SENTENCIA 2013-01949/21925 DE NOVIEMBRE 16 DE 2016

 

Sentencia 2013-01949/21925 de noviembre 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 05001-23-33-000-2013-01949-01 (21925)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Actor: Davidson Alfonso Garcés Díaz

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Sanción por no enviar información - 2008

Fallo

Bogotá, D.C. dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.

Antecedentes

El 17 de abril de 2008, la sociedad Comercializadora Daval Ltda. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2007, en la que registró un total de ingresos brutos de $ 11.459.646.000(1).

El 13 de octubre de 2011, la división de gestión de liquidación de la dirección seccional de impuestos de Medellín emitió el auto de apertura 1123820110030936, por el programa “Incumplimiento obligación de informar”(2).

La administración expidió el pliego de cargos 112382011000741 del 9 de noviembre de 2011(3), notificado por correo el 18 de noviembre siguiente, en el que propuso imponer al contribuyente la sanción por no haber enviado información en medios magnéticos, correspondiente al año gravable 2008, por la suma de $ 376.980.000. Con la respuesta al pliego de cargos(4), el representante legal de la sociedad, David Alfonso Garcés Díaz presentó la información(5).

El 9 de mayo de 2012, la DIAN profirió la resolución sanción 112412000279(6), que confirmó la sanción propuesta. Mediante el oficio 319 del 11 de mayo siguiente, la administración vinculó como deudor solidario al representante legal de la empresa, el señor Davidson Alfonso Garcés Díaz(7).

Contra el acto sancionatorio referido, tanto el liquidador de la demandante como el representante legal, interpusieron conjuntamente el recurso de reconsideración, decidido en la Resolución 900.035 del 6 de mayo de 2013(8), que modificó la sanción impuesta graduándola al 1%, debido a que el contribuyente presentó la información con ocasión del pliego de cargos, y la fijó en la suma de $ 232.115.000.

La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la apoderada del representante legal de la sociedad, solicitó:

“1. Que es nulo el pliego de cargos 112382011000741 del dieciocho (18) de noviembre del año 2011, expedido por la dirección seccional de impuesto (sic) de Medellín.

2. Que es nula la resolución sanción 112412012000279 del nueve (9) de mayo de 2012, expedido (sic) por la dirección seccional de impuesto (sic) de Medellín.

3. Que es nula la Resolución 900.035 del 6 de mayo de 2013 y notificada personalmente el día 27 de mayo de 2013, expedida por la subdirección de gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica de la DIAN, mediante la cual se resuelve (sic) recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución sanción 112412012000279 del nueve (9) de mayo de 2012.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho lesionado se decrete el resarcimiento de los siguientes perjuicios ocasionados por los actos ilegales:

1. Que consecuencialmente no existe ninguna causa que le confiere (sic) atributo a la dirección seccional de impuesto (sic) de Medellín para imponer sanción a la Comercializadora Daval Ltda. por la cuantía de doscientos treinta y dos millones ciento quince mil pesos ($ 232.115.000), por lo tanto se debe eximir de ese pago”.

Invocó como disposiciones violadas las siguientes:

— Artículos 2º, 4º, 6º, 13, 29, 83, 90, 95, 228, 230, 241, 243 y 363 de la Constitución Política

— Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 34, 42, 47, 50 y 138 del CPACA

— Artículo 638 del estatuto tributario.

Como concepto de la violación, expuso en síntesis, lo siguiente:

Dijo que el Consejo de Estado, al referirse al artículo 638 del estatuto tributario, señaló que el término de prescripción de la potestad sancionatoria de la administración, en el caso de la sanción por no enviar información, es de dos años contados desde la presentación de la declaración de renta del año en que ocurrió el hecho sancionable.

Afirmó que la anterior interpretación constituye un precedente jurisprudencial aplicable, pues la sociedad presentó la declaración de renta del año gravable 2008, el 17 de abril del año 2009, y la administración notificó el pliego de cargos el 18 de noviembre de 2011, una vez ocurrido el fenómeno de la prescripción.

Señaló que los actos administrativos demandados violan el debido proceso, porque la omisión en la entrega oportuna de la información no tuvo la entidad suficiente para causarle daño al Estado, pues no imposibilitó la labor de fiscalización de la administración, y además, esta no explicó en qué medida se obstruyó dicha labor.

Aclaró que la compañía entregó la información solicitada con la respuesta al pliego de cargos, lo que demuestra que cumplió con la obligación formal a cargo. Que por ello, los actos administrativos demandados violan el principio de confianza legítima, pues a pesar de haber entregado la información, fue objeto de la sanción impuesta.

Anotó que, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la administración debe resarcir los perjuicios derivados de la ilegalidad de los actos administrativos demandados y responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados.

Señaló que los funcionarios que expidieron las resoluciones acusadas incurrieron en culpa grave y comprometieron la responsabilidad patrimonial del Estado, porque habían perdido competencia para proferir dichos actos ante la ocurrencia de la prescripción de la potestad sancionatoria y, porque además, no demostraron el daño causado por la omisión del contribuyente.

