Sentencia 2013-01841 de marzo 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá, D.C. dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 050012333000201301841 01 (4080-2015)

Demandante: Eyda Córdoba Valencia

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Trámite: Ley 1437 de 2011

Asunto: Pensión gracia. Indexación de la primera mesada pensional

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Al respecto, se observa que en muchas ocasiones los empleados que aspiran al reconocimiento de una prestación pensional, se retiran definitivamente de sus labores al haber cumplido el tiempo de servicio exigido por la ley, sin haber alcanzado la edad necesaria para consolidar su estatus pensional, lo que en la práctica conduce al hecho de que el reconocimiento de su derecho pensional pueda darse incluso años después de haber alcanzado el primero de los requisitos mencionados, esto es, el tiempo de servicio.

Esta situación, deja en evidencia la posibilidad de que al momento en que un docente finalmente adquiera su estatus pensional y le sea reconocido su derecho, se haya producido una devaluación de la moneda por el transcurso del tiempo.

Problema jurídico.

Atendiendo a los argumentos expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación, la Sala encuentra que debe determinar si la pensión gracia dada su connotación de ser una prestación especial, puede ser actualizada con base en el índice de precios al consumidor.

Teniendo en cuenta el problema jurídico planteado, la Sala estima que debe resolver los siguientes cargos planteados en la alzada, en el siguiente orden: i) Sobre la pensión gracia; ii) Contexto normativo y jurisprudencial de la actualización de la primera mesada; iii) El caso concreto.

Sobre la pensión gracia.

La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913(19) para los educadores de enseñanza primaria que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observado buena conducta y que no posean bienes de fortuna.

Según el artículo 1° ibídem, la cuantía de la prestación correspondería a la mitad del sueldo que hubiere devengado el empleado en los dos últimos años de servicio.

Posteriormente, la Ley 4ª de 1966(20) dispuso en su artículo 4º lo siguiente:

“A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación e invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios”. 

La ley antes citada fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966, en su artículo 5° dispuso que las pensiones serían liquidadas tomando como base el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios.

A su vez, esta prestación es compatible con la pensión de jubilación de carácter municipal, departamental, intendencial y distrital.

Bajo estas premisas, es pertinente referir que la aplicación especial de la norma anterior, impide hacer uso de disposiciones del régimen ordinario general, tales como las leyes 33 de 1985 y 62 de 1985, el artículo 9º de la Ley 71 de 1988 y el artículo 10 el Decreto 1160 de 1989, dado que la pensión gracia es una prestación especial a cargo del Tesoro Nacional, que no se liquida con base en aportes, como tampoco requiere afiliación para tal fin.

Las normas especiales que rigen el reconocimiento de la pensión gracia (arts. 4º de la L. 4ª/66 y 5º del D. 1743/66), se aplican bajo el entendido de que el 75% del promedio obtenido en el último año de servicios, es del año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus de pensionado, en la que se deben incluir todos los factores salariales percibidos por el docente que ha cumplido los requisitos de tiempo y edad entre otros, vale decir, los que regían para el momento en que se consolidó el derecho.

En otras palabras, la liquidación de la pensión gracia sólo es posible respecto de factores devengados al momento de la consolidación del estatus pensional y no de la época del retiro como sí ocurre en las pensiones ordinarias, en cuyo caso existe afiliación y por ende aportes que conducen a la mejora en el monto de la pensión al momento de la desvinculación.

Reitera la Sala de esta manera, las posiciones adoptadas en decisiones vigentes en las que se ha determinado lo siguiente:

1. La pensión gracia es una dádiva especial creada por el gobierno en favor de los maestros de escuelas primarias y secundarias cuyas vinculaciones han sido territoriales o nacionalizadas, y que hubieren laborado al magisterio antes del 31 de diciembre de 1980, además de cumplir otros requisitos ya mencionados.

2. El régimen jurídico aplicable está comprendido por un compendio de normas especiales, como son las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, y 91 de 1989 entre otras.

3. La pensión gracia no puede ser objeto de reliquidación por la inclusión de nuevos factores salariales, pues ésta se debe liquidar de acuerdo con el promedio mensual de lo devengado por el docente durante el último año de servicios al que adquirió el estatus.

4. Esta prestación no puede ser objeto de integración normativa con las leyes 33 y 62 de 1985, las cuales se aplican a los regímenes generales mas no para los exceptuados como la pensión gracia.

Contexto normativo y jurisprudencial sobre la actualización de la primera mesada

Estima la Sala, la necesidad de esbozar las normas que han considerado la actualización de la primera mesada y lo que sobre ello han expuesto las tres altas cortes a través de sus pronunciamientos jurisprudenciales.

En la Constitución Política se encuentran los artículos 13, 46, 48, 53 y 230 que son relevantes para el caso objeto de estudio.

