Sentencia 2013-01657 de octubre 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Radicado: 250002342000201301657 01

Nº Interno: 2505-2014

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Actor: Segundo Agustín Lasso Cortés

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares(1), Cremil

Trámite: Nulidad y restablecimiento del derecho / Segunda instancia.

Asunto: Establecer si se configuró la cosa juzgada

Fallo segunda instancia - Ley 1437 de 2011

Bogotá, D.C., a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Cuestión previa. De la excepción de cosa juzgada y su declaratoria de oficio.

A pesar de que la parte demandada no propuso la excepción de cosa juzgada, tal omisión, no impide que la Sala, analice si la misma se encuentra configurada, toda vez que según lo manifestado dentro del recurso de apelación presentado por Cremil, fue posible establecer que el demandante instauró otra demanda dentro de la cual formuló la pretensión de reajuste de su asignación de retiro con aplicación del mayor porcentaje entre el índice de precios al consumidor y el decretado por el Gobierno Nacional para incrementar las asignaciones básicas de los integrantes de la fuerza pública para los años 2003 y 2004, con fundamento en los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 238 de 1995, correspondiendo al proceso con radicado 11001-33-35-023-2013-00040-00, de conocimiento del Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del cual se profirió sentencia el 16 de mayo de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda y cuya ejecutoria data del 3 de junio de dicha anualidad(9).

La cosa juzgada es una institución jurídica procesal mediante la cual, se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y a otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, advirtiéndose que los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.

La doctrina distingue dos modalidades: cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La primera, opera cuando la sentencia queda ejecutoriada, porque no se hizo uso de los recursos dentro del término de ley, o porque interpuestos estos, se resolvieron por parte de la autoridad correspondiente; aunque, cabe la posibilidad del ejercicio de algunos de los llamados recursos extraordinarios que se esgrimen contra las providencias ya ejecutoriadas. La segunda, tiene lugar cuando contra la sentencia no existe posibilidad alguna de recurso, bien porque contra el fallo no procede recurso alguno, bien porque el término de los recursos extraordinarios precluyó, o porque éstos fueron decididos de manera desfavorable.

El artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:

«La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. (…). La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quién hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley».

El contenido de la norma citada revela que en esta jurisdicción, la figura de la cosa juzgada está atada a los efectos de la sentencia, por lo que si en ésta, se declara la nulidad de un acto administrativo, dicha determinación genera la cosa juzgada de manera general y para todos, esto es, erga omnes.

Mientras que, si en la sentencia se niegan las pretensiones de nulidad de un acto administrativo, se produce el fenómeno de la cosa juzgada pero únicamente en lo que atañe a la causa petendi(10), es decir, en lo que se refiere a los argumentos o motivos alegados en la demanda resuelta.

La importancia de este atributo de las sentencias judiciales, deviene de su propia finalidad, cual es la de conferir estabilidad, firmeza y certeza a las decisiones judiciales, evitando que el mismo asunto pueda ser debatido indefinidamente ante la jurisdicción.

Ahora bien, respecto de la cosa juzgada, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado(11) ha señalado:

«(…) la cosa juzgada tiene como función negativa prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico. La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes trabaron la litis como partes o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, que el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad.

De esta forma, la sentencia que niega la anulación del acto acusado produce el efecto de cosa juzgada frente a todos, pero sólo en relación con la causa o los motivos de impugnación alegados, lo que significa que por esos mismos motivos no podrá instaurar la misma parte o un tercero una nueva acción de nulidad contra el acto que fue objeto de la primera decisión.

Pero en cambio, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes (para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los argumentos alegados), situación que impide que pueda presentarse un nuevo pronunciamiento en relación con el acto acusado.

(…).

Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

a) Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada.

b) Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

c) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.»

