Sentencia 2013-01491 de noviembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Rad.: 25000-23-41-000-2013-01491-01

Demandante: Sonia Prieto Garzón

Demandada: Universidad Nacional de Colombia

Impugnación – Acción de cumplimiento.

Bogotá, D.C., seis de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación contra la providencia de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y el 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Acuerdo 15 del 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los tribunales administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

No obstante lo anterior y previo a resolver sobre el fondo del asunto, la Sala se pronunciará sobre la solicitud de nulidad presentada por la parte actora en el recurso de apelación, según el cual, en concordancia con lo establecido en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, es nulo el fallo de primera instancia porque el tribunal omitió la notificación de los terceros que tenían un interés directo en la acción de cumplimiento.

2.2. Cuestión previa – De la notificación a los terceros interesados en las resultas del proceso

De acuerdo con la apelación de la sentencia de primera instancia, la actora considera que en el presente caso se debe declarar la nulidad del fallo de primera instancia en atención a que, durante el curso del proceso, no se notificaron a todas las personas interesadas en el proceso y que, según ella, estaban legitimadas en la causa por activa para acudir ante la jurisdicción.

Al respecto, es necesario mencionar que, dada la naturaleza de la acción de cumplimiento, y contrario a lo que argumentó la señora Prieto Garzón, dentro de este tipo de acción no cabe hablar de legitimación en la causa, y mucho menos de una nulidad por no haber notificado “personas interesadas en el resultado del proceso” pues, de acuerdo a los artículos 5º y 6º de la Ley 393 de 1997, el único requisito para que se pueda adelantar el proceso es que esté debidamente individualizada la entidad accionada. Sobre el particular, esta sección ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse y concluyó que:

“No hay duda, entonces, de que “en las acciones públicas no cabe hablar de legitimación en causa ni siquiera para la parte demandante, por cuanto en éstas las personas, sean naturales o jurídicas, están facultadas siempre para pedir sentencia de fondo, sin restricción alguna y sin tener que acreditar una cualidad subjetiva especial”(12).

“En ese sentido, es válido sostener que, en materia de acciones de cumplimiento a todos interesa, por igual, el sometimiento a la legalidad que se logra por la vía del cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo.

“Así las cosas, si a todos interesa el sometimiento a la legalidad, la parte activa de la relación jurídica procesal en esta clase de acciones la puede integrar válida y suficientemente cualquier persona. En ese sentido lo entendió la Ley 393 de 1997 al referirse a la persona legitimada para interponer la acción de cumplimiento, pues parte del principio de que “toda persona” (art. 1º) o “cualquier persona” (art. 4º) puede acudir a esa acción, tal como expresamente lo prevé el artículo 87 constitucional.

“No obstante, el cumplimiento de la ley que se persigue por la vía de la acción de cumplimiento no se puede pretender de cualquier persona, es decir, no se puede demandar en acción de cumplimiento a cualquiera. Deberá tratarse de aquel que, conforme al ordenamiento jurídico, sea el competente para cumplir con el deber omitido, quien, además, debe tener la calidad de autoridad pública o particular que ejerce funciones públicas.

“En efecto, en contraposición a la ilimitada legitimación por activa que caracteriza a la acción de cumplimiento, fue voluntad del legislador que la misma sólo proceda i) “contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerzas material de ley o actos administrativos” y ii) “contra acciones u omisiones de los particulares que impliquen el incumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo, cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, pero sólo para el cumplimiento de las mismas” (arts. 6º y 8º, respectivamente, de la L. 393/97).

“En ese sentido, la restringida legitimación por pasiva en esta clase de acciones se refuerza cuando el artículo 5º de la Ley 393 de 1997 prevé que “si contra quien se dirige la acción no es la autoridad obligada, aquél deberá informarlo al juez que tramita la acción, indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuará también con las autoridades respecto de las cuales se ejercita la acción hasta su terminación. En todo caso, el juez de cumplimiento deberá notificar a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido” (resaltado de la Sala).

