Sentencia 2013-01796 de febrero 24 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2016.

Aprobado según acta Nº 015 de la fecha

Magistrado Ponente:

Adolfo León Castillo Arbeláez

Rad.: 110011102000201301796 03

Ref.: Funcionario en apelación.

Denunciado: Luz Amanda Tapias Alfonso.

Juez 62 Civil Municipal de Bogotá

Informante: De Oficio. Informante Sala

Administrativa: Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá

Primera instancia: Se declara responsable disciplinariamente, sanción destitución e Inhabilidad por 10 años.

Segunda instancia: Confirmar.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Competencia. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al artículo 256-6 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Conocer de los recursos de apelación... en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002.

Dable es señalar que tal facultad Constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional mediante diferentes providencias, entre ellas el Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”.

2.(sic) Límites de la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente, extensiva a los asuntos que resulten inescindibles al contenido de la alzada.

3. Solución del caso. La decisión objeto de impugnación, habrá de confirmarse acorde los argumentos que se expondrán a continuación.

Las faltas endilgadas a la doctora LUZ AMANDA TAPIAS ALFONSO, en su condición de Jueza 62 Civil Municipal de esta ciudad, consistieron en su incursión en las prohibiciones contenidas en el artículo 48 numeral 62 de la Ley 734 de 2002, en concordancia en el numerar 15 del artículo153 de la Ley Estatuaria, artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, artículo 124 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 86 y 228 de la Constitución Política y el artículo 153 numeral 1º en concordancia con los artículos 2º, 3º 4º y 5º del Acuerdo 2915 de 2005, y los artículos 104, 107 y 108 de la Ley Estatuaria, y numerales 5º y 7º de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, cuyo tenor es el siguiente:

ART. 48.Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 

62. Incurrir injustificadamente en mora sistemática en la sustanciación y fallo de los negocios asignados. Se entiende por mora sistemática, el incumplimiento por parte de un servidor público de los términos fijados por ley o reglamento interno en la sustanciación de los negocios a él asignados, en una proporción que represente el veinte por ciento (20%) de su carga laboral. 

ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. 

(...) 

5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados. 

(...) 

7. Observar estrictamente el horario de trabajo así como los términos fijados para atender los distintos asuntos y diligencias. 

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código. 

Lo anterior, en razón a los cuatro cargos endilgados a la disciplinada, consistentes en:

a) Incurrir injustificadamente en mora sistemática en la sustanciación y fallo de los negocios asignados, en una proporción que supera el veinte por ciento (20%) de su carga laboral; mora que comprende además, la decisión extemporánea de nueve fallos de tutela, así:

TutelanúmeroFecha deradicaciónVencimientoProvidencia defecha
2013-00133-0001-02-201315-02-201319-02-2013
2013-00220-0019-02-201305-03-201313-03-2013
2013-00192-0013-02-201327-02-201305-03-2013
2013-00056-0018-01-201301-02-201304-02-2013
2013-00130-0001-02-201315-02-201320-02-2013
2013-00148-0005-02-201319-02-201306-03-2013
2013-00157-0006-02-201320-02-201305-03-2013

b) Del incumplimiento del horario de trabajo;

c) no elaborar y reportar las estadísticas de producción SIERJU del Despacho a su cargo, desde el segundo trimestre de 2012 hasta el tercer trimestre del año 2013 inclusive; y

d) De la falta de dirección generalizada del Juzgado Conductas que, se itera, no tienen justificación alguna, la que pretendió escudar la funcionaria y sus apoderados de confianza en el confuso y poco claro contenido del recurso de apelación, donde se rescata el argumento que utiliza la censora en el sentido que su comportamiento está justificado por la fuerza mayor, que estructura a partir del hecho de la falta de recursos humanos y logísticos para poder desempeñar sus funciones, así como de la carga laboral presentada.

Cierto es que son múltiples las dificultades por las que atraviesa la Rama Judicial, y que en muchas ocasiones la falta de elementos o de personal idóneos, impiden que con la rigurosidad que se espera, se cumpla con los términos procesales; y en tales circunstancias el rebosamiento de los términos y la mora para adelantar un determinado proceso, se justifica cuando se trata de una mora razonable, es decir, la que aparece ligada directamente a esos nocivos fenómenos y de la cual se desprende que el funcionario judicial, a pesar de haber actuado con eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones, no pudo cumplir con estricto rigor con los términos dentro de los cuales la ley determina debe cumplirse una actuación procesal,

No sucede lo mismo en aquellos casos, en los cuales la mora o el rebosamiento de esos términos no son razonables y no se explican por razón de la falta de elementos o de personal para ejercer la actividad jurisdiccional, sino, en la negligencia, desdén y desgreño en el comportamiento del funcionario judicial.