De igual forma, para analizar la procedencia del fenómeno de la cosa juzgada en el sub judice, es necesario acudir al artículo 303(12) del Código General del Proceso en virtud de la remisión que hace el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

En ese orden, la norma precitada del estatuto procesal general contiene tres presupuestos que es necesario confrontar para determinar su existencia en el caso concreto. Es decir, la estructuración de la cosa juzgada para ser oponible como excepción a la iniciación y prosecución de un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo dictado en un primer proceso, requiere de la conjunción de los siguientes elementos: (i) Identidad de partes: Es decir, que se trate de unas mismas personas que figuren como sujetos pasivo y activo de la acción. (ii) Identidad de objeto: Que las pretensiones reclamadas en el nuevo proceso correspondan a las mismas que integraban el petitum del primero en donde se dictó el fallo, y (iii) Identidad de causa: Cuando el motivo o razón que sirvió de fundamento a la primera demanda, se invoque nuevamente en una segunda.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala resulta necesario examinar cada uno de los elementos que configuran el fenómeno jurídico de la cosa juzgada a fin de establecer si concurren las circunstancias o supuestos fácticos del artículo 303 del Código General del Proceso para su declaratoria dentro del sub examine:

i) Que el proceso nuevo verse sobre el mismo objeto.

Al hacer la comparación entre el proceso con radicación 11001-33-35-023-2013-00040-00 tramitado por el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá y el sub judice, a efectos de verificar si existe identidad de objeto, se evidencia lo siguiente:

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 2013-00040-00 - Juzgado 29 Administrativo de BogotáMedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 2013-01657-01 - Consejo de Estado
«1) Declarar la nulidad del acto administrativo 7523 de fecha 20 de febrero de 2013 mediante el cual, la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES negó las peticiones solicitadas por mi poderdante.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a reajustar la asignación de mi poderdante con aplicación del mayor porcentaje entre el índice de precios al consumidor, IPC, y el decretado por el Gobierno Nacional para incrementar las asignaciones básicas de los integrantes de la fuerza pública en cumplimiento de la escala gradual porcentual, para los años 2003 y 2004 con fundamento en los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 238 de 1995»(13).
«1) Declarar la nulidad del acto administrativo 0009580 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2013, mediante el cual la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES negó las peticiones solicitadas por mi poderdante.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a liquidar la asignación de retiro de mi poderdante tomando como base la liquidación de la asignación de los coroneles, a los cuales mediante providencia judicial la caja de retiro reajustó su asignación mediante la aplicación del índice de precios al consumidor, IPC, para los años 1997 a 2004, monto que se deriva del cumplimiento de las múltiples sentencias proferidas por el H. Consejo de Estado, tribunales y juzgados administrativos.» (…)(14).

A partir de lo confrontado se colige que aunque se enjuician actos administrativos diferentes, coincide lo pretendido en ambos procesos, en tanto el objeto de los mismos se circunscribe a obtener el reajuste la asignación de retiro del demandante mediante la aplicación de los incrementos del índice de precios al consumidor con fundamento en lo previsto por los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 238 de 1995, respecto de los años 2003 y 2004.

Por ello, se encuentra identidad de objeto entre este proceso y el decidido por el Juzgado 29 Administrativo de esta ciudad. En tal virtud, es procedente estudiar el siguiente elemento objetivo de la cosa juzgada.

ii) Que el proceso esté fundado en la misma causa del anterior.

En relación con el requisito de identidad de causa, entendida como la plena coincidencia entre la razón o motivos por los cuales se demanda, se establece lo que sigue a partir del comparativo de las situaciones fácticas planteadas dentro de los procesos cotejados:

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 2013-00040-00 - Juzgado 29 Administrativo de BogotáMedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 2013-01657-01 - Consejo de Estado
«1. Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 163 del Decreto 1213 de 1990, LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, mediante Resolución 3448 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2002, reconoció asignación de retiro al señor CR. SEGUNDO AGUSTÍN LASSO CORTÉS.
2. Desde que mi poderdante obtuvo la asignación de retiro ésta viene siendo reajustada anualmente mediante la aplicación del principio de oscilación contemplado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990.
3. El constituyente primario estableció en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política el derecho que tiene los pensionados a que sus mesadas mantengan el poder adquisitivo constante.
(…) 5. La asignación de retiro de mi poderdante en los años 2003 y 2004 fue reajustada en un porcentaje inferior al índice de precios al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, generándose una diferencia en contra de mi poderdante en los siguientes porcentajes: a. Para el año 2002: El 2.80%.
b. Para el año 2003: El 2.12%.
c. Para el año 2004: El 1.81%»(15).
«1. Durante los años 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES incrementaron sus asignaciones de retiro y pensiones por sustitución en porcentajes inferiores al IPC del año anterior, generando una pérdida de capacidad adquisitiva en las asignaciones de retiro.
2. El hecho de que LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES realizara incrementos en las asignaciones de retiro en porcentajes inferiores al IPC del año anterior certificado por el DANE, desconociendo lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la constitución y la Ley 238 de 1995, generó con ello una desigualdad entre los pensionados de la fuerza pública y los pertenecientes al régimen general de seguridad social.
(…) 6. En la actualidad la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES viene aplicando dos bases de liquidación, una para los coroneles que presentaron demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa y otra para los coroneles retirados después de 2004 que por estar en servicio activo durante los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, periodo en el cual recibían salario, no presentaron reclamación, generándose un tratamiento desigual entre iguales.
(…) 8. Mi poderdante no acudió ante la jurisdicción contencioso administrativa para que se le reajustara su asignación de retiro con base en la aplicación del índice de precios al consumidor en razón a que en el periodo 1997 a 2004, se encontraba en servicio activo, y devengaba salario.
(…) 9. Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, mediante Resolución 3448 del 22 de julio de 2002, reconoció asignación de retiro al señor coronel SEGUNDO AGUSTÍN LASSO CORTÉS»(16).

