Sentencia 2013-01422/12583-30 de octubre 12 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 110011102000201301422-01 (12583-30)

Aprobado según Acta de Sala 95

Bogotá. D.C., doce de octubre de dos mil dieciséis.

Asunto

Procede esta Superioridad a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida el 22 de abril de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá1, en la cual declaró disciplinariamente responsable al doctor Carlos Alfonso Matiz Bulla de incurrir en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, imponiéndole como sanción censura.

Hechos y actuación procesal

1. La presente investigación disciplinaria tuvo origen en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía 72 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá en Resolución del 17 de diciembre de 2012, señalándose en el oficio remisorio 74 del 15 de febrero de 2013 que “la falta de fundamentos jurídicos para impugnar una decisión, no puede ser sustituida por ataques personales e irrespetuosos en contra del funcionario que emite una decisión…” (fl. 1 - 84 c.o.)

2. Mediante auto del 22 de marzo de 2013, la magistrada de instancia doctora Olga Fanny Pacheco, ordenó acreditar la calidad de abogado del doctor Carlos Alfonso Matiz Bulla (fl. 87 c.o.), por lo cual la Secretaria de Instancia allegó el certificado Nº 04070-2013 expedido por el Registro Nacional de Abogados adiado 22 de marzo de 2013, con el cual se constató que el disciplinado ostenta la calidad de abogado identificándose con la cédula de ciudadanía 79.291.624 y T.P. 54.457, así mismo en el certificado No. 26681 de la misma fecha expedido por la Secretaria de esta Sala se evidenció que el encartado no registra sanciones disciplinarias (fl. 88 - 89 c.o.).

3. Mediante auto del 22 de marzo de 2013, la magistrada sustanciadora ordenó la apertura de investigación, para lo cual ordenó la práctica de pruebas y programó la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional de acuerdo a lo normado en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007 (fls. 91 - 92 c.o.).

4. Ante la no comparecencia del disciplinado a la diligencia programada, en proveído del 21 de octubre de 2013, el a quo dispuso fijar edicto emplazatorio al investigado de conformidad con lo señalado en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 (fl. 104 c.o.); por lo cual en auto del 13 de marzo de 2014, la magistrada de instancia declaró persona ausente al encartado y le nombró defensor de oficio a la doctora Leydi Daniela Vásquez Lentino, fijando fecha para la realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional (fl. 107 - 109 c.o.). Ante la no asistencia de la defensora de oficio en auto del 23 de septiembre de 2015, el a quo nombró como apoderado de oficio del investigado al doctor Wilson Alfonso Borja Díaz (fl. 129 c.o.) y en proveído del 23 de septiembre de 2015 dispuso compulsar copias para que se investigara a la doctora Vásquez Lentino (fl. 131 c.o.).

5. El 5 de noviembre de 2015, la magistrada Sustanciadora Olga Fanny Pacheco Álvarez, dio inició a la audiencia de pruebas y calificación provisional, con asistencia del defensor de oficio del disciplinado, surtiéndose las siguientes actuaciones luego de la lectura de la queja:

5.1. El defensor de oficio manifestó al despacho haberse comunicado con su prohijado quien le envió copia del mandato conferido al doctor Rafael Martínez Bohórquez, por lo cual el a quo ordenó a la secretaria oficiar al nuevo profesional del derecho para que compareciera a la actuación advirtiéndole al defensor que de no asistir este representante de confianza a la diligencia debería seguir representado al disciplinado en aras de garantizar el derecho de defensa y debido proceso del encartado.

Por lo anterior, dispuso la terminación de la audiencia fijando nueva fecha para su continuación (fl. 138 - 144 c.o. y cdno. 1).

6. El 2 de febrero de 2016, el magistrado de instancia doctor Mauricio Martínez Sánchez continuó con la diligencia programada contando con la asistencia del abogado de confianza del encartado, dando a conocer a los asistentes de la compulsa de copias realizada por la Fiscalía 72 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, desarrollándose la misma en el siguiente orden:

6.1. Calificación jurídica. El magistrado de instancia indicó que una vez revisadas las pruebas allegadas al plenario se pudo constatar que el disciplinado actuó en representación del sindicado señor Didier Sánchez dentro del proceso penal Nº 836882, teniendo que la investigación se originó de la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía 72 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, autoridad judicial que en Resolución del 17 de diciembre de 2012, resolvió recurso de apelación presentado por el encartado el 7 de marzo de 2012 contra la resolución de acusación presentada por la Fiscalía 200 Unidad de Delitos contra la Administración Pública adiada 23 de enero de 2012, recurso en el cual plasmó expresiones que atentan con el respeto a la Administración de Justicia como las siguientes:

“Es lamentable que la calificación sea un mala copia (con algunas variaciones) de la decisión mediante la cual se impusiera media de aseguramiento y que contenga los mismos errores. Es triste que un funcionario mienta y use “trucos” para sostener su postura. Miente porque, de nuevo alega que mi defendido toleró el contrato de fiducia —que está demostrado plenamente —no existió, muy a pesar de lo cual el despacho vuelve a mencionarlo en la página 27 de la providencia (segundo párrafo) falta a la verdad que posiblemente se deriva de la técnica para elaborar la decisión: escrita sobre el archivo en el que resolvió situación jurídica. La providencia es desleal porque cita de nuevo a Fredy Arellano mutilando la de toma solo un pedazo y se esconde el trozo siguiente que no le conviene a la fiscalía, en el que ante una pregunta de la defensa— el testigo admite que todo el problema puede derivar de una inconsistencia contable y no apropiación indebida.” (negrilla fuera de texto)

Por lo anterior, encontró el a quo que el disciplinado se dirigió al funcionario judicial con palabras injuriosas señalándolo de realizar actos contrarios a derecho para soportar sus decisiones como fue la resolución de acusación emitida el 23 de enero de 2012, faltando así al respeto a la administración de justicia sin prueba alguna de sus afirmaciones, desconociendo que contra tales decisiones podía instaurar los recursos de ley, pero siempre dirigiéndolos con respeto no solo a la contraparte sino también hacia la autoridad que administra justicia, con lo cual faltó al deber descrito en el numeral 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, configurando la falta consagrada en el artículo 32 ibídem, calificando la conducta a título de dolo al tener la obligación de guardar ponderación, compostura y respeto en las actuaciones desplegadas en su ejercicio profesional.

