Sentencia 2013-01703 de mayo 21 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-15-000-2013-01703-01(AC)

Consejera ponente:

Dr. Susana Buitrago Valencia

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil catorce.

Actor: Aura Nelly Pacheco Ruiz

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala plena de esta corporación.

2.2. De la evolución en el Consejo de Estado de la tesis sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales

En una primera época esta corporación judicial, incluso la sección quinta, consideró improcedente el empleo de la tutela como instrumento judicial idóneo para dejar sin efectos o para modificar providencias judiciales. Entre otros motivos, como esencial razón, porque se estimó que el trámite y definición del proceso judicial ordinario dentro del cual fueron proferidas las providencias censuradas era prueba fehaciente de que el conflicto o el reclamo, contó con debate y definición judicial idóneo y eficaz por el juez natural competente, pues operó el “medio de defensa judicial” existente para el efecto, situación que según mandato del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, hace que en estos eventos el mecanismo de la tutela no proceda.

También, frente a este tema, tomó en consideración que la Corte Constitucional pese a que en Sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992 declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que consagraban el ejercicio de este mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales contra decisiones judiciales, seguidamente abrió camino a la tutela contra providencias judiciales con la creación jurisprudencial de la teoría de la vía de hecho en sus diferentes modalidades(17), que con posterioridad perfeccionó con la elaboración de la teoría de las causales genéricas de procedibilidad (defecto sustantivo, orgánico o procedimental, defecto fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución)(18).

Así, esta Sala en una apertura progresiva de admisión excepcional de este mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, cuando la lesión se atribuye a una decisión judicial, ha venido sosteniendo que solo en situaciones muy especiales en las cuales se evidencie de manera superlativa que la providencia judicial padece un vicio procesal ostensiblemente grave y desproporcionado, que lesiona en grado sumo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, individualmente considerado o en conexidad con el derecho de defensa y de contradicción, núcleo esencial del derecho al debido proceso, es admisible que la tutela constituya el remedio para garantizar estos especiales y concretos derechos amenazados o trasgredidos, imponiéndose en estos eventos ampararlos para garantizar la justicia material inherente a la dignidad humana.

Al paso del tiempo, el 31 de julio de 2012, la Sala plena de lo contencioso administrativo, en sentencia de unificación proferida por importancia jurídica, adoptó la tesis de la admisibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se evidencie que contienen atropello a derechos fundamentales. Sostuvo que en tales casos el juez de tutela debe adentrarse en el examen de fondo de la situación. Al respecto, luego de realizar un detenido recuento histórico de las posiciones asumidas por las diferentes secciones sobre esta materia en los últimos años, precisó:

(…) De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala plena de lo contencioso administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente(19). (Subrayas de la Sala)

En consonancia con esta tesis de unificación que debe acatarse, la Sala considera que a fin de determinar si acomete el estudio de fondo con el objeto de establecer si la providencia judicial quebranta derechos fundamentales, es necesario verificar, previamente, en cada caso, que se encuentren presentes parámetros básicos que conciernen a: i) inexistencia de otros medios de impugnación judiciales ordinarios; ii) que se haya ejercido la tutela dentro de un tiempo razonable a partir de cuándo comenzó a padecerse la vulneración del derecho fundamental; iii) que no se trate de tutela contra decisión de tutela; iv) que la materia o el asunto en el que radica la alegada transgresión sea de relevancia constitucional; y, v) que el solicitante haya alegado el quebrantamiento del derecho fundamental en el proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.

Entonces, solo si estas exigencias se encuentran superadas, la Sala abordará el fondo del reclamo que la solicitud de tutela presente, examen que se circunscribirá al sustento jurídico en el que se soporte la amenaza y/o el quebrantamiento de los derechos fundamentales que se aleguen.

Si la causa, motivo o razón a la que se atribuye la transgresión es de tal entidad que incide directamente en el sentido de la decisión, y no representa reabrir el debate de instancia ni implica intervención del juez de tutela en aspectos propios de la autonomía del juez natural, y se llegaren a encontrar afectados los derechos fundamentales invocados por el actor, será del caso adoptar las medidas necesarias para corregir tal situación.

