Sentencia 2013-01720 de noviembre 28 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 050011102000201301720 01 (14640-33)

Aprobado según acta de Sala 99

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón De Gómez

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.

Asunto

Procede la Sala a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto contra la sentencia del 30 de mayo de 2017, proferida por Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia(1), mediante la cual sancionó al abogado GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN y MULTA DE UN (1) SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

Hechos y actuación procesal

1. Dio origen a la presente investigación queja instaurada el 17 de mayo de 2013, por el señor Carlos Mario Sánchez Giraldo, quien refirió que el abogado GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES lo representó en el proceso penal radicado 050016000207200781568, por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en su contra, el cual cursaba en el Juzgado 18 Penal del Circuito de Medellín.

Reseñó que el trámite del proceso penal culminó con sentencia condenatoria de segunda instancia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín en su contra, sin que el togado investigado hubiese interpuesto el recurso extraordinario de casación dentro del término legal, pues lo radicó el 7 de diciembre de 2012, siendo rechazado el mismo el 11 de diciembre de 2012 (fl. 1-9, c.o. 1ª instancia).

2. Mediante certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se estableció que el doctor GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES se identifica con la cédula de ciudadanía 3541291 y porta la tarjeta profesional 19965, vigente para la época de los hechos. Así mismo obra certificación 194153, donde consta que el abogado mencionado no registra antecedentes disciplinarios (fl. 60-61, c.o. 1ª instancia).

3. Una vez acreditada la calidad de abogado del disciplinado, el 9 de julio de 2013, la magistrada de instancia, abrió investigación disciplinaria contra el abogado GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES y fijó fecha para llevar a cabo audiencia de pruebas y calificación provisional. (fl. 62, c.o. 1ª instancia).

4. Luego de varias suspensiones para adelantar la audiencia de pruebas y calificación provisional, por inasistencia del disciplinado, la misma fue adelantada el 26 de enero de 2015, la magistrada instructora dio inicio a la audiencia de pruebas y calificación provisional, a la cual asistió el disciplinado, una vez instalada la misma se adelantaron las siguientes actuaciones:

4.1. Versión libre: Señaló que en el año 2007 a 2010, existió una denuncia penal por actos abusivos con menor de 14 años en contra del quejoso, el inconforme lo buscó como abogado, lo asesoró en el asunto, cuando estaban en diligencias preliminares le otorgó poder, procediendo el mismo a solicitar a la Fiscalía que recibiera un interrogatorio de parte.

Indicó que posteriormente en la audiencia de imputación, en el año 2009-2010 le imputan actos sexuales con menor de 14 años, a partir de ese momento se inicia investigación, procediendo a ubicar la estrategia defensiva que se iba a plantear, indicándole al quejoso tocaba esperar para estudiar los elementos probatorios para presentar a la fiscalía. Reseñó que el quejoso aceptó, siempre hubo comunicación fluida entre los dos.

Adujo que posteriormente, le dio un pre infarto, y una vez salió de la clínica muy lesionado, a partir de ese momento le dijo al quejoso que no estaba en condiciones físicas de llevar la actuación judicial, recomendándole un abogado, y sustituyó poder al doctor Adrián Castañeda Sánchez.

Concluyó que asistió a la audiencia de formulación de acusación, se recibieron varias entrevistas. Pero el abogado principal fue el doctor Castañeda Sánchez, aclarando que él actúo como abogado de apoyo razón por la cual no solicitó pruebas ni anexó las entrevistas que decía el quejoso que aportaran al proceso porque la segunda instancia no era el estadio procesal para allegarlas, explicándole dicha circunstancia al quejoso.

Además aclaró que hasta la apelación llegó su defensa y la del abogado principal, indicándole al quejoso que si deseaba interponer recurso de casación debía buscar a otro abogado, entregándole la carpeta y el respectivo paz y salvo (fl. 105, c.o. 1ª instancia).

5. La magistrada sustanciadora dio continuación a la audiencia de pruebas y calificación provisional, el 17 de noviembre de 2015, una vez instalada la misma se adelantaron las siguientes actuaciones:

5.1. Testimonio de la doctora ANA JUANITA VERGARA GÓMEZ. Indicó haber actuado dentro del proceso penal donde es sindicado el quejoso, por ser la abogada de las víctimas, recuerda el estado de salud y desvanecimiento del abogado Carlos Mario Sánchez Giraldo en audiencia, pero en toda la etapa del juicio estuvo bien representado por el doctor Adrián Castañeda y nunca el señor Carlos Mario Sánchez manifestó o expresó su inconformidad con la defensa del doctor Adrián, enfatizando que siempre veía en las audiencias al doctor Adrián acompañado por el abogado Giraldo Montes.