6.2. El magistrado de instancia ordenó la práctica de algunas pruebas deprecadas por el apoderado de confianza del disciplinado, negando lo relacionado con dos pruebas testimoniales, a lo cual el representante del togado investigado no instauró recurso alguno, de otra parte, requirió a la Secretaria Judicial para que allegara los antecedentes disciplinarios del doctor Matiz Bulla, procediendo posteriormente a la programación de la audiencia de juzgamiento (fl.149 - 154 c.o. y cdno. 2).

7. El 1º de marzo de 2016, el magistrado instructor dio inicio a la diligencia fijada, contando con la asistencia del defensor de confianza del investigado, a quien le corrió traslado de las pruebas allegadas al plenario.

7.1. El defensor de confianza del encartado requirió al despacho a efectos de reiterar la práctica de prueba documental relacionada con la solicitud de copia del proceso penal de autos y la declaración del Fiscal 200 Seccional, en tanto dichas probanzas no fueron allegadas al plenario, por lo cual el a quo accedió a dicha reiteración, fijando fecha para la continuación de la diligencia (fl. 165 - 167 c.o. y cdno. 3).

8. En cumplimiento de lo ordenado en sesión anterior, se allegaron por parte del despacho instructor las siguientes pruebas:

8.1. Inspección judicial realizada al proceso penal 836862 adelantado contra Didier Sánchez y Héctor Varela tramitado por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá (fl. 184 - 185 c.o.).

8.2. Se allegó copia de la declaración del señor Fredy Enrique Arellano rendida dentro del expediente penal de marras (fl. 186 – 194 c.o.).

9. El 11 de abril de 2016, el magistrado de instructor dio inicio a la Audiencia de Juzgamiento contando con la asistencia del apoderado de confianza del quejoso, corriéndole traslado a los presentes de las pruebas allegadas al plenario, surtiéndose las siguientes actuaciones:

9.1. Alegatos de conclusión. El apoderado de confianza destacó que lo ideal en la actuación disciplinaria hubiese sido haber contado con los elementos probatorios deprecados por el despacho, sin embargo, por la naturaleza del proceso disciplinario procede a presentar sus conclusiones finales.

Manifestó que frente a lo considerado por el despacho que su prohijado faltó al debido respecto a la administración de justicia al lanzar afirmaciones sin prueba alguna de las mismas, analizándose que con la conducta del investigado injurió o acusó temerariamente al señor Fiscal 200 Seccional de Bogotá, a lo cual señaló que respecto a las palabras “la decisión se caracteriza por una pobreza argumentativa”, pese a haber solicitado la copia de la resolución de acusación atacada mediante el recurso de apelación en el asunto de autos y que la misma no fue allegada al plenario disciplinario ni la de definición de situación jurídica, lo pretendido era demostrar que esas resoluciones definían una situación jurídica en un párrafo soslayando los derechos del sindicado, sin embargo no le fue posible demostrar los argumentos de su defensa frente a la pobreza argumentativa del señor Fiscal Seccional.

En relación con la frase “por eludir los problemas planteados en los alegatos por la defensa”, aseguró el apoderado del investigado que esa situación podía ser demostrada con las pruebas que no se allegaron al proceso disciplinario, siendo una situación objetiva real quedando en un estado de limbo e incertidumbre.

Así mismo, “y atender con servilismo las decisiones de la Superintendencia”, considerando que la palabra servilismo obedeció a la actuación de la Fiscalía que se limitó a reproducir las decisiones de la Superintendencia proferidas en otro contexto y el cual adolecía de un error procedimental, sin embargo no logró probar su defensa al no reposar las decisiones de definición de situación jurídica y resolución de acusación para hacer el respectivo cotejo, demostrándose que lo plasmado en la resoluciones atacadas.

En cuanto a la frase “es lamentable que la calificación sea una mala copia de la decisión por la cual se impusiera la medida de aseguramiento y contenga los mismos errores”, señaló el defensor que las dos decisiones del señor Fiscal Seccional solamente había realizado cambios formales mas no sustanciales, pero ante la ausencia de dichas pruebas no logró demostrar su dicho.

De otra parte, la frase “es triste que un funcionario mienta y use trucos para sostener su postura”, agregó el defensor que esas afirmaciones fueron explicadas por su representado, pues el debate se centraba en las pruebas alegadas al expediente penal, considerando que dichos adjetivos resultaban ciertos en tanto el Fiscal se mantuvo en su apreciación, siendo necesario haber contado con las referidas resoluciones para comprobar su dicho en el recurso cuestionado, agregando que su defendido aseguró que el funcionario de la fiscalía mutiló una declaración al tomar solo un pedazo de su versión desconociendo el contexto general de la misma, generándose un desconocimiento total de la situación en el proceso de marras, con lo cual resultaban ciertas las afirmaciones de su cliente.

Frente a la compulsa aseguró la defensa que lo afirmado por el Fiscal de Segunda instancia no encontraba acierto en la “indecencia” en que actuó su prohijado, si bien utilizó un adjetivos escuetos éstos eran ciertos al decir lo que ocurría, no existiendo afirmaciones injuriosas y al no tener las decisiones solicitadas como prueba en el plenario se evidencia una duda probatoria, y en materia de calumnias o injurias la declaración del señor Fiscal Seccional era importante para establecer si lo que el investigado alegó era cierto o no, por esto solicitó la absolución de su mandante.

