Sentencia 2013-01649 de diciembre 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000233600020130164901

Consejero ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Edilberto de Jesús Villegas Villada

Accionado: Procuraduría General de la Nación

Acción de tutela

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil trece.

Conoce la Sala, de la impugnación formulada por el demandante en referencia contra la sentencia de 15 de octubre de 2013, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó por improcedente el amparo deprecado.

1. Síntesis del caso

Los hechos que sustentan la solicitud de protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos se resumen en los siguientes términos:

1.1. El señor Edilberto de Jesús Villegas Villada se inscribió en el concurso de méritos convocado por la Procuraduría General de la Nación, para proveer en propiedad el cargo de profesional universitario grado 18 (PU18) en la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá.

1.2. En un primer momento, la Procuraduría no admitió su participación en el concurso aduciendo que no cumplía con el requisito mínimo de experiencia para aspirar al cargo ofertado (3 años). No obstante, en virtud de la reclamación formulada, la entidad accionada revocó tal decisión al encontrar que el participante sí acreditó el tiempo mínimo para la participar en la convocatoria.

1.3. Una vez presentada la prueba de conocimientos en la cual obtuvo 68.49 puntos, procedió el día 20 de marzo de 2013 a presentar la carpeta física para el análisis de la prueba de antecedentes, anotando que sólo era la presentación física para la respectiva comprobación “porque ya los documentos exigidos y que harían parte de la valoración habían sido subidos por medio de la Web desde el mismo momento de la inscripción”.

1.4. En la citada carpeta allegó documentación que da cuenta de una especialización en derecho administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada, al igual que las constancias laborales que demuestran 5 años, 8 meses y 22 días de experiencia relacionada con las funciones propias del cargo ofertado, en tanto que desde el 15 de diciembre de 2006 hasta el 9 de mayo de 2010, ha trabajado como Sustanciador de procesos disciplinarios en la Policía Nacional, mientras que desde el 10 de mayo de 2010 al 4 de septiembre de 2012 ha fungido como Asesor Jurídico en la misma institución. En esa misma documentación acreditó 17 cursos de formación para el trabajo humano, también relacionados con las funciones del cargo, con el propósito de obtener un puntaje por educación y experiencia de 59,08 unidades.

1.5. A pesar de lo anterior, el 12 de agosto de 2013 la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación publicó los resultados de la prueba de análisis de antecedentes en la que le asignó una calificación de 30 puntos, “sin explicar cuanto se asignaba a cada parte de esta prueba, que estaba dividida en tres partes, a saber: una correspondía a la educación adicional (otorgaba máximo 40 puntos), otra a la experiencia adicional (otorgaba máximo 40 puntos) y finalmente la formación para el trabajo y desarrollo humano (máximo 20 puntos), es decir estas tres valoraciones otorgaban el 100% de la prueba de análisis de antecedentes (…)”.

1.6. Interpuesta la reclamación respectiva, el día 7 de septiembre de 2013, la Jefe de la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación mediante la Resolución 1054 de 29 de agosto de 2013, confirmó el puntaje asignado al considerar que el actor sólo logró acreditar 2 años, 3 meses y 26 días como experiencia mínima para participar en el concurso. No obstante, en virtud a que el interesado allegó un título de formación avanzada o de posgrado, la Procuraduría aplicó la equivalencia prevista en el artículo 20 del Decreto-Ley 263 de 2000, para dar por cumplido el requisito mínimo de 3 años de experiencia.

Al efecto, la Procuraduría consideró no válida la experiencia como Sustanciador de procesos disciplinarios y/o penales en la Policía Nacional que acreditó el actor, porque de acuerdo con la descripción de los cargos y funciones asignadas a ese empleo, corresponde a experiencia adquirida en el ejercicio de un empleo del nivel misional administrativo y nivel básico de la Policía nacional, el cual exige como requisito académico o de formación el ser bachiller. Sostuvo la entidad demandada, con ayuda de conceptos emanados del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que la experiencia adquirida en un cargo de técnico, así cuente con la aprobación del respectivo pensum académico de una formación profesional, no puede tomarse como experiencia profesional, pues la naturaleza general de las funciones del empleo de técnico y de profesional son diferentes.