“De modo que la relación jurídica procesal en la acción de cumplimiento, atendiendo su naturaleza de acción pública, debe darse entre la persona que reclama el cumplimiento —que puede ser cualquiera— y la autoridad pública o el particular que ejerce función pública, siempre y cuando, en este último extremo, se trate de la persona que, “conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido”.

“Así entendida esa relación jurídica procesal, es claro, entonces que el deber de vinculación oficiosa que surge para el juez en esta clase de acciones sólo se predica de la persona que “conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido”. Por tanto, sólo en relación con la persona llamada a cumplir la obligación reclamada, el juez de conocimiento se encuentra obligado a ordenar su comparecencia al proceso, si es que tal obligado no fue debidamente identificado en la demanda” (resaltado propio de la Sala)(13).

De conformidad con lo anterior, se observa que en este caso, contrario a lo que sostiene la actora en el recurso de apelación, el tribunal no se encontraba obligado a notificar a los demás miembros de la lista de elegibles como terceros interesados en el resultado del proceso pues, se reitera, la única obligación con la que cuenta el juez en este sentido es la notificación de la autoridad accionada que deba cumplir con una norma con fuerza material de ley o un acto administrativo.

Como consecuencia de lo anterior, ya que el objeto de la acción de cumplimiento es que la Universidad Nacional de Colombia dé aplicación a lo dispuesto en los artículos 3º y 48 de la Resolución 391 de 1998, solo se debía notificar del proceso a dicha entidad en su calidad de demandada, y no a los demás miembros que hacían parte de la lista de elegibles.

Por lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se negará la solicitud de nulidad del fallo de primera instancia.

2.3. De la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda “acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”. En igual sentido, el artículo 1º de la Ley 393 de 1997 precisa que “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos”.

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (C.N., art. 2º), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado social de derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” (resaltado fuera del texto original)(14).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1º)(15).

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (arts. 5º y 6º).

iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8º). El artículo 8º señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable” caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace improcedente la acción. También son causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9º).

2.4. Análisis del caso concreto

La Sala entrará a decidir si en el presente caso se cumplen todos los presupuestos necesarios para que prospere la acción de cumplimiento, de acuerdo a los lineamientos antes expuestos.

2.4.1.1. En primer lugar, la actora pretende el cumplimiento de la Resolución 391 de 12 de abril de 2010, esto es, el acto administrativo que establece las condiciones y requisitos para la realización de los concursos para proveer cargos de carrera dentro de la universidad.

2.4.1.2. En segundo lugar, que el mandato sea imperativo e inobjetable, la Sala considera que dicho requisito sí se acreditó frente al artículo 48 de la Resolución 391 de 2010 pues, según lo dispuesto en la norma cuyo cumplimiento se pretende hacer efectivo, es claro que en aquellos casos en que exista una vacante definitiva en un cargo de carrera, o se ordene la provisión de un nuevo empleo, se deberá acudir al primer puesto de la lista de elegibles que se encuentre vigente.

2.4.1.3. Ahora, es necesario determinar si la solicitante cumplió con el deber de probar que se constituyó en renuencia a las entidades accionadas antes de instaurar la demanda, para lo cual, se debe analizar el contenido del escrito que antecede la presente acción, a la luz de la jurisprudencia de esta corporación que ha sido uniforme en señalar que:

“El segundo inciso del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 dispone que la acción de cumplimiento procede cuando se ha demostrado la renuencia del demandado a cumplir con el deber legal o administrativo omitido, lo cual sólo puede excusarse cuando se sustenta en la demanda la inminencia de un perjuicio irremediable que exige la intervención inmediata de la orden judicial. Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: De un lado, la reclamación del cumplimiento y, de otro, la renuencia.

“El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

“Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

“Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativo”(16).

Al amparo de esa decisión, se examinará el contenido de la petición de 2 de abril de 2013, radicada en la Rectoría de la Universidad Nacional y a través del cual, la actora pretende acreditar el requisito de procedibilidad.

En la mencionada solicitud(17), la señora Prieto Garzón, solicitó se procediera a “acatando el artículo 48 de la Resolución 391 de 2010 (sic), proveer los empleos de operario calificado 53006 PCA, usando la dos listas de elegibles de las resoluciones 903 y 908, en igualdad de condiciones ya que se encuentran en la misma situación frente a los 10 CARGOS QUE NO FUERON OBJETO DEL CONCURSO” (Negrillas, mayúsculas y subrayas propias del texto original).