Por lo anterior, el magistrado de instancia ordenó la remisión del expediente disciplinario para fallo (fl. 210 -212 cdno. y cdno. 4).

De la sentencia apelada

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 22 de abril de 2016, declaró disciplinariamente responsable al doctor Carlos Alfonso Matiz Bulla de incurrir en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, imponiéndole como sanción censura.

Señaló el Seccional de instancia que de las pruebas allegadas al plenario evidenció que si bien el encartado puedo encontrar una semejanza entre la decisión que definió la situación jurídica del mandante del investigado con la resolución de acusación, lo cierto era que esto no era una razón suficiente para que el doctor Matiz Bulla enfilara un ataque contra la probidad e idoneidad del funcionario judicial que la dictó “y menos aún que se le imputara que había mentido, haber recurrido a trucos o ser desleal”, y mucho menos puede pensar la defensa que tales expresiones no comportan un irrespeto a la administración de justicia, confundiéndose las características y consecuencias del delito de injuria el cual preserva la honra de las personas con la falta disciplinaria que protege el respeto debido a la administración de justicia al ser bienes jurídicos diferentes, encontrando que el encartado faltó al respeto debido de los togados para con los funcionarios judiciales quienes representan a la administración de justicia.

Aseguró el a quo que por el anterior hecho no se puede considerar que la ausencia de las decisiones echadas de menos por la defensa en manera alguna desvirtúan o generan dudas sobre la comisión de la falta, destacando que ante la presunta incursión de inconsistencias en las decisiones del señor Fiscal Seccional existían los mecanismos para su revisión a los cuales acudió el disciplinado para que fueran revisadas en segunda instancia y se estableciera de esta forma si se ajustó o no a derecho, sin que para lograr tal fin el encartado incurra a insultos o frases desobligantes, pues debió atacar jurídicamente los argumentos de los pronunciamientos y no a la persona que la profirió, sin que en su favor existiera alguna causal que justificara tal comportamiento, encontrándose que con su conducta y su voluntad deliberada de irrespeto a la administración de justicia, la cual era conocida por su calidad de abogado configuró su conducta en una actuación dolosa.

Respecto a la sanción indicó que si bien el abogado no registra antecedentes, dada la transcendencia social del hecho investigado, la modalidad de la conducta —dolosa—, encontraba razonada y proporcionada la imposición de Censura (fl. 216 -230 c.o).

De la apelación

El 10 de junio de 2016, el disciplinado presentó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, luego de un recuento procesal de la actuación disciplinaria, fundamentó su solicitud de nulidad y de revocatoria de la sentencia sancionatoria, bajo los siguientes argumentos a saber:

1. De la nulidad deprecada:

Indició el censor que con la actuación del Magistrado Sustanciador al no corregir el yerro en que se incurrió en la recolección de las pruebas ordenadas se afectó su derecho de defensa y debido proceso, pues al no recaudarse las copias ordenadas de las resoluciones de definición de situación jurídica y resolución de acusación emitidas en el asunto penal de autos, destacando que se contó con la oportunidad para ello como fue cuando la abogada comisionada realizó inspección judicial al expediente teniendo las decisiones a su disposición pero solamente se limitó a reproducir una copia de la declaración del señor Fredy Arellano, pero al haber sido advertido el instructor disciplinario de dicha falencia no ordenó su acopio.

Señaló el recurrente que su apoderado de confianza planteó la necesidad de la prueba siendo “invitado” a presentar sus alegatos de conclusión “y a riesgo de ser sancionado, de recibir una compulsación de copias por desacato o de perder la oportunidad de presentar alegatos” por lo cual presentó sus argumentos insistiendo que no renunciaba a las pruebas ni convalidaba su ausencia demostrando a lo largo de su discurso que de haberse recaudado hubiese podido fundamentar mejor su argumentación, encontrando que dicha situación alteró de forma grave la secuencia procesal, pues se pasó a la fase final muy a pesar de lo manifestado por su defensor, aniquilándose la fase probatoria, pues al no practicarse sin justificación alguna se estaba revocando tácitamente el auto que las ordenaba, impidiéndosele interponer los recursos de ley contra esa negativa de pruebas afectándose así su derecho al debido proceso.

Indicó además, que su derecho de defensa también se vio vulnerado al no haber podido controvertir las pruebas ordenadas y no allegadas al plenario disciplinario, pese a la obligación del a quo de desplegar actuaciones precisas para su recaudo en aras de cumplir su propia orden, destacando que otro sería el escenario argumentativo de su defensa si la prueba se hubiese recaudado.

2. De la apelación.

Señala el recurrente que la decisión objeto de disenso no realizó un análisis concretó sobre sus afirmaciones plasmadas en el recurso de apelación contra la resolución emitida por el Fiscal Seccional, pues a su juicio de lo descrito por el a quo para proferir cargos, solamente observa que la frase “Es triste que un funcionario mienta y uso “trucos” para sostener su postura”, pareciera dirigida al fiscal, pero agrega que debe colarse la misma en un contexto global de la actuación del funcionario en su decisión controvertida no su persona, destacando que “Y es de vital indicar que atribuir una mentira al funcionario en la providencia no equivale a llamarlo mentiroso. Se le está criticando por su obra concreta, no se le está descalificando como funcionario, mucho menos como persona”, situación por la cual al atacar una decisión descarta la configuración de falta disciplinaria, pues la injuria es una conducta dirigida a personas, no a las cosas, obras, decisiones o argumentaciones.

Agrega que las expresiones “pobreza argumentativa”, “mala copia” o “desleal”, son frases “usuales, comunes y socorridas en el lenguaje forense cotidiano” careciendo de capacidad de injuriar, lo mismo sucede al señalar que era triste que un funcionario judicial falte a la verdad procesal, no debía resultar exótico, ni tampoco la expresión “servil”, pues esto significaba “al pie de la letra” equiparándolo a algo sin reflexión, cuestionamiento o crítica.

