Sentencia 2013-02515 de agosto 5 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 050011102000201302515-01 (10747-25)

Aprobado según Acta de Sala 65

ASUNTO

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, 256 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, esta Superioridad es competente para revisar, en grado jurisdiccional de consulta, las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en

vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también,

para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Procede esta Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda, no evidenciándose irregularidad alguna en la cual concurra causal de nulidad que invalide la presente actuación disciplinaria.

En efecto, el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones en donde se estructuran en términos generales el Código Ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, por tanto el incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho al infringirlas en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la transgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

3. De la Calidad del Inculpado

Se acreditó en primera Instancia mediante consulta realizada en la Unidad de Registro Nacional de Abogados, la condición de abogado del doctor JAIME DE JESÚS ARCILA ZULUAGA , quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía 3.606.537 y es titular de la Tarjeta Profesional N° 21235 (fl. 20 c.o 1ª instancia)

4. Del caso en concreto

Tipicidad

Procede esta Sala a conocer en grado de consulta el fallo sancionatorio proferido contra el abogado JAIME DE JESÚS ARCILA ZULUAGA, en el cual la Sala de Instancia consideró que contaba con elementos probatorios que la condujeron a la certeza de la tipicidad de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable, contenida en el artículo 34 literal e) de la Ley 1123 de 2007, que dispone lo siguiente:

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…)

e) Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común”

Ahora bien, resulta oportuno entonces para esta Superioridad, analizar cada uno de los elementos probatorios recaudados a lo largo de la actuación disciplinaria, tal como se relacionan a continuación:

• El 13 de noviembre de 2003 la sociedad Productora de Insumos S.A. presentó en contra el señor Carlos Rubén Zuluaga demanda ejecutiva la cual fue repartida al Juzgado Civil del Circuito de Santuario con radicado No. 2003-074 en (fls 1 al 7 c.o anexo).

• El 17 de julio de 2006 el señor Julio Ernesto Gómez Gómez suscribió minuta de compra venta con la sociedad Productora de insumos SA en la cual se transferían los derechos litigiosos sobre el proceso ejecutivo radicado No. 2003-074. (fls 108 del c.o 1ª instancia).

• El 19 de octubre de 2009 figuró memorial en el cual el señor Luis Ángel Gómez Ramírez en calidad incidentalista otorgó poder al investigado para solicitar ante el Juzgado Civil del Circuito de Santuario el desarchivo de las diligencias radicadas con el número 2003-074 ( fl 70 c. 1 anexo).

• El 27 de abril de 2010 el señor Julio Gómez Gómez concedió poder al encartado para que lo representara en calidad de acreedor subrogatario en el proceso ejecutivo No. 2003-074 adelantado en el Juzgado Civil del Circuito de Santuario; en auto del 18 de mayo de 2010 ese despacho judicial reconoció personería jurídica al inculpado (fl 110 c.o 1ª instancia).

• El 6 de diciembre de 2010, el señor Luis Ángel Gómez Ramírez (incidentalita en el proceso No. No. 2003-074) otorgó poder al disciplinado para que promoviera demanda de pertenecía en contra del señor Carlos Rubén Zuluaga y otros, el cual se pretendía la prescripción adquisitiva del dominio de los inmuebles con matrículas inmobiliarias 018-66235 y 018-66236. (fls 112-117 c.o 1ª instancia)

Entrando al estudio de esta falta, encuentra la Sala debidamente probado que el inculpado representó los intereses del señor Luis Ángel Gómez Ramírez en el proceso ejecutivo adelantado bajo el radicado N°2003-0074, de conocimiento el Juzgado Civil del Circuito de Santuario en calidad de incidentalista; asimismo, se comprobó que también actuó como defensa técnica del señor Julio Ernesto Gómez Gómez en condición de tercero subrogatario al interior de ese proceso (fls. 110 del c.o 1ª instancia- 70 c.anexo); adicionalmente, se demostró que el profesional del derecho el 23 de noviembre de 2010 promovió en nombre del señor Luis Ángel Gómez Ramírez proceso de pertenencia contra el señor Carlos Rubén Zuluaga en el cual se pretendía la adquisición del bien inmueble embargado en el proceso ejecutivo No. 2003-0074 (fls 112-117 c.o 1ª instancia).