ART. 13.Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 

ART. 46.El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”. 

ART. 48.La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. 

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. 

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. 

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. 

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. 

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas. 

Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. 

(...)”. 

ART. 53.El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. 

ART. 230.Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.  

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”. 

De estas normas se infiere, que se ha dado al Estado la facultad y el deber de reconocer las prestaciones económicas en las condiciones de ley, y a mantener el poder adquisitivo de las mismas, con el fin de garantizar el derecho fundamental de los administrados al mínimo vital y a obtener los beneficios laborales y prestacionales correspondientes, especialmente para aquellas personas en condiciones de especial protección, como los adultos mayores y aquellos que se encuentran en la tercera edad.

De la Ley 100 de 1993(21) resaltamos el artículo 14 que dice:

ART. 14.Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno. 

PAR.El Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que con base en el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, podrían tener las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de esta ley, en caso de que dicho incremento sea superior a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificada por el DANE para el respectivo año. El Gobierno Nacional determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de cobertura”. 

De lo anterior, debe precisarse que dentro del Régimen General de Seguridad Social en Pensiones, no existe norma expresa que establezca la actualización del ingreso base de liquidación pensional diferente al reajuste anual de las mesadas ya reconocidas en los términos del artículo referenciado.(22)

Del mismo modo ocurre con la normatividad que rige la pensión gracia, en tanto que las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, así como el Decreto 081 de 1976, establecen los requisitos y el procedimiento para su reconocimiento, pero no contemplaron la indexación del ingreso base de liquidación, IBL, utilizado para determinar su cuantía.

Ante esta situación, es necesario exponer los pronunciamientos jurisprudenciales pertinentes con miras a dilucidar el problema jurídico planteado.

La Corte Constitucional.

Sentencia SU-1073/2012 “Derecho a la indexación de la primera mesada pensional y a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales”.

En esta ocasión, el alto tribunal constitucional se encargó de unificar los criterios relacionados con el derecho a indexar la primera mesada pensional sobre los causados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.

2.4.1.2. (...) las leyes 10 de 1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988, establecieron que las pensiones serían reajustadas, cada año, de acuerdo al aumento en el salario mínimo. Igualmente, algunos regímenes especiales como el de los congresistas, consagraron mecanismos para asegurar el poder adquisitivo de la prestación. Así, el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, dispuso que éstas se aumentaran en el mismo porcentaje que se reajusta el salario mínimo.

2.4.2. La indexación de la primera mesada pensional y su regulación antes de la Constitución de 1991 

Del recuento anterior se observa que el legislador ha previsto la manera de actualizar la mesada de quien ha adquirido el derecho a la pensión al momento de encontrarse laborando. Sin embargo, el problema de la indexación de la primera mesada pensional surge en razón de la inexistencia de una norma que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida, pero cuyo reconocimiento pensional es hecho en forma posterior. (Subraya la Sala).

(...) 

2.4.2.1. En efecto, la Sección Primera de la Corte Suprema de Justicia, desde 1982 hasta el 18 de abril de 1999, acogió la fórmula de la indexación de la primera mesada pensional como mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de estas pensiones ante el fenómeno de la inflación. En estos términos, en la decisión del 8 de agosto de 1982, la Sección Primera de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideró:  

{ii) La indexación laboral  

El derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que del trabajo depende la subsistencia y la realización de los seres humanos, y que el derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en cuanto regula jurídicamente las relaciones de los principales factores de producción —el trabajo, el capital y la empresa—, afectados directamente por la inflación. Sin embargo, justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por la ley por la doctrina y por la jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por no decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica el salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada o automática. Y a que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (leyes 10 de 1972 y 4ª de 1976)}. 

Cabe señalar que la Sección Segunda de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sostenía la tesis contraria y consideraba que no era posible la aplicación de la teoría de la indexación a las deudas laborales, a menos que estuviese expresamente consagrado por el legislador (Sent. de 11 de abril de 1987)(23). Sin embargo, en la Sentencia del 8 de abril de 1991 (proferida con anterioridad a la expedición de la Constitución el 7 de julio de 1991) se unifica la postura de la Sala Laboral y se dijo que la indexación era un factor o modalidad del daño emergente y que, por tanto, al disponer pago de los perjuicios compensatorios que se encontraban tasados expresamente en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, debía ser incluida para que la satisfacción de la obligación fuera completa.(24) 

2.4.2.2. Esta posición fue reiterada en pronunciamientos posteriores también con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. En la Sentencia del 13 de noviembre de 1991, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral sostuvo que las obligaciones dinerarias insolutas debían ser actualizadas. 