Trámites judiciales previos

Mediante auto del 15 de enero de 2014(9), el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda, porque en el certificado especial de Cámara de Comercio de Medellín que se anexó con la demanda, consta que la Comercializadora Daval Ltda. se disolvió en el año 2011; por tal motivo, pidió aclarar si la demanda fue interpuesta por el señor Davidson Alfonso Garcés Díaz, a título personal, o como representante legal de la sociedad Comercializadora Daval Ltda.

El 6 de febrero de 2014(10), la apoderada del señor Davidson Alfonso Garcés Díaz, aclaró que en la demanda este último actuaba a título personal.

Por auto del 4 de marzo de 2014(11) el tribunal admitió la demanda.

Oposición

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, así:

Señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Resolución 3847 de 30 de abril de 2008, la contribuyente tenía como fecha límite para presentar la información en medios magnéticos hasta el 2 de abril del año 2009, por tanto, en esta fecha ocurrió la irregularidad sancionable.

Precisó que la declaración de renta y complementarios de dicho periodo fiscal, es decir año gravable 2009, fue presentada el 19 de abril del año 2010, el pliego de cargos es oportuno, pues se notificó el 18 de noviembre de 2011, esto es, dentro del término de dos años contados desde la presentación de la declaración de renta del año gravable 2009 en que ocurrió la irregularidad sancionable. Transcribió apartes de algunas sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, sobre la prescripción de la facultad sancionatoria.

Manifestó que lo anterior denota la competencia de los funcionarios que expidieron los actos administrativos demandados, que observaron las formas propias del procedimiento administrativo aplicable y garantizaron los derechos al debido proceso y de defensa del contribuyente.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.

El a quo se refirió al debido proceso y a las normas que regulan la obligación formal de presentar información en medio magnético, para concluir que el artículo 638 del estatuto tributario prevé que, si la sanción por no informar se impone en resolución independiente, el pliego de cargos se debe expedir dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta del periodo en que ocurrió la irregularidad sancionable.

Precisó el tribunal que por los ingresos brutos declarados en la liquidación privada del impuesto sobre la renta del año 2008, a la actora le asistía el deber de presentar la información exigida el 2 de abril de 2009, momento en el que se consolidó la infracción por el incumplimiento del deber referido que, por consiguiente, como la declaración de renta de ese año se presentó el 19 de abril de 2010, la administración podía expedir el pliego de cargos hasta el 19 de abril de 2012, lo que hace que el expedido el 9 de noviembre de 2011 sea oportuno.

Aclaró que la omisión en el suministro de la información obstaculizó las facultades de fiscalización y control de la administración, lo que constituye un daño potencial que afecta las tareas de recaudo.

Finalmente, en los términos establecidos por los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 392 del Código de Procedimiento Civil, el a quo condenó en costas y en agencias en derecho a la parte actora.

Recurso de apelación

El demandante apeló la sentencia proferida por el tribunal, con base en los siguientes argumentos.

Manifestó que, como la obligación de presentar información en medio magnético accede a la obligación de presentar la declaración de renta, ese deber formal está vinculado a la vigencia fiscal en que ocurren los hechos que deben ser informados.

Que, por tal motivo, la irregularidad sancionable, sin que importe el plazo para presentar la información, está vinculada a la vigencia fiscal 2008, lo que hace extemporáneo el pliego de cargos expedido el 18 de noviembre de 2011, pues la declaración de renta del año 2008 se presentó el 17 de abril de 2009 y la facultad sancionatoria prescribió el 17 de abril de 2011.

Argumentó que, como el fin de la obligación de informar consiste en aclarar hechos relacionados con la declaración de renta del periodo señalado, la omisión en la entrega oportuna de la información no genera un daño grave a la administración y no amerita la imposición de la sanción porque, además, el contribuyente subsanó su omisión. Agregó que la administración no demostró el perjuicio ocasionado y no atendió los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la imposición de la sanción.

Alegatos de conclusión

El demandante reiteró los argumentos de la demanda y del recurso de apelación. Además aportó copia de la solicitud de conciliación ante la DIAN, con fundamento en la Ley 1739 de 2014, sin embargo, no allegó el acuerdo conciliatorio.

Mediante escrito del 5 de noviembre de 2015(12) y, con posterioridad a la fecha en que el proceso entró al despacho para fallo(13), el actor pidió declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, porque en el momento en que la administración inició la actuación administrativa en discusión, la sociedad ya estaba liquidada.

La demandada insistió en las argumentaciones de la contestación de la demanda.

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada.

Dijo que la omisión sancionable en la entrega oportuna de la información no está vinculada a una vigencia fiscal, pues se consolida en la fecha en que vence el plazo para presentarla, lo que en este caso ocurrió el 2 de abril de 2009, por lo que los dos años con que cuenta la administración para notificar el pliego de cargos se cuentan desde la presentación de la declaración de renta de ese año, que ocurrió el 19 de abril de 2010, siendo oportuno el pliego de cargos expedido el 9 de noviembre de 2011.

Señaló que el hecho sancionable consistió en la omisión en el envío oportuno de la información, que entorpeció las facultades de fiscalización de la administración, porque limitó la oportunidad que tiene de iniciar los respectivos procesos de fiscalización.

