Sentencia 2013-01808/4798-2013 de mayo 24 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 11001-03-25-000-2013-01808-00

Magistrado Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Nº interno: 4798-2013

Demandante: Iván Yesid Moreno Ortiz

Demandado: Universidad Tecnológica de Pereira

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: nulidad Resolución 1950 de 6 de septiembre de 2013

Bogotá, D.C., veinticuatro mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

A la luz del numeral 2 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado, es competente para conocer de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos expedidos por autoridad del orden nacional.

En este caso, se demanda la Resolución 1950 del 6 de septiembre de 2013, expedida por la Universidad Tecnológica de Pereira, institución esta cuya naturaleza jurídica, de conformidad con el Acuerdo 14 de 1999(3), es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es la educación superior(4), la investigación y la extensión.(5).

Al tenor de los artículos 38 y 40 de la Ley 489 de 1998, los entes universitarios, integran la administración pública, sector descentralizado por servicios. Adicionalmente, en este caso de acuerdo con la demanda esta carece de cuantía. En consecuencia, es competente el Consejo de Estado, para conocer el asunto, y connatural de la aprobación o no del acuerdo conciliatorio propuesto en el desarrollo del proceso.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico por resolver se centra a establecer si en este caso concurren los presupuestos que la ley y la jurisprudencia exigen para aprobar o no el acuerdo conciliatorio, propuesto por las partes en la audiencia inicial.

3. Solución al problema jurídico.

Para mejor comprensión del asunto, la Sala abordará los siguientes tópicos (i) naturaleza y efectos del acto administrativo demandado (ii) Generalidades es del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (iii) Generalidades de la conciliación en materia contencioso administrativa-materia laboral (iv) presupuestos para aprobar un acuerdo conciliatorio (v) caso concreto.

3.1. Naturaleza y efectos de la Resolución de 1950 del 6 de septiembre de 2013, demandada.

De los antecedentes que obran en el expediente, se advierte que la resolución demandada, expedida por el rector de la Universidad Tecnológica Pereira, por medio de la cual declaró desierto el concurso público para la provisión de un cargo de docente, convocado por la Resolución 43 de 17 de junio de 2013, tuvo como fundamento de hecho que “ninguno de los candidatos cumplió con los requisitos de la convocatoria.”.

En epígrafe anterior se anotó que el ente universitario demandado, tiene como objeto la educación superior y a la luz de sus estatutos publicados en su sitio web(6), entre sus órganos de Gobierno para cumplir sus objetivos cuenta con: a) el Consejo Superior b) el Consejo Académico c) rector(7). El rector funge como representante legal y es la primera autoridad ejecutiva de la universidad, entre sus funciones le corresponde: “Nombrar y remover de conformidad con las disposiciones pertinentes al personal de la institución cuyo nombramiento y remoción no esté reservado a otra autoridad y adoptar las decisiones concernientes a la de su administración.”.

Ahora bien, de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 69 de la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, las universidades pueden darse sus propias directivas, regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, designar dentro de esa órbita sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes.

De los anteriores elementos y del objeto de la resolución demandada, se observa que tiene el carácter de acto administrativo, por ser consecuencia del cumplimiento de una función administrativa y de la administración de su personal que cumple el ente universitario demandado.

Por otro lado, revisado el expediente, se advierte que con la Resolución de 1950 del 6 de septiembre de 2013, la Universidad Tecnológica de Pereira culminó el proceso de selección convocado mediante la resolución 43 de junio de 2013, para proveer un (1) cargo de docente de tiempo completo para el programa de Tecnología Mecánica-Área de Procesos de Manufactura, Facultad de Tecnología.

La convocatoria (Res. 43/2013), dispuso:

“ARTÍCULO CUATO. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

HOJA DE VIDA 70 puntos

DISERTACIÓN 15 puntos

PROPUESTA ACÁDEMICA 15 puntos

TEMA DE DISERTACIÓN

— Parametrización de sistema CAD/CAM/CAE en procesos de diseño y manufactura de troqueles y moldes.

—Modelado y simulación de procesos de manufactura con consideración de las tolerancias dimensionales y geométricas.

— Planeación de la producción asistida por computador, modelado y simulación

— Diseño de producto PLM

PROPUESTA ACADÉMICA

Implementación y desarrollo de prototipo didáctico para la verificación de la exactitud de las transmisiones dentadas cilíndricas y las transmisiones de tornillo sinfín-corona, para ser utilizado en las prácticas docentes y los cursos de extensión y los cursos de extensión de control metrológicos.

ARTÍCULO QUINTO. CRITERIOS PARA DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO.

Será causal para declarar desierto el concurso si ninguno de los candidatos obtiene mínimo 10 puntos en la prueba de disertación y mínimo 10 puntos en la propuesta y mínimo 50 puntos en la hoja de vida.

ARTÍCULO SEXTO …”(8). 

De conformidad con el oficio 02-121-301 de 9 de agosto de 2013, participaron en el concurso para la selección del docente Tecnología Mecánica-Área de Procesos de Manufactura, Facultad de Tecnología, los señores José Agustín Muriel Escobar, Leonardo de Jesús Mesa Palacio y Jorge Iván Moreno Ortiz(9).