2.4.3.1. Como referente jurisprudencial se encuentra la Sentencia SU-120 de 2003(25), en la cual se unificó la doctrina sentada hasta ese momento por las salas de revisión de esta corporación concerniente a la procedencia de la indexación pensional por medio de la acción de tutela, en aplicación, entre otros, de los principios laborales de favorabilidad y efectividad de los derechos. 

En dicha oportunidad, la Corte estudió si el cambio de jurisprudencia adoptado por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 18 de agosto de 1999, Sala Laboral, relacionado con la improcedencia de la indexación de la primera mesada pensional, constituía una vía de hecho por desconocimiento de los principios constitucionales que rigen las relaciones laborales consagrados en el artículo 53 de la Constitución. 

En primer lugar, reconoció la Corporación que existía un vacío normativo en relación con el ingreso base de liquidación de aquellas personas que, en virtud del numeral 2 del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, ya habían adquirido los requisitos de tiempo trabajado para acceder a la pensión, pero no contaban con la edad requerida.  

Esta laguna debía ser resuelta aplicando el principio in dubio pro operario, como recurso obligado para el fallador en su labor de determinar el referente normativo para solventar asuntos del derecho del trabajo no contemplados explícitamente en el ordenamiento. En razón del mismo, entre dos o más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada situación laboral, debería elegirse aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más interpretaciones posibles de una misma disposición, debería preferir la que lo beneficie. Agregando además, que tal interpretación devenía de la equidad que debe regir las relaciones laborales, en donde el trabajador se constituye en su parte débil. 

2.4.3.2. De igual manera, en el ámbito del control abstracto de constitucionalidad, mediante las sentencias C-862 de 2006(26) y C-891-A del mismo año(27), esta corporación se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 8° de la Ley 171 de 1961 y 260 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, respectivamente, proclamando el derecho universal de los jubilados a la indexación de la primera mesada pensional. 

En dichas providencias, consideró la Corporación que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional no sólo se deriva de la aplicación del principio in dubio pro operario, sino que se constituye en una de las consecuencias de la consagración del Estado colombiano como Estado Social de Derecho. En términos de la providencia “cabe recordar brevemente que el surgimiento y consolidación del Estado social de derecho estuvo ligado al reconocimiento y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, entre los que ocupa un lugar destacado el derecho a la seguridad social, de manera tal que la actualización periódica de las mesadas pensionales sería una aplicación concreta de los deberes de garantía y satisfacción a cargo del Estado colombiano en materia de los derechos económicos, sociales y culturales en virtud del modelo expresamente adoptado por el artículo primero constitucional”. 

Agregó además que la actualización periódica de la mesada pensional es un mecanismo para garantizar el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, pues de lo contrario, la pérdida del poder adquisitivo de la misma les impediría satisfacer sus necesidades. Por tal razón, la indexación de la pensión es una medida concreta a favor de los pensionados, que, por regla general, son adultos mayores o personas de la tercera edad, es decir, sujetos de especial protección constitucional”. 

(...) 2.5.3. La jurisprudencia constitucional ha predicado el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional. 

No existe ninguna razón constitucionalmente válida para sostener que el derecho a la actualización de la mesada pensional sea predicable exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, cuando todos se encuentran en la misma situación y todos se ven afectados en su mínimo vital por la depreciación monetaria.  

Por el contrario, la jurisprudencia constitucional ha señalado expresamente que éste es un derecho de carácter universal que debe ser garantizado a todos los pensionados. De lo contrario, se produciría una grave vulneración del derecho a la igualdad que constituye un trato discriminatorio.  

En términos de la Sentencia C-862 de 2006 “el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio”. 

Concluyó la Corte:

“2.6.1. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional es predicable de todas las categorías de pensionados, y por tanto, resulta vulneratorio de los principios constitucionales que informan la seguridad social y el derecho laboral negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian situaciones posteriores. 

2.6.2. La garantía de indexación no sólo fue reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, con anterioridad de la expedición de la Carta, sino que en la Constitución de 1991 se constitucionaliza en los artículos 48 y 53. 

2.6.3. Además, también tiene sustento en el principio de favorabilidad laboral contenido en el artículo 53 Superior. Este principio obliga a las autoridades judiciales, incluyendo las Altas Cortes, a elegir, en caso de duda, por la interpretación que más favorezca al trabajador. En el caso de la indexación, no es otra que su reconocimiento universal, inclusive de las personas que adquirieron su derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, por cuanto el fenómeno inflacionario afecta a todos por igual. 

2.6.4. El reconocimiento a la indexación de la primera mesada pensional también es un desarrollo del principio del Estado social de derecho y una garantía que desarrolla los artículos 13 y 46, que prescriben la especial protección constitucional a las personas de la tercera edad, y el derecho al mínimo vital”. 

Igualmente concluyó que el derecho fundamental a la indexación de la primera mesada goza de un carácter de actualidad y en tal virtud es imprescriptible.