Por su parte la división de personal administrativo de la Universidad Nacional, mediante oficio DPA-0619(18) le contestó a la actora que en atención a que las dos convocatorias eran diferentes, y de conformidad con la Resolución 391 de 2010, la ejecución de las mismas se daba de forma independiente, razón por la cual la lista de elegibles que se encuentra en la Resolución 903 de 2011 no podía ser utilizada para proveer los cargos que inicialmente no se habían ofertado.

De acuerdo a lo anterior, la Sala encuentra que sí se constituyó en renuencia a la entidad accionada.

2.4.1.4. No obstante lo anterior, en lo que tiene que ver con el requisito de la subsidiariedad, encuentra la Sala que la actora sí contaba con otro mecanismo de defensa judicial para lograr el cumplimiento de la Resolución 391 de 2010 y con ello, determinar si existían personas que se encontraban en mejores condiciones para proveer los mencionados cargos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

Sobre el particular en Sentencia C-193 de 1998, la Corte Constitucional señaló:

“Como es bien sabido, la finalidad de la acción de cumplimiento es buscar un mecanismo o instrumento procesal idóneo para asegurar la realización material de las leyes y actos administrativos. De este modo se logra la vigencia y el respeto del ordenamiento jurídico, en cuanto la ejecución de las leyes y actos administrativos, permite realizar los diferentes cometidos estatales confiados a las autoridades, y proteger y hacer efectivos los derechos de las personas.

“Cuando se trata de asegurar el efectivo cumplimiento de la ley material, esto es, de normas generales, impersonales y abstractas, es indudable que el instrumento de protección creado por el constituyente —la acción de cumplimiento— es el único mecanismo directo idóneo (…). Iguales consideraciones son válidas con respecto a los actos administrativos de contenido general que por contener normas de carácter objetivo impersonal y abstracto, son equivalentes materialmente a las leyes.

“Por el contrario, cuando se trata de actos administrativos subjetivos, que crean situaciones jurídicas individuales, concretas y particulares, el cumplimiento efectivo del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la persona y no a la que corresponde a la satisfacción de los intereses públicos y sociales. Por ello se justifica constitucionalmente, por considerarse razonable y no afectar el contenido esencial de la norma del artículo 87 constitucional, la previsión del legislador, en el sentido de que en tales casos, el afectado, o sea, a quien se le lesiona directamente su derecho pueda acudir a los mecanismos ordinarios que también éste ha instituido para lograr el cumplimiento de tales actos, porque dentro de la autonomía discrecional de que goza para la configuración de la norma jurídica, no resulta contrario al referido mandato constitucional que el precepto acusado permita la existencia de mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta clase de actos, salvo cuando de no asegurarse la efectiva ejecución del acto particular y concreto se pueda derivar para el interesado "un perjuicio grave e inminente". En otros términos, no es inconstitucional que el Legislador haya considerado que la acción de cumplimiento no subsume de manera absoluta las acciones que existen en los diferentes ordenamientos procesales para asegurar la ejecución de actos de contenido particular o subjetivo”(19).

De igual forma, esta Sección en reiterada jurisprudencia(20) ha desarrollado “la existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia de la acción de cumplimiento, en aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

Así, en sentencia de 24 de mayo de 2012, se reiteró como “la razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio”(21).

Pues bien, en el caso bajo estudio la actora pretende que se utilicen las listas de elegibles establecidas en las resoluciones 903 y 908 de 2011 para proveer diez (10) cargos de operario calificado 53006 PCA que inicialmente no se habían ofertados, atendiendo de forma estricta el orden de mérito esto es, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en cada uno de los concursos y unificar ambas listas en aras de que las personas que obtuvieron mejor puntaje, independientemente de la lista en la cual se encontraban, fueran nombradas.

En otras palabras, para la actora en los nombramientos que han venido haciendo al interior de la Universidad Nacional se desconoció el criterio del mérito.