Los concursantes, en el proceso de selección y de conformidad con el acta 27 de 2 de agosto de 2013, del Consejo de la Facultad de Tecnología-Escuela de Mecánica-Área Mecatrónica, obtuvieron los siguientes puntajes.

“JOS (sic) EAGUSTIN (sic) MURIEL ESCOBAR

ITEMS PUNTOS
PROPUESTA 9
DISERTACIÓN 13.4
HOJA DE VIDA 70
TOTAL92.4

El candidato no obtiene mínimo 10 puntos en la propuesta.

Leonardo De Jesús Mesa Palacio

ITEMS PUNTOS
PROPUESTA 4.7
DISERTACIÓN 10.5
HOJA DE VIDA 65.33
TOTAL80.33

El candidato no obtiene mínimo 10 puntos en la propuesta.

Ivan Yesid Moreno Ortiz

ITEMS PUNTOS
PROPUESTA 10.7
DISERTACIÓN 11.9
HOJA DE VIDA 60.38
TOTAL82.98

Es de anotar que el jurado deja constancia que el candidato presentó un tema de disertación diferente a los temas publicados en la resolución de convocatoria 43 del 17 de junio de 2013.

…”(10).

Mediante oficio 02-121-201 de 9 de agosto de 2013, el Vicerrector de la Universidad recomienda no sumar la evaluación registrada en la disertación del concursante Moreno Ortiz.

Con todo, teniendo en cuenta los parámetros fijados en la Resolución 43 de 2013, y los resultados obtenidos por los concursantes, se advierte que en principio solamente el señor Iván Yesid Moreno Ortiz, superó los criterios de evaluación exigidos.

Mediante la Resolución 1950 de 6 de septiembre de 2013, el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, declaró desierto el concurso convocado por la Resolución 43 de 2013.

De lo esbozado, se advierte que la Resolución 1950 del 6 de septiembre de 2013, si bien es cierto se generó en el contexto del proceso de selección para proveer un cargo de docente de tiempo completo para el programa de Tecnología Mecánica-Área de Procesos de Manufactura, Facultad de Tecnología, en el cual participaron dos concursantes más diferentes al demandante, no lo es menos que la naturaleza jurídica del interés afectado es particular y concreto, respecto al concursante Iván Yesid Moreno Ortiz; habida cuenta que en principio fue el concursante que superó las exigencias del concurso, no así los demás participantes. En consecuencia, solamente el referido señor tenía la expectativa de integrar la lista de elegibles y posteriormente ser nombrado como docente en la Universidad Tecnológica de Pereira.

3.2. Generalidades del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

De conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra plasmado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos:

“ART. 138.—Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”.

Del análisis de la norma transcrita se evidencia que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contiene dos pretensiones: una relativa a la nulidad del acto administrativo, (control de legalidad) y otra al restablecimiento consecuencial.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia T-023 de 23 de enero de 2012, en relación de las características del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, precisó:

“Respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la doctrina la define como una “acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible[45] a través de la cual, según lo consagrado en el artículo 85 del CCA[46], ”toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”. En concordancia con la norma citada, el artículo 136 ídem, numeral 2, señala que el término dentro del cual se debe ejercer esta acción será de cuatro (4) meses, so pena de que opere el fenómeno de la caducidad de la acción.

En este orden de ideas, la normatividad vigente concibe la acción de nulidad[47] y restablecimiento del derecho solo frente a actos administrativos de contenido particular y concreto. Al punto, conviene resaltar que la indemnización de perjuicios se puede perseguir bajo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el origen de estos se le atribuye directamente a un acto administrativo, caso en el cual tiene como condición sine qua non la declaración de nulidad del acto que se indique como causante del daño o vulnerador del derecho, pues como se dijo, se trata de actos que crean situaciones jurídicas particulares y concretas, por ende su anulación genera también una situación igual, en tanto vuelve las cosas al estado anterior respecto de la parte demandante, y así lo consagra el artículo 175, inciso segundo in fine, del CCA, al establecer que la sentencia “proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor”[48].

Se advierte cómo el artículo 85 del CCA instituye la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con precisos caracteres que la diferencian de otras acciones. En efecto, el Consejo de Estado ha explicado que, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no puede perseguirse una pretensión indemnizatoria que no resulta de la anulación de un acto administrativo definitivo, pues esta es la condición necesaria para restablecer un derecho e indemnizar el perjuicio derivado del acto administrativo que se anula, si es el caso.

Puntualizando, esta acción se reserva para proteger directamente el derecho subjetivo del administrado que ha sido vulnerado por un acto de la administración. De ahí que envuelva dos pretensiones que se complementan, a saber: (i) la anulación del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico y (ii) como consecuencia necesaria de ello, el restablecimiento del derecho transgredido o la reparación del daño.

En este orden de ideas, la Sala de lo Contencioso Administrativo[50] ha concluido que la nulidad y restablecimiento del derecho es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, a través de la cual la persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, como efecto de la vigencia de un acto administrativo viciado de nulidad, puede solicitar que se declare la nulidad del mismo y que, como consecuencia, se le restablezca su derecho o se repare el daño.”(11).

