Sentencia 2013-01541 de mayo 10 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01541-01 (23248)

Consejero Ponente:

Dra. Milton Chaves García

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Cine Colombia S.A.

Demandado: UAE DIAN

Temas: Impuesto al patrimonio 2011

Contrato de estabilidad jurídica

Devolución pago de lo no debido

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la DIAN, la Sala decide si por el año gravable 2011 procede o no la devolución de la suma pagada por la actora por concepto del impuesto al patrimonio y la sobretasa a dicho impuesto, junto con los intereses corrientes y de mora.

Para resolver este asunto, la Sala reitera el criterio expuesto en sentencia de 2 de marzo de 2017, en la que se resolvió un caso similar(13).

Con fundamento en la Ley 963 de 2005, los decretos 2950 de 2005 y 1474 de 2008 y los documentos Conpes 3366 y 3406 de 2005, la actora celebró con la Nación - Ministerio de Cultura, el contrato de estabilidad jurídica EJ-10(14).

Entre las normas objeto de estabilidad jurídica se incluyeron los artículos 292 a 296 del estatuto tributario, modificados por la Ley 1111 de 2006, que regulan el impuesto al patrimonio de los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010 (cláusula cuarta del contrato)(15). Tales normas se consideraron determinantes para la inversión y la Nación se obligó a que se mantendrían inmodificables durante su vigencia y que ante cualquier modificación adversa no le serían aplicables al inversionista (cláusula séptima del contrato)(16).

El 16 de mayo de 2011, la actora presentó la declaración del impuesto al patrimonio y sobretasa correspondientes al año gravable 2011, con saldo a pagar de $ 13.547.996(17). La actora un total de $ 5.080.500.00, correspondiente a tres cuotas, cada una de $ 1.693.500.000(18).

El 3 de agosto de 2012, pidió la devolución del valor pagado y que se dejara sin efecto jurídico la declaración tributaria presentada(19). Por resolución de 8 de octubre de 2012, la administración negó la devolución solicitada, decisión que fue confirmada por acto de 27 de agosto de 2013, al desatar el recurso de reconsideración(20). Además, por oficio de 13 de agosto de 2012, la DIAN negó la petición de dejar sin efectos la declaración presentada.

En el presente asunto, la actora alega que, en virtud del contrato de estabilidad jurídica suscrito con la Nación - Ministerio de Cultura, no está obligada a pagar el impuesto al patrimonio a que se refiere la Ley 1370 de 2009, pues dicha norma prorrogó el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 de 2006, que fijó el impuesto por los años gravables 2007 a 2010.

La DIAN, por su parte, insiste en que la actora sí está obligada a pagar el impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009, pues es un impuesto nuevo, creado, precisamente, por dicha ley. Que, además, esta norma es posterior y, por ende, no está incluida en el contrato de estabilidad tributaria.

La discusión acerca de si la Ley 1370 de 2009 creó un nuevo impuesto al patrimonio o prorrogó el regulado por la Ley 1111 de 2006, fue definida por esta Sección en sentencia de 30 de agosto de 2016, al anular parcialmente el Concepto DIAN 098797 de 2010, que sirvió de fundamento a los actos demandados(21) y que, en esencia, sostenía que los inversionistas que hubieran suscrito contratos de estabilidad jurídica estaban sujetos al impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1370 de 2009.

En efecto, en la sentencia de 30 de agosto de 2016, esta Sección concluyó que “La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111”(22).

Con fundamento en la sentencia ya citada, la Sala ha anulado varios actos de contenido particular en los que la DIAN negó la devolución de las sumas pagadas por concepto del impuesto al patrimonio de 2011, a inversionistas que suscribieron contratos de estabilidad jurídica que incluían el artículo 292 del estatuto tributario modificado por la Ley 1111 de 2006(23).

Así, en sentencia de 2 de marzo de 2017, la Sección precisó lo siguiente(24):

“Al respecto, se advierte que la Sala, en sentencia del 30 de agosto de 2016, expediente 18636, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, anuló el citado concepto [se refiere al Concepto DIAN 098797 de 2010], con fundamento en las siguientes consideraciones:

«[...].

