Sentencia 2013-01863 de marzo 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Rad.: 11001-03-15-000-2013-01863-00(AC)

Actor: Laura Helena Arias Rodríguez y otro.

Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. La acción de tutela contra decisiones judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la Sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, mediante sentencias de tutela, la misma Corte permitió de forma excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, es el principio que inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la Sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, indicando que ésta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) Defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) Defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) Defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) Defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido precisada y reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentran las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

En la referida Sentencia SU-1184 de 2001, la Corte Constitucional precisó el ámbito de la vía de hecho por defecto fáctico y señaló que la violación al debido proceso ha de ser grave porque el juez de tutela tiene el deber de respetar, en el mayor grado posible, la valoración que del material probatorio hace el juez natural.

De ahí que se fijaron las siguientes pautas para constituir el anterior defecto:

“cuando se omite la práctica o consideración de pruebas decisivas(1), las pruebas existentes se valoran de manera contra-evidente(2), se consideran pruebas inadmisibles(3) o cuando la valoración resulta abiertamente contraria a los postulados constitucionales. Empero, tal como lo sostuvo la corporación en la Sentencia T-025 de 2001(4), las pruebas omitidas o valoradas indebidamente, “deben tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo”, de suerte que si las pruebas en cuestión no son determinantes para la decisión, al juez de tutela le está vedado entrar a analizar la valoración que de ellas hizo el juez”.

Y en la sentencia SU-159 de 2002 se dijo:

“Finalmente, la Corte debe advertir, en concordancia con su propia jurisprudencia, que sólo es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una manera manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”(5).

En otros de los apartes de la sentencia anterior, se efectúa la distinción entre el debido proceso de alcance constitucional del simplemente legal para referir que el primero de ellos comprende no solamente las garantías previstas en el artículo 29 de la C.P. sino agrupa todos los derechos constitucionales fundamentales:

“El constituyente no abordó todas las posibles violaciones al debido proceso, de carácter legal, si no solo aquellos elementos que forman parte del ámbito de protección constitucional”.

El ámbito del debido proceso constitucional acorde a la referida sentencia, comprende “las formalidades legales esenciales”. En ese sentido, se adujo que correspondía al juez constitucional examinar si a pesar de la irregularidad que presente una prueba, pueden subsistir otras con fundamento en las cuales pudo adoptarse la decisión; vale decir, siempre que no haya sido determinante para la misma, a la prueba irregular se le resta importancia.

Igualmente aplicando los estrictos términos del artículo 86 de la Constitución Política, es pertinente examinar la procedencia de la acción de tutela cuando aún existiendo medios de defensa judicial, aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La evolución jurisprudencial, condujo a proferir la Sentencia C-590 de 2005, en la cual la Corte Constitucional resaltó el carácter sumamente excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de forma protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la anterior providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte la mencionada decisión, precisó:

“...22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales..”..

En ese orden, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente en la tarea de identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de establecer si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si la misma no alcanza a vulnerar tales derechos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional: Lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable: Señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez: Es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: Con fundamento en este presupuesto, se precisa que la irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad; la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. (e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible: Indica la Corte que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (f) Que no se trate de sentencias de tutela: Lo anterior se justifica bajo el riguroso proceso de selección que hace la corporación.

Igualmente, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales, superando la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con la finalidad de resaltar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, indica los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga: (a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. (b). Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. (c) Defecto fáctico: Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. (d) Defecto material o sustantivo: Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (e) Error inducido: Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. (f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. (g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado (h.) Violación directa de la Constitución: Procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional respecto de la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, no porque considere que deba seguir estrictamente sus criterios interpretativos, sino por otras importantes razones:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos fundamentales compromete la actuación de “cualquier autoridad pública” (C.P. art. 86) incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos y sus respectivos órganos de cierre.

En segundo lugar, se trae a colación la jurisprudencia constitucional respecto de la tutela contra decisiones judiciales por cuanto muestra que ha sido la misma jurisdicción constitucional la que se ha encargado de destacar, que si bien la acción resulta procedente, ella es absolutamente excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, porque la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Finalmente es pertinente destacar, que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que había sostenido que la acción de tutela es improcedente para controvertir decisiones judiciales(6), rectificó su posición mediante la sentencia del 31 de julio de 2012(7), en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, “observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente”, parámetros que esta subsección con anterioridad al fallo antes señalado viene aplicando en los términos arriba expuestos(8).

2. Análisis del caso en concreto.

Para tener una mejor compresión de los hechos que dieron origen a la acción objeto de estudio, estima la Sala necesario destacar las principales decisiones que se adoptaron al interior del proceso de reparación directa 2010-00316 que promovieron Eder Antonio Arias Rodríguez, Ashley Johana Rojas Rodríguez y Laura Helena Arias Rodríguez en nombre propio y representación de Jesús Emilio Rojas Rodríguez, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por el fallecimiento de la señora María Helena Rodríguez García, presuntamente asesinada por miembros de las autodefensas, con ocasión a la negligencia de la parte demandada.

1. En tal sentido se observa que el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Valledupar, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2011 (fls. 32-47) declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes a raíz del homicidio de la señora María Helena Rodríguez García el 17 de enero de 2008. En tal sentido condenó a la parte demandada a pagar a Eder Antonio Arias Rodríguez, Ashley Johana Rojas Rodríguez y Laura Helena Arias Rodríguez en calidad de hijos de la persona fallecida, la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales, y la misma suma de dinero por concepto de daño a la vida de relación.

Lo anterior al encontrarse probado que la Policía Nacional a pesar de las denuncias que realizó la señora María Helena Rodríguez García, sobre amenazas en su contra provenientes de miembros de las Autodefensa (Bloque Central Bolívar), omitió adelantar las respectivas investigaciones y poner en marcha el esquema de seguridad que permitiera garantizar la vida y tranquilidad de dicha ciudadana y su núcleo familiar, configurándose de esa manera una falla en el servicio.

El mencionado juzgado encontró que con ocasión al homicidio de la señora María Helena Rodríguez García, sus hijos Eder Antonio Arias Rodríguez, Ashley Johana Rojas Rodríguez y Laura Helena Arias Rodríguez sufrieron perjuicios morales y en su vida de relación que debían ser indemnizados por la parte demandada.

En cuanto al menor Jesús Emilio Rojas Rodríguez (accionante en esta oportunidad), afirmó que no podía reconocerse en su favor indemnización alguna por las siguientes razones (fl. 43):

“Antes de entrar a estudiar los perjuicios que serán reconocidos en este proceso, y en relación con la solicitud de perjuicios a favor del menor Jesús Emilio Rojas Rodríguez, el despacho manifiesta que no le serán reconocidos, ya que dentro del expediente no existe poder a su nombre o a nombre de la señora Laura Helena Arias Rodríguez, en el cual ella actúa en nombre propio y en representación del menor y que esté dirigido a los despachos administrativos, para hacerlo parte de este proceso”.