El numeral 2 literal del artículo 164 ibídem, se refiere a la oportunidad para ejercer el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho, en el sentido que debe ser dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto según el caso.

Sumado a lo anterior, de conformidad el artículo 2º del Decreto 1716 de 2009, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1167 de 2016, se previó como pasible de conciliación el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

De lo anterior, se advierte que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tiene por objeto un acto administrativo de carácter particular, para la protección de un derecho subjetivo, y una de sus características, es la de ser desistible, conciliable y sujeto a caducidad.

3.3. Generalidades del mecanismo alternativo de solución de conflictos denominado conciliación en materia contencioso administrativa-área laboral.

La conciliación judicial, es una forma especial de poner fin al proceso, siendo el tercero que dirige esta clase de conciliación el juez de la causa, quien además de proponer fórmulas de arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada(12).

Otra característica de la conciliación es que depende de la naturaleza jurídica del interés afectado, solo algunos de los asuntos pueden llevarse ante una audiencia de conciliación. En general, son susceptibles de conciliación los conflictos jurídicos que surgen en relación con derechos disponibles y por parte de sujetos capaces de disponer(13).

En el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001, decretos 1818 de 1998, 1716 de 2009, 1069 de 2015, 1167 de 2016; autorizan a las entidades públicas a adelantar dicho trámite, bien sea en sede judicial o extrajudicial, en derecho, con el objeto de resolver las controversias que tengan con particulares.

El artículo 70 de la Ley 446 de 1998, artículo 2º del Decreto 1716 de 2009 y parágrafo 1º, del artículo 1º del Decreto 1167 de 2016, tipifica, los asuntos que por regla general no son susceptibles de conciliación, a saber: (i) Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. (ii) Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, salvo las excepciones específicas establecidas en la ley. (iii) Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

3.3.1. Generalidades de la conciliación en materia contencioso administrativo-materia laboral.

El artículo 53 de la Constitución Política, faculta para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles.

El artículo 71 de la Ley 446 de 1998, prevé:

Revocatoria directa. El artículo 62 de la Ley 23 de 1991, quedará así: Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado.”.

El artículo 1º del Decreto 1167 de 2016, por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, prevé:

“… PAR. 2º—El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

…”.

La jurisprudencia constitucional, sobre el tema ha enseñado:

“Por regla general, son materia de conciliación aquellos derechos transables que tengan el carácter de “inciertos y discutibles … cada caso concreto debe ser analizado atendiendo la calidad de los derechos reclamados (naturaleza económica y cuantificable) … “estando de por medio derechos de carácter laboral, que algunos tienen la condición de irrenunciables e indiscutibles y otros de inciertos y discutibles, en cada caso en particular debe analizarse el publicitado requisito de procedibilidad, pues el mismo no siempre resulta obligatorio. Inicialmente, de acuerdo con una interpretación sistemática de las normas aplicables y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Sala considera necesario precisar que, para el caso de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, son conciliables los aspectos de contenido económico que suelen contener los actos administrativos. Es decir, aquellos asuntos que envuelven la existencia de un derecho subjetivo en cabeza de las partes actoras, derechos de naturaleza económica y, en consecuencia, susceptibles de transacción, desistimiento y allanamiento. Así como, los asuntos que versen sobre actos administrativos que se refieran a derechos de carácter laboral inciertos y discutibles.”(14).

La misma corporación, ha precisado:

“... por regla general, los asuntos que se reclaman dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho son asuntos de carácter conciliable. Sin embargo, el juez de instancia debe realizar un análisis en el cual determine la calidad de los derechos que se encuentren en litigio ya que puede tratarse de derechos ciertos e indiscutibles protegidos por la Constitución Política y que, por ende, no ostentan el carácter de conciliables.(15).

También, la Corte Constitucional y con remisión a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha entendido por derecho cierto e indiscutible, el que se ha incorporado al patrimonio, el derecho adquirido. En efecto ha señalado:

“… 3.5. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de junio de 2011, puntualizó que “el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra. Por lo tanto, un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones para su causación y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser así, bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o debata la existencia de un derecho para que este se entienda discutible, lo que desde luego no se correspondería con el objetivo de la restricción, impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a la facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en las leyes sociales”[82].

En otras palabras, un derecho es cierto en la medida en que esté incorporado en el patrimonio de un sujeto, es decir, cuando operaron los supuestos de hecho de la norma que consagra el derecho, así no se haya configurado aún la consecuencia jurídica de la misma. Este concepto de derecho cierto está ligado con la concepción de derecho adquirido que está Corte ha construido[83] y excluye, por lo tanto, las simples expectativas o los derechos en formación.

3.6. Por otro lado, la indiscutibilidad de un derecho alude a la certidumbre alrededor de la caracterización del mismo, esto es, a los extremos del derecho y a su quantum, elementos que brillan por su claridad y evidencia, lo cual les entrega el estatus de suficientemente probados. Gracias a esta huella de indiscutibilidad, el reconocimiento de estos derechos, en el plano teórico, no haría necesaria una decisión judicial.”(16).

