensulugardeclararlaresponsabilidaddelosacusadosmedianteelfallocondenatoriocorrespondiente. 

Tampoco tendrá operancia la norma constitucional cuando el fallo de primera instancia, por ministerio de la ley, tenga el grado jurisdiccional de la consulta, así haya sido recurrida por uno o varios procesados, ya que el superior adquiere competencia plena para revisar el fallo y tomar las determinaciones que juzgue pertinentes. De no ser ello así, bastaría al procesado interponer el recurso de apelación contra ella, aun sin tener interés jurídico para impugnarla, como sería el caso del absuelto, lo cual resulta contrario al ordenamiento legal. De aceptarse tal postura, desaparecería el grado jurisdiccional de la consulta, que en la misma norma constitucional se menciona como imperativo, en los casos contemplados por la ley”(71).(Subraya y resalta la sala).

En el caso que examina la sala, sí es posible agravar la sanción y a ello se procederá, pues si bien el operador disciplinario goza de un margen de discrecionalidad en el proceso de individualización de la sanción, le corresponde valorar la explícita consagración de los deberes del abogado, los intereses jurídicos y particularmente los criterios que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, en fin, todos aquellos parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que imponen la necesidad de motivación de la graduación de la sanción, a la luz de las previsiones normativas expuestas con antelación.

La sanción impuesta por el a quo al abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, no consulta los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad determinados en la normativa expuesta, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, la modalidad, el perjuicio causado y las circunstancias en que se cometió la falta, por lo que la sala modificará la sentencia de 5 de mayo de 2017, para imponer como sanción la exclusión de la profesión al disciplinado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia de 5 de mayo de 2017, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sancionó al abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, con suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión y multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, al haber sido hallado autor responsable de la falta contra “la recta y leal realización de la justicia” consagrada en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, en el sentido de:

1. CONFIRMAR la responsabilidad disciplinaria del abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, en la incursión, como autor, de la falta contra “la recta y leal realización de la justicia”, consagrada en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. IMPONER como sanción, la EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN, por lo analizado en las consideraciones del presente fallo.

3. NOTIFICAR a todas las partes a través de la secretaría judicial, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

4. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

5. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen, para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez, Vicepresidenta—Magda Victoria Acosta WalterosFidalgo Javier Estupiñan CarvajalMaría Lourdes Hernández MindiolaCamilo Montoya ReyesJulio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Magistrado Ponente Luz Helena Cristancho Acosta, conformó sala con el Magistrado Ariel Lozano Gaitán.

2 Fls. 1-11 c.o.

3 Fl. 29 c.o.

4 Fl. 31 c.o.

5 Fl. 42 y 43 c.o.

6 Audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 27 de septiembre de 2013, a Fl. 51 c. original de primera instancia y CD de la fecha.

7 Fl. 88 c.o. 1.

8 Fl. 81 c.o. 1.

9 Fl. 101 a 103 c.o.

10 Fl. 105 c.o. 1.

11 Fl. 106 c.o. 1.

12 Audiencia de pruebas y calificación de 20 de enero de 2015, fls. 113 a 115 c.o. 1.

13 Fls. 124 a 126 y CD c.o. 1.

14 Fl. 131 a 135 c.o.

15 Fls. 131 a 135 c.o. 1.

16 Fls. 165 a 169 c.o. 1.

17 Fls. 138 a 140 y CD c.o. 1.

18 Fl. 268 a 270 y 271 c.o. 1.

19 Fl. 142 c.o. 1.

20 Fl. 149 c.o. 1.

21 Fl. 216 y CD c.o. 1.

22 Fls. 217 a 220 c.o. 1.

23 Fls. 231 a 266 c.o. 1.

24 Fl. 12 c.o. 2.

25 Fl. 14 a 16 c.o. 2.

26 Fls. 27 a 76 c.o. 2.

27 Fl. 79 a 80 y CD c.o. 2.

28 Fls. 346 a 348 c.o. 4.

29 Cuaderno anexo Nº 1.

30 Fls. 187 a 190 c.o. 2.

31 Fl. 190 c.o. 2.

32 Fl. 216 a 271 c.o. 2.

33 Fls. 273 y 274 y copia de 7 CDS que contienen los siguientes audios: Audiencias de juicio oral de 24 de febrero y un CD de continuación de juicio oral, 18 de marzo, dos de 19 de marzo, 20 marzo, 21 de mayo, todos de 2015. Cuaderno anexo Nº 12.

34 Fls. 276 a 277 c.o. 2 actas de la diligencia.

35 Fl. 278 c.o. 2. Anexo Nº 14.

36 Fls. 302 a 308 c.o. 3.

37 Fls. 44 a 50 c.o. Cuaderno anexo Nº 15 despacho comisorio Nº 12.2013.1399 Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

38 Fls. 13 y 14 c.o. 3.

39 Fl. 15 c.o. 3.

40 Fl. 64 c.o. 3.

41 Fl. 66 c.o. 3.

42 Fls. 88 a 89 c.o. 3.

43 Fls. 44 a 50 c.o. 3.

44 Fl. 56 c.o. 3.

45 Fls. 112 y 113 c.o. 3.

46 Fls. 130 a 176 c.o. 3.

47 Fl. 177 c.o. 3.

48 Fl. 219 c.o. 3.

49 Fl. 229 c.o. 3 acta de audiencia y CD de la misma.

50 Fls. 231 a 236 c.o. 3.

51 Anexo Nº 16.

52 Fls. 288 a 298 c.o. 3.

53 Fls. 299 - 458 c.o.4.

54 Fl. 81 c.o.

55 Cuaderno anexo Nº 3.

56 Cfr. Sentencia C-212 de 2007.

57 Cfr. Sentencia C-290 de 2008.

58 Fl. 1 cuaderno segunda instancia.

59 Fls. 2 a 4 id.

60 Fl. 5 Id.

61 Fl. 23 ID.

62 Fl. 14 Id.

63 Fl. 17 a 21 Id.

64 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.