2. La anterior decisión fue apelada por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, que en síntesis expuso los siguientes motivos de inconformidad (fls. 57-58):

“1. En el expediente no obra requerimiento hecho a la Fuerza Pública o solicitud de protección lo cual no convierte al Estado en asegurador absoluto de los derechos y bienes de los ciudadanos, si sus obligaciones se convierten por ese hecho obligaciones resultado. 2. Es bien sabido que en casos como el presente no pueden los demandantes pretender que la Fuerza Pública les instale un Batallón en cada finca o una estación o subestación de Policía, ni disponer de operativos ante un ataque del cual la Policía no tenía conocimiento por ser de naturaleza futura e incierta. 3. No hay prueba alguna que conduzca a demostrar que por negligencia de la Policía o de seguridad del Estado, no se hubiere impedido la causación del daño que reclaman los demandantes. 4. No se observa en el expediente que exista rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas por cuanto todos los cesarences o colombianos a nivel país nos encontramos bajo la encrucijada sometidos a diversas formas de violencia que revisten múltiples características. 5. Es un compromiso constitucional y legal en el sentido que todos los ciudadanos están obligados a velar por su propia seguridad y la de sus bienes dentro de los parámetros de la ley, a obrar con mayor diligencia, cuidado y prevención a su favor. 6. Por la misma situación relativa del Estado es obligación de los ciudadanos tomar las medidas mínimas de precaución y especialmente aquellas que a título de recomendación le formulan las autoridades antes quienes se ha acudido en busca de protección. 7. La jurisprudencia nacional de los altos tribunales ha sido reiterativa en el sentido que en un Estado sometido a diversas formas de violencia donde la cobertura presupuestal es mínima para atender diferentes áreas atinentes a los fines del Estado, en ese orden de ideas la falta del servicio es de medio no de resultado por lo que no se puede exigir seguridad absoluta”.

De las razones antes expuestas por la parte demandada (en el proceso de reparación directa), la misma se extendió en justificar que se había configurado la causal de eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, y que no puede considerarse que es responsable por todo hecho de violencia que se genere con ocasión de la situación de inseguridad que afronta el país.

Se destaca que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, reprochó que se hayan aportado documentos en copia simple que a su juicio carecen de valor probatorio, como cédulas de ciudadanía, una tarjeta de identidad, los registros civiles de Laura Helena Arias, Ashley Johana Rojas Rodríguez y Jesús Emilio Rojas Rodríguez, certificaciones de la DIAN, la denuncia presentada por la señora María Helena Rodríguez, y el proceso penal adelantado contra Yerlis Miller Rodríguez por los delitos extorsión, concierto para delinquir y homicidio de la ciudadana antes señalada.

3. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 7 de marzo de 2013 (fls. 72-87) confirmó la sentencia del 15 de noviembre de 2011 del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Valledupar, en cuanto declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la parte accionada por los perjuicios ocasionados a Eder Antonio Arias Rodríguez y Ashley Johana Rojas Rodríguez a raíz del fallecimiento de la señora María Helena Rodríguez García, pero modificó el fallo de primera instancia, en el sentido de exonerar a la demandada de pagar perjuicios morales y de daño la vida de relación a favor de Laura Helena Arias Rodríguez.

De la sentencia del 7 de marzo de 2013, se transcriben las consideraciones más relevantes (fls. 82-86):

“De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, en el asunto de la referencia se puede concluir que la señor María Elena Rodríguez García, fue asesinada el 17 de enero de 2008, en el municipio de Gamarra, Cesar, luego de habérsele propinado 7 impactos con arma de fuego, por miembros de un grupo al margen de la ley.

Así entonces, encuentra la Sala que el primer elemento constitutivo de responsabilidad se encuentra plenamente acreditado, pues se trata de un daño antijurídico, el cual se encuentra debidamente acreditado con la inspección técnica a cadáver –FPJ-10, informe fotográfico y protocolo de necropsia, todas realizadas al cadáver de la occisa, practicadas al cadáver de la señora María Elena Rodríguez García; y por cuanto sus hijos no tenían el deber jurídico de soportar, el perjuicio constituido en la afectación al derecho fundamental más preciado, como es la vida de su progenitora.

Pertinente es, en esta oportunidad, referirnos a las copias del proceso penal seguido contra Yerlis Miller Rodríguez, por el punible de extorsión, concierto para delinquir y homicidio, siendo la víctima la señora María Rodríguez García, en donde obra además la denuncia formulada por la occisa, ante la SIJIN de Aguachica, Cesar el día 25 de diciembre de 2007, las cuales a juicio del apelante, no se les puede dar valor probatorio ni fuerza vinculante, toda vez que fueron aportadas en copia simple.

Al respecto dirá la Sala, que en virtud de los artículos 252, 264 y 289 del Código de Procedimiento Penal, la prueba documental pública trasladada, podrá ser apreciada siempre y cuando no haya sido tachada de falsa en la oportunidad legal; debiendo tener en cuenta que este tipo específico de documento se presume auténtico y da fe de su fecha y de las declaraciones que en él haga el funcionario público que lo emitió. Pues bien, en el caso de autos, las copias del proceso penal en referencia, fueron aportadas al proceso, por la Secretaría del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en respuesta a petición que hiciera el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, según consta en el oficio Nº 1013 del 21 de julio de 2011, visible a folio 96 del cuaderno principal, razón suficiente, para que la Sala le dé valor probatorio que ellas merecen y las tenga como prueba pertinente y útil al presente litigio.

En cuanto a los registro civiles de nacimiento de Laura Helena Arias, Ashley Rojas y Jesús Emilio Rojas Rodríguez, los cuales afirma el recurrente, que fueron aportados en copia simple, por lo cual carecen de valor probatorio, se tiene que efectivamente, el registro de Laura Helena Arias Rodríguez, obra copia simple, por lo que no se le dará valor probatorio alguno, y la sentencia apelada será revocada, en lo que a ella atañe. No sucede lo mismo con los registros de nacimiento de Ashley Johana Rojas Rodríguez y Jesús Emilio Rojas Rodríguez, pues éstos, sí fueron aportados debidamente autenticados, por lo que han de ser valorados en su integridad.

(...).

En ese orden, como quiera que dentro del presente proceso se encuentra plenamente demostrado que la víctima, días antes de su muerte, acudió a las autoridades idóneas (SIJIN) en el Municipio de Aguachica, Cesar, y denunció extorciones y amenazas de las cuales había sido víctima en los últimos días por parte de miembros de grupos al margen de la ley, indicando que pertenecían a los denominados “Águilas Negras”, además proporcionó información clara sobre las características morfológicas de estas personas, la clase de vehículo en que se transportaban, quién era su jefe; es más suministró una dirección específica en donde podían ser localizados y el lugar habitual en el cual se reunían o permanecían, encuentra la Sala, que se configura, le asiste responsabilidad a la demandada por la muerte de la señora María Elena Rodríguez García, pues, pese a la denuncia citada, no se adelantó por parte de la Policía Nacional ningún operativo o estrategia para brindarle la protección debida y así salvaguardar su vida, dejando de un lado, su obligación imperativa de diligencia, vigilancia y cuidado, artículo 2º, inciso 2 de la Constitución Política.