De manera que y ante el anterior panorama se advierte que en principio en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando media un acto administrativo; son conciliables los aspectos de contenido económico que suelen contener los actos administrativos, no obstante lo anterior, en materia laboral finalmente lo que es conciliable son los derechos inciertos y discutibles, disponibles y por parte de sujetos capaces de disponer.

3.4. Presupuestos para aprobar un acuerdo conciliatorio.

La jurisprudencia de esta corporación, reiteradamente ha precisado los requisitos que un acuerdo conciliatorio debe reunir para obtener su aprobación, a saber:

“14. En efecto, la conciliación en temas contenciosos administrativos procede únicamente respecto de conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que se conducen, en la jurisdicción, mediante las acciones de reparación directa, de controversias contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho(17). De igual forma, los acuerdos conciliatorios en los que participen entidades de carácter público, requieren, para que se hagan efectivos, ser previamente aprobados por esta jurisdicción, de conformidad con lo determinado por los artículos 37 y 43 de la Ley 640 de 2001.

15. Para dicho efecto, es necesario que aquellos cumplan con los siguientes requisitos: i) que la Jurisdicción Contencioso ... sean competentes ... ii) que no haya caducidad de la acción (L. 446/98, art. 44); iii) que las partes estén debidamente representadas y que se encuentren legitimadas (arts. 314, 633 y 1502 del C.C., 44 del CPC y 149 del CCA); y iv) que existan pruebas suficientes de la responsabilidad de la demandada y que el acuerdo no sea violatorio de la ley ni lesivo para el patrimonio del Estado (L. 446/98, art. 73).

16. Respecto de esta última exigencia, es deber del juez revisar que existan elementos probatorios suficientes y fundados que, sin necesidad de acudir a un análisis profundo y acucioso —el cual se reserva para la sentencia—(18), den certeza de que hubo una actuación por acción u omisión de la administración pública, que le causó al actor un daño antijurídico, y que existe un nexo causal o un factor de imputación entre la primera y la segunda circunstancia.

17. De igual forma, se debe verificar que el acuerdo conciliatorio no implique un menoscabo al patrimonio público, lo que ocurre, además de cuando no se cuenta con el material probatorio suficiente para establecer los elementos de la responsabilidad, en los casos en los que el monto fijado en el pacto conciliatorio supera a aquel decretado en la sentencia de primera instancia —en las conciliaciones de tipo judicial—, o cuando se concilia sobre una controversia respecto de la cual ya hay una providencia con carácter de cosa juzgada material.”(19).

De los elementos descritos se evidencia que el ordenamiento jurídico colombiano, consagra el mecanismo denominado conciliación judicial, que permite poner fin a un proceso y para que el juez la aprueba se deben dar los siguientes requisitos: (i) que las partes estén debidamente representadas (ii)el asunto sea conciliable (iii) la acción no se encuentre caducada, (iv) no se menoscaben derechos ciertos e indiscutibles (v) obren pruebas necesarias de responsabilidad de la demandada (vi) que no se lesione el patrimonio Estado, ni la ley.

4. Caso concreto.

En la audiencia inicial, llevada a cabo el 10 de julio de 2017, las partes manifestaron ánimo conciliación y aportaron acta suscrita por el Comité de Conciliación de la Universidad Tecnológica de Pereira, que indica:

“ACTA Nº 5

COMITÉ DE CONCILIACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

13 de junio de 2017.

2. Que en el proceso de convocatoria para la selección de docentes en la facultad de tecnología-Tecnología Mecánica, Área de Procesos de Manufactura- se presentaron 3 concursantes José Agustín Muruel Escobar, Leonardo De Jesús Mesa Palacio e Iván Yesid Moreno Ortíz.

3. Que la Disertación de Moreno Ortiz presentó como tema “Procesos de manufacturas de moldes para la conformación de piezas plásticas”, el cual seleccionó de los cuatro temas que se encontraban publicados en la cartelera de tecnología mecánica.

… 4 no coincide con lo solicitado en la Resolución 14 de 6 de junio de 2013, que definía los criterios de evaluación de la convocatoria.

… 6. Que el jurado verificó esta cartelera y en efecto el tema que aparece allí a diferencia de lo señalado en la Resolución 14 del 6 de junio de 2013, donde no aparece.

7 … Resolución 1905 del 6 de septiembre de 2013, el señor rector … declaró desierto el concurso …

Decisión del Comité 

2. Cualquier hecho no puede conducir a la declaratoria de desierta (sic) un concurso, pues resulta claro que el Jurado de la convocatoria y el Consejo de Facultad de Tecnologías, recomiendan la vinculación de Moreno Ortiz a la planta docente de la Universidad.

3. En orden de mérito y en forma descendiente, el primer puesto lo ocupa Iván Yesid Moren Ortiz, quien durante el proceso de selección los méritos y calidades para ocupar el cargo de docente de planta.

4. La Universidad Tecnológica de Pereira, en aplicación del principio de confianza legítima y buena fe, deberá realizar la provisión del empleo en estricto orden de méritos y en los precisos términos de la convocatoria, en el lugar y dependencia previstos en la oferta del caargo (sic)(20).