1.7. Considera el demandante que la Procuraduría General de la Nación ha quebrantado flagrantemente las reglas que rigen el concurso de méritos en desmedro de sus derechos fundamentales, como quiera que al calificar la prueba de análisis de antecedentes incurrió en interpretaciones “rebuscadas” que no consultan las funciones esenciales que cumplió en la Policía Nacional como Sustanciador, de las cuales destaca “adelantar dentro de los términos y formalidades legales las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias y/o penales asignadas en reparto, proyectando de forma motivada las decisiones interlocutorias y de fondo dentro de las citadas investigaciones, previa coordinación y orientación del funcionario con atribuciones disciplinarias. Así mismo, dar cumplimiento a los diferentes requerimientos relacionados con las investigaciones que adelanta”. Sostiene que esta función coincide con varias de las asignadas al cargo ofertado.

1.8. Solicita, en síntesis, la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. En consecuencia pide que se decrete la suspensión provisional del concurso, hasta tanto no se resuelva la acción constitucional; que se ordene la rectificación del puntaje de acuerdo con la experiencia acreditada en el cargo de sustanciador de procesos disciplinarios en la Policía Nacional; que se rectifique la calificación en la prueba de antecedentes, reconozca y puntúe directamente y no como equivalencia, la especialización en derecho administrativo; que se reconozca como experiencia profesional la adquirida a partir del 15 de diciembre de 2006, fecha en la que acreditó la terminación de materias que conforman el programa académico del programa de derecho; que con fundamento en la rectificación de su puntaje en la prueba de antecedentes, se le ubique en el lugar correspondiente de la lista de elegibles.

2. Oposición

La Procuraduría General de la Nación contesta la acción de tutela oponiéndose a lo pretendido.

Expone que la inscripción del accionante fue aceptada en virtud de la compensación de requisitos que se efectuó respecto del título de Especialista en Derecho Administrativo en atención a que no alcanzó a acreditar la experiencia mínimo de 3 años exigida para el empleo al cual aspiraba, por lo que el posgrado se tomó como equivalente a tal experiencia.

Aclara que no se tuvo en cuenta la experiencia del actor como sustanciador en la Policía Nacional, ya que las funciones propias del empleo al cual aspira no guardan correspondencia con las desempeñadas en aquella institución, sumado a que el empleo ofertado es del nivel profesional.

Expone que la experiencia se contabiliza por años y no por fracciones de años como lo pretende el demandante, de tal suerte que no se puede contabilizar la experiencia mensual.

Reitera que si bien el accionante se inscribió el 7 de marzo de 2012 al concurso, no acreditó los requisitos específicos para ejercer el empleo de profesional universitario grado 18, ya que la experiencia como sustanciador no es susceptible de contabilizar como específica o relacionada, respecto de las funciones del empleo convocado a concurso, como tampoco pertenece al nivel profesional.

Se refiere a los conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Comisión de Carrera de la Procuraduría General de la Nación, en los que señalan que la experiencia adquirida en cargos del nivel técnico, así se cuente con la aprobación del respectivo pensum académico de una formación profesional, no puede ser tomada como experiencia de ese nivel, pues la naturaleza general de las funciones del empleo de técnico y de profesional son diferentes.

Precisa que no se está exigiendo que el empleo que se ejerza después de la terminación de material sea del nivel profesional, sino que corresponda al ejercicio de actividades propias de una profesión. Si el empleo ejercido por el tutelante es del nivel básico, no requiere aplicar ningún conocimiento de educación superior.

Por último, indica que las certificaciones allegadas por el actor al concurso no anexan las funciones del cargo de sustanciador, por lo que considera que no pueden ser tenidas en cuenta en esa etapa del concurso.