Concluyó el investigado que decir la verdad no podía ser considerado como una actuación injuriosa, y eso fue lo que su defensor de confianza intentó demostrar con la única prueba allegada al plenario disciplinario al señalar que “lo dicho en el alegato supuestamente injurioso, fue cierto”, es decir de la declaración del señor Fredy Arellano, y si se hubiera recaudado las decisiones solicitadas se hubiese demostrado la verdad de sus afirmaciones, encontrando que si se aplica la expresión de “exceptio veritatis” en su caso, sin que exista en su actuar un ánimo de injuriar, pues su recurso cuestionado en el asunto de autos se limitó a denunciar la falencia encontrada sustentándola a partir de un análisis serio sobre la forma y contenido de la decisión atacada (fl. 230-255 c.o.)

Actuación de segunda instancia

1. En fecha 2 de septiembre de 2016, quien funge como Ponente avocó conocimiento del presente proceso, ordenó comunicar del trámite de instancia a los sujetos procesales y solicitó allegar los antecedentes disciplinarios del encartado a la Secretaría Judicial de esta Corporación y por último notificar al investigado (fl. 5 c. 2ª instancia).

2. El disciplinado allegó escrito el 9 de septiembre de 2016 en el cual señaló que no existían afirmaciones injuriosas sino críticas serias y reales a una decisión que estimó injusta (fl. 10-12 c. 2ª instancia).

3. La Secretaría Judicial de esta Corporación, mediante certificación del 13 de septiembre de 2016 informó que contra el litigante encartado no cursa otra investigación en esta Superioridad; así como el certificado de antecedentes disciplinarios se indicó que el disciplinado no registra sanciones disciplinarias (fl. 13 - 14 c. 2ª instancia.).

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112- 4 - parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996 y 59 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas homólogas de los Consejos Seccionales, cuando fueren desfavorables a los procesados y éstas no hayan sido apeladas.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad de disciplinable del investigado.

La Secretaria de Instancia mediante el certificado 04070-2013 expedido por el Registro Nacional de Abogados adiado 22 de marzo de 2013, acreditó que el doctor Carlos Alfonso Matiz Bulla, ostenta la calidad de abogado identificándose con la cédula de ciudadanía 79.291.624 y T.P. 54.457, así mismo en el certificado 26681 de la misma fecha expedido por la Secretaria de esta Sala informó que el encartado no registra sanciones disciplinarias (fl. 88 - 89 c.o.).

3. De la falta imputada.

El cargo por el cual se sancionó en primera instancia al jurista Carlos Alfonso Matiz Bulla, está descrito en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, así:

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

4. Del caso en concreto.

Como primera medida encuentra la Sala que la decisión impugnada fue adoptada por el a quo el 22 de abril de 2016, siendo notificada de forma personal al investigado el 7 de junio de 2016, interponiendo éste el recurso de alzada el 10 de junio del presente año, con lo cual se tiene que el escrito de apelación fue presentado en término, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, siendo procedente su estudio por esta Colegiatura.

En aras de desatar el recurso de apelación elevado por el jurista Carlos Alfonso Matiz Bulla, procede la Sala a pronunciarse frente a cada uno de los argumentos expuestos por el censor, quien centró su defensa en dos aspectos, el primero planteó una nulidad y el segundo argumentó su inconformismo con la decisión adoptada por el a quo, remitiéndose el presente análisis en ese orden, veamos.

5. De la nulidad.

Encuentra la Sala que el censor planteó la existencia de una irregularidad en la instrucción surtida en primera instancia con la cual se afectaron sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, al considerar que al no haberse allegado la prueba ordenada por el Magistrado Instructor no se le brindó la oportunidad procesal para controvertirla ni tampoco para argumentar mejor su defensa.

Como primera medida, encuentra la Sala que conforme a lo reglado en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, la declaratoria de nulidad de la actuación procede por i) la falta de competencia, ii) La violación del derecho de defensa del disciplinable, y iii) La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Ha de señalarse que las nulidades se encuentran regidas por los siguientes principios que orientan su declaratoria y convalidación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 101 del CDA.:

“ART. 101.—Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa.

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los intervinientes, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.

3. No puede invocar la nulidad el interviniente que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica.

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.

5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.

6. No podrá declararse ninguna nulidad distinta de las señaladas en este capítulo.

En este contexto, considera la Sala que la nulidad deprecada por el recurrente no se encuentra configurada, en tanto de la actuación desplegada en sede de instancia se tiene que la misma se acogió a los procedimientos señalados en la Ley 1123 de 2007, como se procede a explicar.

Se observa del cuaderno de primera instancia que la actuación disciplinaria se inició en 12 de marzo de 2013, y que la misma presentó una demora en su iniciación en razón a la inasistencia del disciplinado, a quien se le declaró persona ausente en proveído del 13 de marzo de 2014, nombrándosele defensor de oficio siendo éste relevado por el apoderado de confianza doctor Rafael Martínez Bohórquez, nombrado para tal efecto por el disciplinado a partir del mes de noviembre de 2015 (fl. 141 c.o.), con quien el Magistrado de Instancia adelantó la actuación procesal disciplinaria hasta el 2 de febrero de 2016 momento para el cual se realizó la audiencia de pruebas y calificación provisional.

En dicha diligencia el Seccional de Instancia abrió a la etapa probatoria la actuación disciplinaria, decretando la práctica de las siguientes pruebas:

— Oficiar a donde cursó el proceso penal a fin de que aporte los documentos solicitados por el defensor de confianza del investigado, es decir las resoluciones de situación jurídica y de acusación proferidas en el proceso penal de marras, así como las declaraciones del señor Fredy Arellano y del señor Fiscal 200 de la Unidad de Delitos de la Administración Pública, negándole a la defensa del disciplinado las declaraciones de los señores Didier Sánchez y Héctor Varela por improcedentes, decisión contra la cual no se presentó recurso alguno.