2.3. Examen de estos presupuestos en el caso concreto

Al examinar los presupuestos anotados, al caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, toda vez que la decisión cuestionada es del 17 de abril de 2013(20), y el libelo se presentó el 5 de agosto del mismo año, contra una decisión ejecutoriada del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

Cabe destacar que los argumentos presentados por la parte actora no se encuentran incluidos en las causales taxativas contempladas por el legislador para acudir a los recursos extraordinarios de revisión y tampoco procede el recurso de unificación de jurisprudencia por tratarse de una sentencia dictada por el Consejo de Estado, lo cual habilita al Juez Constitucional para abordar el fondo del asunto.

2.4. Análisis del caso concreto

Según los argumentos en que se sustenta la presente acción de tutela y de acuerdo con el criterio expuesto anteriormente, a juicio de la Sala, no se presenta alguna de las situaciones que esta sección estima deben concurrir para conceder el amparo constitucional, pues la parte accionante no expresó de manera clara y concreta el por qué estimaba que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró sus derechos fundamentales al proferir la sentencia del 17 de abril de 2013.

Además resulta claro que a la autoridad judicial accionada no le competía analizar, ni determinar la adquisición del derecho de los demandantes, en aplicación de las normas sobre prescripción adquisitiva, ni indagar respecto al proceso sucesoral que culminó con el desalojo de los “supuestos poseedores” como lo pretende la tutelante, sino identificar la posible responsabilidad de la entidad demandada dentro del proceso de reparación directa.

La Sala no aprecia desconocimiento de los derechos fundamentales reclamados por la actora, respecto a la decisión proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado del 17 de abril de 2013, que ordenó “revocar las sentencias apeladas, esto es las proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, los días 30 de julio de 2002 (exp. 23.645) y 3 de septiembre de 2003 (exp. 25.959), y las proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de descongestión, los días 9 de marzo de 2004 (exp. 27.411) y 27 de abril de 2004 (exp. 27.857). En consecuencia, denegar las súplicas contenidas en cada uno de tales procesos. Segundo: confirmar la sentencia del 25 de febrero de 2004 (exp. 27.474), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de descongestión, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

En efecto, sin que implique hacer un análisis de fondo de la sentencia aludida, la Sala advierte que en ésta, la autoridad judicial accionada, explicó, bajo el principio de razón suficiente, los motivos por los cuales consideró que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debía ser revocada para negar la solicitud de reparación en el expediente 23.645, los cuales fundamentó por la condición de poseedor de la mala fe de la parte tutelante.

Pero además, se evidencia que la parte accionante no argumentó, ni demostró que la providencia cuestionada hubiese incurrido en la afectación de algún derecho fundamental, de tal manera que la argumentación de la providencia censurada, no puede considerarse como irrazonable o arbitraria.

En ese orden de ideas, se reitera que en la decisión adoptada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa, no se evidencia la afectación de los derechos fundamentales reclamados por la parte actora y, por el contrario en sede de tutela se demuestra que lo pretendido no es otra cosa que reabrir el debate surtido en las instancias del juicio ordinario.

De esa manera, esta Sala en atención al artículo 22(21) del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de los principios de celeridad, eficacia y economía procesal considera innecesaria la práctica de las pruebas solicitadas en el escrito de impugnación, como será declarado en la parte resolutiva de esta sentencia, toda vez que de los hechos y las pruebas aportadas se llegó al convencimiento de la situación litigiosa.

En consecuencia, la Sala estima que la providencia enjuiciada está enmarcada dentro del principio de autonomía e independencia que tienen los jueces de la República, en los términos de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

Por lo anterior, se modificará la sentencia del 30 de enero de 2014 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela presentada por la señora Aura Nelly Pacheco Ruiz contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, para en su lugar declarar la improcedencia de la acción.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR el decreto de las pruebas solicitadas por la acciónate en la impugnación.

2. MODIFICAR la sentencia del 30 de enero de 2014 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, declarar la improcedencia de la presente tutela interpuesta por la señora Aura Nelly Pacheco Ruiz contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.

3. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

(17) En relación con la vía de hecho de las providencias judiciales puede consultarse, entre muchas otras la Sentencia T-162 de 1999 de la Corte Constitucional.

(18) Al respecto véase la sentencia T-949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(19) Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01, consejera ponente: Dra. María Elizabeth García González.

(20) Notificada el 29 de abril de 2013.

(21) “ART. 22.—Pruebas. El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”.