Sentencia 2013-02508/1318-2014 de noviembre 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000 23 42 000 2013 02508 01

Nº interno: 1318-2014

Demandante: Rosa Tulia Rodríguez Ochoa

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho —Ley 1437 de 2011— Segunda instancia

Tema: Pensión gracia de jubilación de un docente cuyo nombramiento se realizó con posterioridad a la efectiva prestación del servicio

Magistrado Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Bogotá D.C., diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

1. Competencia.

El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales administrativos.

2. Problema jurídico.

En el caso concreto la Sala debe precisar si la demandante tiene derecho a la pensión gracia de jubilación contemplada en la Ley 114 de 1913 y procede su reconocimiento de acuerdo con la Ley 91 de 1989 que exige su vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumpliendo con los requisitos contemplados en las normas que la consagran.

3. La pensión gracia de jubilación.

a) La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

b) Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según su artículo 6º, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

c) Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

d) Finalmente, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2º, literal a), limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

“[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la caja nacional de previsión social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación […]”.

f) La disposición transcrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado(5), pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15, puntualizó:

[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…). siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal a), numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

[…]”.

4. Del caso concreto.

Conforme lo expuesto por el apoderado de la parte demandante en el recurso de apelación, la Sala procederá a verificar si la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa cumple con el requisito de encontrarse vinculada a la docencia antes del 31 de diciembre de 1980, y haber acreditado 20 años de servicio en la docencia oficial del orden territorial y/o nacionalizada, para así determinar si tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Encuentra la Sala que la discusión versa en torno al periodo laborado por la demandante entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980, puesto que conforme lo advirtió el a quo y lo alega la parte demandada, el mismo no ha de ser tenido en cuenta a efectos del conteo de tiempos que dan derecho a la pensión pretendida, pues los actos administrativos de nombramiento y posesión datan del año 1981, por lo tanto, dada la incongruencia en la prueba del requisito previsto en la Ley 91 de 1989, al estar vinculada a la docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, no es procedente reconocer la prestación pretendida.

Visto lo anterior, es procedente efectuar un análisis de los hechos acreditados en el expediente a efectos de resolver el problema jurídico planteado.

4.1. Hechos probados.

4.1.1. Para efectos del reconocimiento pensional gracia de la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa, se encuentra demostrado en el proceso lo siguiente:

1. La actora nació el 12 de junio de 1961, esto es, cumplió 50 años de edad el 12 de junio de 2011(6).

2. Copia auténtica de las certificaciones 2013010925 del 31 de enero de 2013 y 2013026228 del 30 de mayo de 2013, expedidas por la directora de personal de establecimientos educativos y la coordinación de historias laborales y certificaciones del departamento de Cundinamarca, en la que hace constar que la demandante “prestó sus servicios como docente interina nacionalizada en la Secretaría de Educación, así: con DECD 3554 del 9 de octubre de 1981, nombrase interinamente como maestra de la Escuela Rural Mundo Nuevo del Municipio de San Cayetano (Cundinamarca), por el término de veintinueve (29) días, contados a partir del 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980, en reemplazo de Carmen Rosa Ochoa de Rodríguez, a quien se le concedió licencia por enfermedad a partir de la misma fecha”(7).

3. Copia del Decreto 3554 del 9 de octubre de 1981 “por el cual se nombra a unos maestros interinos durante las licencias concedidas por enfermedad en la división de educación básica primaria”, ordenando en su artículo único nombrar como maestra interina a la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa de la Escuela Rural Mundo Nuevo del Municipio de San Cayetano, por el término de 29 días contados a partir del 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980 en reemplazo de Carmen Rosa Ochoa de Rodríguez a quien se le concedió licencia por enfermedad a partir de la misma fecha, según Resolución 2524 del 6 de octubre de 1981(8).

4. Copia del acta de posesión del 28 de noviembre de 1981 en la cual la demandante, toma posesión ante el despacho del alcalde del municipio de San Cayetano del cargo de profesora interina nombrada por el Decreto 3554 del 9 de octubre de 1981(9).

5. Obra formato único para expedición de certificado de historia laboral expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá del 4 de junio de 2003, en la que consta que la demandante laboró al servicio de la docencia del nivel territorial, como docente, encontrándose activa a la fecha de la certificación, así: del 14 de septiembre al 30 de octubre de 1989 con vinculación de docente interina, del 17 de abril al 2 de diciembre de 1991 con vinculación temporal tiempo completo, del 21 de enero al 30 de noviembre de 1992 con la misma vinculación y desde el 2 de agosto de 1993 como docente en propiedad(10).