Argumento que sustenta la recomendación 

Por existir obligación legal de salvaguardar el principio constitucional del mérito y a la igualdad.

El Comité de conciliación de manera unánime acepta …

Decisión del Comité 

Que el Comité de conciliación de la Universidad Tecnológica de Pereira, después de analizar jurídicamente el asunto y de un breve debate, acoge por unanimidad estos planteamientos, manifestando que le asiste ánimo conciliatorio para acceder a las pretensiones de la demanda”.

Con el acta de conciliación presentada, las partes allegaron, certificado de viabilidad presupuestal para “la provisión de los cargos docentes de tiempo completo y planta a realizarse a través de convocatoria, viabilidad que incluía 1 plaza para el programa de Tecnología Mecánica”-“vinculación planta docente Iván Yesid Moreno Ortiz”(21).

A continuación se procede a revisar los requisitos exigidos para la aprobación del acuerdo conciliatorio.

4.1. Representación debida de las partes.

De conformidad con el artículo 160 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito.

El artículo 620 del Código General del Proceso, modificatorio del parágrafo 2º del artículo 640 de la Ley 640 de 2001, señala:

“ART. 620.—Modifíquese el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 640 de 2001, el cual quedará así:

“PAR. 2º—Las partes deberán asistir personalmente a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con su apoderado. Con todo, en aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio nacional, la audiencia de conciliación podrá celebrarse con la comparecencia de su apoderado debidamente facultado para conciliar, aun sin la asistencia de su representado”.

En el sub examine, las partes obran por medio de apoderado(22). La demandada, otorgó poder con facultad expresa para conciliar(23). El demandante también confirió poder, no consignó esa facultad, empero, asistió personalmente y con su abogado a la audiencia inicial en la cual se presentó la propuesta de conciliación. Así las partes, se encuentran debidamente representadas.

Sumando a lo anterior, tanto en el demandante como la demandada, están legitimados en la causa por activa y por pasiva, ostenta la titularidad jurídica sustancial y procesal.

4.2. De la naturaleza del derecho y de la procedencia de la conciliación.

En este caso el demandante ejercicio el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la que por su naturaleza es desistible y en la que expresamente la ley, permite la conciliación. (Arts. 59 L. 23/91, 70 L. 446/98, 2º D. 1716/2009 y art 1º del D. 1167/2016.)

Por ese mecanismo, el demandante acusa la legalidad de la Resolución 1950 de 6 de septiembre de 2013, que declaró desierto el concurso convocado mediante la Resolución 43 de 2013, y consecuencialmente, obstruyó la expectativa del demandante a integrar la lista de elegibles y posterior nombramiento como profesor de tiempo completo para el programa de Tecnología Mecánica-Área de Procesos de Manufactura de la Facultad de Tecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Si bien en este caso, ni el asunto, ni lo conciliado tienen carácter económico, al analizar la calidad de los derechos que se encuentren en litigio, la Sala advierte que se trata de un derecho particular y concreto, discutible.

En epígrafe anterior, se estableció que la naturaleza jurídica del interés afectado tiene esa calidad y respecto al concursante Iván Yesid Moreno Ortiz, quien en el proceso de selección tuvo la expectativa de integrar la lista de elegibles y posteriormente ser nombrado como docente en la Universidad Tecnológica de Pereira. Lo que quiere decir, que en este caso no se trata de derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, sino incierto y discutible, por ende analizado el caso concreto, se advierte que el asunto es pasible de conciliación.

4.3. Caducidad del medio de control

El literal d) del artículo 164 de la Leu (sic) 1437 de 2011, prevé “ART. 164.—Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: ... d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales. ...”.

El acto acusado, Resolución 1950 de 6 de septiembre de 2013, se publicó el 6 de septiembre de 2013, en el sitio web de la demandada(24), Universidad Tecnológica de Pereira, lo que indica que los 4 meses de que trata el literal d) numeral 2 literal del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, vencían el 7 de enero de 2014, la demanda se presentó el 21 de octubre de 2013(25). Vale decir, el medio de control se incoo oportunamente.

4.4. Pruebas necesarias de responsabilidad de la demandada.

Se encuentra probado en el proceso, que el demandante, concursó y para efectos de la convocatoria contenida en la Resolución 43 del 17 de junio de 2013(26), presentó hoja de vida, propuesta académica y disertación, empero, esta última versó sobre un tema diferente al contenido en la convocatoria. Fue el único concursante que superó los criterios de evaluación exigidos, sin embargo, mediante el acto demandado el rector de la Universidad, declaró el desierto el concurso, por considerar que ninguno de los concursantes cumplió los requisitos de la convocatoria y ante la recomendación del vicerrector, quien mediante oficio 02-121-301 del 9 de agosto de 2013, recomendó: “no sumar la evaluación registrada en su disertación, teniendo en cuenta que los mismos jurados dejaron constancia que el candidato disertó en un tema diferente a los registrados en la Resolución de Vicerrectoría Académica Nº 43 del 17 de junio de 2013, que es el acto administrativo que valida todos los requisitos concursales.”, lo anterior se constituye, en síntesis como el hecho controvertido.