Visto lo anterior, la Sala concluye que en ambas demandas se solicitó el reconocimiento y pago del incremento de la asignación de retiro del actor con base en el índice de precios al consumidor, por lo cual se presentaron hechos que resultan coincidentes aunque dentro de la demanda que originó la sentencia cuya apelación se tramita en este despacho, se planteó lo atinente a la desigualdad entre el valor de las asignaciones de retiro de los coroneles retirados entre 1997 y 2004 que demandaron el reajuste de dichas prestaciones con base en el indicador referido y el de las reconocidas a los retirados después de 2004.

Ahora bien y al revisar los conceptos de violación que sustentan las pretensiones de las demandas analizadas, se evidencia que convergen en plantear que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es de orden superior y de aplicación preferencial ante cualquier norma legal que le sea contraria, ante lo cual y en tratándose del incremento de las asignaciones de retiro, éste debe corresponder con los aumentos anuales del personal en actividad y que en caso contrario, hay que acudir al régimen general aplicando el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 conforme lo prevé la Ley 238 de 1995.

Lo anterior, fue objeto de pronunciamiento por parte del Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que en sentencia de 16 de mayo de 2014(17) consideró que al efectuar la comparación entre los porcentajes de incremento de la asignación de retiro del actor para los años 2003 y 2004, con ocasión de los decretos expedidos en virtud del principio de oscilación, frente a los porcentajes del índice de precios al consumidor, estos últimos le resultan más favorables. Con fundamento en ello, resolvió:

«PRIMERO. DECLARAR la nulidad del Oficio 643198 Consecutivo 7523 Cremil 10628 del 20 de febrero de 2013 por medio del cual la subdirectora de prestaciones sociales, negó al demandante el reajuste de su asignación de retiro de conformidad con el IPC; siguiendo los argumentos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, CREMIL, a efectuar RELIQUIDACIÒN de la asignación de retiro al señor SEGUNDO AUGUSTÍN LASSO CORTÉS, identificado con cédula de ciudadanía 19.206.576, para los años 2003 y 2004 de conformidad con las consideraciones expuestas.

TERCERO. Como restablecimiento del derecho también se CONDENA a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, CREMIL, a PAGAR las diferencias de dinero que resulten de la reliquidación de la asignación mensual de retiro liquidada conforme al IPC, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, teniendo en cuenta que dichas diferencias, una vez liquidadas, implican un cambio en la base pensional que afecta la liquidación de mesadas posteriores.»

Ahora bien, cabe señalar que dentro de la audiencia inicial surtida en cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso que actualmente conoce este despacho el a quo fijó el litigio en los siguientes términos:

«(…). Determinar si el demandante tiene derecho a que se le reajuste su asignación mensual de retiro con fundamento en el índice de precios al consumidor (IPC), tal como se le aplicó a los Coroneles a quienes se les reconoció su prestación entre 1997 al 2004, o si por el contrario tal reajuste resulta incompatible con el principio de oscilación»(18).

A partir de lo expuesto, se evidencia que existe identidad de causa en los procesos analizados, toda vez que los hechos y el concepto de violación que sustentan las pretensiones de cada uno de ellos fueron presentados para justificar la viabilidad del reajuste de la asignación de retiro del actor, con base en el índice de precios al consumidor respecto de los años 1997 a 2004, lo cual fue reconocido por parte del Juzgado 29 Administrativo de esta ciudad en la sentencia que puso fin al proceso 11001-33-35-023-2013-00040-00.