Por lo anterior la Secretaria del Seccional de Instancia emitió los siguientes oficios:

Oficio 2307-201301422 del 16 de febrero de 2016 dirigido a la Fiscalía 203 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública (fl. 156 c.o.)

Oficio 2306-201301422 del 16 de febrero de 2016 dirigido a la Fiscalía 200 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública (fl. 157 c.o.)

Oficio 2305-201301422 del 16 de febrero de 2016 dirigido a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá (fl. 158 c.o.), atendido mediante respuesta del 23 de febrero del año en curso No. 0096, suscrito por el Fiscal Jefe de Unidad Ley 600 de 2000, en el cual señaló que el proceso penal indagado fue remitido al Juzgado 2 Penal del Circuito de Descongestión con la causa 260/2014 (fl. 165 c.o.), además en oficio del 24 de febrero de esta anualidad el Fiscal 72 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, informó que las piezas procesales debían reposar en el juzgado o fiscalía que conoció del caso, sin embargo no le había sido posible del despacho judicial de conocimiento para remitir la solicitud (fl. 199 – 200 c.o.)

Oficio 2304-201301422 del 16 de febrero de 2016 dirigido al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio (fl. 159 c.o.), siendo atendido mediante comunicación del 22 de febrero de 2016 Nº R-U-O-2765 en el cual informó al despacho que revisado el Sistema Justicia Siglo XXI, la página web de consulta y el SPOA no logró encontrar el CUI o número de radicación ni el numero interno del proceso, ni por nombre, donde aparecían como investigados los señores Didier Sánchez y Héctor Varela (fl. 164 c.o.)

De otra parte, El 1º de marzo de 2016, el magistrado de instancia dio inicio a la audiencia de juzgamiento contando con la asistencia del defensor de confianza del investigado, se le corrió traslado de las comunicaciones allegadas al plenario, reiterándose las pruebas ordenadas en sesión anterior, con una variación probatoria que fue la de oficiar a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, ante la falta de información suministrada por el defensor de confianza del encartado a efectos de ubicar al funcionario que fungió como Fiscal 200 Seccional y establecer si permanece en el cargo, además ordenó el Operador Disciplinario comisionar a la abogada asistente del despacho realizar inspección judicial del proceso que cursa en el Juzgado 2 Penal del Circuito de Descongestión con la causa 260/2014 respecto de los hechos relevante de la investigación.

Por lo anterior, la secretaria de instancia emitió las siguientes comunicaciones:

Oficio 3061-201301422 del 3 de marzo de 2016 dirigido al Juzgado 2 Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, para el cumplimiento de la comisión (fl. 170 c.o.), realizándose la inspección judicial el 7 de marzo de 2016 al proceso penal de marras en la cual se relacionaron las actuaciones relacionadas con las decisiones adoptadas en el mismo y se allegó copia de la declaración rendida por el señor Fredy Arellano (fl. 184 - 194 c.o.)

Oficio 3062-201301422 del 3 de marzo de 2016 dirigido a la Oficina de Apoyo Judicial Ley 600 (fl. 171 c.o.), siendo atendido en comunicación del 3 de marzo de 2016 Nº. DESAJ16-PQ-426, informando al despacho que la actuación judicial solicitada se identifica con la secuencia de reparto 3225 siendo reasignada al Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá en cumplimiento del Acuerdo CSBTA16-449 (fl. 195 - 196 c.o.)

Igualmente, con el Oficio 3060-201301422 del 3 de marzo de 2016 dirigido a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación a efectos de obtener los datos de ubicación del señor Fiscal 200 Seccional de Bogotá (fl. 172 c.o.), obteniendo a vuelta de correo respuesta del Jefe de Talento Humano de ese ente acusador de la misma fecha, en el cual informó al despacho que revisados sus sistemas de información no se ubicaron los datos relacionados con el funcionario judicial indagado (fl. 178 - 179 c.o.).

Finalmente, el 11 de abril de 2016, el magistrado instructor prosiguió con la audiencia de juzgamiento contando con la asistencia de defensor de confianza del disciplinado, a quien le corrió traslado de las piezas procesales que se allegaron a la actuación disciplinaria, concediéndole un tiempo prudente para que preparara sus alegatos de conclusión, situación que sin lugar a dudas no evidencia vulneración alguna al derecho de defensa o debido proceso del investigado.

Del anterior recuento procesal de la actuación disciplinaria, encuentra esta colegiatura que la nulidad alegada por el doctor Matiz Bulla no tiene ningún ánimo de prosperidad, en tanto se tiene en primer término que el disciplinado ha gozado de todas las garantías constitucionales y procesales para ejercer en debida forma su defensa, en tanto ha estado representado en todo momento ante su propia inasistencia.

Así mismo, evidencia la Sala que el magistrado de Instancia dispuso la práctica de pruebas deprecadas por el apoderado de confianza del encartado, observándose el esfuerzo por lograr el recaudo de la misma, oficiando a varios despachos judiciales e incluso oficina administrativas para obtener las copias deprecadas por la defensa, sin embargo ello no fue posible obtener ante el mismo trámite del proceso penal de marras, el cual fue de conocimiento de varias autoridades judiciales, impidiéndose así la obtención de las copias deprecadas.