65 Rad. 110011102000201004679 01. M.P. Angelino Lizcano Rivera. 7 de mayo de 2014; Rad. 540011102000201400761 01. M.P. María Lourdes Hernández Mindiola. 1º de septiembre de 2016; Rad. 110011102000201102963. M.P. María Mercedes López Mora, 15 de julio de 2014; Rad. 110011102000201204036 02. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, 5 de abril de 2017; Rad. 110011102000201306080 01. M.P. José Ovidio Claros Polanco, 30 de septiembre de 2015: Rad. 110011102000201503442 01. M.P. José Ovidio Claros Polanco, 2 de febrero de 2017; Rad. 470011102000200800198 01. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, 14 de septiembre de 2011; Rad. 470011102000200900110 01. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Rad. 470011102000201000068 01. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, 2 de febrero de 2012. Rad. 470011102000201100234 01, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, 11 de febrero de 2015; Rad. 540011102000201200488 01, M.P. María Lourdes Hernández Mindiola, 21 de agosto de 2016; Rad. 680011102000201200488 01, M.P. Wilson Ruíz Orejuela, 21 de agosto de 2014. Rad. 760011102000201200612 01, M.P. Angelino Lizcano Rivera, 28 de enero de 2015. Rad.050011102000201200534 01, M.P. María Mercedes López Mora, 22 de septiembre de 2015. Rad. 110011102000200904298 01, M.P. Angelino Lizcano Rivera, 12 de febrero de 2014. Rad. 110011102000201004679 01, M.P. Angelino Lizcano Rivera, 7 de mayo de 2014. Rad. 1100111020002010004843 01. M.P. Jorge Armando Otálora Gómez, 11 de mayo de 2011. Rad. 110011102000201005788 0. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño, 3 de septiembre de 2014. Rad. 110011102000201009950 01. M.P. José Ovidio Claros Polanco, 12 de mayo de 2016. Rad. 110011102000201102288 01. M.P. Angelino Lizcano Rivera, 16 de septiembre de 2013. Rad. 110011102000201103798 01, M.P. Wilson Ruíz Orejuela, marzo 4 de 2015. Rad. 112011102000201106413 01, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, 18 de mayo de 2016. Rad. 110011102000201202838 01. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, 16 de marzo de 2016. Rad. 110011102000201302544 01, M.P. Camilo Montoya Reyes, 13 de julio de 2016. Rad. 110011102000201400120 01. M.P. Julio César Villamil Hernández, 26 de abril de 2017. Rad. 110011102000201500187 01 M.P. Magda Victoria Acosta Walteros, 8 de marzo de 2017. Rad. 170011102000201200620 01 M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, 24 de octubre de 2016. Rad. 230011102000201300128 00 M.P. Magda Victoria Acosta Walteros, 1º de marzo de 2017. Rad. 680011102000201300968 01 M.P. Angelino Lizcano Rivera, 1º de febrero de 2017. Rad. 700011102000201500768 01, M.P. Magda Victoria Acosta Walteros, 24 de febrero de 2017.

66 Sentencia C-393 de 2006 M.P Rodrigo Escobar Gil.

67 Cfr. Sentencia C-212 de 2007.

68 Normas internacionales concordantes: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José: Art. 25.—Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

69 En un primer momento la postura asumida por la Honorable Corte Constitucional en algunas de sus providencias discrepaba de la acogida por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo este escenario se superó con la Sentencia SU - 327 de julio 27 de 1995 emitida por la primera de las Cortes en cita, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

70 Corte Constitucional, Sentencia T-474 julio 29 de 1992., M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero.

71 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia octubre 14 de 1991, M.P. Ricardo Calvete Rangel.

Salvamento de voto

Con el debido respeto me permito manifestar que salvo voto en relación con la decisión tomada mayoritariamente por la sala en el asunto de la referencia, al considerar que en el presente evento, se debió confirmar la primera instancia y no agravar la sanción del disciplinado, pues la sanción de dos años de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de veinte salarios mínimos legales vigentes, al haber incurrido en la falta correspondiente al artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, la considero justa y proporcional, de otra parte se encuentra acorde con los principios de utilidad y pertinencia.

Además con la decisión de aumentar la sanción al disciplinado se le está agravando la sanción, sin este haber apelado la decisión, pues se resolvió fue el recurso presentado por el Ministerio Público.

De los señores magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento de voto.

Se remite a la secretaría judicial un expediente en 4 cuadernos con 298 - 299 a 490, 123 - 123 folios y 3 cds.

Atentamente,

Fecha up supra,

Julia Emma Garzón de Gómez