Sentencia 2013-02179 de marzo 11 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 050011102000201302179 01 (10014-21)

Aprobado según acta de Sala 20

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, y 59 de la Ley 1123 de 2007, esta colegiatura es competente para conocer en apelación, las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La calidad de abogado está demostrada con la certificación del registro nacional de abogados, en la cual se enuncia que Diego Alberto Montoya Cardona, está inscrito como profesional del derecho, quien se identificada con la cédula de ciudadanía 71.706.221 y tarjeta profesional 80.046 vigente (fl. 55, cdno. 1ª instancia)

3. De la falta imputada.

El cargo por el cual se sancionó en primera instancia al abogado Diego Alberto Montoya Cardona, está descrito en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, así:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia del 29 de agosto de 2014, sancionó al abogado Diego Alberto Montoya Cardona, por la falta descrita en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, al haber obtenido honorarios desproporcionados a lo que fue objeto de acuerdo en el contrato de mandato, lo cual constituye la infracción al deber previsto en el numeral 8º del artículo 28 ibídem.

De la apelación

Procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia planteados en la apelación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 171 del Código Disciplinario Único, aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.

4. Del caso en concreto.

En el caso sub lite, la falta se sustentó en el hecho de que el abogado Diego Alberto Montoya Cardona fue contratado por el señor Edgar de los Milagros Gómez Tamayo para representarlo en los procesos que demandara el reconocimiento las obligaciones laborales que dejó de cancelar su empleador Gildardo Múnera González, al momento del despido; para tal fin, el quejoso y el inculpado suscribieron un contrato de prestación de servicios profesionales, del cual el seccional de instancia en sentencia del 29 de agosto de 2014 (fls. 103 a 113, cdno. 1ª instancia) sostuvo que el abogado obtuvo honorarios desproporcionados de acuerdo al contrato de mandato, por tal motivo lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 meses y multa en cuantía de dos (2) SMLMV para el año 2010.

Respecto al primer argumento aducido por el apelante, consistente en que “no comparte la sentencia por ser totalmente violatoria del derecho sustancial y es una vía de hecho por cuando no consulta la realidad de las pruebas materiales obrantes en el proceso”.

La Sala, entrará a estudiar el fallo de primera instancia del 29 de agosto de 2014, para señalar si se encuentra probado el error de interpretación fáctica que indicó el doctor Diego Alberto Montoya Cardona, así las cosas, se analizó en especial lo obrante en el numeral 5º. Primer cargo: violación del numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. 5.1. “Certeza de la existencia de la falta y responsabilidad del disciplinable” (fls. 5 a 7); donde indicó el magistrado ponente de primera instancia “se infiere de lo antes explicado la obtención de beneficios desproporcionados, por lo siguiente:

Repárese que el proceso ordinario con radicado 2008-0074, la condena impuesta en sentencia del 28 de julio ascendió a $ 15.545.735 suma respecto de la cual le correspondería al abogado de acuerdo con el contrato de prestación de servicios profesionales $ 5.409.157. No obstante como el demandado no pagó, hubo necesidad de acudir al proceso ejecutivo, en el cual se adicionó al capital referido por concepto de intereses la suma de $ 6.557.519 según lo certificó el Juzgado Promiscuo del Círculo de San Pedro de los Milagros el 27 de noviembre de 2013, en cuaderno anexo a las diligencias lo cual sumó un total de $ 22.103.254, monto sobre el cual el letrado descontó el 35% a sabiendas que el acuerdo establecido en el contrato era que por el proceso ejecutivo cobraría el 10% sobre $ 6.557.519 lo cual arroja un total de $ 655.751.9.

En tal orden de ideas, por el proceso ordinario laboral radicado 2008-0074 le correspondía al abogado $ 5.509.157 y por el proceso ejecutivo conexo al antes mencionado le correspondería la suma de $ 655.751.9 para un total de 6.164.908.90.