5.2. Testimonio del doctor ADRIAN ALBERTO CASTAÑEDA SÁNCHEZ, quien señaló fue quien representó al quejoso en el proceso penal por abusos sexuales contra menor de 14 años, en el momento donde el abogado Giraldo Montes, presentó problemas en su salud, pero aclara siempre lo acompañó y tomaban las decisiones conjuntamente, afirmó que el quejoso nunca estuvo sin defensor, además que el fallo de primera instancia los sorprendió a juntos, porque no esperaban esa decisión, concluyó que actuaron conforme a derecho, en una defensa técnica y oportuna en defensa del inconforme. Afirmó que nunca el quejoso se mostró inconforme con su actuación y la de su colega Giraldo Montes.

5.3. Ampliación y ratificación de queja. Ratifica su queja manifestando su malestar porque consideró que no se argumentaron en su defensa algunas pruebas que para él eran definitivas, reconoce que nunca estuvo solo dentro de la instrucción y etapa de juicio en el proceso penal seguido en su contra (fl. 149-150, c.o. 1ª Instancia cd).

6. El 16 de mayo de 2016, se llevó a cabo la continuación de la audiencia de pruebas y calificación provisional en la cual se recibieron las siguientes actuaciones:

6.1. Calificación de la conducta: La magistrada Instructora una vez realizó un recuento de los hechos y las pruebas que dieron origen a la presente investigación, formuló cargos al investigado al estar incurso en la falta disciplinaria contenida en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, por no haber sido diligente frente al vencimiento de términos para la presentación del recurso de casación, pues el abogado disciplinado lo radicó el 7 de diciembre de 2012, así pues en el presente caso el término para la interposición del recurso se encontraba comprendido entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2012, ambas fechas inclusive, razón por la cual fue rechazado por el Tribunal Superior de Medellín, mediante proveído de 11 de diciembre de 2012, con lo cual podría haber faltado al deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007. Conducta calificada a título de culpa (fl. 183, c.o. 1ª instancia).

7. El 13 de marzo de 2017, se dio continuación a la audiencia de pruebas y calificación provisional, adelantándose las siguientes actuaciones:

7.1. Testimonio del señor ADRIAN ALBERTO CASTAÑEDA SÁNCHEZ, manifestó actuar como defensor contractual del quejoso en el proceso penal radicado 2007-81568. Señaló que el doctor GIRALDO MONTES lo contactó para que fuera el abogado principal en el proceso penal que se adelantaba por el delito acto sexual abusivo con menor de 14 años contra el inconforme y después de escuchar los audios y estudiar la carpeta aceptó la gestión. Refirió que el disciplinable lo acompañó como abogado de apoyo en el juicio oral, estuvo presente en las audiencias y no descuidó el encargo profesional; además, indicó que el quejoso no manifestó inconformidad alguna con el desempeño profesional del encartado (fl. 235, c.o. 1ª instancia).

8. El 27 de marzo de 2017, el juez disciplinario dio inicio a la audiencia de juzgamiento, a la cual asistió el disciplinado, una vez instalada la misma se adelantaron las siguientes actuaciones:

8.1. Alegatos de conclusión del abogado GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES: Solicitó ser declarado no responsable disciplinariamente de los cargos endilgados, porque en su concepto con su conducta no se configuraron los elementos estructurales de la culpa consagrados en el artículo 21 de la Ley 1123 de 2007, como tampoco actuó por acción u omisión.

Afirmó que representó los intereses del señor Carlos Mario Sánchez Giraldo en el proceso penal radicado 2007-81568 desde la indagatoria hasta la audiencia preparatoria, pero aclaró que en ningún momento fue su abogado de confianza, sólo acompañó al doctor Adrián Alberto Castañeda Sánchez, quien declaró en el presente investigativo, como abogado de apoyo desde la audiencia pública de juicio oral hasta la lectura del fallo de segunda instancia,

Refirió que no suscribió contrato de prestación de servicios con el procesado para interponer el recurso ordinario de casación, pero indicó que radicó el recurso el 7 de diciembre de 2012, además que quien representó al quejoso desde la audiencia de juicio oral hasta la sentencia de segunda instancia fue el doctor Castañeda Sánchez, afirma que él coadyuvó como abogado de apoyo, pues no tenía poder para presentar el citado recurso y por ende él tampoco se encontraba legitimado para hacerlo, máxime si solamente el quejoso le canceló por concepto de honorarios la suma de $ 4.000.000 y un profesional experto cobra por adelantar dicho trámite ante las Altas Cortes $ 50.000.000 o $ 100.000.000.