En relación con el alcance de la convocatoria en el proceso de un concurso de méritos, la Corte Constitucional, ha señalado que es ley del concurso y que las reglas señaladas en ellas son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales(27). También ha enseñado:

“La convocatoria en el concurso público de méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe. Las reglas del concurso autovinculan y controlan a la administración, y se vulnera el derecho del debido proceso cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Solo en casos excepcionales, y por “factores exógenos”, como señala el precedente de la corporación, cuando se varían las etapas o normas, dicha modificación debe ser publicitada a los participantes. Reglas que deben ser precisas y concretas, con el fin de que los aspirantes tengan un mínimo de certeza frente a las etapas del proceso de selección y la duración de las mismas, que no los someta a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas.”(28).

En otra oportunidad, la misma corporación, consideró:

“La convocatoria es “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada.

Las reglas del concurso son invariables tal como lo reiteró esta corporación en la Sentencia SU-913 de 2009 al señalar “… resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez estas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos procesos.”(29).

En este orden de ideas, la convocatoria al constituirse como la ley del concurso de méritos, en ella debe plasmarse de manera clara y precisa desde el comienzo las reglas y condiciones del concurso y es obligatoria tanto para la autoridad convocante como para los participantes.

En el caso en estudio, del acervo probatorio que milita en el expediente, acreditan que en la convocatoria para en el proceso de selección para proveer cargos de docente en la facultad de Tecnología-Tecnología Mecánica, fijó unos temas para efectos de la “disertación” de los concursantes y que no coincidían con los indicados con el mismos propósito, en las carteleras fijadas en la facultad y que de estos últimos, fue el escogido por el concursante Iván Yesid Moreno Ortiz.

En efecto: 1. La Resolución 43 de 17 de junio de 2013(30) contentiva de la convocatoria a concurso para proveer cargos de docente en la facultad de Tecnología-Tecnología Mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira señala, entre otros aspectos, los siguientes temas para la disertación, “elegir uno”: (i) Parametrización de sistemas CAD/CAM/CAE en los procesos de diseño y manufactura de troqueles y moldes (ii) modelado y simulación de procesos de manufactura con consideración de las tolerancias dimensionales y geométricas (iii) Planeación de producción asistida por computados, modelado y simulación (iv) Diseño de producto para PLM.

2. En Acta de 2 de agosto de 2013, el jurado para el concurso de docentes, autoridad que en relación al tema disertado por el concursante Iván Yesid Moreno Ortiz, dejó observación en los siguientes términos:

“Resultados Disertación ... Iván Yesid Moreno Ortiz. Promedio 11.9.

... promedio final ... 10.7.

...

NOTA. Los jurados dejan constancia que en el caso del concursante Iván Yesid Moreno Ortíz, presentó una disertación titulada “Procesos de manufactura de moldes para conformación de piezas plásticas.”, la cual no coincide con las solicitadas en la Resolución 14.

Preguntado por el jurado sobre esta inconsistencia el concursante respondió que tomó el tema de la cartelera de Tecnología Mecánica en donde la Facultad de Tecnología invita a disertación pública.

El jurado verificó esta cartelera y en efecto el tema allí aparece a diferencia de la Resolución 14 donde no aparece.

Esta nota para los trámites que el Consejo de facultad de tecnología considere pertinentes.”(31).

3. Media acta 27 de 2 de agosto de 2013, del Consejo de la Facultad de Tecnología(32), mediante el cual y considerado el caso del concursante Iván Yesid Moreno Ortiz, recomendó en aplicación del principio de favorabilidad, la vinculación del concursante. Anotó:

“... Ivan Yesid Moreno Ortiz

ITEMS PUNTOS
PROPUESTA 10.7
DISERTACIÓN 11.9
HOJA DE VIDA 60.38
TOTAL82.98

Es de anotar que el jurado deja constancia que el candidato presentó un tema de disertación diferente a los temas publicados en la Resolución de Convocatoria 43 del 17 de junio de 2013.

Consultado el concursante manifestó, que el tema lo seleccionó del cartel de difusión de realización de la disertación, que realizó la facultad por medio del CRIE y no de la resolución.

Luego de discutir, el Consejo recomienda, por principio de favorabilidad al concursante y por tanto recomienda su vinculación.

…”(33).

4. Posteriormente, el mismo Consejo de Facultad de Tecnología, mediante acta 33 de 29 de agosto de 2013, recomienda: “... Iván Yesid Moreno Ortíz. El concursante no cumple en el ítem disertación y no aplica, ya que disertó un tema que no estaba contemplado en la resolución. Tal como lo hacen constar los jurados del concurso. ... recomienda, declarar desierto el concurso, ya que ninguno de los candidatos cumplió los requisitos de la convocatoria.”.

5. También, el vicerrector mediante oficio 02-121-301 de 9 de agosto de 2013, recomendó no sumar la evaluación registrada en la disertación, al concursante Moreno Ortiz.

Lo anterior deja en evidencia que en el proceso de selección para proveer cargos de docente en la facultad de Tecnología-Tecnología Mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira, no hubo suficiente claridad en los temas ofrecidos para efectos de la disertación.