Por el proceso ordinario laboral radicado 2088-0239 en el cual la condena fue por $ 4.859.524, le correspondía al abogado el 35% que suma $ 1.700.833.40; por lo tanto ambos procesos en cuanto a honorarios sumaban; por el ordinario laboral 2008-0074 $ 5.409.157 por el ejecutivo conexo $ 655.751.9 y por el ordinario laboral 2008-0239 $ 1.700.833.40 total $ 7.764.908.9ª lo anterior se agregan las costas y agencias en derecho pactadas para el abogado en el contrato de prestación de servicios profesionales, correspondían a la suma $ 4.036.433, para un gran total de $ 11.801.341.

Según las constancias que obran en el proceso, el abogado recibió el 13 de diciembre de 2010 la suma de $ 8.612.957.35 (fl. 5, c.o.), representados en los títulos valores 413870000005763, 413870000006531, 413870000006473, 413870000006475, 413870000006430, los cuales suman en total $ 8.612.957.37 por concepto de los aludidos procesos y fuera de ello, en la misma fecha recibió el título valor 413870000005758 monto de las costas y agencias en derecho.

De lo anterior se deduce, que el total de honorarios cobrados por el abogado fue de $ 8.612.957.37, cuando lo que realmente le correspondía era $ 7.764.908.9, por lo tanto cobró $ 848.048.47 más de lo que legalmente le correspondía, atendiendo al contrato que el mismo aportó a las diligencias”.

En tal virtud, como el contrato de prestación de servicios profesionales es Ley para las partes, esta colegiatura llegó a la conclusión que el abogado disciplinado debía haber cobrado del proceso ordinario laboral 2008-0074 el treinta y cinco (35%) por ciento, así las cosas, si la condena a favor de su cliente fue $ 15.545.735 el pago de esos honorarios era de $ 5.441.007, respecto al proceso ejecutivo conexo del 13 de diciembre de 2010 según lo contemplado en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios el abogado debió cobrar el 10%, por lo tanto si la sanción fue $ 22.103.254 debió cobrar por este concepto honorarios $ 2.210.325; y del proceso ordinario laboral 2008-0239 cuya condena fue de $ 4.859.524 los honorarios eran de $ 1.700.833.40 para un total por concepto de honorarios por los tres procesos de $ 9.352.165.

Por lo tanto, no es cierto lo manifestado por el a quo, cuando indicó que “al abogado se le reprocha la obtención de beneficios desproporcionados por cuanto recibió la suma de $ 848.048.47 de más configurándose la falta contenida en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007” (fl. 109, cdno. 1ª instancia); pues existe un error fáctico y por lo tanto sustancial, tal como encuentra esta Superioridad en lo examinado por el a quo del contrato de prestación de servicios el cual dio origen a la falta endilgada, se infiere la obtención del abogado para sí de una suma inferior a la pactada contractualmente en cuantía de $ 739.208; ya que de la suma de los títulos valores recibidos el 13 de diciembre de 2010 413870000005763, 413870000006531, 413870000006473, 413870000006475, 413870000006430, recogió en total $ 8.612.957.37 (fl. 5, cdno. 1 instancia), teniendo una contraprestación inferior de la endilgada por el Seccional de instancia.

Frente al segundo argumento establecido por el disciplinado, donde indicó que el seccional de instancia se equivocó al hacer las operaciones matemáticas para explicar los valores que el togado investigado debió cobrar por el proceso ordinario laboral 2008-0074 y el proceso ejecutivo conexo, por cuanto del primero apuntó que debía cobrar el 35% sobre la condena generada, mientras del ejecutivo laboral conexo solamente podía cobrar el 10% por concepto de intereses.