Ahora bien, en relación con el reclamo de la gestión desplegada por la abogada comisionada por el despacho, encuentra esta superioridad que la empleada atendió en debida forma la orden impartida por el operador disciplinario, pues ésta estaba delegada para una inspección judicial del proceso respecto de las decisiones cuestionadas y la obtención de la copia de la declaración del señor Arellano, sin embargo no se dispuso la obtención de las copias echadas de menos por el defensor e investigado hoy en la actuación disciplinaria, destacándose que al momento de impartirse la orden en esos términos el abogado del encartado no se percató de la forma como se decretó, situación que no puede ser reprochada como vulneradora de los derechos del doctor Matiz Bulla, máxime cuando la carga de probar sus argumentos de defensivos estaba en cabeza del sujeto procesal, quien al ver lo complicado del recaudo de las decisiones emitidas por el señor Fiscal 200 Seccional debió aportar sus propias copias y de esta forma no desaprovechar las oportunidades procesales contempladas en la Ley 1123 de 2007 para ejercer de forma efectiva su derecho de defensa.

Debe destacarse, que para la Sala no resulta cierto lo afirmado por el recurrente al señalar que al no haberse recaudado las decisiones objeto de señalamiento se infería una revocatoria tácita de la orden de pruebas, carga procesal que en ningún momento debe ser endilgada al magistrado instructor en tanto éste no es un sujeto procesal, ni mucho menos que la ley permita revocatorias tácitas, aspectos que en nada soportan la nulidad alegada, por el contrario deja ver el interés de retrotraer la actuación disciplinaria a efectos de beneficiarse de su propia incuria, pues debió el mandatario del disciplinado allegar la mentadas copias y de esta forma asegurar una carga argumentativa más certera y eficaz para sus intereses.

Por lo anterior, la nulidad deprecada por el recurrente no tiene el ánimo ni la vocación argumentativa ni jurídica para retrotraer la actuación adelantada en sede de instancia, al no evidenciar vulneración alguna al derecho de defensa o debido proceso del disciplinado, pues se itera, éste contó con las oportunidades procesales que la ley le brinda, por lo cual se despachara de forma negativa la petición elevada.

6. De la apelación.

Ahora bien, retomando los argumentos esgrimidos por el censor frente a las consideraciones elevadas por el a quo por las cuales fue llamado a responder disciplinariamente, encuentra esta Colegiatura que la decisión de instancia debe ser confirmada, en tanto, el recurso de alzada no desvirtúa la calificación jurídica o reproche disciplinario elevado por el fallador de instancia, toda vez que contrario a lo afirmado por el doctor Matiz Bulla, no puede considerarse que las expresiones empleadas por éste en su escrito de apelación presentado el 7 de marzo de 2012 (fl. 65-84 c.o.), contenía la verdad procesal del asunto penal de marras, pues por el contrario se observa una verdadera carga subjetiva que detonó en afirmaciones indecorosas, groseras, con todo el ánimo de descalificar la actuación del funcionario judicial, al punto de elevar calificativos denigrantes como que el Fiscal 200 Seccional “mienta y use “trucos” para sostener sus posturas”, con lo cual denigra la actividad judicial y ofende a la administración de justicia al señalar que sus operadores judiciales no actúan bajo el amparo de la ley, situación que claramente afecta a la persona quien para ese momento represente la majestuosidad de la administración de justicia.

Debe destacarse sobre este aspecto, que si bien alega el doctor Matiz Bulla que lo que controvertía era la decisión del funcionario judicial, lo cierto es que efectivamente lo hizo a través de los recursos dispuestos por la ley penal para ello, sin embargo no puede ocultar su mal actuar, su falta de argumentación jurídica para controvertirla con el hecho de descalificar la actuación judicial del señor fiscal, y acierto tuvo el superior jerárquico de éste al sentir el enfrentamiento y la falta de juicio jurídico que lo obligó a compulsar copias para que se investigara al profesional del derecho, toda vez que también se vio afectado con tales afirmaciones, a sabiendas que la decisión cuestionada en el proceso penal fue adoptada bajo los criterios imperantes de la normatividad penal vigente no teniendo más camino que confirmarla en su decisión del 14 de septiembre de 2012 (fl. 10-63 c.o.), destacando la falta de fundamentos jurídicos expuestos por el profesional del derecho denunciado, hecho que demuestra el animus in juriandi existente en la conducta reprochada al doctor Matiz Bulla.

De otra parte, no resulta cierto que las expresiones de “pobreza argumentativa”, “mala copia”, “desleal” o “servil”, alegadas por el disciplinado como el empleo de un leguaje forense cotidiano, corresponda a una conducta decorosa o que esté permitida para referirse del trabajo de otro profesional del derecho, y mucho menor a la actuación judicial de un funcionario, pues de tales afirmaciones solamente demuestran la intención de descalificar, denigrar y ofender al productor del hecho que las generó, se reitera, a sabiendas que se cuenta con otros mecanismos para controvertir las mismas.

Es de anotar, que el recurrente no puede suponer que tiene el conocimiento de la verdad, máxime cuando siendo un profesional del derecho sabe y entiende que debe actuar dentro de un debate no solamente probatorio sino argumentativo, y suponer que su verdad lo autoriza para descalificar la función judicial es un hecho que configura la falta endilgada en sede de instancia, pues faltó al respeto debido a la administración de justicia al considerar que la decisión emitida por el Fiscal 200 Seccional de Bogotá omitió el cumplimiento de sus deberes al mentir, usar trucos, ser un servil, al no argumentar sus decisiones, ser desleal, omitir una análisis completo de la prueba recaudada y alejarse de la sana critica en sus decisiones, son situaciones que no pueden verse en los funcionarios judiciales, por lo cual asegurar que esto ocurre es una afrenta con la quehacer de los operadores judiciales que imparten justicia.