6. Certificación expedida por el profesional especializado de la oficina de personal - certificaciones laborales de la Secretaría de Educación de Bogotá, en la que hace constar los pagos realizados a la demandante por concepto de horas extras, así: 22 horas para el 9 de noviembre al 2 de diciembre de 2012, 40 horas del 21 de enero al 17 de febrero de 2013, 40 horas entre el periodo comprendido entre el 18 de febrero al 17 de marzo de 2013 y 40 horas para el 18 de marzo al 21 de abril de 2013(11).

7. Obra igualmente formato único para expedición de certificado de salarios expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá del 4 de junio de 2003, en el que constan los conceptos y valores percibidos por la demandante durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2012 al 30 de mayo de 2013(12).

4.1.2. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

Mediante la Resolución RDP 721 del 10 de enero de 2013 acto administrativo demandado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, resuelve la petición elevada por la actora el 21 de septiembre de 2012 en orden a que se reconozca a su favor pensión gracia de jubilación, en forma negativa, por considerar que ésta no se hallaba vinculada al servicio de la docencia oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, por lo que conforme a la Ley 91 de 1989 no es procedente su reconocimiento(13).

La misma entidad por medio de Resolución RDP 014450 del 1º de abril de 2013 confirma el anterior acto administrativo, al desatar el recurso de reposición interpuesto por la actora, fundamentado en que ésta no aportó copia auténtica u original del certificado de tiempo de servicios 2013010925 del 31 de enero de 2013 suscrito por el funcionario competente, pues quien lo suscribe no es la competente(14).

Finalmente a través de la Resolución RDP 014795 del 3 de abril de 2013 expedido por el Director de la UGPP, se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto administrativo, confirmándolo en todas sus partes, por considerar que el certificado 2013010925 del 31 de enero de 2013 fue expedido en copia simple, el cual carece de valor probatorio conforme lo dispone el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no hay lugar a cambiar la decisión impugnada(15).

Conforme lo anterior, se observa que la demandante laboró como docente del orden territorial, así:

— Por el periodo comprendido entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980, tiempo de servicios objeto de discusión y que ha de ser el cuerpo de estudio en el presente proceso.

— Del 14 de septiembre al 30 de octubre de 1989 como docente interino.

— Desde el 17 de abril al 2 de diciembre de 1991 como docente temporal tiempo completo.

— Del 21 de enero al 30 de noviembre de 1992 docente temporal tiempo completo.

— Y finalmente a partir del 2 de agosto de 1993 como docente en propiedad.

De otra parte, consta en el expediente copia del Decreto 3554 del 9 de octubre de 1981 “por el cual se nombra a unos maestros interinos durante las licencias concedidas por enfermedad en la división de educación básica primaria”, ordenando en su artículo único nombrar como maestra interina a la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa de la Escuela Rural Mundo Nuevo del Municipio de San Cayetano, por el término de 29 días contados a partir del 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980 en reemplazo de Carmen Rosa Ochoa de Rodríguez a quien se le concedió licencia por enfermedad a partir de la misma fecha, según Resolución 2524 del 6 de octubre de 1981(16).

Obra prueba de que la demandante tomó posesión del anterior cargo ante el Alcalde Municipal del San Cayetano, mediante acta suscrita el 28 de noviembre de 1981, en la que se reitera que el cargo objeto de la misma es el de “profesora interina de la Escuela Rural de Mundo Nuevo en interinidad por licencia de enfermedad concedida a la titular Carmen Rosa Ochoa de Rodríguez a partir del octubre 10 de 1980 nombrada mediante Decreto 3554 de octubre 9 de 1981”(17).

Bajo los anteriores supuestos, observa la Sala que en el caso concreto se encuentra debidamente acreditado el hecho de que la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa laboró al servicio de la docencia como docente del orden territorial, desde el 14 de septiembre al 30 de octubre de 1989, 17 de abril al 2 de diciembre de 1991, 21 de enero al 30 de noviembre de 1992 y del 2 de agosto de 1993 hasta 4 de junio de 2013(18), sin que en el plenario se hubiere acreditado su retiro del servicio, por lo que conforme a las probanzas se puede deducir que la actora a la fecha se encuentra activa.