2.2.2.1. Conclusiones.

Lo expuesto obliga a que la Sala declare la nulidad de la tesis y la interpretación jurídica establecida para el problema jurídico 2 del Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010. En síntesis, esa decisión está respaldada en las siguientes conclusiones:

i) [...].

ii) La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111. La consecuencia de esa interpretación es que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 esté amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963, por el tiempo que se pacte, siempre que en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111.

iii) [...] Los inversionistas que suscriben el contrato de estabilidad jurídica no adquieren meras expectativas, sino el derecho particular y concreto a que la inversión, durante la vigencia del contrato, se rija por las normas identificadas en el contrato. De modo que, a partir de la celebración del contrato, en virtud del principio de buena fe, los inversionistas amparan el marco jurídico de la inversión, al punto que, luego, no les son oponibles las modificaciones normativas que resulten adversas a la inversión.

iv) En los términos del artículo 1º de la Ley 963, por modificación normativa se entiende cualquier cambio en el texto de la ley, de la norma reglamentaria que expide el Gobierno Nacional o el cambio de la interpretación vinculante que, en ciertos casos, fija la propia administración, como en el caso de la DIAN.

La expedición de la Ley 1370 de 2009 y la interpretación que se plasmó en el acto demandado constituyen una modificación normativa adversa, en cuanto los inversionistas que suscribieron el contrato de estabilidad jurídica estarían obligados a pagar el impuesto al patrimonio de la Ley 1370.

v) [...].

vi) La interpretación plasmada en el acto demandado generó una modificación normativa adversa, que, sin duda, es contraria al principio de buena fe que guía la relación jurídica entre el Estado y el inversionista, pues desconoce que realmente la Ley 1370 no hizo nada distinto a prorrogar la vigencia del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 (para que pudiera cobrarse en el año 2011).

...».

Conforme a lo expuesto, el impuesto al patrimonio consagrado en la Ley 1370 de 2009 es una prórroga de la Ley 1111 de 2006, de esta forma, para la Sala, la demandante no es sujeto pasivo de la prolongación del impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009, pues al haber suscrito un contrato de estabilidad jurídica sobre las normas relativas al impuesto al patrimonio y por el término de 20 años, cualquier modificación sobre las normas relativas a este impuesto no le son aplicables, lo cual incluye la prórroga del gravamen [...]”.

Entonces, la Ley 1370 de 2009 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, como lo afirma la DIAN, sino que prorrogó el que, en ese momento, estaba vigente, esto es, el regulado en los artículos 292 a 296 del estatuto tributario modificados por la Ley 1111 de 2006.

Esta interpretación tiene como efecto que los inversionistas que hayan suscrito contratos de estabilidad jurídica y en estos hayan estabilizado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 de 2006, tienen derecho a que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 esté amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005, por el tiempo que se haya pactado el respectivo contrato, sin que les sean oponibles las modificaciones normativas adversas a la inversión.

Por tal razón, por el año gravable 2011, Cine Colombia no era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1370 de 2009, pues por tratarse de una prórroga de dicho tributo, forma parte de las normas incluidas en el contrato de estabilidad jurídica que suscribió con el Ministerio de Cultura, a saber: el artículo 292 y siguientes del estatuto tributario, que estableció el impuesto al patrimonio por los años 2007 a 2010.

En cuanto a la sobretasa del impuesto al patrimonio establecida en el artículo 9º del Decreto 4825 de 2010(25), la Sala reitera que la actora no estaba obligada a pagarla, pues fue creada como un tributo complementario “a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta de que trata la Ley 1370 de 2009”. En consecuencia, tiene un carácter accesorio “que le permite plegarse a la misma suerte del concepto principal al cual accede, y que la supedita a la plena existencia de una obligación tributaria sustancial vigente respecto de dicho gravamen”(26).

En consecuencia, la declaración de impuesto al patrimonio presentada por la actora por el año gravable 2011 no surte efectos jurídicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 594-2 del estatuto tributario, sin necesidad de acto que así lo declare(27).

No es cierto, entonces, que como la sobretasa es un tributo independiente y esta se declaró en el mismo formulario del impuesto al patrimonio, la declaración del impuesto al patrimonio por el año gravable 2011 tiene pleno efecto legal.

Además, lo pagado por la actora constituye un pago de lo no debido, pues no existe causa legal para exigir su cumplimiento (D. 1000/97, art. 21)(28). En consecuencia, procede la solicitud de devolución dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva del artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002, esto es, 5 años. Lo anterior, conforme con los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997.

Además, por tratarse de una declaración que no produce efectos, mal puede exigirse que antes de presentarse la solicitud de devolución, deba cumplirse el trámite previsto en el artículo 589 del estatuto tributario, para la corrección de las declaraciones que disminuyen el impuesto a pagar o aumentan el saldo a favor.

De otra parte, conforme con los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, para las solicitudes de devolución de pagos de lo no debido se aplica el trámite de las solicitudes de devolución de saldos a favor, que incluye el reconocimiento de intereses corrientes y de mora. Es de anotar que la DIAN no cuestionó la sentencia en cuanto a la forma en que se determinaron los intereses corrientes y de mora, por lo que tal determinación se mantiene.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el tribunal dispuso que los intereses corrientes se liquidarán desde la notificación del acto que negó la devolución e indicó que dicha notificación se surtió el 3 de agosto de 2012, se precisa que los intereses corrientes se deben desde el 9 de octubre de 2012, pues esta fue la fecha de notificación del acto que negó la devolución(29).