Ahora bien, no es de recibo el argumento de la demandada, consistente en que de la denuncia no se desprenden amenazas a la vida e integridad física de la señora Rodríguez, pues es bien sabido, que el actuar de los grupos delictuales que perpetuaron el crimen, una vez advierten el no pago de la extorsión es el atentado contra la vida, como en efecto sucedió. Además, que de la misma declaración, se puede establecer que se configuró una amenaza a la vida y a la integridad física, el hecho de señalarse por parte del delincuente que se atuviera a las consecuencias, en el evento que no se accediera a las pretensiones extorsivas.

En consecuencia, por considerarse que en los hechos materia de estudio se configura una falla del servicio (por) parte de la demanda(da), debido a su desidia en la utilización de todos los medios de los que está provista, en orden de cumplir el cometido constitucional, le asiste la obligación de resarcir a los demandantes los perjuicios ocasionados por la muerte de su señora madre María Elena Rodríguez García, por lo que la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada, esto en cuanto, se revocará la condena impuesta a la demandada en favor de Laura Helena Arias Rodríguez, por lo antes expuesto”. (negrilla fuera de texto).

Destacadas las principales actuaciones que tuvieron lugar en el proceso de reparación directa que promovieron los accionantes, se comprende con mayor claridad que el motivo de inconformidad de los mismos consiste en que en el referido proceso se les haya negado la indemnización por concepto de perjuicios morales y daño a la vida de relación, por el homicidio de su señora madre María Elena Rodríguez García, aunque por los mismos hechos dicha indemnización sí fue reconocida a sus hermanos Ashley Johana Rojas Rodríguez y Eder Antonio Arias Rodríguez.

Ahora bien, es necesario precisar que respecto del accionante Jesús Emilio Rojas Rodríguez, la referida indemnización no fue reconocida porque el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Valledupar determinó en la sentencia del 15 de noviembre de 2011, que no podía tenérseles como parte en el proceso, en tanto no se encontraba debidamente representado.

Sobre el particular se advierte de los documentos aportados al presente trámite, que el señor Jesús Emilio Rojas Rodríguez, que para la fecha de expedición de la sentencia 15 de noviembre de 2011 del referido juzgado ya era mayor de edad(9), no hizo uso del recurso de apelación, en otras palabras, no agotó el medio de defensa previsto por el ordenamiento jurídico para controvertir el fallo de primera instancia, que determinó que no tenía derecho a indemnización alguna porque no se encontraba debidamente representado.

Por la anterior circunstancia de conformidad con lo expuesto en el numeral 1º de la parte motiva de esta providencia, el señor Jesús Emilio Rojas Rodríguez no cumplió con uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, esto es, haber agotado todos los mecanismos judiciales de defensa a su alcance, por lo que en su caso la acción de tutela se torna improcedente para controvertir el fallo del 7 de marzo de 2013 del Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó parcialmente la sentencia del 15 de noviembre de 2011 del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Valledupar, que le negó el reconocimiento de la indemnización solicitada por el fallecimiento de la señora María Elena Rodríguez García.

Añádase a lo expuesto, que en el escrito de tutela nada se indica respecto de las circunstancias o razones por las cuales al señor Jesús Emilio Rojas Rodríguez no se le reconoció la referida indemnización, en tanto los argumentos expuestos en la demanda están relacionados únicamente con la situación de la señora Laura Helena Arias Rodríguez, que se analizará a continuación.

En ese orden de ideas, la acción de tutela se rechazará por improcedente respecto del señor Jesús Emilio Rojas Rodríguez.

Hecha la anterior precisión, corresponde a la Sala analizar la situación de la señora Laura Helena Arias Rodríguez, pero antes debe establecerse si la misma como lo argumentó el Tribunal Administrativo del Cesar en el presente proceso (fls. 127-135), desconoció el principio de la inmediatez, al interponer la acción de tutela el día 22 de agosto de 2013 (fl. 10), para dejar sin efectos el fallo del 7 de marzo de 2013 del mencionado tribunal.

En criterio de la Sala, la señora Arias Rodríguez hizo uso oportuno de la acción de tutela para controvertir la sentencia antes señalada, pues desde la fecha de emisión de la misma y la presentación de la acción constitucional, tan sólo transcurrieron 5 meses y 15 días, y no 8 meses como afirma en el presente trámite el Tribunal accionado.

Por lo tanto, no se advierte impedimento alguno para analizar de fondo la acción de tutela interpuesta por la referida ciudadana contra el Tribunal Administrativo del Cesar por la emisión de la sentencia del 7 de marzo de 2013 dentro del proceso reparación directa 2010-00316.

Ahora bien, del análisis de la providencia antes señalada se observa que la única razón por la que a la accionante no se le reconoció la indemnización correspondiente por el fallecimiento de la señora María Elena Rodríguez García, obedeció a que su registro civil de nacimiento fue aportado al proceso de reparación directa en copia simple, a diferencia de los allegados en copia autenticada por los demás demandantes, que por su relación de consanguinidad y el vínculo afectivo con la señora María Elena Rodríguez García, se les reconoció el derecho a ser indemnizados por los perjuicios morales y a la vida de relación por el homicidio de ésta.

Sobre el particular la accionante reprocha de un lado que el Tribunal Administrativo del Cesar acogió la argumentación que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional expuso en el proceso de reparación directa al apelar la sentencia de primera instancia, sobre el valor de los documentos en copia simple, aunque con anterioridad en la etapa pertinente no controvirtió la validez de los documentos que se aportaron. De otro lado, estima que el tribunal debió hacer uso de su facultad oficiosa en materia probatoria para esclarecer la verdad procesal, si consideraba que con los documentos allegados en copia simple (como el registro de nacimiento) no podía acreditarse que era titular de los derechos reclamados.

Frente al primer motivo de inconformidad se evidencia de la contestación de la demanda y de los alegatos de conclusión de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (presentados en el proceso de reparación directa), así como de la sentencia del 15 de noviembre de 2011 del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Valledupar (fls. 13-60), que en primera instancia la mencionada entidad no controvirtió la validez de los documentos relacionados con la identidad y estado civil de los demandantes, en especial de la señora Laura Helena Arias Rodríguez.

En ese orden de ideas, de lo probado en el presente trámite la parte demandada en el proceso de reparación directa, sólo al apelar la sentencia en su contra, puso en tela de juicio la idoneidad de la copia simple del registro civil de nacimiento de la señora Laura Helena Arias Rodríguez, circunstancia que es de significativa importancia respecto a la relación existente entre la accionante y la señora María Elena Rodríguez García, a fin de acreditar la legitimación en la causa para reclamar la indemnización correspondiente por el homicidio de esta.

En criterio de la Sala la discusión correspondiente a la validez de la copia simple del mencionado registro civil de nacimiento, estaba llamada a realizarse en la contestación de la demanda y durante la etapa probatoria en la primera instancia, en tanto son las oportunidades legalmente previstas para que las partes en ejercicio del derecho de contradicción, argumenten con toda claridad sobre la idoneidad y validez de los medios de prueba, a fin de que las autoridades judiciales tomen los correctivos del caso y con posterioridad adopten la decisión correspondiente.