Justamente es lo que se aprecia en el caso concreto, puesto que la mora sancionada no aparece como razonable y justificada en razón a los fenómenos anteriormente señalados, sino a la desidia de la funcionaria a cargo de las acciones de tutelas falladas extemporáneamente y cuyo trámite se ha enunciado a abastanza a lo largo de este proceso.

Tampoco es de recibo la justificación dada respecto de la excesiva carga laboral, pues como acertadamente lo dijera el a quo en el fallo objeto de alzada, mientras para el 97% de los juzgados de igual categoría y especialidad, la carga oscilaba entre “1976 y 2083” procesos, el despacho regentado por la doctora TAPIAS casi duplicaba el ciento por ciento del rango superior, circunstancia que, contrario a revestir favorabilidad para la disciplinada, demostraba una labor indiligente y de incuria, producto, no de la inobservancia de un deber objetivo de cuidado, sino de un acto voluntario, por razón de los requerimientos y la especial concesión de medidas de descongestión por parte de la Sala Administrativa y de las agentes del Ministerio Público; situación que llevó a la ineludible conclusión que la doctora LUZ AMANDA TAPIAS ALFONSO, se extralimitó en el tiempo en el proferimiento de los fallos de tutela relacionados con anterioridad desde 1 hasta 10 días hábiles de mora; y que al tenor del artículo 15 del Decreto 2591 de 1991 y del artículo 86 de la Constitución Nacional, es imperativo posponer cualquier asunto de naturaleza diferente, pues “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución” salvo el de habeas corpus; permitiendo de bulto establecer que la funcionaria sentenciada no ejecutó acto alguno, en orden a cumplir con un acto propio de sus funciones, con el consecuente daño que ello deriva para la administración de justicia y para los asociados que se ven defraudados al no encontrar respuesta estatal oportuna, eficaz y eficiente para resolver los conflictos internos que a su guarda le confían.

Diferente es, que la funcionaria señalada le hubiera impreso el trámite oportuno y que su desarrollo se hubiera dilatado por razones ajenas a su voluntad, entre ellas las justificantes que pregonó en desarrollo de su defensa. Evento en el cual, sin duda alguna, la fuerza mayor que sustenta, pudiera tener cabida en cuanto se prueben todos sus requisitos sustanciales. Pero no puede alegar fuerza mayor en la omisión de su deber funcional, cuando no llevó a cabo ningún acto impulsador del que se entienda que su intención no era otra que allanarse al cumplimiento de sus deberes oficiales.

No encontró la corporación que la primera instancia hubiera errado en escoger el tipo disciplinario sobre el cual llevó a cabo el proceso de tipicidad, pues la norma a la que hace referencia la recurrente, sanciona la mora sistemática en la sustanciación y fallo de los asuntos encomendados, el incumplimiento de los términos fijados en la ley con relación al total de la carga laboral, en una proporción al 20% de la misma, con el agravante de la dilación en el trámite que debía darle a las acciones de tutela asignadas bajo su responsabilidad, desconociendo los términos legales para fallar.

Respecto al incumplimiento del horario de trabajo, no otra cosa se desprende cuando de la prueba testimonial recaudada, permite ratificar sin lugar a dudas la veracidad de uno de los hechos que integran la denuncia realizada por la Sala Administrativa, esto es, la relacionada con el incumplimiento del horario de trabajo por parte de la doctora LUZ AMANDA TAPIAS ALFONSO en calidad de Juez 62 Civil Municipal de Bogotá, de los cuales es posible extractar que la investigada, de manera sistémica inicia sus labores judiciales después de las diez de la mañana aproximadamente, circunstancia totalmente irregular que afecta gravemente la prestación del servicio y da al traste con los fines del Estado.

Sin que sean de recibo las exculpaciones dadas por la disciplinada y su defensor en cuanto argumentaron que este incumplimiento se debió a) en razón a las múltiples investigaciones disciplinarias que se siguen en su contra, se ve obligada a trasladarse a esta corporación para ejercer su derecho a la defensa, sumado a que, b) por los altos niveles de estrés que maneja se ha trastornado su digestión presentando colon irritable, y alterándose además los ciclos normales del sueño, circunstancias por las cuales, no solamente debe prepararse un desayuno especial, sino igualmente acudir a médicos particulares, y por otra parte, c) en razón a la casi nula infraestructura informática con que cuenta el juzgado, se ve obligada a quedarse en la casa consultando la jurisprudencia, o acudir a la relatoría de las Altas cortes para buscar las líneas jurisprudenciales sobre los temas puestos en su conocimiento, especialmente de las acciones de tutela; toda vez que esta conducta no fue esporádica, sino que se trata de un comportamiento acostumbrado desplegado por la funcionaría a diario y prolongándose en el tiempo por al menos 2 años.