3. El fallo de primera instancia

Luego de hacer mención al contenido esencial de los derechos fundamentales que se consideran quebrantados y de estimar a la acción de tutela como medio idóneo de protección en el caso concreto, “ante la urgente posibilidad de continuar participando en el proceso de selección para acceder a un cargo de carrera administrativa”, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca terminó rechazando por improcedente el amparo deprecado.

Considerando que “el punto de divergencia entre las partes (…) la calificación de la experiencia laboral del actor en la Policía Nacional como Sustanciador de Procesos Disciplinarios y/o Penales, desde la fecha de terminación académica, esto es el 15 de diciembre de 2006, al 9 de mayo de 2010 (…)” el Colegiado arguyó que la controversia sobre el alcance e interpretación de las normas del concurso de méritos corresponde al juez administrativo y no al juez constitucional, atendiendo el carácter subsidiario de la acción de tutela.

Por consiguiente, concluyó que el actor dispone de un mecanismo idóneo y eficaz para obtener la protección de los derechos presuntamente quebrantados, siendo la jurisdicción competente el escenario natural para discutir el acto administrativo emitido por la Procuraduría General de la Nación en el desarrollo del concurso de méritos.

Agregó que no existe prueba en el proceso que a otra persona en idénticas condiciones se le esté dispensando un tratamiento diferente al tutelante, por lo que descartó una violación del derecho fundamental a la igualdad.

4. La impugnación

En extenso escrito de alzada, el actor argumentó que la tutela siempre procede para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales cuando resultan vulnerados en los concursos de méritos, en tanto que las acciones ordinarias no resultan idóneas para tal fin. Así mismo, reiteró los hechos y las pretensiones presentadas en el escrito inicial.

Se resuelve la impugnación previas las siguientes,

5. Consideraciones

5.1. Competencia: la Sala es competente para conocer, en instancia de impugnación, de la acción de tutela formulada contra Procuraduría General de la Nación, atendiendo las reglas de reparto establecidas en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, en consonancia con el reglamento interno de esta Corporación contenido en el Acuerdo 55 de 2003.

5.2. Procedibilidad de la acción de tutela en materia de concursos de méritos: la Corte Constitucional ha señalado de manera recurrente que la acción de tutela es un mecanismo protector de derechos fundamentales de naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual solo puede operar para la protección inmediata de los mismos cuando no se cuenta con otro mecanismo judicial de protección, o cuando existiendo este, se debe acudir a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sin embargo, la doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos y fueron debidamente seleccionados, el Juez de Tutela asume competencia plena y directa, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al considerar que el recurso de amparo puede “desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del asunto”(1), en aquellos casos en que el mecanismo alterno no es lo suficientemente idóneo y eficaz para la protección de estos derechos(2).

Considera la Sala, que en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Por tal razón la Jurisprudencia ha expresado, que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular(3).

En tal sentido, la Sala revocará la decisión del Colegiado de primer grado, que rechazó por improcedente la tutela invocada.

5.3. Problema jurídico: corresponde ahora establecer si la Procuraduría General de la Nación lesionó los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos del demandante, al no otorgarle puntaje por la experiencia que acreditó como Sustanciador de los procesos disciplinarios en la Policía Nacional, desde el 15 de diciembre de 2006 hasta el 9 de mayo de 2010.

A juicio de la Procuraduría, no resulta válida la experiencia como Sustanciador de procesos disciplinarios en la Policía Nacional acreditada por el actor para efectos de participar en el concurso, porque de acuerdo con la descripción de los cargos y funciones asignadas a ese empleo, corresponde a experiencia adquirida en el ejercicio de un empleo del nivel misional administrativo y nivel básico de la Policía nacional, el cual exige como requisito académico o de formación el ser bachiller. Así mismo, sostuvo la entidad demandada, con ayuda de conceptos emanados del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que la experiencia adquirida en un cargo de técnico, así cuente con la aprobación del respectivo pensum académico de una formación profesional, no puede tomarse como experiencia profesional, pues la naturaleza general de las funciones del empleo de técnico y de profesional son diferentes.

Para efectos de resolver la cuestión propuesta, es necesario revisar las normas que rigen el concurso de méritos en la Procuraduría General de la Nación.