No obstante lo anterior el tribunal accionado al resolver el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia no hizo mención al aspecto antes señalado, esto es, a la oportunidad procesal especialmente prevista para que la demandada (en el proceso de reparación directa) cuestionara la validez y aptitud probatoria del mencionado registro civil en copia simple, aunque dicha etapa constituye una garantía respecto del derecho de defensa para la demandante, y por el contrario simplemente determinó que dicho documento no tenía valor probatorio, y por consiguiente que la peticionaria no podía recibir la indemnización reclamada.

Se ha destacado que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional sólo después de proferida la sentencia de primera instancia dentro del proceso de reparación directa, controvirtió algunos documentos porque fueron aportados en copia simple por la accionante, en atención a esta corporación ha considerado que las exigencias legales para la valoración de las copias simples deben flexibilizarse en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia (C.P. arts. 228 y 229), cuando las partes no han discutido durante el proceso sobre la autenticidad de dichos documentos.

En tal sentido pueden apreciarse las siguientes consideraciones de la sentencia del 30 de enero de 2013 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C(10):

“Se advierte por la Sala que la parte demandante dentro de los documentos allegados con el escrito de demanda y que ya fueron descritos, obran en copia simple.

En cuanto al valor probatorio de los documentos, si bien la Sección Tercera(11) ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en cuanto a la primera disposición, los documentos “se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”. Por su parte, el artículo 254 del mismo cuerpo normativo establece los casos en los cuales las copias tienen el mismo valor probatorio del original:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente(12).

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Conforme a lo anterior, se ha sostenido que “la ley le da a las copias un valor probatorio similar al del documento original, pero, como es obvio, la diligencia que da fe de que la copia que se sella corresponde al documento original o a una copia debidamente autenticada, debe ser cumplida directamente por el funcionario autenticante, sin que pueda suplirse con la adjunción de una simple copia con la atestación original referida. En otros términos, toda copia debe tener un sello de autenticación propia para poder ser valorada como el documento original”(13), por lo que no se toma en cuenta ni son valoradas las copias simples.

Sin embargo, en el presente caso la parte demandada en su contestación de la demanda admitió dentro de los hechos alegados, entre otras cosas, la condena impuesta por el tribunal, así como el oficio suscrito por éste. Por lo tanto, la parte demandada no desconoció los documentos, ni los tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que los mismos fuesen valorados dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Carta Política, no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad de los documentos allegados por la parte demandante en copia simple.

Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión, es que ambas partes aceptaron que los documentos fueran apreciables y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal(14), por lo tanto serán valorados por la Subsección para decidir el fondo del asunto(15)(16).

Es más, recientemente esta subsección frente a un caso similar al de autos, al revisar en sede de tutela una providencia que declaró la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de quienes aportaron registros civiles de nacimiento y matrimonio en copia simple, accedió al amparo solicitado, teniendo en cuenta que dicho documento no fue controvertido por la parte demanda del proceso ordinario. Para mayor ilustración se traen a colación las consideraciones más relevantes de la sentencia de tutela proferida por esta Sala de Decisión el 6 de noviembre de 2013(17):

“Bajo el escenario de que se allegaron en copia simple los documentos referidos (registros civiles de nacimiento y matrimonio), entonces, se verifica que tanto el Juzgado como el Tribunal de Primera y Segunda Instancia esgrimieron el marco normativo que consideraron aplicable al caso y que llevaba a la conclusión de que las copias simples de documentos públicos no podían validarse.

No obstante, dados los supuestos acreditados dentro del litigio, esa conclusión es lesiva de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso, por cuanto:

Una vez allegados los registros civiles de nacimiento y matrimonio con el escrito inicial, la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, en Liquidación, —única entidad que contestó la demanda—, solicitó que se tuvieran en cuenta como prueba(18). En este sentido, sostuvo que: “(...) Además de todas y cada una de las aportadas por la parte demandante, para corroborar lo anteriormente expuesto, comedidamente solicito se admita las siguientes (...)(19)”.

En el curso de la acción ordinaria no se cuestionó la legitimación en la causa por activa de los señores Angélica Camargo Garzón, Mónica Camargo Garzón y Mario Camargo Vargas, resaltándose que dentro de sus excepciones la ESE demandada tampoco la esgrimió;

Las pruebas relacionadas con los registros civiles de los accionantes reposaron dentro del proceso, sin que la contraparte haya invocado tacha alguna por falsedad;

En la medida en que las referidas pruebas se incorporaron al plenario desde la primera etapa del proceso, se garantizó el derecho de contradicción de las entidades demandadas; y,

Concretamente los registros de nacimiento allegados en copia simple registran notas de autenticación previa, también en copia, pero que permiten analizar los documentos al amparo de los principios de buena fe y lealtad procesal.

Bajo esas precisas condiciones, encuentra la Sala que el alcance que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado de Primera Instancia a las disposiciones normativas establecidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil impidieron el acceso efectivo de los interesados a la administración de justicia, en contravía, además, del derecho viviente, pues esta corporación ha venido modificando su tesis irrestricta inicial, para afirmar que bajo algunas circunstancias es dable validar pruebas simples allegadas sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en esas disposiciones.

Al respecto, el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C, mediante providencia de 18 de enero de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado 19920, manifestó que:

(...).

Por un excesivo culto a las formas, presupuesto del defecto procedimental, tanto el Juzgado de Primera Instancia como el tribunal ad quem restaron todo mérito probatorio a los registros civiles arrimados al trámite judicial en copia simple, sin reparar en aspectos tales como la prevalencia del derecho sustancial y la garantía del derecho al debido proceso de las partes en este asunto.

Así, se ampararán los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso de los accionantes; se dejará, parcialmente, sin efecto la Sentencia de Segunda Instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y, en consecuencia, se ordenará la emisión de un nuevo fallo teniendo en cuenta los registros civiles de nacimiento y matrimonio allegados en copia simple”.

En ese orden de ideas, en aplicación del criterio jurisprudencial que ha venido desarrollando esta corporación respecto del valor probatorio de las copias simples, a fin de garantizar los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el tribunal accionado pudo haber tenido en cuenta el registro civil de nacimiento en copia simple de la accionante, en atención a que dicho documento en la primera instancia, durante las etapas especialmente previstas para adelantar la discusión probatoria, no fue controvertido.

No obstante lo anterior, estima que la Sala que si el Tribunal Administrativo del Cesar consideraba que la copia simple del registro civil de nacimiento, cuyo valor probatorio se reitera no fue controvertido por la parte accionada en las etapas especialmente previstas para tal efecto, no era suficiente para acreditar la condición por la cual la accionante reclamaba la indemnización por los perjuicios causados con ocasión al fallecimiento de la señora María Elena Rodríguez García, pudo haber hecho uso de la facultad oficiosa para esclarecer dicha situación, en lugar de privar a la peticionaria de la correspondiente indemnización por el simple hecho de aportar el registro de nacimiento en copia simple, mientras quienes afirman ser sus hermanos aportaron dicho registro en copia autenticada.