Ahora bien, en reiteradas oportunidades, esta Sala ha enunciado que la injuria se traduce en expresiones, términos, frases, símbolos, gestos o ademanes de contenido lesivo que se profieren o dirigen contra los funcionarios, colegas y demás personas involucradas en el asunto profesional en que actúa el litigante, y que lesionan la majestad de la justicia, directa ofendida con esos comportamientos, premisas que en el caso sub examine se concretaron con las manifestaciones realizadas por el abogado Matiz Bulla, pues a sabiendas que para controvertir las decisiones contrarias a sus pretensiones debía acudir a una carga argumentativa jurídica y no a simples señalamientos subjetivos, pues tal fue la agresión a la gestión desplegada por el Fiscal 200 Seccional de Bogotá con las frases empleadas en su escrito de apelación del 7 de marzo de 2012, que el superior jerárquico de éste tuvo que analizar la situación que evidenció en dicho memorial, y dispuso la compulsa de copias respectiva, teniéndose que dichas afirmaciones sí contienen la entidad suficiente para herir la susceptibilidad, aprecio y autoestima de los funcionarios judiciales que conocieron de la actuación del disciplinado, destacándose que el hecho de haber señalado al señor Fiscal Seccional de mentiroso, servil, de esconder apartes de las pruebas, de usar trucos para sustentar sus decisiones, entre otras, contienen en su definición un actuar caprichoso contrario a la ley, y en el caso de su función de administrar justicia en materia penal resulta un serio cuestionamiento a su tan importante labor al interior de la Fiscalía General de la Nación, por lo cual se encuentra plenamente materializada la falta endilgada en sede de instancia, sin que a su favor se configure causal alguna de justificación.

Sobre la injuria, el alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, en su Sala de Casación Penal, en sentencia 38.909, Aprobado acta 213, magistrados ponentes: Gustavo Enrique Malo Fernández y María del Rosario González Muñoz:

“En contrario, la injuria sí puede comportar definiciones que hagan relación con aspectos meramente morales, calificativos de la personalidad del afectado con ella o relativos a posturas éticas.

De allí que, no cabe duda, en el delito de injuria la materialización del mismo opera no porque se exprese en público que alguien hace o hizo algo en concreto, sino cuando se atribuye a esa persona una forma de pensar, personalidad o valores contrarios a los que se estiman imperantes en la sociedad.

Por tal razón, cuando se tilda, por ejemplo, de “prostituta” a una mujer, o se dice que un sujeto tiene determinados rasgos de personalidad condenables, o que su comportamiento moral es reprochable, por lo común no se detallan circunstancias específicas, dentro del marco temporo-espacial y modal que quiere construir el casacionista, pues, la afrenta viene encerrada en los calificativos y no cabe esperar de ellos esa suerte de definición específica propia de la calumnia”.

Bajo este panorama fáctico y jurisprudencial, se torna imperativo para esta Corporación confirmar la decisión proferida en disfavor del litigante Carlos Alfonso Matiz Bulla, quien en el trámite de un recurso de apelación en el proceso penal 836862, lanzó afirmaciones en contra del funcionario judicial que emitió las resoluciones de definición de situación jurídica y acusación, lo cual comporta injurias y acusaciones temerarias, configurándose entonces la conducta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

Finalmente, debe la Sala hacer un fuerte llamado al fallador de instancia para que en lo sucesivo se abstenga de imponer sanciones disciplinarias que no cumplan con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad indicados en la Ley 1123 de 2007, pues si bien es cierto que el artículo 40 señala las distintas sanciones a imponerse en la actuación disciplinaria, estas no pueden imponerse bajo un criterio de discrecionalidad ilimitados, toda vez que el legislador estableció sanciones aplicables según la gravedad o levedad de la falta, lo cual fue ampliamente definido por la Corte Constitucional en sentencia C-612 de 2013, al indicar que:

“Así lo advirtió la Corte en la sentencia C-884 de 2007, al declarar la exequibilidad condicionada de la sanción de multa[23], y al respecto indicó: “el legislador disciplinario no contempló un sistema de sanciones que estuviese clasificado en principales y accesorias, conforme a la fórmula sistémica usada en otros estatutos. Estableció, en principio, un catálogo de sanciones que debe ser aplicado de manera autónoma, con observancia de los criterios objetivos generales, de atenuación y agravación, que el mismo estatuto prevé. De manera particular, estimó el legislador que la multa puede ser aplicada como sanción autónoma, al igual que las otras, ó como concurrente con la de suspensión o exclusión de la profesión, permitiéndosele a la autoridad disciplinaria un margen de discrecionalidad que debe ser administrado de manera muy cuidadosa, tomando en cuenta para ello los criterios objetivos que la propia ley le señala como orientadores del proceso de individualización de la sanción.”

En la misma decisión se deja claro que si bien el órgano de control disciplinario tiene discrecionalidad en la imposición de la sanción, debe hacerlo atendiendo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y a los indicados en la Ley 1123, los cuales no permiten que faltas de mayor gravedad sean sancionadas con multa. Indicó al Corte: “la norma permite a la autoridad disciplinaria imponer la sanción de multa “de manera autónoma o concurrente con la de suspensión o exclusión”. Entiende la Corte que el sentido de la norma se orienta a establecer dos modalidades de aplicación de la sanción de multa: (i) de manera autónoma respecto de las faltas menores; o (ii) de manera concurrente con la de suspensión o exclusión de la profesión, frente a las faltas de mayor entidad... Resultaría desproporcionado y carente de toda razonabilidad el que se aplicara a un disciplinado la multa como pena autónoma, en reacción a una falta que por su gravedad, trascendencia social, y potencialidad lesiva de intereses de especial relevancia jurídica y ética, mereciera un reproche mayor como la suspensión e incluso, la exclusión de la profesión.”

Es claro entonces que las faltas disciplinarias imputables a los abogados en cuanto no revisten la misma lesividad pueden ser sancionadas con diversas medidas, dependiendo de su gravedad: con censura y multa —como sanción autónoma— las de menor entidad, y con suspensión y exclusión de la profesión las que revisten mayor gravedad, trascendencia social y potencialidad lesiva de intereses de especial relevancia.