No obstante lo anterior, se observa que respecto a la vinculación de la demandante como docente interina en la Escuela Rural Mundo Nuevo del Municipio de San Cayetano, ocurrida entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980, existe discusión, respecto a lo cual se evidencia en el plenario que si bien en sede administrativa la entidad demandada en los actos acusados, niega la petición de la actora en orden a que se reconozca a su favor pensión gracia de jubilación argumentando que el certificado 2013010925 del 31 de enero de 2013, en el que se acredita este tiempo de servicios, no puede ser tenido en cuenta por no haberse allegado copia auténtica, mientras tanto en sede judicial, sostiene que no hay lugar a acceder a la prestación incoada, puesto que la accionante no acreditó tiempos de servicios como docente de vinculación territorial o nacionalizado, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Se concluye de lo anterior que la entidad demandada niega la prestación del servicio durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980, con fundamento en lo cual aduce la falta del cumplimiento de requisitos legales previstos en la normatividad que regula la pensión gracia, esto es, Ley 114 de 1913 y 91 de 1989, en especial el requisito de haberse vinculado a la docencia territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Por otro lado, se observa que el a quo si bien, valoró la prueba en la que consta que la docente laboró entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980 como docente del departamento de Cundinamarca, sin embargo, dada la inconsistencia hallada entre la prestación de los servicios y la fecha del acto administrativos de nombramiento y el acta de posesión, los cuales datan del 9 de octubre de 1981 y 28 de noviembre de 1981, respectivamente, les restó valor probatorio, concluyendo que no había lugar tener en cuenta dicho periodo de tiempo, lo que derivó en el incumplimiento del requisito previsto en la Ley 91 de 1989, como es el de estar vinculada a la docencia oficial del orden territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo que lo llevó a negar las pretensiones de la demanda.

En estas condiciones, es dable advertir que tanto el juez de instancia y la parte demandada, niegan la efectiva prestación de servicios por parte de la actora durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980, debiendo entonces la Sala determinar si este tiempo debe o no contabilizarse a efectos de establecer o no la procedencia de las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, encuentra la Sala que dicho tiempo de servicios debe ser tenido en cuenta para reconocer la pensión gracia de jubilación a favor de la demandante, puesto que tal como se analizó líneas atrás, tanto en el acto administrativo de nombramiento, como es Decreto 3554 del 9 de octubre de 1981 por el cual se nombra a la actora como docente interina, se prevé de manera expresa, sin lugar a equívoco, que la misma fue nombrada en la Escuela Rural Mundo Nuevo del Municipio de San Cayetano “por el término de 29 días contados a partir del 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980 en reemplazo de Carmen Rosa Ochoa de Rodríguez a quien se le concedió licencia por enfermedad a partir de la misma fecha, según Resolución 2524 del 6 de octubre de 1981”(19) (negrillas de la Sala).

Por su parte en el acta de posesión, también se prevé que la actora estaba tomando posesión del cargo para el que fue nombrada mediante el Decreto 3554 del 9 de octubre de 1981, precisando nuevamente, que con el mismo se estaba formalizando el nombramiento en el cargo de “profesora interina de la Escuela Rural de Mundo Nuevo en interinidad por licencia de enfermedad concedida a la titular Carmen Rosa Ochoa de Rodríguez partir del octubre 10 de 1980…”(20) (negrillas de la Sala).

Sumado a lo anterior, obran certificados 2013010925 del 31 de enero de 2013 y 2013026228 del 30 de mayo de 2013, expedidos por la directora de personal de establecimientos educativos y la coordinación de historias laborales y certificaciones del departamento de Cundinamarca en los que se hace constar lo consignado en los anteriores actos administrativos, esto es, que la demandante laboró al servicio de la docencia interina durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980.

En vista de lo expuesto hay lugar a deducir con fundamento en las probanzas analizadas, que la demandante laboró como docente del orden territorial durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980, para cubrir la licencia por enfermedad que se le había concedido al titular del cargo, la señora Carmen Rosa Ochoa de Rodríguez a partir de la misma fecha.

Ahora bien, se observa que no obstante los actos administrativos de nombramiento, posesión y concesión de la licencia, datan del año 1981 (9 de octubre de 1981, 28 de noviembre de 1981 y 6 de octubre de 1981, respectivamente en su orden) mientras que el tiempo de servicios que se formaliza con su expedición es el comprendido entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1981, ello no es óbice para considerar que dicho tiempo de servicios no fue prestado por la parte actora y menos restarle valor al momento de valorar el derecho a la pensión de la demandante.