Sobre el ejercicio de la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas a fin de esclarecer la verdad de los hechos, es necesario precisar que la Corte Constitucional en los términos que a continuación se exponen, ha indicado que las autoridades judiciales pueden incurrir en un defecto fáctico, cuando no hacen ejercicio de dicha potestad, y su omisión termina permitiendo la vulneración de derechos fundamentales:

“9. Por lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación(20) ha considerado la existencia de una vía de hecho por defecto fáctico por dos caminos, a saber:

El primero, por omisión: sucede cuando sin razón justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece claramente en el proceso. Nótese que esta deficiencia probatoria no sólo se presenta cuando el funcionario sustanciador: i) niega, ignora o no valora arbitrariamente las pruebas debida y oportunamente solicitadas por las partes, sino también cuando, ii) a pesar de que la ley le confiere la facultad o el deber de decretar la prueba, él no lo hace por razones que no resultan justificadas. De hecho, no debe olvidarse que aún en los procesos con tendencia dispositiva, la ley ha autorizado al juez a decretar pruebas de oficio(21) cuando existen aspectos oscuros o dudas razonables que le impiden adoptar una decisión definitiva. Pero, incluso, existen ocasiones en las que la ley le impone al juez el deber de practicar determinadas pruebas como instrumento válido para percibir la real ocurrencia de un hecho.

Un ejemplo de este tipo de defectos se encuentra, entre otros, en la Sentencia T-949 de 2003(22), en la cual se encontró que el juez de la causa decidió un asunto penal sin identificar correctamente a la persona sometida al proceso penal, quién además había sido suplantada. La Sala Séptima de Revisión concluyó que al juez correspondía decretar las pruebas pertinentes para identificar al sujeto activo del delito investigado y la falta de ellas constituía un claro defecto fáctico que autorizaba a ordenar al juez competente la modificación de la decisión judicial. En el mismo sentido, la Sentencia T-554 de 2003(23), dejó sin efectos la decisión de un fiscal que dispuso la preclusión de una investigación penal sin la práctica de un dictamen de medicina legal que se requería para determinar si una menor había sido víctima del delito sexual que se le imputaba al sindicado. Igualmente, en Sentencia T-713 de 2005(24), la Sala Quinta de Revisión declaró la nulidad de una sentencia de segunda instancia porque el juez no se pronunció respecto de la solicitud de práctica de pruebas que el actor había formulado en ese momento procesal.

El segundo, defecto fáctico por acción: se presenta cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso hay: i) una errada interpretación de ellas, ya sea porque se da por probado un hecho que no aparece en el proceso, o porque se examinan de manera incompleta, o ii) cuando las valoró a pesar de que eran ilegales o ineptas, o iii) fueron indebidamente practicadas o recaudadas, de tal forma que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte.

(...).

10. En todo caso, la jurisprudencia constitucional(25) ha dicho que procede la protección de los derechos fundamentales afectados con una sentencia ejecutoriada cuando el defecto fáctico resulta determinante para la decisión, esto es, cuando el error en el juicio valorativo de la prueba sea “de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”(26). Entonces, el sólo hecho de que la parte reclame la presencia de una prueba sin que sea definitiva para la decisión o que el juez se equivoque en la valoración o apreciación probatoria, no es suficiente para que proceda la tutela por vía de hecho, pues el juez constitucional solamente está autorizado a dejar sin efectos una sentencia cuando se evidencia que el resultado judicial es contrario a la Constitución, viola derechos fundamentales y cambia la verdad procesal”(27).

En el caso de autos se estima que el Tribunal Administrativo del Cesar a pesar de tener la potestad de decretar y practicar las pruebas necesarias, para precisar si la información contenida en la copia simple del registro civil de la demandante corresponde a la realidad, simplemente decidió negar la indemnización reclamada, a pesar que como lo indicó la misma autoridad judicial, se acreditó la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la muerte de la señora María Elena Rodríguez García, y los perjuicios morales y a la vida de relación causados a los familiares que acudieron en debida forma al proceso, particularmente los hijos de la ciudadana antes señalada, entre los cuales la peticionaria dice encontrarse, y cuya condición no fue discutida por la parte accionada en el proceso de reparación directa, sino hasta después de que se profirió la sentencia en su contra, cuando había precluido la etapa procesal especialmente prevista para tal efecto.

En tal sentido resulta pertinente destacar que no es la primera vez que la Sección Segunda de esta corporación en sede de tutela, frente a casos similares al de autos accede al amparo solicitado, porque una autoridad judicial no hizo uso de la facultad oficiosa para esclarecer la legitimación en la causa para reclamar una indemnización, argumentando que los documentos relacionados con el estado civil de las personas fueron aportados inicialmente en copia simple. Sobre el particular pueden apreciarse los siguientes pronunciamientos:

— Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de agosto de 2009(28):

“En materia Contencioso Administrativa, la ley especial ha consagrado de manera más restringida dichas prerrogativas y obligaciones para el juez de la causa, sin embargo, es posible aplicar a dicha área, en los aspectos no contemplados, los del Código de Procedimiento Civil, siempre que sean compatibles con la naturaleza de los procesos(29). De ahí que nada impida que el Juez de lo Contencioso Administrativo, a fin de efectivizar su tarea de impartir justicia, acuda a los principios generales consagrados tanto en la norma administrativa, como en la procesal civil.

Indicó la Sección Segunda del Consejo de Estado, frente al uso de las facultades oficiosas que: “Con esta facultad el fallador adquiere la potestad para solucionar los conflictos que se plantean con el objeto de lograr una correcta administración de justicia, realizar la equidad y cumplir la finalidad del derecho”(30).

Conforme al artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, en materia de pruebas, en cualquiera de las instancias, el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

En el mismo sentido, el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil precisa que “las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando el magistrado o juez las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes”. (se resalta)

Asimismo, ha indicado la jurisprudencia constitucional que “el juez no desplaza a las partes ni asume la defensa de sus intereses privados. Desde el punto de vista de la Constitución Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del proceso. Por ello, el decreto de pruebas no afecta la imparcialidad del juez, ya que el funcionario puede decretar pruebas que favorezcan a cualquiera de las partes siempre que le ofrezca a la otra la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción(31) (se resalta).

En conclusión, el juez de la causa tiene el deber de efectuar todos los actos procesales que estén a su alcance para esclarecer la verdad del proceso y garantizar un real y efectivo goce y acceso a la administración de justicia, y de contera, proveer el debido proceso en todas sus dimensiones.

(...).

Como se dejó visto, durante el trámite de la primera instancia del proceso de reparación directa, la actora aportó los documentos que acreditaban la legitimación en la causa mediante copia simple.

No obstante, también se observa que en el escrito de adición de la demanda solicitó expresamente, en el acápite de las pruebas documentales solicitadas, “copia autenticada de los siguientes registros: Nacimiento de Mauricio Ramírez Palacios, nacimiento de Andres Felipe Ramírez Rivera, matrimonio de Ramírez Jorge Evaristo y María Mauca Flor Palacios Sánchez, nacimiento de Jorge Evaristo Ramírez Palacios, nacimiento de Rubén Darío Ramírez Palacios, nacimiento de Diana Marcela Ramírez Palacios, nacimiento de David Gustavo Ramírez palacios, defunción de Mauricio Armando Ramírez Palacios”. (fl. 40 a 42), frente a lo cual, el tribunal que avocó en principio el asunto, guardó absoluto silencio.