Concluyó el togado indicando que no es justo que a pesar de haber cumplido su gestión profesional con diligencia, su cliente presentara una queja basada en hechos irreales porque no quedó conforme con la condena impuesta en la sentencia de primera instancia (cd fl. 241-242, c.o).

De la sentencia apelada

En sentencia del 30 de mayo de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó al abogado GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN y MULTA DE UN (1) SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 37, numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

Indicó la Sala a quo que estaba probado que el abogado investigado, incumplió con sus deberes profesionales al presentar extemporáneamente el recurso extraordinario de casación en el proceso penal radicado 2007-81568, por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años contra el quejoso.

Frente a la sanción manifestó que debido a que no cuenta con antecedentes disciplinarios y se trata de una conducta de carácter culposo, la sanción de suspensión resultaba acorde y proporcional (fl. 263-272, c.o. 1ª instancia).

De la apelación

Inconforme con la decisión de instancia el disciplinado presentó recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

1) Inexistencia del poder especial de defensor o abogado de confianza.

2) El abogado de apoyo debe ser ratificado o autorizado por el imputado/acusado e igualmente designado por el abogado principal.

3) Inexistencia de la culpa.

4) Inexistencia del nexo causal por no existir una relación directa entre el ser abogado de confianza y defensor y el recurso extraordinario de casación presentado extemporáneamente (fl. 274-278, c.o. 1ª instancia).

Trámite en segunda instancia

1. Quien funge como magistrada sustanciadora mediante auto del 10 de octubre de 2017, ordenó comunicar a los intervinientes del conocimiento de la presente actuación y allegar los antecedentes disciplinarios del encartado (fl. 5, cdno. segunda instancia).

2. La secretaría judicial de esta corporación, el 1º de noviembre de 2017 expidió certificado 824994, según el cual el abogado GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES, no registra sanción alguna en su contra (fl. 9, c.o. segunda instancia).

3. A su vez la secretaría judicial indicó que no cursan procesos contra la disciplinada por los mismos hechos (fl. 10, cdno. segunda instancia).

1. Competencia.

Consideraciones

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia; 112 numeral 4º y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en primera instancia por las Salas homólogas de los consejos seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad del investigado.

Mediante certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se estableció que el doctor GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES se identifica con la cédula de ciudadanía 3541291 y porta la tarjeta profesional 19965, vigente para la época de los hechos (fl. 60, c.o. 1ª instancia).

3. Del caso en concreto.

El problema jurídico es determinar si el profesional del derecho incurrió en ilicitud disciplinaria al presentar extemporáneamente el recurso extraordinario de casación en el proceso penal radicado 2007-81568 adelantado por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años contra el quejoso.

4. De la apelación.

El investigado presentó escrito de apelación en término el 23 de junio de 2017, habiéndose notificado personalmente de la sentencia el 21 de ese mismo mes y año, razón por lo cual esta Sala procede a resolver los puntos esgrimidos en el recurso de alzada.

Respecto al PRIMER punto de inconformidad del apelante en lo atinente a que no suscribió contrato de prestación de servicios con el procesado para interponer el recurso extraordinario de casación, y quien representó al quejoso desde la audiencia de juicio oral hasta la sentencia de segunda instancia fue el doctor Castañeda Sánchez, se aclara que según la copia del proceso penal con radicado 2007-81568, el doctor GIRALDO MONTES inicialmente representó los intereses del inconforme como defensor contractual y después fungió como abogado de apoyo, pues conforme lo dispone el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal podía actuar previa información al juez y autorización del acusado, por lo que el disciplinable sí se encontraba facultado para instaurar el recurso de casación, tal y como lo hizo el 7 de diciembre de 2012 (fl. 243-244, anexo 4) sin embargo, se reprocha que lo haya interpuesto por fuera del término previsto en la ley, pues el mismo fue rechazado por el Tribunal Superior de Medellín, mediante proveído de 11 de diciembre de 2012, quien señaló que para el presente caso el término para la interposición del recurso se encontraba comprendido entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2012, ambas fechas inclusive (fl. 248-249 anexo 4)