Si bien el nombramiento de empleados públicos debe reunir unas formalidades que son el acto administrativo de nombramiento y la posesión del mismo, los cuales le otorgan validez a la designación, ello no puede significar que la falta de estos requisitos formales deriven en el desconocimiento de la prestación efectiva y real del servicio por parte del trabajador, pues una cosa es la prestación efectiva del servicio la cual se debe proteger y garantizar, y otra las formalidades, este caso el acto de nombramiento y la posesión que son requisito de validez del mismo, ello en aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

En estas condiciones observa la Sala que en el plenario se halla acreditada la existencia de una negligencia por parte de la entidad nominadora al expedir el acto administrativo de nombramiento y el acta de posesión en el cargo de docente interina desempeñado por la demandante durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980, misma condición que se predica de la resolución por la cual se concedió la licencia por enfermedad de la docente titular, cumpliendo con el lleno de estas formalidades solo hasta un año después de que la actora se desempeñara como docente, sin embargo, ello tal como se dejó analizado no da lugar a desconocer la efectiva y real prestación del servicio por parte de la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa en este periodo de tiempo.

Lo anterior se confirma al efectuar un análisis del acto administrativo de nombramiento en su totalidad, esto es, el Decreto 3554 del 9 de octubre de 1981, lo que permite concluir que a través del mismo se estaban formalizando nombramientos efectuados como consecuencia de las licencias por enfermedad concedidas a varios docentes, cuya ocurrencia se dio con anterioridad a su expedición, las cuales para unos docentes sucedió en el año 1980(21) y para otros en los meses anteriores a la expedición del mismo(22); en este caso, lo que se observa es que con la expedición del referido decreto lo que pretendió la Secretaría de Educación de Cundinamarca fue subsanar el vicio formal existente en los nombramientos realizados para cubrir la contingencia de las licencias por enfermedad ocurridas a finales del año 1980 y 1981.

En vista de lo expuesto, deviene obligatorio concluir que el tiempo de servicios prestados por la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa como docente interina al servicio del departamento de Cundinamarca, durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980 debe ser tenido en cuenta a efectos de reconocer la pensión gracia de jubilación a su favor, cumpliéndose de esta manera el requisito de encontrarse vinculada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 exigido por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Dilucidado lo anterior, se tiene que la demandante cumplió el status jurídico de pensionada el 25 de septiembre de 2011, esto por cuanto nació el 12 de junio de 1961, cumpliendo 50 años de edad el 12 de junio de 2011(23), igualmente se acreditó que laboró al servicio de la docencia del orden territorial, así:

— Del 10 de octubre al 7 de noviembre de 1980, esto es 27 días.

— 14 de septiembre al 30 de octubre de 1989, esto es, un mes y 16 días.

— 17 de abril al 2 de diciembre de 1991, esto es, 7 meses y 15 días.

— 21 de enero al 30 de noviembre de 1992, esto es, 10 meses y 9 días.

— 2 de agosto de 1993(24) al 21 de septiembre de 2012(25), esto es, 19 años, 1 mes y 19 días.

Conforme a lo anterior, se tiene que la actora acreditó 50 años de edad y 20 años de servicios, el 25 de noviembre de 2011, fecha a partir de la cual debe ser reconocida la pensión gracia de jubilación, teniendo en cuenta para su liquidación lo que haya percibido por todo concepto, durante el año inmediatamente anterior a aquel en que cumplió los requisitos para tener derecho a la pensión que aquí se reconoce.

En este punto, la Sala(26) no pasa por alto que tratándose de la pensión gracia es una prestación social de naturaleza especial, su monto no se liquida con base en el valor de los aportes efectuados en el año anterior al retiro definitivo del servicio del titular del derecho pensional, tal y como acontece en el régimen pensional ordinario, sino con base en el valor de los factores salariales devengados en el año anterior a la fecha en que se adquiere el status pensional.

Ahora bien, puesto que la demandante no dejó transcurrir más de tres (3) años a partir de la fecha en que adquirió el status pensional, esto es, 25 de noviembre de 2011 y la solicitud ante la entidad demandada en orden a que se reconozca su pensión gracia de jubilación, hecho que ocurrió el 21 de septiembre de 2012(27), y seguidamente impetró demanda en orden a obtener la nulidad de los actos administrativos que le resolvieron negar su pensión, se deberá concluir que no hay lugar a declarar la ocurrencia de la prescripción de la mesadas pensionales ya causadas.

Conforme a lo expuesto, es procedente ordenar el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación a partir del 25 de noviembre de 2011, fecha en que adquirió el status pensional, teniendo en cuenta para su liquidación lo que haya percibido por todo concepto, durante el año inmediatamente anterior a aquel en que cumplió los requisitos para tener derecho a la pensión que aquí se reconoce.