“En cuanto a la imprescriptibilidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional y su relación con el requisito de la inmediatez, señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-042 de 2011 que la negativa a su reconocimiento “(...) puede originar la vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho que implica una prestación periódica, por lo que su afectación, en caso de presentarse alguna, se habría mantenido durante todo el tiempo, siendo soportada incluso hoy en día por los ex trabajadores y ahora pensionados de la accionada. Son estas las razones que llevan a la Sala a concluir que la vulneración señalada, en caso de presentarse, tiene un carácter de actualidad, lo que confirma que en esta específica situación se cumple con el requisito de la inmediatez y, por consiguiente, se satisfacen los presupuestos exigidos para declarar procedente la acción”. 

En este sentido, se debe entender que los casos objeto de análisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acción de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensión de vejez reconocida, y están viendo negado su derecho a la indexación de su primera mesada pensional. Es así como, tratándose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicción ordinaria, no entrará a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexación y la presentación de la acción de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectación al derecho fundamental tiene un carácter de actualidad”. 

La Corte Suprema de Justicia.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL2515-2017 del 15 de febrero de 2017, mediante la cual resolvió un recurso extraordinario de casación, consideró sobre el asunto lo siguiente:

“Cabe aclarar que el criterio adoctrinado de la Sala, consistente en que toda pensión, ya sea legal, convencional, voluntaria o extralegal, es susceptible de ser indexada en su base salarial con el fin de establecer el monto de la primera mesada, causada antes o después de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no está basado exclusivamente en la sentencia de constitucionalidad C-862 de 2006 que refiere el recurrente, pues en esencia se fundamenta, en los mandatos de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, que imponen mantener el poder adquisitivo constante de las pensiones. 

En efecto, esta Sala de Casación mediante la sentencia CSJ SL736-2013, luego de efectuar un recuento jurisprudencial acerca de la figura de la indexación, concluyó: (i) que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; (ii) que al no existir prohibición expresa alguna por parte del legislador, de indexar la primera mesada causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento y (iii) que cualquier diferenciación al respecto, resulta injusta y contraria al principio de igualdad.  

De suerte que, para los fines de hallar el verdadero poder adquisitivo de la primigenia mesada pensional, la vigencia de la disposición legal con que se liquidó y calculó la pensión de jubilación del demandante, para el caso el Decreto 2701 de 1988, no tiene la transcendencia que le imprime el censor, si se tiene en cuenta que lo que persigue -la indexación-, no es aumentar o incrementar el ingreso base de liquidación de la prestación pensional, sino mantener su valor real”. 

Igualmente, la sentencia SL2146-2017 del 8 de febrero de 2017 mantuvo la misma línea expuesta y precisó:

“(...) 

Así las cosas, la nueva tesis de esta Sala, sostiene que resulta viable la actualización del salario que sirve de base para calcular el monto inicial de la mesada pensional, incluso respecto de aquellas jubilaciones causadas con anterioridad al 7 de julio de 1991 y su respaldo, se finca en la existencia de otros parámetros, igualmente válidos, como lo son la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que gozan de fuerza normativa, en los términos de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo. 

En efecto, en la aludida sentencia, la Sala asentó su nuevo criterio en los siguientes términos: 

“[...] 

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991”. 

Así las cosas, al margen de que la pensión reconocida a Tafur Salas haya sido causada antes o después de la vigencia de la Constitución Política de 1991, resultaba procedente la indexación del ingreso base de liquidación de la prestación. En esa medida, el tribunal cometió el yerro jurídico endilgado y por ende se casará la decisión”. 

Esta posición ha sido reiterada en varias sentencias como por ejemplo la SL736 de 2013 y SL 31222 de 13 de diciembre de 2007.

El Consejo de Estado.

El alto tribunal en lo contencioso administrativo, en providencia del 10 de julio de 2014(28) proferida por la Sección Segunda, Subsección B, expuso sobre el asunto lo siguiente:

II. De la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional gracia. 

(...)  

Bajo estos supuestos, resulta evidente el vacío normativo existente en relación con la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional razón por la cual, la jurisprudencia de esta corporación con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48, 53 y 230, ha establecido que bajo criterios de justicia y equidad la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios los cuales el trabajador no está obligado a soportar. 

La Sala considera que ante el vacío normativo existente en relación con la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional y, las consecuencias negativas derivadas de tal circunstancia, concretadas en el hecho de que un servidor tenga que percibir al momento de pensionarse, por concepto de mesada, una suma de dinero devaluada que no guarde una equivalencia o correspondencia con el valor real del salario que devengada cuando prestaba sus servicios, resulta pertinente y necesario ordenar el reajuste del ingreso base de liquidación en atención al carácter especialísimo de que goza una prestación pensional y al principio de equidad que gobierna el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones”.