Como fundamento de su petición la señora Prieto Garzón señaló que de acuerdo a lo establecido en la Resolución 391 de 2010 era una obligación por parte de la Universidad Nacional utilizar las listas de elegibles ya existentes para proveer los cargos que inicialmente no habían sido ofertados, así, como para el cargo de operario calificado 53006 existían dos listas de elegibles, resoluciones 903 y 908 de 2011, ambas debían ser tenidas en cuenta, por lo anterior y como en el sub judice la universidad privilegió una lista de elegibles, con ello desconoció el reglamento de los concurso de méritos para cargos de carrera y nombró a personas que tenían un menor puntaje y no estaban en estricto de orden de mérito frente a otras personas.

En ese sentido, considera la sección que la actora contaba con la posibilidad de presentar una demanda con el fin de controvertir los nombramientos proferidos por la Universidad Nacional en los cuales se utilizó solamente la lista de elegibles consagrada en la Resolución 908 de 2011, en los cuales, según la actora, varias personas allí enlistadas no estaban en estricto orden de merito pues tenían un puntaje menor que el suyo.

En consonancia con lo anterior, recuerda la Sala que el fin último de la acción de cumplimiento es procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, en aquellos casos en que las autoridades públicas no dan estricto cumplimiento al deber jurídico o administrativo que les es exigible y que, la controversia propuesta en el sub lite va más allá de exigir el cumplimiento de la Resolución 391 de 2010 proferida por el Rector de la Universidad Nacional y en tal medida, requiere que el juez natural realice un análisis de fondo de dicho acto administrativo y de la actuación administrativa desplegada por la Universidad al proveer los cargos de operario calificado 53006 PCA que inicialmente no habían sido objeto de concurso.

Para la Sala, los argumentos anteriormente expuestos debían ser conocidos por el juez natural, esto es el electoral. Autoridad que válidamente podía pronunciarse sobre cuestiones como las siguientes: (i) si con el mecanismo adoptado se pretendió burlar el criterio del mérito, y con ello, si se dio una indebida utilización de las listas de elegibles para proveer diez (10) cargos que inicialmente no habían sido ofertados y; (ii) si era viable, como sostiene la actora, usar las dos listas de elegibles de forma simultánea para proveer los cargos ya antes referidos.

Así las cosas, para la Sala la petición de la señora Sonia Prieto Garzón es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, pues esta disponía de otro mecanismo de defensa judicial para controvertir los nombramientos hechos por parte de la Universidad Nacional y exigir la observancia de las normas invocadas como incumplidas.

Ahora bien, el juez de la acción de cumplimiento, pese a la existencia de un instrumento judicial, podría pronunciarse de fondo en relación con la solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio. No obstante, en el caso de la referencia, la parte interesada no probó tales elementos, razón por la cual, se modificará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para declarar la improcedencia de la acción, de acuerdo a las razones expuestas en esta providencia.

2.5. De los demás argumentos de la impugnación

Finalmente y con el ánimo de resolver las restantes argumentaciones expuestas en el escrito de impugnación la Sala precisa:

2.5.1. En lo atinente a la falta de motivación por parte del a quo, es necesario resaltar que, contrario a lo que sostuvo la actora, el tribunal sí expuso de una forma clara y suficiente los argumentos que le permitieron llegar a su decisión, así, el hecho de que la señora Prieto Garzón no comparta la decisión de primera instancia, no implica que su “motivación no fue adecuada”.

2.5.2. En relación, con la afirmación concerniente a que el tribunal hizo una indebida interpretación de la demanda al considerar que la actora no estaba legitimada en la causa por activa ya que con el cumplimiento de la norma se estarían afectando derechos de terceros, debe la Sala precisar que le asiste razón a la señora Prieto Garzón sobre este punto, sin embargo, dicho argumento no tiene la entidad suficiente para controvertir la decisión del a quo y con ello, dar paso a que se revoque dicha decisión, pues tal y como se mencionó en el anterior acápite, la acción de cumplimiento no cumple el requisito de subsidiariedad pues la señora Prieto Garzón contaba con otros mecanismos de defensa idóneos para la protección de sus intereses.