Confirma aún más lo anterior, que al continuar revisando las pruebas que obran en el proceso se advierte que la demandada expidió varias resoluciones convocando a concurso para proveer el cargo de docente de la facultad de Tecnología-Tecnología Mecánica, además de la Resolución 43 de 17 de junio de 2013, entre estas, la Resolución 14 de 6 de junio de 2013 y la Resolución 45 de 17 de junio de 2013, en la primera también señala los mismos temas de la Resolución 43 de 2013. En la segunda, fija como temas: (i) “diseño, selección e integración de sistemas de monitoreo, adquisición y tratamiento de información de variables dinámicas mecánicas en maquinaria rotativa” (ii) modelado, simulación y validación de modelos de sistemas deformables (iii) Técnicas de identificación de parámetros inerciales de sistemas mecánicos.

Lo anterior, generó todo un galimatías, tanto al concursante, Iván Yesid Moreno Ortiz, como al jurado y a las directivas del ente universitario, como quedó evidenciado.

4.5. Del patrimonio público.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha entendido “el patrimonio público en los siguientes términos:

“El concepto de patrimonio público “cobija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo”. Adicionalmente, el Consejo de Estado ha reconocido que el concepto de patrimonio público también se integra por “bienes que no son susceptibles de apreciación pecuniaria y que, adicionalmente, no involucran la relación de dominio que se extrae del derecho de propiedad, sino que implica una relación especial que se ve más clara en su interconexión con la comunidad en general que con el Estado como ente administrativo, legislador o judicial, como por ejemplo, cuando se trata del mar territorial, del espacio aéreo, del espectro electromagnético etc., en donde el papel del Estado es de regulador, controlador y proteccionista, pero que indudablemente está en cabeza de toda la población”. Asimismo, el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público implica que los recursos públicos sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, de acuerdo con las normas presupuestales, con lo cual se evita el detrimento patrimonial. A su vez, el Consejo de Estado ha concluido en múltiples ocasiones “que la afectación de patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa” por cuanto generalmente supone “la falta de honestidad y pulcritud en las actuaciones administrativas en el manejo de recursos públicos” Por último, es preciso resaltar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que el derecho a la defensa del patrimonio público ostenta doble finalidad: “la primera, el mantenimiento de la integridad de su contenido, es decir prevenir y combatir su detrimento; y la segunda, que sus elementos sean eficiente y responsablemente administrados; todo ello, obviamente, conforme lo dispone la normatividad respectiva”.(34).

En el caso concreto, restablecimiento del derecho, consecuencial en evento de prosperar la nulidad deprecada, radicaría en la orden de continuar con el proceso de selección, la etapa a seguir que sería elaboración de la lista de elegibles. Lo anterior indica que en el asunto controvertido, no interfiere el patrimonio público del Estado.

Si bien es cierto se acompañó con el acta de conciliación el certificado de disponibilidad presupuestal, no lo es menos que el mismo hace referencia a certificado de viabilidad presupuestal para “la provisión de los cargos docentes de tiempo completo y planta a realizarse a través de convocatoria, viabilidad que incluía 1 plaza para el programa de Tecnología Mecánica”-“vinculación planta docente Iván Yesid Moreno Ortiz”(35); Es simple y llanamente el derecho connatural de derivada de darse la vinculación laboral.

En esas condiciones, el acuerdo conciliatorio a que llegaron las partes en el caso que ocupa la atención de la Sala, no lesiona el patrimonio del Estado.

4.6. No vulneración de la ley.

El artículo 125 de la Constitución Política establece, como regla general, que el régimen de los empleos estatales es el de carrera administrativa, buscando con ello privilegiar el mérito como criterio de selección y permanencia del personal público. La excepción de la aplicación de la carrera administrativa son los empleos de libre nombramiento y remoción, los de elección popular, y los demás que determine la ley.

La Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha concluido que “El mérito es el soporte del mandato constitucional que establece la carrera administrativa. Pero además, dicho elemento también desempeña un papel determinante en la materialización del derecho fundamental a acceder a los cargos públicos. El concurso signado por el mérito se encamina a seleccionar aquellas personas cuya evaluación evidencia su capacidad e idoneidad para el desempeño de la labor respectiva, con lo cual, se pretende proscribir la arbitrariedad de quien ostenta la condición de nominador.”(36).

Por otro lado, el artículo 69 de la Constitución Política, garantiza la autonomía universitaria y establece que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

Así, mediante la Ley 30 de 1992(37), el legislador organizó la educación superior, e indica que el carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley(38) La referida ley, prevé:

“ART. 29.—La autonomía de las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley, en los siguientes aspectos:

...

e. Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que sus alumnos;

…”.

Respecto de la vinculación del personal docente de una universidad estatal la Ley 30 de 1992, señaló:

“CAPÍTULO III

Del personal docente y administrativo

“ART. 70.—Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se requiere como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación se efectuará previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al consejo superior universitario.

El consejo superior universitario reglamentará los casos en que se pueda eximir del título a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la técnica, el arte o las humanidades.”.