La Subsección A de la misma Sección al entrar a resolver sobre un caso en el cual el peticionario cumplió el tiempo de servicio antes de la edad requerida para acceder al derecho prestacional —pensión gracia—, desplegó en la sentencia de 17 de agosto de 2011(29) las siguientes consideraciones:

“Por último, en tanto el actor se retiró del servicio antes de reunir el requisito de edad necesario para la consolidación de su status pensional mediando 8 años y 5 meses entre las dos fechas, observa la Sala que el a quo omitió ordenar la actualización de la base de liquidación pensional pese a haber sido solicitado en el petitum, imprevisión que afecta negativamente la cuantía pensional en detrimento del derecho del actor y desconoce los postulados constitucionales y legales que amparan la reliquidación e indexación de los derechos pensionales como derecho fundamental.

En efecto, en casos como éste la no actualización o indexación del ingreso base de liquidación pensional resulta inequitativa pues es indiscutible que no tiene el mismo poder adquisitivo el promedio devengado por el actor en el período comprendido entre los meses de agosto de 1992 y 1993, que el promedio que podría corresponderle a 26 de febrero de 2002, fecha a partir de la cual se reconoció la pensión habiendo cobrado efectos el impacto inflacionario sobre las sumas percibidas en dicho lapso, estableciéndose por ende la liquidación de la pensión examinada con valores empobrecidos. 

Si bien, en cuanto a la pensión gracia no existe norma especial que contemple la actualización de la base salarial para su reconocimiento y pago de pensiones en circunstancias como las del demandante, es innegable que en economías inestables como la nuestra, el mecanismo de la revalorización de las obligaciones dinerarias se convierte en un factor de equidad y de justicia, que permite el pago del valor real de las acreencias. 

Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación de la base salarial de liquidación pensional en casos como éste, aun cuando dicho aspecto no hubiese sido objeto directo del recurso de apelación constituye un punto íntimamente relacionado con el mismo, además una decisión ajustada a la Ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del Juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta, razón por lo que se adicionará el fallo del a quo en sentido de ordenar la actualización del promedio devengado por el actor en el último año de servicios laborado con anterioridad a la consolidación de su status jurídico de pensionado hasta la fecha en que se hizo efectiva la pensión”. 

En el mismo sentido se pronunció la Corporación en la sentencia del 6 de octubre de 2011(30).

Ahora bien, estando claro que los pensionados o beneficiarios de las pensiones tienen derecho a obtener la indexación de su primera mesada con la finalidad de que el beneficio prestacional no se vea afectado por el transcurrir del tiempo, y que de ésta manera se evitan las repercusiones económicas negativas en su poder adquisitivo, el cual generaría la afectación la garantía constitucional del mínimo vital, se hace necesario presentar algunos pronunciamientos jurisprudenciales relevantes mediante los cuales las altas cortes han dejado claro cuál es la fórmula que han adoptado para tal fin.

La Corte Constitucional.

La Sentencia T-098 de 4 de febrero de 2005 proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, definió la fórmula para indexar la primera mesada pensional así:

“5. Fórmula que deberá aplicar el Citibank para efectuar la indexación de la primera mesada pensional del actor.

El ajuste de la mesada pensional del demandante se hará según la siguiente fórmula: 

R= Rh índice final

Índice inicial 

Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial, que es el existente al 27 de enero de 1974. 

Debe determinarse así el valor de la primera mesada pensional actualizada a 10 de diciembre de 1980. El Citibank Colombia procederá a reconocer y liquidar los reajustes pensionales de los años posteriores, conforme a la normatividad aplicable. 

Después establecerá la diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba en el expediente de que éstos fueron pagados.(31) 

La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula: 

R= Rh índice final

Índice inicial 

Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional. 

Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una de las prestaciones”. 

La Corte Suprema de Justicia.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia acogió la fórmula planteada en la Sentencia T-098-2005, la cual ha sido el soporte y base para definir las situaciones jurídicas de los interesados relacionados con sus reclamaciones.

Así, en reciente sentencia SL2578-2017 de 15 de febrero de 2017 de la Sala Laboral, donde se analizó la procedencia de la indexación de la primera mesada, su liquidación y fórmula a aplicar, manifestó lo siguiente:

“Sin embargo, al aplicar la fórmula para indexar la primera mesada pensional de la demandante, se remitió a la sentencia del 14 de noviembre de 2007 con radicación Nº 30486, posición que fue rectificada por esta corporación, a través de la sentencia CSJ SL, 13 dic 2007, Rad. 30602, reiterada en la CSJ SL, 16 Oct 2013, Rad. 47709, entre muchas otras, en la que se dijo: 

Así pues, que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de pensiones como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente fórmula, que más adelante se desarrollará en sede de instancia: 

VA = VH x IPC Final /IPC Inicial 

De donde: 

VA = IBL o valor actualizado  

VH = Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado. 

