Sentencia 2013-01412 de agosto 10 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 110011102000201301412 01 (12295-29)

Aprobado según acta de Sala Nº 77

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón De Gómez

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Es competente esta colegiatura para resolver en grado jurisdiccional de consulta sobre las sentencias sancionatorias proferidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, al tenor de lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256 de la Constitución Política, 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo que ordena el artículo 208 del Código Único Disciplinario-Ley 734 de 2002.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 25 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad de funcionario disciplinado.

El jefe de la oficina de personal de la Fiscalía General de la Nación allegó copia autenticada de la resolución de nombramiento, acta de posesión, constancia de tiempo de servicios del señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA, en calidad de FISCAL DÉCIMO DELEGADO ANTE LOS JUECES ESPECIALIZADOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (fls. 19 a 22, c.o.).

3. De la falta endilgada.

El señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA fue considerado infractor del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al haber sido hallado disciplinariamente responsable de la incursión en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el desconocimiento del deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 concordado con los artículos 127 ejusdem, 249 y 250 de la Constitución y 287, 289 y 453 del Código Penal, normas que a la letra dicen:

Ley 734 de 2002

ART. 48.—Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagra en la ley como delito sancionadle a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

Ley 270 de 1996

ART. 153.—Deberes: Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

ART. 127.—REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer cargos de magistrado de tribunal, juez de la República o fiscal, se requieren las siguientes calidades y requisitos generales:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;

2. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, salvo el caso de los jueces de paz; y,

3. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.

Constitución Política

ART. 249.—La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.

El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.

ART. 250.—Modificado por el artículo 2º, Acto Legislativo 3 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez.

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

8. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticias incluidas los que le sean favorables al procesado.

Ley 599 de 2000

ART. 287.—FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.

ART. 289.—FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.

ART. 453.—FRAUDE PROCESAL. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

5. Del caso concreto.

Se cuestiona si el funcionario judicial WALTER ENRIQUE ASUAD REINA, en calidad de FISCAL DÉCIMO DELEGADO ANTE LOS JUECES ESPECIALIZADOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO vulneró sus deberes funcionales e incurrió en falta disciplinaria, debido a que presentó documentos falsos para certificar su condición de abogado titulado para ejercer el cargo de fiscal delegado, cargos que fueron aceptados por el disciplinado, en el proceso penal que se le adelantó y por el cual se encuentra recluido en la Cárcel la Picota de Bogotá, por haber sido hallado responsable de la incursión en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el desconocimiento del deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 concordado con los artículos 127 ejusdem, 249 y 250 de la Constitución y 287, 289 y 453 del Código Penal.

5.1. Tipicidad de la conducta.

Se allegaron a la presente investigación los siguientes documentos que sirvieron como prueba:

Resolución 0-1915 del 27 de julio de 2011, en el cual fue nombrado en provisionalidad en el cargo de fiscal delegado ante los jueces especializados de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Neiva, el doctor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA (fl. 21, c.o.).

Acta de posesión de fecha 18 de agosto de 2011, en la cual el señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA, tomó posesión del cargo de fiscal delegado ante los jueces especializados de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (fl. 22, c.o.).

Oficio 20133100012371 del 1º de marzo de 2013, dirigido a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, envió por competencia, el informe suscrito por el doctor ELVER PARRA FIGUEROA, JEFE DE PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, donde indicó que el señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA, fue vinculado a la entidad como auxiliar administrativo III mediante Resolución 24 del 12 de diciembre de 1995, tomando posesión del cargo el 8 de febrero de 2006; después se desempeñó como técnico judicial I, técnico judicial II y ha tenido diversos encargos; “el día 27 de julio de 2011, mediante Resolución 1915 fue nombrado en provisionalidad como fiscal delegado ante los jueces especializados en la Unidad de Derechos Humanos de Neiva” (fls. 23 a 25, c.o.).

Certificado 16 del 16 de enero de 2013, suscrito por el entonces DIRECTOR DE LA UNIDAD DEL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en el que informó, que el señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA, identificado con la cédula de ciudadanía 79.434.769, no aparece inscrito como profesional del derecho.

• Oficio RCU-125/2013 del 28 de febrero de 2013, suscrito por el JEFE DE REGISTRO Y CONTROL UNIFICADO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, en el que informó, que el señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA cursó la carrera de derecho en el periodo comprendido entre los años 1995 y 2001, pero “a la fecha no ha optado por el título de abogado”, por lo tanto es claro que el disciplinado a sabiendas de no cumplir con el requisito de ser abogado, tomó posesión del cargo de fiscal especializado, utilizando documentos que no correspondían a la realidad (fl. 3, c.o.).

Con Oficio 2013 3100036421 del 8 de junio de 2013, el JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, allegó, certificación de los salarios devengados por el inculpado en su condición de Fiscal Décimo Especializado Adscrito a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, desde el año 2011 hasta el 2013.

Copia de la Resolución 2–1327 del 18 de abril de 2013, que aceptó la renuncia presentada por el disciplinado al cargo de fiscal.

Copia del acta de audiencias preliminares concentradas realizadas los días 7 y 8 de marzo de 2013 ante el JUZGADO 35 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS contra el disciplinado WALTER ENRIQUE ASAUD REINA, en las que se decretó la legalidad del procedimiento de captura, formularon cargo por los delitos de fraude procesal y falsedad material en documento público, que fueron aceptados por el indiciado y se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario (fls. 42 a 49, C.O.).

