Sentencia 2013-02336 de mayo 18 de 2016

 

Sentencia 2013-02336 de mayo 18 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 05001110200020130233601

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Nota: Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Ref.: Disciplinario contra el abogado A.F.M.R.

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

Aprobado según acta 43 de la misma fecha

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para desatar los recursos de apelación que se formulen dentro de los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Caso concreto

El problema jurídico a dilucidar en este asunto, es determinar si el encartado incurrió en la conducta imputada por la primera instancia, esto es, si el togado injustificadamente presentó dos acciones de constitucionales de tutela con identidad de partes, pretensiones y hechos.

Frente al tema probatorio recaudado en primera instancia, se encuentra probado que el disciplinado presentó inicialmente acción de tutela con radicado 2012-XXX, que cursó en el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Medellín, en contra de Cajanal EICE en liquidación, alegando la vulneración de los derechos fundamentales de su representada por cuanto a su poderdante no se le había dado respuesta a su solicitud de revocatoria de la resolución UGM XXX del 25 de octubre de 2011, mediante la cual le negaron la pensión gracia.

De las resultas de la referida tutela, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Medellín, resolvió tutelar el derecho invocado por la accionante y en consecuencia, ordenó a Cajanal EICE en liquidación para que diera respuesta clara, completa y de fondo respecto de la solicitud de revocatoria directa.

Ante el incumplimiento de lo ordenado por el juez de conocimiento, el disciplinado presentó incidente de desacato(17), solicitando la respectiva sanción por desacato; respecto del cual el mismo juzgado profirió decisión de archivo, en razón a que la entidad requerida dio cumplimiento a lo ordenado al dar respuesta sobre la solicitud de revocatoria directa, negando la misma.

Por otro lado, se tiene que el 23 de abril de 2013, el disciplinado presentó nuevamente acción de tutela con radicado 2013-XXX, que cursó en el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito, en contra de Cajanal EICE en liquidación, aduciendo las mismas situaciones fácticas y reclamando igualmente una respuesta de fondo respecto de la solicitud de revocatoria directa, obteniendo como respuesta la negatoria de la misma por considerarla improcedente y la compulsa de copias que dio lugar a la presente actuación.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala procederá a confirmar la sanción impuesta al togado de conformidad con la argumentación que a continuación se expone:

En primera medida es menester precisar que frente a la ética profesional del abogado, este se ve inmerso en acatar sus deberes profesionales de la mejor manera, lo que implica que el letrado debe observar un comportamiento ejemplar, donde sus actuaciones se encaminen a la correcta administración de justicia al momento de prestar sus servicios profesionales, manteniendo en alto el honor y la dignidad de la abogacía, debiendo actuar con honestidad, veracidad, celo y diligencia en todas aquellas diligencias que le sean confiadas por sus clientes.

Ahora bien, frente al actuar del doctor A.F.M.R., se puede observar como este a pesar de haber presentado una acción de tutela, la cual fue favorable, amparándole la pretensión perseguida, se dispuso a interponer una segunda acción constitucional, encausando su actuar dentro de lo estipulado en el artículo 33-3 de la Ley 1123 de 2007, que a la letra expresa:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...).

3. Promover la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, caso en el cual se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991”.

Lo anterior, implica para el profesional del derecho una sanción ejemplar, toda vez que dada su condición de letrado, su comportamiento debe regularse no solo por lo dicho en la referida norma, sino a su vez por el Decreto 2591 de 1991, al cual nos remite el Código Disciplinario del Abogado, donde en su artículo 38, indica:

“ART. 38.—Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.

Por otro lado, y acogiendo lo expresado por la Sala a quo, el carácter subjetivo de la falta endilgada, junto con las situaciones fácticas del caso, se acierta en tipificar la conducta en la modalidad dolosa, pues como bien lo expresó el seccional de instancia “en este tipo de asuntos, por tratarse de faltas contra la recta y leal realización de justicia y de los fines del Estado, resulta completamente exigible a cualquier profesional del derecho, la no incursión en actuaciones temerarias...”. Esto aunado a que el disciplinado indicó claramente en sus dos escritos de tutela, que no había presentado con anterioridad tutela sobre los mismos hechos objeto de la acción constitucional, afirmación realizada bajo la gravedad de juramento, desconociendo de tal manera los deberes consagrados la Ley 1123 de 2007, en especial el establecido en el artículo 28-6 que al tenor reza:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(...).

6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado”.

Entonces, para esta Sala es evidente que en el caso sub examine la conducta del togado cumple con los presupuestos de tipicidad (pues la comisión descrita anteriormente, se adecua a la conducta objeto de reproche del abogado encartado), antijuridicidad (toda vez que se afectó en este la recta y cumplida realización de la justicia y de los fines del Estado sin justificación alguna) y culpabilidad, aclarando que este último es cometido en la modalidad dolosa, teniendo en cuenta que la comisión de la conducta realizada por parte del doctor A.F.M.R., se realizó con el conocimiento de las implicaciones que tenía presentar la segunda acción constitucional, pues su especial formación académica así se lo permitía saber.

De la sanción

Respecto de la dosificación de la sanción conforme lo prescribe la Ley 1123 de 2007, se destaca que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la misma fue ajustada, máxime los criterios para la graduación de la sanción señalados en la precitada norma, veamos:

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

A. Criterios generales

1. La trascendencia social de la conducta. 

2. La modalidad de la conducta. 

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.

B. Criterios de atenuación

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

C. Criterios de agravación

1. La afectación de derechos humanos.

2. La afectación de derechos fundamentales.

3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero.

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.

5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado”.

Así las cosas, también ha de tenerse en cuenta la modalidad de la conducta desplegada por el disciplinado, esto es dolosa, pues como lo advirtió de manera acertada el a quo, la falta endilgada a todas luces reviste gravedad, máxime las circunstancias en que se cometió la misma, pues el disciplinado intentó hacer valer la enfermedad de su cliente como un hecho nuevo para poder presentar la segunda acción constitucional, actuar que deja ver la temeridad de la conducta desplegada por el investigado.

En suma, la sanción impuesta por la Sala de Instancia, habrá de confirmarse, teniendo en cuenta la modalidad que a juicio de esta Sala se cometió la conducta cuestionada, pues los elementos probatorios que orientan a la demostración objetiva y subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente, no se encuentran desvirtuados y menos justificados, valoración suficiente para que esta colegiatura, proceda a confirmar el fallo sancionatorio en contra del abogado investigado, conforme con los argumentos expuestos en líneas anteriores.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 30 de octubre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio de la cual sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el termino de DOS (2) años, al abogado A.F.M.R., tras hallarlo disciplinariamente responsable de la falta a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, consagrada en el artículo 33-3 de la Ley 1123 de 2007, por las razones indicadas en la parte motiva de este proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Comuníquese y cúmplase».

17 Folios 132 y 133 del cuaderno anexo 2.