IPC Final = índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión. 

IPC Inicial = índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador. 

Con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere venido empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional, acorde con la teleología de las normas antes citadas.

De la aplicación indebida de la fórmula, se desprende el error del tribunal pues la adoptada por esta corporación, que recogió la de la sentencia del 14 de noviembre de 2007 con radicación Nº 30486, impone que los IPC a tener en cuenta son los correspondientes al 31 de diciembre de 1982 (inicial) y al 31 de diciembre de 1992 (final), pues con ello se cumple con el cometido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que se centra en actualizar anualmente la base salarial, a efectos de determinar la mesada pensional, con lo que se garantiza que los elementos que integran el IBL conserven su valor; función que se logra adecuando la mencionada norma a cada situación, para lo cual debe buscarse la fórmula que más se ajuste al mecanismo para mantener el poder adquisitivo; por eso al multiplicar el valor monetario por el IPC final, y dividirlo por el inicial, se cumple con los postulados de la preceptiva estudiada, así como la de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política».  

(...) 

Una vez realizadas las operaciones aritméticas con sustento en la formula antes mencionada, teniendo en cuenta para el efecto el IPC de 2,0220 a 31 de diciembre de 1982 y de 17.3900 correspondiente a 31 de diciembre de 1992, se tiene lo siguiente: 

S2013-01841CE fig 1
 

En tal sentido, el salario actualizado de la demandante corresponde a la suma de $ 159.279,33, que al aplicarle una tasa del reemplazo del 75%, arroja como primera mesada pensional $ 119.459,50, valor que debidamente actualizado hasta la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales reconoció la prestación de vejez el 24 de enero de 1998 (fl. 7), arroja como resultado $ 306.995,54”. 

Igualmente, fue clara la Sala Laboral en la sentencia SL1723-2016 de 27 de abril de 2016, que sobre la discusión presentada sobre la fórmula a aplicar en beneficio del servidor concluyó:

“Adoctrinó la Sala sobre los métodos matemáticos que podían ser utilizados con cada uno de esos certificados para actualizar el ingreso base de liquidación, lo siguiente: 

Lo anterior significa que los ingresos base de cotización pueden actualizarse utilizando cualquiera de los dos siguientes métodos: 

a) Con base en la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior, es decir, incrementando anualmente los ingresos bases de cotización hasta llegar a la fecha de la última cotización realizada [operación que se realiza con el certificado índice de precios al consumidor (IPC)-variaciones porcentuales)]. 

b) Multiplicando el salario base de cotización por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor del acumulado a diciembre de la anualidad anterior a la fecha de causación de la pensión entre el índice inicial del acumulado al mismo mes de la anualidad anterior a la fecha de cotización de cada salario base [operación que se realiza con el certificado de índice de precios al consumidor (IPC)-índices-serie de empalme)]. 

Cabe anotar que independientemente del método que se utilice para actualizar los salarios base de cotización, siempre que sean aplicados correctamente, arrojan el mismo resultado; pues, la diferencia entre uno y otro radica en que el segundo permite la actualización en un solo paso, es decir, no es necesario realizar cálculos de actualización de cotizaciones de cada anualidad, como ocurre con el primer método. 

La Sala de Casación Laboral a partir de la sentencia CSJ SL, 06 dic. 2007, rad. 32020, por razones prácticas, ha optado por el segundo método, expresado en la siguiente fórmula: 

VA = VH x IPC Final 

IPC Inicial 

De donde: 

VA = IBL o valor actualizado 

VH = Ingreso base de cotización 

IPC Final = índice de precios al consumidor de la última anualidad de la fecha de causación de la pensión. 

IPC Inicial = índice de precios al consumidor de la última anualidad para cada ingreso base de cotización. 

Conclúyase entonces, que no pudo el tribunal haber incurrido en error, pues utilizó los indicadores nacionales certificados por el DANE —que conforme al art. 191 del CPC son un hecho notorio—, que reposan en la página de Internet www.dane.gov.co, de acceso libre al público, y que son los únicos que sirven para los efectos de la actualización de los salarios de que trata el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. (Negrillas fuera del texto)”.

El Consejo de Estado.

En reciente sentencia de 27 de agosto de 2015 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda(32), se reiteró la fórmula que ha acogido esta corporación para aplicar la actualización monetaria de la primera mesada pensional cuando un empleado se retira del servicio antes de llegar a la edad requerida en la ley y su pensión es reconocida tiempo después, la cual coincide con las adoptadas por la Corte Constitucional y por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

“La Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se adoptó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reguló el contenido de la sentencia y en el inciso final del artículo 187 dispone: 

“ART. 187.—Contenido de la sentencia. (...) Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor”. 