Posteriormente, durante el trámite de la segunda instancia, en el término para alegar de conclusión, los registros civiles fueron aportados en copia auténtica, a fin de acreditar el presupuesto de la legitimación en la causa por activa, fundamento de la denegatoria de las pretensiones del Juzgado de primera instancia.

Para la Sala no son de recibo las argumentaciones de los falladores de instancia que conllevaron a las decisiones que ahora se impugnan, toda vez que el presupuesto que se echó de menos en el proceso de reparación directa corresponde a una situación ciertamente subsanable por el juez director del proceso en uso de las facultades oficiosas a las que se aludió en el acápite 2.3 de este proveído, pues se trata no de un simple requisito formal del proceso, sino un elemento inherente a la titularidad del derecho de acción y contradicción, como es, la legitimación en la causa por activa.

En primer lugar, se omitió practicar la prueba documental solicitada por la parte actora en primera instancia, referente a la solicitud de copia auténtica de los registros civiles, y en segundo término, una vez fueron aportados dichos registros en copia auténtica al expediente en el trámite de la alzada, el magistrado sustanciador omitió su valoración y cotejo, bajo el supuesto de preservar el equilibrio entre las partes del proceso, razones que llevaron a cada una de las instancias a proferir fallos que si bien no pueden denominarse expresamente inhibitorios, no abordaron el fondo del litigio puesto a su consideración, con lo que se desconoció el derecho de acceso a la administración de justicia.

En ese orden, es claro, según se expuso, que el juez de la causa debe agotar todas las herramientas procesales que tenga a su alcance a fin de buscar la verdad real y garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia y el debido proceso, en otras palabras, era su obligación acudir a sus facultades oficiosas en caso de considerar que los registros civiles eran una prueba imprescindible para pronunciarse de fondo en el proceso.

Nada impedía entonces, que una vez aportados los documentos requeridos para acreditar la legitimación en la causa motivo de disconformidad, el Tribunal, en pleno ejercicio del poder oficioso que le otorga la ley, hubiere corrido traslado a la parte contraria a fin de poner en su conocimiento las pruebas arrimadas, para que esta se pronunciara al respecto, si a bien lo tenía, y de tal forma, emitir un pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones ventiladas por la parte actora.

No obstante, las autoridades accionadas no adelantaron ninguna conducta como la descrita, a pesar de que existían en el expediente serios elementos de juicio para generar en los operadores la necesidad de esclarecer algunos aspectos de la controversia, de modo tal que de no ejercer actividades oficiosas e inquisitivas en búsqueda de la verdad, las sentencias definitivas podían traducirse, como en efecto ocurrió, en una vulneración a los derechos constitucionales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, lo que permite entrever una gestión rigorista que riñe con el principio de la primacía del derecho sustancial frente al material.

El problema planteado alude al alcance o aplicación de las normas que regulan el recaudo de pruebas y al valor dado por la ley a algunos medios de prueba; pero, además, se refiere el aspecto material del proceso, fundado en la necesidad de remover obstáculos para dar prevalencia al derecho sustancial y garantizar el acceso a la administración de justicia, a partir de los procedimientos legalmente establecidos.

No pasa por alto la Sala el hecho de que las reglas consagradas en la leyes de procedimiento, deben observarse ineludiblemente por las partes en litigio, lo que impone, entre otras obligaciones, una adecuada presentación de las pruebas que conlleve al ejercicio del derecho de contradicción frente a las mismas, sin embargo, debe recordarse también que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos, frente a lo cual la norma procesal no puede observarse con tal sigilo que permee los derechos fundamentales de las partes.

En conclusión, los operadores jurídicos, debieron decretar de oficio las pruebas que resultaban imprescindibles para adoptar un fallo ajustado a la realidad, a partir de la comprobación de los elementos aportados al proceso y emitir un pronunciamiento de fondo. Ha indicado la Corte Constitucional al respecto:

“el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la garantía de la obtención de una respuesta de fondo por parte de los jueces, quienes, a su vez, se hallan obligados a evitar a toda costa fallos que, basados en obstáculos formales, impidan la vigencia del derecho material o de los derechos subjetivos. Esto ocurre tanto en los fallos que son inhibitorios de forma manifiesta como en aquellos que lo son de forma implícita, es decir, bajo la apariencia de un pronunciamiento de mérito”(Sent. T-134 /2004) (resaltado fuera de texto).

Con fundamento en todo lo anterior, se concluye que tanto el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, omitieron la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos que le permitían concluir que por esa vía llegarían a una decisión garante del derecho material.

En ese orden de ideas, la Sala, a fin de preservar la prevalencia del derecho sustancial y de garantizar el acceso a la administración de justicia de la señora Omaira Rivera Acevedo y de su hijo menor Andrés Felipe Ramírez Rivera, dejará sin efecto los fallos proferidos en primera y en segunda instancia por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, respectivamente, para que estas autoridades, previo traslado a la parte contraria de la existencia de los registros civiles allegados en copia auténtica al expediente, les otorguen el valor probatorio correspondiente y adopten un fallo de mérito basado en la determinación de la verdad real.

La Sala hace claridad en que la presente decisión no incide ni determina el sentido de los fallos que deberán proferir tanto el Juzgado como el Tribunal accionados, sentido que se reserva a su criterio como jueces naturales del proceso, y que en todo caso, deberá ajustarse a lo prescrito por el artículo 228 constitucional”. (destacado fuera de texto)

— Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de febrero de 2011(32):

“Parte esencial del derecho al debido proceso es el de obtener un pronunciamiento que ponga fin de modo definitivo a la incertidumbre, de manera que las pretensiones reciban siempre decisión, así no sean satisfechas las exigencias materiales puestas en la demanda, si es que ellas no se acompasan con el ordenamiento jurídico. Para el logro de ese cometido es necesario que los procedimientos sean interpretados y cumplidos a la luz del ordenamiento superior “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley”(33). Todo lo anterior enseña que la actividad de los jueces, en la tarea de adecuación e interpretación de la normatividad, debe tener como norte la efectividad real de los derechos sustanciales.

En el caso que ahora discurre por el Consejo de Estado, el juzgador de segunda instancia, para demostrar el parentesco de los padres y los hermanos de la víctima, la parte demandante presentó como pruebas los registros civiles de matrimonio, nacimiento y el de defunción, pero con la particularidad de que ellos fueron adosados al proceso en copia simple. Entonces, el juez dio por acreditada la muerte y el parentesco de los demandantes, con los documentos allegados en copia simple que obraban en el proceso, los cuales, en sentir del ad quem, carecen de todo valor probatorio, según concluyó como soporte de la sentencia adversa a las pretensiones de la demanda.

De otro lado, el fracaso de las pretensiones de Yarlys del Carmen Avila Pérez como compañera permanente del occiso, en razón a que ella no demostró que hubiera sido la compañera permanente del señor Jhonys Herazo Martínez, esa negativa de las pretensiones se funda en que el tribunal consideró que las declaraciones rendidas por quienes son también partes en el proceso no merecen credibilidad para dar por sentado que aquella era la compañera permanente.