De manera que al socaire de la autonomía universitaria, los entes universitarios están facultados para vincular su personal, entre otros, el personal docente, cuya incorporación se efectuará previo concurso público de méritos. Su reglamentación corresponde al consejo superior universitario. Para el caso, esa reglamentación se encuentra prevista en el Acuerdo 6 de 7 de abril de 1999 del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira y sus modificatorios, Acuerdos 16 del 3 de julio de 2003 y 24 del 1º de agosto de 2005(39) y en el Acuerdo 14 del 6 de mayo de 1993, -estatuto docente de la Universidad de Pereira(40).

En este orden de ideas, y analizado el acuerdo conciliatorio, se observa que le mismo se ajusta a las normas traídas a colación y a la situación fáctica, teniendo en cuenta que concurso en el proceso de convocatoria contenida en la Resolución 43 de 2013, y el demandante fue el único concursante que tuvo expectativa de integrar la lista de elegibles y posterior nombramiento como docente.

III. Decisión

De lo reseñado en los acápites anteriores, observa el despacho que en sub lite existe mérito y se reúnen los requisitos para aprobar el acuerdo conciliatorio presentado por las partes en el trámite de la audiencia inicial.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 446 de 1998, “el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. APROBAR el acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes, el 10 de julio de 2017, el cual hace tránsito a cosa juzgada.

2. DECLARAR terminado el presente proceso.

3. Ejecutoriado este auto, dese cumplimiento a los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual se expedirá copia del acta de conciliación, anexos y de esta decisión, conforme al artículo 114-2 del Código General del Proceso.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, y cúmplase”.

3 http://media.utp.edu.co/medicina/archivos/archivos/Estatuto_general_2011V3.pd

4 Artículo 67 Constitución Política y Ley 30 de 1992. Artículo 2º La educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

5 Acuerdo 14 (12 de octubre de 1999) por medio del cual se reforma el estatuto general y se dictan otras disposiciones. el consejo superior universitario, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, acuerda artículo primero: El estatuto general de la universidad, adoptado mediante Acuerdo 2 del 27 de enero de 1994 quedará así … NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETIVOS, MISION, PRINCIPIOS, PROPOSITOS, MODALIDADES EDUCATIVAS Y AUTONOMÌA ARTÍCULO 1.: La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de 1958, es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es la educación superior, la investigación y la extensión. La Universidad Tecnológica de Pereira, tendrá como sede principal la ciudad de Pereira. Podrá crear y organizar sedes o dependencias en otros municipios y participar en la creación de otras entidades, así como adelantar planes, programas y proyectos por sí sola o en cooperación con otras entidades públicas o privadas y especialmente con universidades e institutos de investigación del Estado. Consulta en: http://media.utp.edu.co/medicina/archivos/archivos/Estatuto_general_2011V3.pdf

6 ttps://www.utp.edu.co/secretaria/estatuto-general/471/acuerdo-no-014-estatuto-general-actualizado

7 http://media.utp.edu.co

8 Fl. 34, cdno. ppal. Negrilla fuera de texto.

9 Fl. 62, cdno. 1.

10 Fls. 38 y 64, cdno. ppal. Negrilla fuera de texto.

11 Corte Constitucional. Sentencia T-023-12 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

12 Ibídem.

13 Corte Constitucional Sentencia C-902-08 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

14 Sentencia T-023-12. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

15 Sentencia T-978-12, providencia de 22 de noviembre de 2012. M.P. Alexei Julio Estrada.

16 Corte Constitucional. Sentencia T-023-12.

17 “Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2005, exp. 2002-00961 (23875).

18 “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 6 de diciembre de 2010, exp. 33462.

19 Radicación: 52001-23-31-000-2011-00397-01(57054). providencia del 23 de agosto de 2017 M.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver también Radicación: 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121). Providencia de 10 de marzo de 2017.

20 Negrilla fuera del texto.

21 Fl. 300, cdno. ppal.

22 Fls. 81 y 117, cdno. ppal.

23 Fl. 117, cdno. ppal.

24 http://comunicaciones.utp.edu.co/campus/4729 Fecha: 2013-09-06 15:59:08.

25 Fl. 20, cdno. ppal.

26 Fl. 70, cdno. 2 del expediente

27 Corte Constitucional Sentencia SU-913-09 del 11 de diciembre de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia T-180-15 del 16 de abril de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

28 Corte Constitucional. Sentencia T-682/16 del 2 de diciembre de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

29 Corte Constitucional Sentencia SU-446-11 del 26 de mayo de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

30 Fl. 34, cdno. ppal. Esos mismos temas fueron consignados en la Resolución 14 de 6 de junio de 2013.

31 Fl. 140, cdno. ppal.

32 Fl. 36, cdno. ppal.

33 Fl. 43, cdno. ppal.

34 Radicación: 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP) sentencia de 8 de junio de 2011 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

35 Fl. 300, cdno. ppal.

36 Corte Constitucional. Sentencia T-748/15

37 Ley 30 de 1992. “Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional.

38 Ley 30 de 1992. Artículo 57.

39 Estos últimos consultados en la página web de la Universidad de Pereira, www.utp.edu.co

40 Consultado en la página web de la Universidad de Pereira, www.utp.edu.co