Afirmó, además, que la entrega extemporánea de la información no es una forma de subsanar la omisión y no implica que desaparezca la infracción, pues se trata de una forma de atenuar la graduación de la sanción, lo que fue observado por la DIAN al disminuir la sanción al 1% del valor de la información.

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir la legalidad de la actuación administrativa mediante la cual se impuso a la Comercializadora Daval Ltda. (liquidada), la sanción por no informar establecida en el artículo 651 del estatuto tributario, trámite al cual fue vinculado el actor como deudor solidario por su condición de representante legal de la mencionada sociedad.

Pues bien, la Sala advierte que con la demanda fue allegado el certificado especial de la Cámara de Comercio de Medellín, en el que consta que “la sociedad Comercializadora Daval Ltda. identificada con el NIT 900069862-4 de la Notaría Única de Caucasia, registrada en esta entidad en febrero 13 de 2006, en el libro 9º, bajo el Nº 1397, y se encontraba matriculada en el registro mercantil bajo el Nº 21-357537-03”, y que “... según acta 8 del 9 de septiembre de 2011, de la junta de socios, registrada en esta cámara de comercio el 5 de octubre de 2011, en el libro 9º, bajo el Nº 17920, se aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad”.

Lo anterior quiere decir que la actuación demandada se inició con posterioridad a la liquidación de la sociedad, toda vez que, como se advierte del acápite de antecedentes, el auto de apertura de investigación fue proferido el 13 de octubre de 2011.

Como lo ha señalado la Sección(14), la disolución de la sociedad afecta la existencia de la persona jurídica y restringe parcialmente su capacidad para actuar, mientras que la liquidación involucra la extinción del patrimonio social, cuya cuenta final, al ser inscrita en el registro mercantil, trae como consecuencia la extinción inmediata de la sociedad y su consecuente capacidad para actuar. Al respecto, la Sala ha señalado(15):

“Refiriéndose a este tema, la Superintendencia de Sociedades indicó que con la inscripción en el registro mercantil, de la cuenta final de liquidación, “desaparece del mundo jurídico la sociedad, y por ende todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren, desapareciendo así del tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia no puede de ninguna manera seguir actuando ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones”, y “al ser inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica de la sociedad, por tanto mal podría ser parte dentro de un proceso una persona jurídica que no existe(16)” (negrillas y subrayas fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, los atributos derivados de la condición de las personas jurídicas, entre los que se encuentra la capacidad para actuar, subsisten hasta el momento en que estas se liquidan, lo que ocurre cuando se inscribe en el registro mercantil la cuenta final de la liquidación y, a partir de ese momento, la persona jurídica desaparece definitivamente del mundo jurídico.

Así pues, en el caso concreto, la Sala advierte que, como el certificado especial de cámara de comercio allegado señala que el acta de liquidación de la sociedad Comercializadora Daval Ltda. se registró en la Cámara de Comercio de Medellín el 5 de octubre de 2011, esto es, con anterioridad al auto de apertura de investigación del 13 de octubre de 2011 y a la interposición de la demanda del 22 de noviembre de 2013, la empresa no existía material y jurídicamente, por lo que no podía ser sujeto de derechos y obligaciones como la derivada de la sanción impuesta por la administración.

Lo anterior, afecta directamente la legitimación del señor Davidson Alfonso Garcés Díaz para acudir ante esta jurisdicción, toda vez que no le asiste interés jurídico para demandar, en tanto los actos administrativos demandados están dirigidos a una persona jurídica —Comercializadora Daval Ltda.— la cual fue liquidada desde antes de la interposición de la presente demanda.

Así mismo, ante la falta de definición de la litis, los actos demandados no constituyen títulos ejecutivos susceptibles de ser objeto de cobro por vía administrativa, dada la inexistencia de la sociedad Comercializadora Daval Ltda.(17).

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se inhibirá para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 23 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar,

INHÍBESE para conocer la legalidad de los actos administrativos demandados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Magistrados: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Stella Jeannette Carvajal Basto—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Folio 38 del c. p.

2 Folio 1, c. a.

3 Folios 15 a 18 del c. p.

4 Folios 28 a 30 del c. a.

5 Folios 40 a 53 del c. a.

6 Folios 20 a 25 del c. p.

7 Folio 19 del c. p.

8 Folios 26 a 36 del c. p.

9 Folio 53 del c. p.

10 Folios 54 y 55 del c. p.

11 Folio 58 del c. p.

12 Folios 176 a 181 del c. p.

13 El proceso entró al despacho para fallo el 4 de noviembre de 2015 (fl. 176, c. p.).

14 Entre otras sentencias, las siguientes: 20561 del 22 de septiembre de 2016, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 20262 del 20 de noviembre de 2014, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; 19575 del 30 de abril de 2014, 20688 del 23 de junio de 2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 20683 del 12 de noviembre de 2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y, 16319 del 11 de junio de 2009, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

15 Sentencia 19575 del 30 de abril de 2014, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

16 Oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008 de la Superintendencia de Sociedades.

17 En igual sentido se pronunció la Sala en la Sentencia 20688 del 23 de junio de 2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.