Esta Sala una vez revisado el contrato de prestación de servicios profesionales firmado por las partes, observa que en las cláusulas segunda y tercera se estipuló el porcentaje a cobrar por el disciplinado según la labor profesional realizada; de manera que frente al proceso ordinario laboral con radicado 2008-0074 se iba a cobrar por concepto de honorarios una suma del 35% del valor pagado por el demandado y si el demandado no pagaba dicho valor, se debía interponer un proceso ejecutivo laboral conexo, del cual se cobraba por honorarios el 10% del capital y los intereses.

El a quo señaló que el abogado debió cobrar por honorarios de los procesos ordinarios laborales con radicado 2008-0239, Nº2008-0074 el 35% y el 10% por concepto de intereses del proceso ejecutivo laboral conexo; sin embargo se presenta un yerro de interpretación respecto al mandato profesional pues el 10% que debía cobrar el disciplinado era sobre el capital e intereses del proceso ejecutivo conexo; por lo tanto no realizó conducta alguna prohibida por el ordenamiento jurídico, pues al hacer el cruce de cuentas de los tres procesos ordinarios laborales cuyos radicados son 2008-0239, 2008-0074 y el proceso ejecutivo laboral conexo a éste último llevados a cabo por concepto del mandato profesional se constató que el quejoso no canceló el valor total de honorarios.

Respecto al tercer argumento, esto es, un segundo error cometido por el sentenciador relacionado a que frente al proceso ejecutivo conexo debía cobrarse el 10% de los intereses; para la Sala de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios no es cierta esa interpretación del magistrado sustanciador pues el artículo tercero del mandato profesional es muy claro en señalar que el abogado podía cobrar frente a ese proceso ejecutivo laboral conexo lo correspondiente al 10% del capital y de los intereses.

En cuanto al cuarto argumento, esta colegiatura indica que dicho punto fue resuelto en el análisis realizado en el segundo argumento de este proveído.

Finalmente, en el quinto y último argumento el disciplinado subrayó no estar de acuerdo con la modalidad de la conducta endilgada, pues el seccional de instancia de manera automática le imputó la falta a título de dolo por el hecho de haber cobrado supuestamente unos honorarios desproporcionados, los cuales según lo probado en el recurso de alzada no fueron desmedidos.

Para esta colegiatura, una vez analizados los argumentos de apelación y frente a los parámetros que fija el tipo “honorarios desproporcionados” respecto al trabajo realizado, concluye el cumplimiento a cabalidad del abogado con el mandato profesional encomendado por el quejoso, tanto así que los procesos ordinarios laborales donde actuó como defensor del señor Edgar de los Milagros Gómez Tamayo, salieron todos a favor de su cliente, no siendo tema de reproche, el disenso surgió en el error en el que incurrió el a quo respecto a las cuentas que por honorarios debió cobrar el togado investigado; por lo tanto se constató que el disciplinado no ejecutó ningún acto o actuación contrario a la ley.

En este orden de ideas, estima esta Sala que el apelante efectivamente no incurrió en la falta establecida en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, pues en el infolio no obra elemento de convicción alguno que dé certeza sobre la comisión de la conducta irregular atribuida al togado y por ende de su responsabilidad en su comisión, se torna imperativo para esta Sala revocar la decisión apelada, por lo tanto para esta Superioridad se procederá en su lugar a ABSOLVER doctor Diego Alberto Montoya Cardona, identificado con la cédula de ciudadanía 71.706.221 y portador de la tarjeta profesional 80.046 del Consejo Superior de la Judicatura, de dicho juicio disciplinario, tal y como a continuación se ordenará.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 29 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó al doctor Diego Alberto Montoya Cardona, identificado con la cédula de ciudadanía 71.706.221 y portador de la tarjeta profesional 80.046 con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses y multa de dos (2) SMLMV para el año 2010 cuando ocurrieron los hechos, por hallarlo responsable a título de dolo de la falta prevista en el artículo 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar ABSOLVERLO, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

2. Comisiónese al magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, con facultades para subcomisionar, para que notifique la presente providencia en los términos de ley. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al consejo seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»