La Fiscal Delegada del Tribunal de Bogotá, presentó escrito informando que es la titular de la investigación penal seguida contra el señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA, el cual fue capturado el 7 de marzo de 2013, imputándosele los cargos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado y peculado por apropiación, investigación radicada con el número 110016000717201300035, indicando que dentro de la investigación ya se impuso condena por el cual el acusado se encuentra cumpliendo pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario (fls. 50 y 51, c.o.).

El JEFE DE LA DIVISIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certificó que el señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA registra dos sanciones en esa entidad (fls. 95 y 96, c.o.).

En el anexo 3 obra hoja de vida del señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA, allegada por la OFICINA DE PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Con las pruebas relacionadas en líneas anteriores es fácil colegir para esta Sala que el disciplinado, valiéndose de documentos falsos acreditó la calidad de abogado, engañando a la administración de justicia y de tal forma logrando que mediante Resolución 0-1915 del 27 de julio de 2011, fuera nombrado en provisionalidad en el cargo de fiscal delegado ante los jueces especializados de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Neiva, el doctor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA (fl. 21, c.o.). y seguidamente tomó posesión del cargo el 18 de agosto de 2011.

Conducta esta por la cual fue procesado penalmente confesando su conducta delictiva respecto a la falsificación de los documentos, lo cual da certeza a la conducta disciplinaria aquí enrostrada.

Concluyendo se tiene, que en el sub examine el doctor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA, logró ser posesionado como fiscal delegado ante los jueces especializados de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Neiva, presentando documentos falsos para acreditar la calidad de abogado, por lo cual, se hace merecedor del condigno reproche ético, toda vez que con su proceder fue evidente el incumplimiento del deber funcional previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, lo cual constituye falta disciplinaria.

5.2. Culpabilidad.

Pasando a las exigencias de índole subjetivo que impone la normatividad disciplinaria, para que concurra algún grado de culpabilidad del investigado frente al hecho imputado, se tiene que los artículos 13 y 21 de la Ley 734 de 2002 son precisos en que debe ser proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y, que las faltas son sancionables solo a título de dolo o culpa, por lo que se hace necesario precisar tales aspectos en relación con el incumplimiento del deber en que se encuentra incurso el encartado.

Ahora, en cuanto a la calificación deducida por el a quo de la culpabilidad a título doloso, la misma corresponde a lo demostrado en autos, en donde el funcionario de manera consiente adulteró documentos con la finalidad de acreditar la calidad de abogado y de tal forma acceder al cargo de fiscal delegado, sin existir ningún elemento válido de justificación, pues claramente su conducta fuera de ser disciplinariamente relevante es un delito que encaja perfectamente en el tipo penal de falsedad en documento, del cual fue declarado culpable y se encuentra pagando una condena.

Por tal razón, concluye la Sala que el comportamiento del funcionario investigado se ajustó a los parámetros de culpabilidad dolosa, en razón de que se valió de documentos falsos para engañar a la administración de justicia y ser nombrado y posesionado como fiscal delegado.

5.3. Antijuridicidad.

Para que se pueda hablar de falta reprochable disciplinariamente, ha de analizarse si se está frente a una conducta que subjetivamente involucre referentes propios de tener en cuenta a fin de excluir responsabilidad, o mejor, que permita afirmar la existencia de causal excluyente, a fin de no caer en la proscrita responsabilidad objetiva.

Pues como se acaba de reseñar, el disciplinado de forma dolosa y consciente falsificó documentos con la única finalidad de ser nombrado en un cargo de fiscal el cual tiene como requisito sine qua non, ser profesional del derecho, lo cual no cumplía, pues era conocedor de que todavía le faltaban varios requisitos como la aprobación de algunas materias para graduarse como abogado, sin embargo decidió cometer un delito y adulterar otras actas de grado para imprimirle su nombre, lo cual no logra tener justificación alguna, siendo esta una conducta gravísima, tal como lo señaló la colegiatura de primera instancia.

6. Dosimetría de la sanción.

La falta cometida por el inculpado descrita en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al haber sido hallado disciplinariamente responsable de la incursión en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el desconocimiento del deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 concordado con los artículos 127 ejusdem, 249 y 250 de la Constitución y 287, 289 y 453 del Código Penal, la sanción correspondiente es la INHABILIDAD, lo cual permite establecer que esa es la sanción a imponer en este caso al investigado.

Entonces, encuentra la Sala ajustados los criterios de gradualidad establecidos por el Seccional para cuantificar de la sanción, ya que la modalidad de la falta y el perjuicio cometido ameritan coincidir con la sanción impuesta a la implicada en la providencia objeto de consulta.

Para concluir, son estos los principales fundamentos que llevan a esta Colegiatura a coincidir plenamente con lo expuesto por la Sala a quo en el fallo consultado, y consecuentemente impartirle al señor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA el correspondiente reproche disciplinario, por lo que se procede a confirmar integralmente la sanción dentro de la decisión objeto de consulta.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de junio de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por la cual fue sancionado el doctor WALTER ENRIQUE ASUAD REINA, FISCAL DÉCIMO DELEGADO ANTE LOS JUECES ESPECIALIZADOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO con MULTA DE 180 DÍAS DE SALARIO PARA LA ÉPOCA DE LOS HECHOS E INHABILIDAD GENERAL DE DIEZ AÑOS PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CUALQUIER CARGO O FUNCIÓN, por haber sido hallado responsable de la incursión en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el desconocimiento del deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 concordado con los artículos 127 ejusdem, 249 y 250 de la Constitución y 287, 289 y 453 del Código Penal, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Comisiónese al magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con facultades para sub-comisionar, para que en el término de ley, notifique y comunique a las partes de la presente providencia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.»