En relación con el SEGUNDO punto se tiene que el mismo abogado disciplinado en sus alegaciones afirmó que representó los intereses del señor Carlos Mario Sánchez Giraldo en el proceso penal radicado 2007-81568 desde la indagatoria hasta la audiencia preparatoria, aclarando que sólo acompañó al doctor Adrián Alberto Castañeda Sánchez (abogado principal) como abogado de apoyo desde la audiencia pública de juicio oral hasta la lectura del fallo de segunda instancia, se advierte además que verificada la copia del expediente penal allegado en calidad de préstamo, se constató que contrario a lo expuesto por el encartado, sí fungió como defensor contractual del quejoso en la audiencia de juicio oral celebrada el 9 de junio de 2011 (anexo 4/ fl. 73), y no fue sino hasta el 31 de octubre de ese año que comenzó a fungir como abogado de apoyo; no obstante lo anterior, dicha circunstancia no tiene relevancia para los hechos objeto de investigación, habida cuenta que lo que concretamente se reprocha al abogado disciplinado es haber impetrado el recurso de casación en forma extemporánea.

Como tercer elemento exculpativo, el abogado disciplinado aduce la inexistencia de la culpa disciplinaria, esta colegiatura colige que el doctor GIRALDO MONTES sí incurrió en una omisión al no presentar oportunamente el recurso extraordinario de casación, cuando su deber era realizar diligentemente las actuaciones propias de su gestión profesional, conducta atribuida a título de culpa porque no se evidenció dentro del plenario una intención inequívoca de afectar los intereses de su prohijado sino negligencia e inobservancia del deber objetivo de cuidado.

Adicional a esto, la norma citada por el profesional del derecho sólo hace referencia a que las faltas disciplinarias son sancionables a título de dolo o culpa, por lo que es el fallador quien debe determinar la modalidad de la conducta, esto es, si se cometió a título de dolo o culpa.

Respecto al punto CUARTO, ésta Sala debe señalarle al abogado disciplinado respecto a la culpabilidad se tiene que en el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento.

En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (resaltado agregado por la Sala).

En este caso, debe decirse que la falta a la debida diligencia profesional es un comportamiento por naturaleza culposo, por cuanto se omite el deber de cuidado inherente a los profesionales del derecho cuando asumen un compromiso profesional.

Tanto en las tareas, oficios, actividades profesionales, industriales, y en general en todo comportamiento humano se deben observar diligentemente las reglas, deberes y comportamientos, a fin de no generar infracciones, faltas o delitos que alteren el normal desarrollo de la convivencia en sociedad; es por esto, que en cualquier actividad profesional u oficio se debe actuar con un deber objetivo de cuidado; luego, la violación o inadvertencia de las reglas que regulan la profesión de abogado generan un comportamiento profesional que puede conducir a la producción de un resultado típico, desde el punto de vista, para nuestro caso, de la comisión de una falta disciplinaria.

Entonces, respecto a la culpabilidad, debe decirse que la falta de diligencia, es una conducta eminentemente culposa, por cuanto se incurre en ella con el conocimiento que su comisión, es disciplinariamente reprochable y ocasiona perjuicios al cliente, como ocurre en este evento donde el profesional del derecho investigado, no interpuso el recurso extraordinario de casación dentro del término de ley, pues lo hizo el 7 de diciembre de 2012, para el presente caso el término para la interposición del recurso se encontraba comprendido entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2012, ambas fechas inclusive, siendo el mismo rechazado por el Tribunal Superior de Medellín, mediante proveído de 11 de diciembre de 2012.

En razón a lo anterior, no puede el encartado sustraerse de su obligación al manifestar la inexistencia del nexo causal por no existir relación directa entre el abogado sancionado y la defensa técnica respecto al recurso extraordinario de casación, pues visto está que estaba en la obligación de adelantar en tiempo toda actuación necesaria a fin de defender los intereses de su cliente, quien con su actuar impidió que el quejoso pudiera exponer sus alegatos defensivos para intentar lograr convencer a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de revocar lo decidido, o solicitar pruebas tendientes a lograr acreditar su dicho en el asunto donde fungía como procesado.

Habiendo esta colegiatura desatado todos los argumentos de apelación formulados por el disciplinado, CONFIRMARÁ la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia de fecha 30 de mayo de 2017, mediante la cual sancionó al abogado GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN y MULTA DE UN (1) SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia de fecha 30 de mayo de 2017 mediante la cual sancionó al abogado GUILLERMO LEÓN GIRALDO MONTES con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN y MULTA DE UN (1) SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucia Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 M.P. CLAUDIA ROCÍO TORRES BARAJAS, en Sala Dual con el doctor GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ QUIÑÓNEZ.