Sobre este punto es claro que, tal y como ya se ha mencionado previamente en esta providencia, el objeto de la acción de cumplimiento es demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. De esta manera, si con la decisión se afectan derechos de terceros, ello resulta extraño al objeto del cumplimiento y no puede ser un aspecto a tener en cuenta al resolver el fondo del asunto, pues ya sea de forma directa o indirecta, siempre existiría una persona que se vería afectada con la decisión del cumplimiento, lo que llevaría al absurdo de negar en todos los casos las pretensiones de la demanda.

2.5.3. Frente al desconocimiento por parte del tribunal de la Sentencia T-569 de 2011 de la Corte Constitucional, una vez revisada la misma, observa la Sala que esta se refiere a la idoneidad de la tutela frente a listas de elegibles, es decir, analiza el tema de la subsidiariedad de dicho mecanismo y de las acciones ordinarias para la protección de los derechos de las personas que hacen parte de un proceso de selección para cargos de carrera.

2.5.4. Finalmente, en lo que tiene que ver con la “inhabilidad” en la que estaba incursa la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para conocer el asunto, en consideración a que en el pasado ya se había pronunciado sobre el particular fungiendo como juez de tutela, entiende la Sala que en realidad lo que plantea la actora es una recusación contra esa Sección. No obstante, en gracia de discusión, la recusación no solo no se presentó dentro de la oportunidad prevista en el artículo 149 del Código de Procedimiento Civil, sino que, incluso, si ello hubiese sucedido, tal y como lo ha entendido la jurisprudencia de esta sección(22), la causal de recusación por conocimiento previo se configura cuando existe identidad entre las pretensiones presentadas en un proceso anterior y las que se analizan en el presente proceso.

Aceptar los argumentos expuestos por la señora Prieto Garzón implicaría llegar al absurdo de entender que un juez nunca podría reiterar su propia jurisprudencia. Esto ocurre porque, se partió de la premisa falsa de que en todos los casos en los cuales se haya adelantado un proceso ante un juez, y este conozca de otro que comparta los mismos hechos, tramitados bajo acciones diferentes, el juez que tenga el conocimiento del asunto debería separarse del mismo. No obstante lo anterior, se reitera, el alcance de la causal antes mencionada es diferente, pues esta solo tiene aplicación cuando los jueces ad quem han conocido del mismo proceso en primera instancia.

De esta manera, es claro que en el sub judice no se configuró ninguna causal de impedimento ya que el objeto de cada una de las acciones es diferente, así, mientras que la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales, la acción de cumplimiento, por su parte, busca que una autoridad cumpla, valga la redundancia, con lo establecido en una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGASE la solicitud de nulidad de todo lo actuado impetrada por la parte actora, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. MODIFÍCASE la sentencia de 14 de agosto de 2013, proferida por la Subsección “B”, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la acción de cumplimiento instaurada contra Universidad Nacional de Colombia y, en su lugar, DECLÁRASE, que la misma no procede.

3. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

4. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(12) Carlos Betancur Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo. Señal Editora, 2002.

(13) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Darío Quiñones Pinilla, sentencia de 13 de octubre de 2006, número de radicado 2500-23-27-000-2005-01745-01(ACU).

(14) Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Drs. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.

(15) Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.

(16) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Darío Quiñones Pinilla, sentencia de 24 de junio de 2004, número de radicado 44001-23-31-000-2003-0724-01(ACU).

(17) Folios 23 a 26 del expediente.

(18) Folios 27 y 28 del expediente.

(19) Magistrados ponentes: Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.

(20) Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 24 de mayo de 2012, número de radicado 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU); Sección Quinta, C.P. Mauricio Torres Cuervo, sentencia de 23 de agosto de 2012, número de radicado 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU); Sección Quinta, C.P. Mauricio Torres Cuervo, sentencia de 21 de junio de 2012, número de radicado 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU)..

(21) Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 24 de mayo de 2012, número de radicado 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU).

(22) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Filemón Jiménez Ochoa, auto de 17 de marzo de 2006, número de radicado 19001-23-31-000-2006-00062-01(ACU).