Estimó el juez del proceso señalado, que en aplicación de lo previsto por la Ley 238 de 1995, los pensionados de las fuerzas militares y de la policía tienen derecho al reajuste de sus asignaciones de retiro, conforme a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, en la medida en que sea más favorable este sistema de cuantificación de reajuste que los incrementos anuales decretados por el gobierno para el personal activo de la fuerza pública, concluyendo que para el caso del demandante lo más favorable es la aplicación del incremento con base en el referido indicador respecto de los años 2003 y 2004, por cuanto el reconocimiento pensional surtió efectos a partir del 4 de agosto de 2002.

Adicionalmente, dispuso que las diferencias producto de la reliquidación ordenada fuera tenida en cuenta para ajustar la base de liquidación de la prestación pensional del demandante respecto de las mesadas posteriores.

Visto lo anterior, se colige que el análisis efectuado en la sentencia dictada dentro del proceso 11001-33-35-029-2013-00040-00 concuerda con lo que sobre el particular ha definido esta corporación con relación al incremento de las asignaciones de retiro con base en el índice de precios al consumidor, en el sentido de que este resulta viable por cuanto a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, tienen derecho al reajuste de sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última de las normas referidas, por el periodo comprendido entre los años 1997 a 2004, dentro del cual el aumento realizado por el Gobierno Nacional en aplicación del principio de oscilación fue inferior al porcentaje del indicador económico mencionado.

Sin embargo, y conforme la documental obrante dentro del presente proceso, se comprueba que el actor nuevamente acudió a la jurisdicción de lo contencioso a reclamar el incremento de su prestación pensional en aplicación del índice de precios al consumidor, esta vez, argumentando que se le ha vulnerado el derecho a la igualdad con relación a los coroneles que demandaron dicho reajuste y a quienes les fue reconocido judicialmente el mismo, desconociendo que su situación particular precisamente es la que pone de presente, esto es, que judicialmente obtuvo el reconocimiento del incremento de las mesadas de su asignación de retiro en aplicación de los porcentajes del índice de precios al consumidor respecto de los años 2003 y 2004; y que dichas diferencias implican un cambio en la base pensional que afecta la liquidación de las mesadas posteriores.

Así las cosas, resolver los cargos de la presente demanda supone para la parte actora obtener un doble reconocimiento con relación al incremento de su prestación pensional con base en el IPC respecto de los años 2003 y 2004, lo cual resulta improcedente, en virtud de los postulados que guían la aplicación del principio del non bis in idem, por cuanto lo resuelto judicialmente obliga a las partes, dado su carácter vinculante, obligatorio e inmutable al tener plena eficacia jurídica.

Finalmente, se analizará el elemento subjetivo de la cosa juzgada, comprendido por las partes entre quienes se surtió el proceso.

iii) Que exista identidad jurídica de partes.

Sobre este supuesto exigido por el artículo 303 de Código General del Proceso, se evidencia que tanto en el proceso 11001-33-35-023-2013-00040-00, como en la presente causa, actuó como demandante el señor Segundo Agustín Lasso Cortés y como demandada, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, lo cual permite evidenciar que se cumple el otro requisito para la configuración de la cosa juzgada, esto es, el de la identidad jurídica de las partes.

De acuerdo con el análisis efectuado, la Sala concluye que se encuentra demostrada la configuración de la cosa juzgada material, en la medida en que la pretensión del actor encaminada a la reliquidación y pago de las diferencias de su asignación de retiro con aplicación de mayor porcentaje entre el índice de precios al consumidor y el decretado por el Gobierno Nacional entre los años 1997 a 2004, solicitado en este proceso, ya fue objeto de pronunciamiento dentro de la causa con radicación 11001-33-35-023-2013-00040 que finalizó con sentencia estimatoria de las pretensiones de fecha 16 de mayo de 2014, cuya ejecutoria cobró fuerza el 3 de junio siguiente.(19)

Por lo anterior y en la medida en que existe providencia judicial que definió el tema que se trae nuevamente a debate, pese a que se controvierta un acto diferente al que fue objeto de análisis en aquella ocasión, la Sala procederá a declarar de oficio la cosa juzgada de conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(20) y teniendo en cuenta que no es posible emitir nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, revocará la sentencia de primera instancia.