No obstante, el tribunal en este caso erró, pues la sola condición de parte en un proceso, no descalifica una declaración como testigo respecto de hechos relacionados con las pretensiones de otras partes. Como manda la Constitución, la familia surge de vínculos naturales o jurídicos, lo que significa que cuando una pareja comparte techo, lecho y mesa al margen del matrimonio formal, la prueba para acreditar ese hecho es libre, es decir, cualquier medio de prueba es válido para demostrar esos hechos. Y por tratarse de una cuestión familiar, que se desarrolla usualmente en la intimidad, en círculo próximo de la familia, son justamente los parientes los llamados a declarar sobre la unión marital de hecho y la relación de compañía permanente. El tribunal edificó una especie de inhabilidad para declarar o una sospecha de testigos donde ellas no existen, así como descartó otros elementos de convicción indicativos de que la demandante sí era o con mucha probabilidad podía ser, la compañera permanente de la víctima.

Entonces, las autoridades cuestionadas se sustrajeron a la necesidad de esclarecer algunos aspectos esenciales de la controversia, y no usaron la posibilidad de buscar la verdad.

Era de esperar que el tribunal hiciera uso de las herramientas legales que le autorizan reunir el máximo de elementos de convicción posibles y necesarios para una mejor decisión, pues en el proceso están presentes fuertes vestigios de que la demandante sí era la compañera permanente del occiso, pero que el tribunal se negó a ver esa realidad. En efecto, si la demandante y la víctima tuvieron un hijo y esa relación dio lugar a un proceso de filiación, la prueba producida en ese proceso y sus decisiones eran datos absolutamente relevantes para esclarecer su posición como compañera permanente, pues tener un hijo con la víctima es un indicio bastante revelador de la comunidad marital que los unía. A ello se suma que la demanda fue presentada de manera colectiva por los padres y hermanos del fallecido, junto con la madre de su hijo, en calidad de compañera permanente, forma de reclamar en conjunto, reveladora de los lazos de familiaridad que vinculaba a unos y otros en torno al mismo sujeto, en particular de ella como compañera permanente. Si el Tribunal hubiese reparado suficientemente y con detenimiento en lo que mostraban esas pruebas, habría asignado un entendimiento totalmente diferente a las pruebas o la duda le hubiera llevado a utilizar la facultad discrecional de decretar pruebas de oficio. Y aunque no se podía dar por acreditado el parentesco de la menor con la sentencia de filiación, los demás datos de ese proceso, diferentes de la sentencia misma, sí eran relevantes para acreditar la condición de compañera permanente de la demandante y como madre del hijo póstumo de la víctima.

El tribunal, debió usar del mejor modo la facultad discrecional para decretar pruebas de oficio, para privilegiar el derecho sustancial sobre las formas, a intentar el esclarecimiento de la verdad como propósito esencial de la actividad judicial, y de ese modo garantizar un real y efectivo goce del derecho de acceso a la administración de justicia y a una justicia material. Entonces, con el decreto oficioso de pruebas, los juzgadores de instancia pudieron despejar las dudas sobre el parentesco de algunos demandantes y acerca de la condición de compañera permanente que alega la señora Avila Pérez.

A las autoridades cuestionadas les correspondía entonces superar las dudas acerca del parentesco de los demandantes con la víctima, en este caso por ser totalmente viable, haciendo uso de la facultad discrecional de decretar pruebas de oficio.

(...).

En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional reciente de esta Sección(34), enseña que los jueces y tribunales han de usar su poder discrecional de decretar pruebas de oficio, en atención a que nuestro sistema no es enteramente dispositivo, pues las particularidades del ordenamiento procesal patrio otorgan al juez la potestad discrecional de adoptar en materia de pruebas, las medidas que considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, y superar los obstáculos que le impidan llegar a decisiones de fondo fundadas en la verdad. En esa tarea, se espera que el juez utilice esa facultad discrecional que la otorga la ley para decretar las pruebas de oficio en cualquiera de las instancias, para evitar la injusticia y hallar la justicia material a partir de la búsqueda del saber acerca de los hechos.

El artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, numeral 4º, aplicable por su carácter axiológico a las controversias de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, consagra los deberes del juez y le impone “emplear los poderes que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”.

En suma, el Código de Procedimiento Civil, es aplicable por el Juez de lo Contencioso Administrativo, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos de esta jurisdicción(35). Esta Sección del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, en lo que atañe al uso de las facultades oficiosas ha dicho que: “Con esta facultad el fallador adquiere la potestad para solucionar los conflictos que se plantean con el objeto de lograr una correcta administración de justicia, realizar la equidad y cumplir la finalidad del derecho”(36). Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha expuesto que: “el juez no desplaza a las partes ni asume la defensa de sus intereses privados. Desde el punto de vista de la Constitución Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del proceso. Por ello, el decreto de pruebas no afecta la imparcialidad del juez, ya que el funcionario puede decretar pruebas que favorezcan a cualquiera de las partes siempre que le ofrezca a la otra la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción”(37).

Entonces, el Tribunal de Sucre, debió seguir los precedentes en materia de pruebas de oficio y recabar los originales, para superar las dudas sobre el parentesco, así como sobre la condición de compañera permanente de la demandante, siguiendo para ello la jurisprudencia constitucional reciente de esta Sección. Por estas razones la providencia acusada contraviene el ordenamiento jurídico y desatiende los valores constitucionales que le imponen la búsqueda de un orden justo, de la justicia material y de un verdadero acceso a la justicia.

Con fundamento en todo lo anterior, se concluye que el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció principios y valores constitucionales en el proceso y que por tanto se deberá conceder el amparo solicitado”. (destacado fueras de texto)

Por las razones expuestas, estima la Sala que el Tribunal Administrativo del Cesar al negar el derecho sustancial que le puede asistir a la demandante, porque aportó un registro civil de nacimiento en copia simple, vulneró los derechos de acceso material a la administración de justicia y debido proceso de la accionante, pues terminó anteponiendo a la búsqueda de la verdad aspectos formales, que podían superarse por vía interpretativa o mediante la facultad oficiosa del juez en materia probatoria.

Se estima que los derechos antes señalados resultan vulnerados, porque el Tribunal accionado como consecuencia de restarle valor probatorio al registro civil de nacimiento aportado en copia simple, que se reitera no fue controvertido en la oportunidad especialmente prevista por la parte demandada al interior de proceso de reparación directa, no analizó la situación de la accionante respecto de los perjuicios causados con la muerte de la señora María Elena Rodríguez García, frente a la cual se encontró patrimonialmente responsable a la Nación y se indemnizó a quienes al parecer son los hermanos de la peticionaria.