5.4. Del propósito del régimen de carrera administrativa y su relación con las garantías fundamentales invocadas como vulneradas: la doctrina constitucional sobre el tema en particular concibe en términos generales a la carrera administrativa, no sólo como un sistema técnico de gestión de los recursos humanos para el buen servicio público, sino también como una regulación que propende por la garantía en el acceso al desempeño de cargos públicos, así como la efectividad del principio de igualdad de trato y oportunidad para quienes aspiran a ingresar y permanecer al servicio estatal, y que en igual sentido busca proteger los derechos subjetivos de los empleados del Estado, originados en el principio de estabilidad, en los derechos de ascenso, capacitación, retiro y demás beneficios derivados de tan importante condición.

Es por ello que para establecer la capacidad e idoneidad del aspirante en el desempeño de las funciones asignadas y garantizar el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, la actuación administrativa debe ceñirse a los postulados del debido proceso constitucional y a los principios indicados en el 209 Superior, que se garantizan con la fijación previa de los requisitos que deben reunir los aspirantes a los cargos para los cuales se efectúa el concurso, que también debe contener los parámetros objetivos y generales según los cuales los participantes y la misma entidad administrativa deben someterse para realizar las etapas propias del concurso, así como la evaluación y la toma de la decisión que concluye con la elaboración de la lista de elegibles.

Cuando la autoridad pública hace caso omiso a las normas que expide, atenta contra el principio de legalidad al cual debe encontrarse siempre sometida la administración, así como también contra los derechos fundamentales a la igualdad en el acceso a cargos públicos y al debido proceso de los aspirantes que se vean afectados con tal situación. Por el contrario, no se ve conculcado el derecho fundamental al trabajo, como quiera antes de la conformación del listado de elegibles, los participantes sólo cuentan con una mera expectativa de acceder a un empleo público en propiedad.

En el caso particular del concurso que adelanta la Procuraduría General de la Nación, es de resaltar que las reglas y los requisitos exigidos para aspirar al cargo ofertado de Profesional Universitario 3PU -18 se encuentran establecidos de antemano como es de suponerse. Es así que de conformidad con el soporte documental arribado al proceso, se advierte claramente que el actor se inscribió en la Convocatoria 2012-053 para acceder a una de las cinco (5) vacantes que la Procuraduría ofertó a concurso en las oficinas regionales de Bogotá, Girardot y Bucaramanga para ese empleo(4).

Se establece así mismo del acto de convocatoria, que los requisitos mínimos para aspirar a una de los cargos corresponden a título de formación universitaria en derecho y tres (3) años de experiencia profesional o docente, que corresponde “a la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de pregrado de la respectiva formación profesional, (…) en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o especialidad relacionadas con las funciones del empleo al cual se aspira”(5).

Para acreditar el cumplimiento del requisito de estudio, según el texto del artículo 3º de la Resolución 255 de 2012(6), pueden presentarse los certificados, diplomas, actas de grado, títulos, otorgados por las instituciones correspondientes y demás documentos idóneos, con excepción de las órdenes de matrícula, reportes de notas, certificados de asistencia o recibos de pago para demostrar estudios, puesto que los mismos como es comprensible no dan a conocer la fecha exacta de finalización de los estudios de pregrado. Por su parte, el requisito de la experiencia se acredita mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas entidades oficiales o privadas.

Ahora bien, para efectos de valorar la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación de estudios de pregrado, el concursante debía acreditar mediante certificación la fecha de terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional. En caso de no anexar esta certificación, la experiencia se valorará a partir de la fecha de grado, o a falta de ésta, a partir de la expedición de la tarjeta o matrícula profesional. Lo anterior sin desconocer que para contabilizar la experiencia profesional, además de la terminación de materias o de la obtención del título respectivo, se debe estar en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o especialidad relacionadas con las funciones del empleo al cual se aspira, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 263 de 2000(7).