Por tanto, se modifica la parte motiva de la sentencia apelada para precisar que los intereses corrientes se liquidarán desde el 9 de octubre de 2012, fecha de notificación del acto que negó la solicitud de devolución, hasta la ejecutoria de esta sentencia(30). Se mantiene el reconocimiento de los intereses de mora en los términos de la sentencia apelada.

Por lo anterior, se modifica el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada para precisar que los intereses corrientes y de mora del artículo 863 del estatuto tributario se liquidarán de acuerdo con lo previsto en la parte motiva de esta sentencia de segunda instancia.

De otra parte, es necesario modificar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, pues el número correcto de la resolución de 8 de octubre de 2012, que negó la devolución, es el 6283-0039 y no el 6283-0009, como aparece en el citado numeral.

Las razones que anteceden son suficientes para modificar la sentencia apelada, en los siguientes términos:

Se modifica el numeral primero de la parte resolutiva, para indicar que el número de la resolución de 8 de octubre de 2012, que negó la devolución es el 6283-0039.

Se modifica el inciso segundo del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada para precisar que los intereses corrientes y de mora del artículo 863 del estatuto tributario deben liquidarse de acuerdo con lo previsto en la parte motiva de esta sentencia.

Se niega la condena en costas en ambas instancias, pues conforme con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(31), en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8º, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia apelada, que, en consecuencia, queda así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 6283-039 del 8 de octubre de 2012, proferida por el jefe de la división de gestión de recaudo de la dirección seccional de impuestos de grandes contribuyentes de Bogotá y de la decisión de la división de gestión de fiscalización contenida en el Oficio 1-31201238-265 del 13 de agosto de 2012, proferido por el jefe de la división de gestión de fiscalización de la dirección seccional de impuestos de grandes contribuyentes de Bogotá.

DECLARAR la nulidad de la Resolución 1065 del 27 de agosto de 2013, proferida por la subdirectora de gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica de la DIAN, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración que confirmó la decisión recurrida.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR sin efectos legales la declaración del impuesto al patrimonio y sobretasa del año gravable 2011, presentada por Cine Colombia S.A. NIT 890.900.076-0.

En consecuencia, ORDENAR a la UAE DIAN la devolución a la demandante del valor de $ 5.080.500.000 por concepto de pago de la primera, segunda y tercera cuotas de dichos tributos, junto con los intereses corrientes y moratorias previstos en el artículo 863 estatuto tributario, que se liquidarán según lo señalado en la parte motiva de esta providencia de segunda instancia.

2. Sin condena en costas en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

13 Expediente 22145, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

14 Cfr. folio 228 a 237, cuaderno 1.

15 Cfr. folio 231, cuaderno 1.

16 Cfr. folio 232, cuaderno 1.

17 Cfr. folio 245, cuaderno 1.

18 Cfr. folios 246 a 248, cuaderno 1.

19 Cfr. folios 249, 250 a 265, cuaderno 1.

20 Cfr. folios 268 y 332, cuaderno 1.

21 Folio 275 y 338 reverso, cuaderno 1.

22 Expediente 11001-03-27-000-2011-00003-00 (18636), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

23 Entre otras, ver sentencias del 5 de octubre de 2016, expediente 05001-23-31-000-2012-00612-01 (21012), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (E), del 16 de noviembre de 2016, expediente 05001-23-31-000-2011-01753-01(20826), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, de 24 de noviembre de 2016, expediente 05001-23-31-000-2011-01754-01(21181), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 23 de febrero de 2017, expediente 17001-23-33-000-2013-00034-01(20442), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 2 de marzo de 2017, expediente 08001-23-31-000-2012-00488-01(22145), Stella Jeannette Carvajal Basto.

24 Expediente 22145, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

25 Artículo 9º Decreto 4825 de 2010. Créase una sobretasa al impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta de que trata la Ley 1370 de 2009. Esta sobretasa es del veinticinco por ciento (25%) del impuesto al patrimonio. [...].

26 Sentencia del 5 de octubre de 2016, expediente 21012, C.P. (E) Martha Teresa Briceño de Valencia.

27 Sentencia de 2 de marzo de 2017, expediente 22145.

28 El Decreto 1000 de 1997 fue derogado el Decreto 2277 de 2012 pero estaba vigente al momento de la solicitud de devolución (ago. 3/2012).

29 Folio 269 reverso, cuaderno 1.

30 Sentencia de 2 de marzo de 2017, expediente 22145, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

31 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.