4.2. Conclusión.

Vistas las consideraciones que anteceden, la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa acreditó más de 20 de servicio como docente nacionalizada, razón por la cual tiene derecho a devengar una pensión gracia de jubilación efectiva a partir del momento en que adquirió el status pensional, esto es, 25 de noviembre de 2011, teniendo en cuenta para su liquidación lo que haya percibido por todo concepto, durante el año inmediatamente anterior a aquel en que cumplió los requisitos para tener derecho a la pensión que aquí se reconoce, imponiéndose de esta manera revocar la sentencia proferida en audiencia inicial realizada el 30 de enero de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.

Por último, en lo que respecta a la condena en costas, no hay lugar a imponer dicha sanción a la parte vencida, para lo cual se precisa que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.

En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Visto lo anterior, y en lo que se refiere al caso concreto, se considera que conforme los documentos obrantes en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el abogado hubiere generado otro tipo de gastos para la parte demandante, esto es, que las agencias en derecho se causaron, en consecuencia deviene obligatorio no condenar en costas a la parte vencida.

5. Decisión de segunda instancia.

Conforme al análisis precedente, se impone revocar la sentencia de primera instancia, proferida en audiencia inicial realizada el 30 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual se negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección - UGPP a reconocer y pagar a favor de la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa, la pensión gracia de jubilación, efectiva a partir del 25 de noviembre de 2011 teniendo en cuenta para su liquidación lo que haya percibido por todo concepto, durante el año inmediatamente anterior a aquel en que cumplió los requisitos para tener derecho a la pensión que aquí se reconoce.

No hay lugar a condena en costas a la parte vencida, por las razones expuestas precedentemente.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida en audiencia inicial realizada el 30 de enero de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que denegó las súplicas de la demanda promovida por la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

En su lugar, se dispone:

1. DECLARASE LA NULIDAD de las resoluciones RDP 721 del 10 de enero de 2013, RDP 014450 del 1º de abril de 2013 y RDP 014795 del 3 de abril de 2013 emanadas de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante las cuales negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, condénese a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a reconocer y pagar a la señora Rosa Tulia Rodríguez Ochoa identificada con la cédula de ciudadanía 51.691.311 de Bogotá D.C., la pensión gracia de jubilación a partir del 25 de noviembre de 2011, teniendo en cuenta para su liquidación lo que haya percibido por todo concepto, durante el año inmediatamente anterior a aquel en que cumplió los requisitos para tener derecho a la pensión que aquí se reconoce.

Las sumas que se reconozcan a favor de la parte demandante serán ajustadas en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R = R.HÍndice final
———————
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H), que es lo dejado de percibir por la parte demandante hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada pensional y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

3. No hay lugar a condenar en costas.

4. Dar aplicación en lo que corresponda a los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

6. RECONOCER personería al abogado Andrés Mauricio Sánchez Ortiz, portador de la tarjeta profesional 251.662 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado judicial sustituto de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 152 del expediente.

3.(sic) DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(5) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto de l997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

(6) Folio 2.

(7) Folio 4 e imagen 5169131122 del CD obrante a folio 93.

(8) Folios 5 a 6.

(9) Folio 7.

(10) Folio 8.

(11) Folio 10.

(12) Folio 9.

(13) Folios 13 a 14.

(14) Folios 15 a 16.

(15) Folios 17 a 18.

(16) Folios 5 a 6.

(17) Folio 7.

(18) Se tiene en cuenta la fecha de expedición del certificado de tiempo de servicios, folio 8.

(19) Folios 5 a 6.

(20) Folio 7.

(21) Como se ve para la actora y la señora Rosa Elena Nieto Marroquín.

(22) Para los señores Aydee Álvarez de Marroquín, Ana Sofía Bello Villamarín, Carmen Alicia Gerena Castro, Eddy Elsy Ramírez Castro, Samuel Enrique López Ovalle, Martha Isabel Guevara Rodríguez, Flavia Dorys Acosta, María de la Paz Cifuentes Sabogal y José Levis Barriga Yanken.

(23) Folio 2.

(24) Folio 8.

(25) Folios 13 a 14, fecha de presentación de la petición en orden a que se reconozca la pensión de jubilación gracia hoy pretendida.

(26) Ver sentencias de 6 de octubre de 2011, rad. 2054-2010 y 10 de julio de 2014, rad. 1767-2012.

(27) Folios 13 a 14.