Siendo así, resulta desproporcionado que la sanción por conductas disciplinarias de reducida trascendencia tengan los mismos efectos restrictivos del derecho de acceso a cargos públicos que las sancionadas con medidas de suspensión y exclusión de la profesión por su gravedad, por lo cual una comprensión de la norma demandada en el sentido que toda sanción disciplinaria a los abogados inhabilita al profesional para ser registrador de instrumentos públicos, aunque se trate de censura o multa, resulta un medida inhabilitante extrema que rompe la relación de proporcionalidad que debe existir entre los fines constitucionales pretendidos por el legislador y los medios concebidos para realizarlos y desconoce que las posibilidades de restringir el acceso a cargos públicos igualmente se encuentran limitadas por los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”

Por lo anterior, encuentra la Sala, que si bien, se observa que en relación con la sanción de censura impuesta al encartado, la misma sí genera tensión entre principios constitucionales de la más alta relevancia como son los de legalidad y proporcionalidad al ser una sanción de menor lesividad para una falta disciplinaria calificada como dolosa, no obstante lo anterior, deben ponderarse dos principios de raigambre constitucional, pues en virtud de la “No reformatio in pejus”, no se encuentra esta Colegiatura habilitada para empeorar la situación del único apelante. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional2:

“…la Corte Constitucional ha sido reiterativa3 en afirmar que el segundo inciso del artículo 31 de la Carta, impone al juez penal un deber imperativo de asegurar que la sentencia de segunda instancia no empeore la situación del apelante único. En efecto, la non reformatio in pejus no sólo es una garantía de respeto por los derechos individuales del condenado sino que es una derivación del principio de legalidad, el cual impone autolimitación y exclusión de la arbitrariedad y del exceso del ius punendi del Estado.

En tal contexto, la doctrina constitucional, que hoy se reitera, tiene establecido que “la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable”4 y opera sólo a favor del condenado. Por esta misma razón, el ad quem solo está autorizado a conocer de los asuntos que, a través del recurso, se someten a su estudio”.

De igual forma, resaltó:

“El principio de legalidad no puede ser interpretado de manera estrecha al punto que desconozca el sentido mismo que dio origen a su elaboración. En efecto, la legalidad es una conquista en el derecho penal que garantiza certeza jurídica, no sólo de la conducta reprochada o de la sanción sino de la decisión judicial que impone una pena o que absuelve al procesado. Dicho de otro modo, este principio se convierte en una protección de la confianza en el proceso penal, el cual, incluye naturalmente la sentencia. De ahí pues que si la pena solo está determinada en la decisión judicial —antes de la sentencia la sanción es solamente determinable entre un mínimo y un máximo que será concretada por el juez—, es en la sentencia cuando se logra el máximo de certeza jurídica que se propone el Estado de Derecho. Por este motivo, si el superior empeora la situación del apelante único, no sólo quebranta la confianza en el fallo que el principio de legalidad protege, sino que se generan consecuencias sorpresivas naturalmente no calculadas por el sindicado”.

De esta manera, se advierte que el principio de legalidad, protege las garantías del proceso y lo enmarca, en abstracto, dentro de unos cauces, de cuyo rigorismo depende el cumplimiento de los fines generales del Estado como dispensador de la administración de justicia. De otro lado, se puede concluir que el principio de la “No reformatio in pejus”, es la concreción de derechos personalísimos del único apelante a que no se agrave su situación, y esto tiene como derivación la vulneración al debido proceso como garantía fundamental del procesado.

Así las cosas, entiende esta colegiatura que en aras de la protección de los derechos fundamentales del investigado, y atendiendo el principio de la “No reformatio in pejus” confirmará la providencia objeto de reproche, con el único fin de no empeorar su situación, a pesar que la sanción establecida no podía ser impuesta por el a quo, debiéndose en consecuencia, hacerse un llamado a la reflexión a los Seccionales de Instancia, para que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales se abstengan de continuar imponiendo sanciones disciplinarias ilegales, pues con dicho comportamientos desconocen principios de raigambre constitucional como se explicó en precedencia.

En el señalado orden de ideas, y ante la imposibilidad de variar la sanción impuesta por el a quo, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada proferida el 22 de abril de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual declaró disciplinariamente responsable al doctor Carlos Alfonso Matiz Bulla de incurrir en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, imponiéndole como sanción CENSURA.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Negar la nulidad deprecada por el disciplinado, según lo señalado en la parte considerativa de esta decisión.

2. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 22 de abril de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual declaró disciplinariamente responsable al doctor Carlos Alfonso Matiz Bulla de incurrir en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, imponiéndole como sanción CENSURA, de conformidad con las anteriores consideraciones.

3. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

4. DEVUÉLVASE al seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñan CarvajalJulia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucia Olarte Ávila, secretaria judicial.

1 M.P. Mauricio Martínez Sánchez en Sala Dual con la doctora Martha Inés Montaña Suárez.

2 Sentencia SU-1553/2000.

3 Al respecto, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias SU-327 de 1995, C-055 de 1993, SU-598 de 1995, SU-962 de 1999, T-750 de 1999, T-178 de 1998, T-751 de 1999, T-179 de 1998 y T-113 de 1997.

4 Sentencia SU-327 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz, proceso penal, el cual, incluye naturalmente la sentencia. De ahí pues que si la pena solo está determinada en la decisión judicial —antes de la sentencia la sanción es solamente determinable entre un mínimo y un máximo que será concretada por el juez—, es en la sentencia cuando se logra el máximo de certeza jurídica que se propone el Estado de Derecho. Por este motivo, si el superior empeora la situación del apelante único, no sólo quebranta la confianza en el fallo que el principio de legalidad protege, sino que se generan consecuencias sorpresivas naturalmente no calculadas por el sindicado”.