El cumplimiento de estos requisitos ha de demostrarse no sólo en la etapa de reclutamiento e inscripción en el concurso(8), en donde los aspirantes debían anexar en medio magnético en un aplicativo en ambiente Web(9), sino también en la etapa de aplicación de pruebas o instrumentos de selección, en la que los concursantes debían entregar en físico los certificados de educación y experiencia que respaldan los requisitos adicionales –para el puntaje en la prueba de análisis de antecedentes-, así como los requisitos mínimos(10).

Finalmente es de destacar que en esta etapa del concurso, la Procuraduría cuenta con la obligación de revisar la documentación aducida por los aspirantes para otorgarles el puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, y también para cerciorarse que los concursantes cumplen los requisitos del cargo(11). En caso en que el aspirante no reúna los requisitos mínimos, la Procuraduría General de la Nación debe excluir del proceso de selección y en la etapa en que se encuentre(12).

Siendo las anteriores reglas las más relevantes que rigen la actuación de la Procuraduría, pasa la Sala a resolver el caso concreto.

5.5. Análisis de la situación particular: consultados los antecedentes del caso, la Sala encuentra que la violación de los derechos fundamentales del actor claramente fue demostrada en este proceso, como a continuación pasa a exponerse:

Recordemos que a la luz del artículo 6º del Decreto-Ley 262 de 2000, la experiencia profesional se tener como tal cuando reúna las siguientes condiciones: i) que sea adquirida a partir de “la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de pregrado de la respectiva formación profesional”; ii) que esté relacionada con “las actividades propias de la profesión o especialidad” y iii) que se “relacione con las funciones del empleo al cual se aspira”.

Pues bien, la experiencia del actor como Sustanciador en la Policía Nacional cumple con las condiciones antes anotadas, en tanto que i) terminó las materias correspondientes al programa de derecho y ciencias políticas el día 15 de diciembre de 2006(13); ii) que desde esa fecha hasta el 9 de mayo de 2010, se desempeñó como Sustanciador en el Grupo de Procesos Disciplinarios de la Policía Nacional(14); iii) que de acuerdo con el propósito principal y con la descripción de las funciones asignadas a ese empleo(15), le corresponde:

“Adelantar dentro de los términos legales y formalidades legales las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias y/o penales asignadas en reparto, proyectando de forma motivada las decisiones interlocutorias y de fondo dentro de las citadas investigaciones, previa coordinación y orientación del funcionario con atribuciones disciplinarias. Así mismo, dar cumplimiento a los diferentes requerimientos relacionados con las investigaciones que adelanta.

Funciones

Adelantar dentro de los términos y formalidades legales los procesos disciplinarios y/o penales que le sean asignados en reparto por parte del funcionario con atribuciones disciplinarias y/o penales; para garantizar el debido proceso y garantizar la acción disciplinaria y/o penal.

Proyectar los autos de apertura de las indagaciones preliminares y/o investigaciones disciplinarias de acuerdo a la evaluación que se realice de la noticia disciplinaria (queja, informe, medio de comunicación entre otro); para garantizar el inicio de la acción disciplinaria por parte del Estado.

Proyectar los autos inhibitorios conforme a la evaluación que se realice de la noticia disciplinaria (queja, informe, medio de comunicación entre otros) y/o penal; disponiendo además la comunicación correspondiente al quejoso; para dar en debida forma respuesta a los requerimientos de los ciudadanos y/o personal de la misma institución.

Proyectar de forma motivada dentro de los términos y formalidades legales las decisiones interlocutorias (pliego de cargo, auto de citación audiencia, decisiones que se pronuncian sobre nulidades y/o pruebas, recusaciones y/o impedimentos, entre otras) de los procesos disciplinarios que le sean asignados en reparto por parte del funcionario con atribuciones disciplinarias; para garantizar de esta forma el debido proceso y los principios de celeridad y eficacia de la acción disciplinaria.

Proyectar de forma motivada dentro de los términos y formalidades legales las decisiones de fondo (fallos de responsabilidad disciplinaria y/o absolución, terminación de procedimiento y/o archivo definitivo, sentencias condenatorias y/o condenas absolutorias) de los procesos disciplinarios y/o penales que le sean asignados en reparto por parte del funcionario con atribuciones disciplinarias; para garantizar de esta forma el debido proceso y los principios de celeridad y eficacia de la acción disciplinaria.