Las disposiciones anteriores son la fuente normativa que regula el ajuste de valor de las condenas que se imponen por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Ahora, la jurisprudencia de la corporación(33) sobre la actualización de las condenas y la corrección monetaria en el año 1990 dijo:

“... La corrección monetaria con referencia a ingresos provenientes de un trabajo no se estima con fundamento en la desvalorización del peso colombiano en relación con alguna moneda sino en relación con la variación del índice de precios al consumidor en un periodo dado y no por el sistema de porcentajes acumulados, para cuyo efecto se toma el citado índice en el mes y año de la sentencia en concreto o del incidente regulador si aquella se pronunciare en abstracto y se divide por el índice del mes y año de la causación del perjuicio y el factor así obtenido se multiplica por el capital o la suma que se actualiza, que no es otro que el porcentaje del ingreso mensual que correspondiera al demandante a cuyo favor se profiere la sentencia. Por esto, en general, no es necesaria la práctica de una peritación, sino que probados los ingresos de la víctima y la vida probable de ésta en relación con quienes la sobreviven, así como la dependencia económica de éstos con aquella, le basta al juzgador aplicar las fórmulas de matemáticas que al efecto existen...”. 

Lo señalado en la providencia anterior cuya parte pertinente se transcribió se concreta en la siguiente fórmula: 

Índice final

VP = Vh ------------------------ 

Índice Inicial 

Donde VP es el valor presente que se busca; Vh es el valor histórico, para el presente caso sería la mesada pensional reconocida; el Índice Final es el que certifique el DANE a la fecha de hacerse exigible la obligación y el Índice final es el vigente y certificado por la misma entidad a la fecha de ejecutoria de la sentencia”. 

Esta fórmula ha sido acogida en diversas sentencias de la Corporación, como por ejemplo la proferida el 18 de febrero de 2010 por la Subsección A de la Sección Segunda con ponencia del Consejero de Estado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 1020-08; y por la Subsección B de la misma Sección, en la sentencia de 7 de febrero de 2013, con ponencia del consejero de Estado Gerardo Arenas Monsalve, expediente 0268-12.

En virtud de lo expuesto, la Sala encuentra que ante el vacío normativo existente en relación con la indexación del ingreso base de liquidación de una pensión gracia, la jurisprudencia de esta corporación y de las demás altas cortes, han establecido de forma pacífica, que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario, son hechos notorios que el servidor no está obligado a soportar, y que por tal razón, tiene derecho a que su prestación sea indexada con el fin de no ver transgredidos sus derechos fundamentales, y en tal virtud, debe darse aplicación a la fórmula adoptada por cada una de ellas para que la pensión garantice su poder adquisitivo.

De lo probado en el proceso.

Del material probatorio recaudado dentro del presente proceso, se pudo acreditar lo siguiente:

— La demandante cumplió 50 años de edad el 10 de octubre de 1983, según información contenida en la cedula de ciudadanía visible a folio 17 y completó los 20 años de servicio como docente nacionalizada el 29 de diciembre de 1980, de acuerdo con la información visible en el Formato Único Para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emanado de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia (fl. 19).

— La Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reconoció la pensión gracia mediante la Resolución 11447 de 8 de noviembre de 1984, en cuantía de $ 14.239,21 con efectos a partir del 10 de octubre de 1983, fecha en la cual llegó a la edad de 50 años no obstante haberse retirado del servicio el día 29 de diciembre de 1980 (fls. 2-4).

— La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante la Resolución RDP001608 de 16 de enero de 2013, resolvió la solicitud de reliquidación pensional solicitada el 1° de octubre de 2012, argumentando que tras haber efectuado la respectiva operación aritmética encontró que el valor calculado era de $ 12.874, es decir, inferior a la cuantía de la mesada reconocida, por lo que en virtud del principio de favorabilidad mantuvo la pensión en las condiciones iniciales sin atender la actualización de la pensión (fls. 6-8).

— La UGPP a través de la Resolución RDP013011 de 18 de marzo de 2013, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo anterior, confirmándolo en todas sus partes, y señaló que la primera mesada de la pensión gracia no puede indexarse toda vez que ésta prestación es una dádiva (fls. 15-16).

— Los factores salariales devengados durante el último año de servicios contenidos en el Certificado de Factores Salariales expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, causados en los años 1979 y 1980 (fl. 20).

— Certificado de salarios devengados por la demandante, expedido el 21 de febrero de 1980 por la dirección de relaciones laborales del Departamento de Antioquia, en el que informa lo percibido por ella en los años 1979 y 1980, los cargos desempeñados y el tiempo de servicio prestado desde 1955 hasta 1980 (fl. 113).

Solución al caso.