En este punto, se hace evidente el quebrantamiento del deber funciona(30) por parte de la investigada, pues el no cumplir de manera cabal con el horario laboral significó una perturbación en el normal funcionamiento de la administración de justicia, en tanto los deberes que inexcusablemente a ella le correspondían, no podían ser suplidos por los empleados, amén de que otros trámites del despacho dependían de la probidad con que esta desempeñara sus funciones, retardando y perturbando la eficiente prestación del servicio a favor de los asociados, en este caso de aquellos usuarios que acudieron a ese despacho judicial para que le fueran atendidas sus inquietudes, sin encontrar respuesta alguna, de donde deviene que la conducta no es aparentemente ilícita.

También se encuentra acreditado a través de la declaración que la funcionaria cuestionada hiciera respecto de que no presentó las estadísticas de producción SIERJU del despacho a su cargo, desde el segundo trimestre de 2012 hasta el tercer trimestre del año 2013 inclusive, por cuanto ella había asumido la responsabilidad para elaborar y reportar las estadísticas, ya que por sugerencia de algunos jueces e incluso de la misma Sala Administrativa, se le informó que éstas eran de exclusiva responsabilidad del funcionario, sin opción de delegación en los empleados, dado que deben rendirse bajo la gravedad del juramento; argumentó que ello, sumado a otras circunstancias tales como la elaboración del censo, exigido por el Consejo Superior de la Judicatura; la “División de estadísticas” deshabilitó de la página de internet la información, obligando a recaudar nuevamente los datos que ya se habían suministrado para el primer trimestre de 2012; el desfase de procesos activos que existía entre el sistema que reflejaba 12.247 con el inventario real, y que ocurría por una indebida descarga por parte de los empleados del despacho; y, la omisión en que incurrió el secretario del despacho, quien no dio de baja los expedientes remitidos a descongestión, así como tampoco los que de allí regresaban.

Sin embargo, tal y como lo dijera el a quo, la funcionaria disciplinada no reportó las estadísticas desde el segundo semestre del año 2012, y hasta septiembre de 2013, y si hubiera presentado como mínimo el censo solicitado, habría quedado subsanada esta falencia, situación que le impidió al Consejo Superior de la Judicatura conocer la carga efectiva y el represamiento real existente en ese despacho judicial, que generaba moras exageradas en decidir los procesos como las que aquí mismo se analizan, y a que por ausencia de dicho conocimiento no se crearan medidas de descongestión adicionales para dicho juzgado, o se adoptaran planes de contingencia frente a ello por el ente administrativo, como era su deber, tipificándose así la conducta contenida en el artículo 153.1 en cuanto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 2915 de 2005, que impone a los funcionarios de la Rama Judicial “Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos” y específicamente en lo referente a diligenciar y entrega, dentro de los términos establecidos en el presente acuerdo, de los formularios únicos de recolección debidamente diligenciados.

Respecto de la falta de dirección generalizada del Juzgado, imputada a la doctora LUZ AMANDA TAPIAS ALFONSO, el posible incumplimiento del deber contenido en el numeral 5º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración Judicial, es contundente la incursión de la funcionaria en este comportamiento, pues no otra cosa se desprende de las diversas documentales que fueron remitidas con destino a la presente investigación por parte de la sala administrativa de esta corporación, y que fueron reseñadas por el a quo de la siguiente manera:

...” se encontraron en el despacho 271 expedientes que se encuentran con auto de terminación, “pero que no se ha dado la orden de armar los paquetes para archivarlos, en virtud a que dice que debe volverlos a revisar” (...) “3 cajas llenas de memoriales sin anexar correspondiente a los años 2005... A 2011”. ...(...)

...la inaplicación al desistimiento tácito previsto en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil lo que indudablemente incrementaba anualmente sin remedio la abultada carga laboral para el despacho... 

...Quiere decir lo anterior, que la desorganización del Juzgado 62 Civil Municipal, se dio por una absoluta despreocupación de quien lo gerenciaba, si se tiene en cuenta que no solamente estuvo advertida de las irregularidades, sino que en su intelecto era capaz de comprender las consecuencias de sus actos, es decir, de manera consciente y voluntaria decidió tomar el camino de la indiferencia, de la despreocupación y de abandono, frente a sus obligaciones como Juez de la República, escudando su incumplimiento en una carga laboral...(...) 