Cumplir con el procedimiento de cadena de custodia en las actuaciones disciplinarias que así lo requieran, conforme a los procesos disciplinarios que le sean entregados para su revisión; como garantía del debido proceso.

(…)

Recepcionar y/o practicar las pruebas necesarias dentro de cada uno de los procesos disciplinarios y/o penales asignados conforme a los términos y formalidades legales que establece el término probatorio que sobreviene de la etapa de descargos, para garantizar el debido proceso.

(…)

Disponer que se comunique y/o notifique a los sujetos procesales de las actuaciones y/o decisiones que así lo requieran dentro de los procesos disciplinarios y/o penales que tenga asignados; para garantizar el debido proceso y el principio de publicidad.

Realizar el seguimiento de los procesos devueltos por la segunda instancia por nulidades, pruebas y revocatoria de archivos, con el fin de garantizar que se adelanten las acciones en cada caso.

Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la naturaleza de su cargo”.

A su turno, el propósito principal del empleo y las funciones esenciales del cargo de Profesional Universitario Código 3PU Grado 18, Ofertado por la Procuraduría General de la Nación, son las siguientes:

Propósito principal del empleo: Adelantar las actuaciones disciplinarias, preventivas o de intervención a su cargo aplicando los conocimientos y experticia profesional necesarios, de conformidad con metodologías idóneas y la normatividad vigente.

1. Instruir los procesos disciplinarios que sean competencia de la dependencia, asignados por el jefe inmediato y proyectar para la firma del mismo los actos que procedan, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.

2. Tramitar las solicitudes de poder preferente de competencia de la dependencia, asignadas por el Jefe inmediato, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.

3. Proyectar para la firma del Procurador las providencias y fallos que deban adoptarse dentro de las actuaciones disciplinarias de conocimiento de la dependencia en concordancia con la normatividad vigente.

4. Elaborar documentos necesarios para presentar en foros y eventos académicos que aconsejen la intervención de la Procuraduría General de la Nación, así como material de apoyo a la actividad académica que tenga ocurrencia en el Ministerio Público.

5. Atender a población desplazada y adelantar gestión ante su situación de desplazamiento frente a las autoridades.

6. Solicitar la realización de las pruebas y el recaudo del material probatorio que sean requeridos como parte de las actuaciones disciplinarias que se adelanten de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes.

7. Apoyar la preparación del plan operativo anual de la dependencia de acuerdo con el procedimiento adoptado y las directrices definidas.

8. Elaborar proyectos de concepto y solicitudes de intervención ante las autoridades judiciales de conformidad con los criterios de intervención.

9. Acudir como Ministerio Público a las audiencias de pacto de cumplimiento de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Adelantar acciones preventivas, en el campo de su competencia, para garantizar el cumplimiento del objetivo misional de la dependencia.

11. Hacer seguimiento a la gestión objeto de intervención, de acuerdo con las metodologías adoptadas por la institución.

12. Proponer y desarrollar actividades para abordar temas preventivos dirigidos a la sociedad, de acuerdo con las necesidades detectadas, las solicitudes presentadas y el campo de su competencia.

13. Coordinar proyectos especializados que competan a su profesión, de acuerdo con las directrices señaladas por el superior inmediato.

14. Recopilar la jurisprudencia y la legislación sobre los temas que se estudian en la dependencia, para dar desarrollo oportuno y veraz a los procedimientos asignados a la delegada.

15. Adelantar los trámites, proyectar los informes y decisiones que se requieran en el marco del ejercicio del poder preferente por parte de la entidad cuidando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad y la normatividad vigente.

16. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones internas o las que le sean asignadas, encargadas o delegadas por instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo, grado y propósito del cargo”.