Afirma la actora, que se retiró del servicio el 29 de diciembre de 1980 cuando cumplió 20 años de servicio docente, y que al llegar a los 50 años de edad, eso es, el 10 de octubre de 1983, solicitó ante Cajanal el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue concedida y liquidada mediante la Resolución 11447 del 8 de noviembre de 1984 con efectos fiscales a partir de la fecha en que consumó la edad requerida para tal fin.

El punto en discusión, radica en que la prestación no fue indexada a pesar de haber sido recocida en 1983, ante la pérdida del valor adquisitivo de la moneda tras haber transcurrido más de 2 años entre la fecha del retiro del servicio y la de su reconocimiento.

Ahora bien, cabe resaltar de acuerdo con la valoración de las pruebas allegadas al proceso, que la accionante solicitó el 1º de octubre de 2009 ante la UGPP la reliquidación e indexación de la primera mesada pensional, y que mediante la Resolución 001608 de 16 de enero de 2013 concluyó atendiendo a sus consideraciones: 1) Que el monto de la pensión debió ser de doce mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($ 12.874) m/cte., y no de catorce mil doscientos treinta y nueve pesos ($ 14.239,21) m/cte. con veintiún centavos como fue reconocida en la Resolución 11447 de 8 de noviembre de 1984; y 2) Que luego de hacer el análisis jurídico de la petición, la primera mesada de la pensión gracia no puede ser indexada, concluyó el ente previsional.

En ese orden, siguiendo los lineamientos fijados en las normas citadas y en la jurisprudencia que sobre el tema se encuentra vigente en la corporación y que se han expuesto en ésta providencia, es preciso recalcar, que la Constitución Política establece en sus artículos 48 y 53, el deber de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, y dar aplicación efectiva a los principios de favorabilidad y de -indubio pro operario- a favor del empleado, razón por la cual, no le asiste razón constitucional ni legal a la entidad demandada para negar la actualización de la primera mesada de la prestación en cuestión, aunque a su parecer estime que éste derecho sólo se aplica a determinadas categorías de pensionados excluyendo a la pensión gracia, cuando en realidad todos ellos se encuentran en la misma situación y se verán afectados en su mínimo vital por el efecto que genera la depreciación monetaria.

Atendiendo los principios de legalidad y favorabilidad y a los fundamentos jurídicos expuestos en esta providencia, se ordenará a la UGPP a que proceda a indexar la primera mesada de la demandante aplicando la fórmula aquí esbozada, pero para ello precisa la Sala, que deberá partir de la cuantía de doce mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($ 12.874) m/cte. definida en la Resolución 001608 de 16 de enero de 2013, tomando el IPC mes a mes desde el 29 de diciembre de 1980 hasta el 10 de octubre de 1983, teniendo presente las diferencias canceladas al momento de efectuar el pago.

Abordando lo concerniente a la prescripción de las diferencias de las mesadas pagadas, se debe tener en cuenta, que del acervo probatorio se ha comprobado que la demandante presentó la solicitud de reliquidación y de la indexación de su pensión ante la entidad prestacional el 1° de octubre de 2012, lo que permite determinar que el término prescriptivo se interrumpió el día en que fue radicada la petición, razón por la cual, se deben pagar las diferencias respecto de las mesadas causadas a partir del 1º de octubre de 2009. Luego de ello, deberá continuar efectuando el pago de la pensión con el nuevo valor que corresponda.

Así las cosas, se confirmará la decisión proferida en primera instancia bajo los condicionamientos y precisiones esbozados en ésta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 25 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, modificando el numeral segundo de su parte resolutiva, en el sentido de tener en cuenta que la cuantía de la primera mesada que deberá indexar la demandada corresponde a $ 12.874.

2. RECONOCER personería al abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, identificado con C.C. 17.174.115 de Bogotá y T.P. 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en los términos y para los efectos conferidos en el poder obrante a folio 165 del expediente.

3. Por intermedio de la Secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen, y déjense las constancias respectivas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter, ausente con permiso».

19 “Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela”.

20 “Por la cual se provee de nuevos recursos a la caja nacional de previsión social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones”.

21 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

22 «ART. 14.—Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno. (...)».

23 Rad. 12, M.P. Rafael Baquero Herrera.

24 Cfr. Sentencia C-862 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

25 Sentencia del 13 de febrero de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

26 Sentencia del 19 de octubre de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

27 Sentencia noviembre 1° de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

28 C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 1767-2014.

29 C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 2029-2010.

30 C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 2054-2010.

31 Fls. 167-175 del Cuaderno que contiene la actuación del proceso laboral en primera y segunda instancia.

32 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 0432-2014.

33 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, C.P. Dr. Gustavo de Greiff Restrepo. 7 de julio de 1990, Rad. 5980. Actor: Arcelia Tovar de Trujillo. Demandado: Nación – Policía Nacional.