Así las cosas, concluye ésta colegiatura que la disfuncionalidad del Juzgado derivó de la falta de pertenencia por parte de la titular para con la entidad a la que presta sus servicios y para con los usuarios de la administración de justicia, entronizada con una marcada soberbia frente a los llamamientos de la Sala... (...)”. 

Ahora bien, en cuanto a los argumentos esgrimidos por el apoderado de confianza de la funcionaria, no es cierto que en la sentencia se hubiera obviado el análisis de las pruebas aportadas por la defensa y mucho menos que no se hubieran tenido en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se ejecutó el comportamiento, muy por el contrario, en la decisión de primera instancia se hizo un juicioso análisis tanto del material probatorio de cargo y de descargo acopiado durante el devenir procesal, así como de las circunstancias modo temporales en que se desarrollaron los hechos; diferente es que de ese análisis, se hubiera concluido, que no existe justificación alguna para el proceder doloso y desidioso de la funcionaria, temas sobre los cuales guardó silencio la recurrente relevando a la segunda instancia de cualquier consideración adicional.

Finalmente, y frente a la solicitud del defensor en cuanto a que debe establecerse si la funcionaria se encontraba en una situación de inimputabilidad, esta es una situación que debió alegar dentro del devenir procesal y no en este estadio, como último recurso para evitar la condigna sanción.

Tampoco cabe duda respecto de lo acertado del Seccional de instancia respecto de la graduación punitiva:

...” a la investigada LUZ AMANDA TAPIAS ALFONSO, se le imputaron las siguientes faltas: i) Mora sistemática (artículo 48.62), calificada como GRAVÍSIMA a título de DOLO, tras el presunto incumplimiento del deber funcional previsto en el artículo 153 numeral 15 de la Ley 270 de 1996; ii) Inobservancia del horario de trabajo (Artículo 153.7), Omisión del deber de elaborar y reportar las estadísticas SIERJU (artículo 153.1), infracciones calificadas como GRAVES DOLOSAS, y la ausencia de dirección del juzgado e incumplimiento generalizado de sus funciones (art. 153.5), imputada como GRAVE con CULPA GRAVÍSIMA, en razón de la desatención elemental que se comprueba desplegó la disciplinada....”. 

Así la única sanción posible para las faltas GRAVÍSIMAS DOLOSAS (num. 62 del artículo 48 de la Lev 734 de 2002), por la inobservancia de los artículos 86 y 228 Constitución Política, el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, y del artículo 124 del Código de Procedimiento Civil), y que, conforme el artículo 43 del Código Disciplinario Único, corresponde a la DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL, y que fue tasado en el quantum mínimo dispuesto en el artículo 46 ibídem de diez (10) años de inhabilidad general, atendiendo a los principios ya enunciados.

Se observa referente al quantum de la pena impuesta dentro de la sentencia aquí revisada de fecha 27 de abril de 2015, una incongruencia entre lo expuesto y argumentado en la parte motiva y la resolutiva, ya que en la parte motiva se viene imponiendo una sanción respecto a la inhabilidad de 10 años y un mes y en la resolutiva se sanciono con 10 años de inhabilidad, pudiéndose estar ante una nulidad, la cual para este Sala seria relativa y que no genera ningún perjuicio para la disciplinada, ya que atenúa de una u otra forma la pena impuesta a esta, y no afecta la decisión de fondo, por lo que se ha de confirmar la sanción expuesta en la parte resolutiva de “DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TERMINO DE 10 AÑOS”.

Bajo los anteriores fundamentos esta Superioridad confirmará la sanción impuesta a la doctora LUZ AMANDA TAPIAS ALFONSO, en su condición de Juez 62 Civil Municipal de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 27 de abril de 2015, mediante la cual sancionó a la doctora LUZ AMANDA TAPIAS ALFONSO en su condición de Juez Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogotá con DESTITUCIÓN e inhabilidad general por el término de 10 años, tras hallarla responsable de las faltas disciplinarias consagradas en los artículos 48.62 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 153 numerales 1º, 5º y 7º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, conforme a la parte motiva de esta providencia.

2. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que notifique a todas las partes del proceso.

3. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, Presidente—Adolfo León Castillo Arbeláez—María Rocío Cortés Vargas—Rafael Alberto García Adarve—Julia Emma Garzón De Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Martha Patricia Zea Ramos.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial

30 ART. 5º Ley 734 de 2002 “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”.