Conforme con las anteriores transcripciones y salvo algunas excepciones, salta a la vista que existe identidad material entre la experiencia adquirida por el actor como Sustanciador en la Policía Nacional respecto al perfil del cargo ofertado en la Procuraduría General de la Nación, pues en ambos empleos se exige un conocimiento formal y sustancial de las diferentes etapas que conforman el proceso disciplinario y una experiencia específica en esta rama del derecho sancionador, por lo que resulta claro que al actor le fue dispensado un tratamiento discordante respecto a lo verdaderamente exigido por la ley y el reglamento, que redundó en la violación al debido proceso.

Por lo demás no resulta válido que se acuda a la jerarquía en que está ubicado el empleo en la Policía Nacional, para que la Procuraduría estableciera si la experiencia del actor podía ser tenida en cuenta o no en el concurso. Ello, no sólo porque ningún condicionamiento introdujo el Decreto-Ley 262 de 2000 sobre este punto en particular, sino también porque en la práctica ningún efecto útil tendría que la ley permitiera que se contabilizara la experiencia a partir de la terminación de materias en pregrado. De entenderse así tal disposición, sólo contarían con verdaderas posibilidades de acceder en un cargo de carrera en la Procuraduría quienes ostentaran un título profesional y contaran con experiencia profesional en cargos del mismo nivel jerárquico.

Son estas consideraciones las que imponen revocar la providencia de primer grado que rechazó por improcedente el amparo constitucional reclamado. En consecuencia se tutelarán los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del ciudadano Edilberto de Jesús Villegas Villada, ordenando a la jefe de la oficina de selección y carrera de la Procuraduría General de la Nación, que en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, rectifique el puntaje que le fue asignado al concursante, atendiendo la experiencia adquirida en el cargo de sustanciador de procesos disciplinarios en la Policía Nacional, a partir de la fecha de terminación de materias que conforman el programa académico de derecho. Así mismo se ordena a dicha funcionaria que la especialización en derecho administrativo que el demandante acreditó en el concurso, se reconozca y puntúe directamente y no como equivalencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

6. FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 15 de octubre de 2013, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó por improcedente el amparo deprecado.

En consecuencia se dispone:

TUTÉLASE los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del ciudadano Edilberto de Jesús Villegas Villada.

ORDÉNASE a la Jefe de la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación, que en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, rectifique el puntaje que le fue asignado al concursante, atendiendo la experiencia adquirida en el cargo de sustanciador de procesos disciplinarios en la Policía Nacional, a partir de la fecha de terminación de materias que conforman el programa académico de derecho. Así mismo se ordena a dicha funcionaria que la especialización en derecho administrativo que el demandante acreditó en el concurso se reconozca y puntúe directamente y no como equivalencia.

LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el articulo 30º del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero. 

(1) Sentencia T-672 de 1998.

(2) Sentencia SU-961 de 1999.

(3) Sentencia T-175 de 1997.

(4) Folio 147.

(5) En concordancia con el artículo 6º del Decreto Ley 263 de 2000.

(6) “Por medio de la cual se adoptan los instrumentos y parámetros de puntuación para la calificación de la prueba de análisis de antecedentes para el concurso de méritos “Procurando Mérito y Rectitud 2012-2013”.

(7) Resolución 254 de 9 de agosto de 2012, Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta el proceso de selección “Procurando Mérito y Rectitud 2012-2013”. Artículo tercero numeral 3.1.2.3 inciso final.

(8) Ibídem. el proceso de selección en la Procuraduría General de la Nación comprende las siguientes etapas:

1. Convocatoria.

2. Reclutamiento, inscripción y lista de admitidos y no admitidos.

3. Aplicación de pruebas o instrumentos de selección.

4. Conformación de la lista de elegibles.

5. Período de prueba.

6. Calificación del periodo de prueba.

(9) Artículo tercero, literal d)

(10) Artículo cuarto, numeral 4.8.

(11) Inciso segundo del numeral 4.8. 12 Artículo décimo.

(12) Artículo décimo.

(13) Folio 176.

(14) Folio 177.

(15) Según lo visto a folio 178 del expediente. Se aclara que este documento fue aportado por la Procuraduría General de la Nación al presente trámite de tutela.