2.2. De las costas procesales

La condena en costas es una institución del derecho procesal cuyo fin es sancionar a la parte que resulta vencida en un proceso, incidente o recurso.

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, al regular las costas estableció lo siguiente:

«Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del código de procedimiento civil.»

Del contenido de la norma trascrita debe reiterar la Sala lo expuesto por la Sección Segunda de esta corporación sobre el particular,(21) en la medida que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo entrega al juez la facultad de disponer sobre la condena en costas, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente deben aparecer causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso;(22) descartándose así una apreciación solamente objetiva sobre el particular, que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas, pues se exige una valoración de la conducta.

En el caso concreto, concluye la Sala que se hace necesario imponer condena en costas a la parte demandante, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, toda vez que al valorar la conducta de dicho sujeto procesal se comprueba que usó de manera abusiva el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto a través del mismo apoderado, en dos oportunidades, formuló dos demandas encaminadas a obtener el mismo objetivo, esto es, la reliquidación y pago de las diferencias de su asignación de retiro con aplicación del mayor porcentaje entre el índice de precios al consumidor y el decretado por el Gobierno Nacional entre los años 1997 a 2004.

En criterio de este juez colegiado, el ejercicio abusivo del derecho de acción por parte del demandante es manifiesto, dado que no existe justificación alguna para que hubiera promovido en dos oportunidades las demandas señaladas y que en la segunda de ellas, esto es la que dio origen al presente proceso, expresamente manifestara no haber acudido previamente ante esta jurisdicción para que se le reajustara su prestación pensional con base en el índice de precios al consumidor en razón a que en el periodo 1997 a 2004, se encontraba en servicio activo y devengaba salario.

De suerte que el actuar del demandante denota un acto procesal reprochable, el ejercicio abusivo del derecho de acción, con la finalidad de obtener dos pronunciamientos de la jurisdicción sobre pretensiones encaminadas a obtener un mismo reajuste en su prestación pensional, conducta que sin lugar a dudas, desatiende el deber de obrar con lealtad y buena fe(23) ante la administración de justicia, poniendo en evidencia el obrar ilegítimo de la parte actora.

Al respecto, el primer ordinal del artículo 79 del Código General del Proceso, aplicable por la integración normativa al presente proceso, señala que se presume que hay temeridad o mala fe cuando es manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el proceder del actor no se acomoda a un adecuado ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia sino que implicó un abuso del mismo, la Sala encuentra procedente la condena en costas por ambas instancias a cargo de dicho sujeto procesal, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo en cumplimiento de lo previsto por los artículos 365.4(24) y 366(25) del Código General del Proceso, comoquiera que se revoca la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 18 de diciembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Segundo Agustín Lasso Cortés en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

2. DECLÁRASE DE OFICIO la excepción de COSA JUZGADA en relación con las pretensiones formuladas dentro del presente proceso, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

3. CONDÉNASE en costas a la parte demandante. Por secretaría remítase el expediente al tribunal de origen a efectos de que proceda a su liquidación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. cúmplase.»

1 En adelante Cremil.

9 Conforme al contenido de los documentos obrantes a folios 201 a 234 del plenario.

10 Según CABANELLAS, Guillermo, por «causa petendi» se entiende el «fundamento de la petición». Véase su libro «REPERTORIO Jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos». Editorial Eliasta. 4ª Edición Ampliada. Buenos Aires, Argentina. 2003, pág. 209.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” sentencia de 28 de febrero de 2013, C.P. Gustavo Gómez Aranguren, número interno 2229-2007, actor Luz Beatriz Pedraza Bernal.

12 ART. 303.—Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.

13 Folio 215, expediente.

14 Folio 16, expediente.

15 Folio 215 vlto., expediente.

16 Folio 3, expediente.

17 Folios 229 a 233, expediente.

18 Conforme quedó plasmado en el acta de audiencia inicial visible a folio 101, expediente.

19 Conforme a la constancia de ejecutoria suscrita por la secretaria del Juzgado 29 Administrativo de Bogotá obrante a folio 234 del plenario.

20 ART. 187.—La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. Para restablecer el derecho particular, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

21 Sentencia del 19 de enero de 2015, Nº interno 4583-2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, Nº interno 4044-2013, C.P. (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

22 Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.

23 Artículo 78 del Código General del Proceso.

24 ART. 365.—En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas. (…) 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

25 ART. 366.—Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a los dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…).