Por lo tanto para garantizar los mencionados derechos, se dejará sin efectos la sentencia del 7 de marzo de 2013 del Tribunal Administrativo del Cesar, emitida dentro el proceso de reparación directa Nº 2010-00316, en cuanto revocó del fallo del 15 de noviembre de 2011 del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Valledupar, la orden de reconocer una indemnización por perjuicios morales y daño a la vida de relación a la señora Laura Helena Arias Rodríguez, por haber aportado el registro de nacimiento en copia simple; y se le ordenará a dicha autoridad judicial que en el término de 45 días calendario siguientes a la notificación de esta providencia, dentro del proceso antes señalado emita una nueva decisión, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en esta sentencia, y adelantando previamente de considerarlo necesario, las gestiones pertinentes para esclarecer la legitimidad en la causa por activa de la peticionaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley:

FALLA:

1. RECHÁZASE por improcedente la acción de tutela respecto al demandante Jesús Emilio Rojas Rodríguez, por las razones expuesta en esta providencia.

2. TUTÉLANSE los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la señora Laura Helena Arias Rodríguez.

3. En consecuencia, DÉJASE sin efectos la sentencia del 7 de marzo de 2013 del Tribunal Administrativo del Cesar, emitida dentro el proceso de reparación directa 2010-00316, en cuanto revocó del fallo del 15 de noviembre de 2011 del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Valledupar, la orden de reconocer una indemnización por perjuicios morales y daño a la vida de relación a la señora Laura Helena Arias Rodríguez, por haber aportado el registro de nacimiento en copia simple; y ORDÉNASE a dicha autoridad judicial que en el término de 45 días calendario siguientes a la notificación de esta providencia, dentro del proceso antes señalado emita una nueva decisión, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en esta sentencia, y adelantando previamente de considerarlo necesario, las gestiones pertinentes para esclarecer la legitimidad en la causa por activa de la peticionaria.

Notifíquese en legal forma a las partes.

De no ser impugnada la presente providencia, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Sobre el particular ver, entre otras, sentencias SU-477 de 1997, T-329 de 1996. Sobre la omisión de práctica de pruebas decisivas ver sentencias T-488 de 1999, T-452 de 1998, T-393 de 1994, entre otras

(2) Sobre el particular ver, entre otras, la Sentencia T-452 de 1998 que señaló:

“en relación con la valoración que hacen los jueces de la pruebas dentro de un proceso, la posible configuración de una vía de hecho en la misma requiere de un comportamiento del funcionario que la adelanta, claramente irregular, en donde se impone su voluntad, en contravía de lo que puede arrojar objetivamente el cuaderno de pruebas allegado o solicitado para su práctica”.

(3) El artículo 29 de la Carta dispone que “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. En la Sentencia T-008 de 1998 la Corte señaló al respecto:

“Esta Sala no puede menos que indicar que sólo en aquellos casos en los cuales la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”.

(4) M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En similar sentido T-329 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(5) Cfr. Sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(6) Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado: 1. 29 ene. 1992, r AC-009, Dolly Pedraza de Arenas. 2. 31 ene. 1992, r AC-016, Guillermo Chahín Lizcano. 3. 3 feb. 1992, r AC-015, Luis Eduardo Jaramillo. 4. 27 ene. 1993, r AC-429, Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5. 29 jun. 2004, e 2000-10203-01, Nicolás Pájaro Peñaranda. 6. 2 nov. 2004, e 2004-0270-01, Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7. 13 jun. 2006, e 2004-03194-01, Ligia López Díaz. 8. 16 dic. 2009, e 2009-00089-01, Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(7) Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.

(8) Entre otras, de esta Subsección pueden consultarse las siguiente providencias: 1) 28 ago. 2008, e 2008-00779-00, Gerardo Arenas Monsalve. 2. 22 oct. 2009, e 2009-00888-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 oct. 2009, e 2009-00889-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 feb. 2010, e 2009-01268-00, Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 feb. 2010, e 2009-01082-01, Victor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 mayo 2010, e 2010-00293-00, Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 jun. 2011, e 2010-00540-00, Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 Nov. 2011, e 2011-01218-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 feb. 2012, e 2011-01581-00, Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 feb. 2012, e 2011-01741-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 mar. 2012, e 2012-00250-00, Gerardo Arenas Monsalve.

(9) Teniendo en cuenta que el actor nació el 8 de agosto de 1992, según se observa de la fotocopia de la cédula de ciudadanía visible a folio 12 del expediente.

(10) Proceso 25000-23-26-000-2005-11423-01(41281), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; 31 de agosto de 2006, expediente 28448; 21 de mayo de 2008, expediente 2675; 13 de agosto de 2008, expediente 35062, entre otras.

(12) Este numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-023 de 1998.

(13) Posición reiterada en sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 26227.

(14) Posición que puede verse en sentencia de la Subsección C, de 18 de enero de 2012, expediente 19920. Sobre la valoración de copia simple también puede verse las sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente 9666; 21 de febrero 21 de 2002, expediente 12789; 26 de mayo de 2010, expediente 18078; 27 de octubre de 2011, expediente 20450.

(15) Posición reiterada en sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920. En cuanto a las acciones de repetición, puede observarse la misma posición en las sentencias proferidas por la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado de 19 de mayo de 2012, expedientes: 26044, 30328 y 30040.

(16) En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de junio de 2012, expediente 05001-23-24-000-1996-00437-01(20700). C.P. Enrique Gil Botero.

(17) Expediente 11001-03-15-000-2013-01883-00, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(18) Aspecto este que quedó relacionado en el acápite de antecedentes y providencias cuestionadas.

(19) Folio 64 del expediente ordinario en el que se tramitó la acción de reparación directa.

(20) Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias T-104 de 2007, T-086 de 2007, SU-159 de 2002, T-808 de 2006, T-996 de 2003, T-550 de 2002 y T-923 de 2004.

(21) Los artículos 180 del Código de Procedimiento Civil, 54 del Código Procesal del Trabajo y 169 del Código Contencioso Administrativo autorizan la práctica de pruebas de oficio. Obviamente esta facultad dependerá de la autorización legal para el efecto, pues en el caso, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley 906 de 2004, según el cual el juez penal de conocimiento no puede decretar pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento, no es posible exigirle al juez algo distinto a lo expresamente permitido. En este aspecto, puede verse la Sentencia C-396 de 2007.

(22) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(23) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(24) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(25) Sentencias T-T-699 de 2005, T-199 de 2005, T-039 de 2005, T-673 de 2005, T-183 de 2006, T-639 de 2003, T-673 de 2004, entre muchas otras.

(26) Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Reiterada en la sentencia SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(27) Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(28) Proceso 11001-03-15-000-2009-00686-00, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(29) Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

(30) Sentencia de 7 de abril de dos mil cinco 2005, expediente radicado 76001-23-31-000-2001-00598-02(1710-03), Actor: Universidad del Valle.

(31) Sentencia C-159 de 2007.

(32) Proceso 11001-03-15-000-2010-01356-00(AC), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(33) Corte Constitucional, Sentencia C- 662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

(34) Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia de 14 de agosto de 2009. Radicación N° 2009-00686-00. Actor: Omaira Rivera Acevedo y Andrés Felipe Ramírez Rivera. Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B y Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.

(35) Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

(36) Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 7 de abril de dos mil cinco 2005, expediente radicado: 76001-23-31-000-2001-00598-02 (1710-03), Actor: Universidad del Valle.

(37) Sentencia C-159 de 2007.