Ahora bien, para esta Superioridad resulta claro, con sustento en las probanzas allegadas de manera oportuna al dossier ( inspección judicial de los rad.2010-048 y 2003-00074) que el abogado investigado representó intereses contrapuesto pues en los dos procesos en los cuales actuó el investigado tenían como propósito la adquisición del bien inmueble con matricula inmobiliaria no. 018-66236 , encontrando esta Sala en grado de certeza que el abogado defendió los intereses de dos partes, incidentalita y acreedor subrogatario quienes reclamaban el derecho sobre el mismo bien recaía en causas civiles totalmente diferentes.

En punto de esta infracción disciplinaria esta Colegiatura ha sostenido, de conformidad a la norma transcrita, que para la configuración de esta falta es requisito sine qua non la existencia de dos extremos contradictorios entre sí, los cuales se contraponen que son el cliente asesorado, patrocinado o representado en primer lugar y la contraparte, no pudiendo el abogado favorecer a uno sin traicionar al otro.

6. Antijuridicidad.

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su artículo 4°, que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado al profesional investigado, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge por parte del inculpado el desconocimiento de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite, impone determinar que se encuentra agotado el presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria.

En efecto, para la Sala resultan suficientes los argumentos y probanzas vertidas al interior del plenario siendo estas la inspección judicial de los proceso 2010-048 y 2003-074 (1 cd record 00:03:15 a 00:22:53), a fin de dilucidar lo que es hoy objeto de consulta, quedando probada la vulneración del deber a la lealtad con los clientes enrostrada en Sede de Instancia al inculpado, pues se logró demostrar que el investigado inicialmente representó los intereses del subrogatario en los derechos litigiosos de un proceso ejecutivo 2003-04 4 en el cual estaba embargado un apartamento con matricula inmobiliaria 018-66236 y posteriormente promovió un proceso de pertenencia radicado 2010-048 a favor del incidentalista a fin de obtener por vía judicial la prescripción adquisitiva del dominio del inmueble fruto de litigio, hechos que fueron probados con la inspección de las causas civiles tramitadas en el Juzgado Civil del Circuito de Santuario.

6.(sic) Culpabilidad.

Requisito necesario para la concreción de la falta disciplinaria es la responsabilidad objetiva, se tiene de la lectura del expediente que el profesional del derecho representó intereses contrapuestos toda vez que constituyó la defensa del acreedor subrogatario en un proceso ejecutivo en el cual se discutía el remate de un apartamento, aunado a esto promovió sucesivamente un proceso de pertenencia en el que igualmente se debatía la obtención del mismo bien como se evidencia de la inspección judicial realizada a los procesos radicados con 2010-480-2003-047 (1 cd record 00:03:15 a 00:22:53), fundamentos que permiten a este Juez Disciplinario realizar el presente juicio de reproche.

En este orden de ideas, tenemos que la conducta dolosa tiene dos elementos esenciales, el cognitivo y el volitivo. El primero hace referencia al conocimiento del hecho, mientras el segundo tiene que ver con la voluntad del sujeto en realizar la conducta objeto de reproche.

De allí, que una conducta para ser calificada como dolosa debe tener un comportamiento tanto cognitivo como volitivo, en donde la exteriorización de voluntad que desencadene en una acción esté preordenada con el conocimiento y el querer, por lo tanto, lejos está una infracción de un deber de cuidado, el convertirse en un hecho imputado a título de dolo.

Ahora, es evidente que dada su condición de abogado, el doctor JAIME JESÚS ARCILA ZULUAGA debió abstenerse de representar intereses contrapuestos pues se demostró que el abogado fungió como representante judicial del acreedor subrogatario en el proceso ejecutivo No. 2003-074, y sucesivamente en calidad de abogado del incidentalista promovió proceso de pertenecía en el cual se reclamaba el dominio del mismo bien inmueble, defraudando así a la administración de justicia, y los intereses de uno de sus representados, pues se itera los procesos en los cuales sus clientes eran interesados iban encaminados a la obtención material del bien inmueble con matricula No. 0818-62235 y 018-

66236 , además, al interior del infolio no figuraron elementos por los cuales se pudiera eximir de responsabilidad al togado

7. Dosimetría de la sanción a imponer:

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción se requiere tener en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada al investigado establece el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 cuatro tipos de sanciones, la censura, suspensión, exclusión, y la multa la cual se impone de manera autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación allí establecidos.

Teniendo en cuenta la trascendencia social, modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por el doctor JAIME DE JESUS ARCILA ZULUAGA, a quien se le exigía lealtad con su cliente, la sanción de DOS MESES EN EL EJERCICIO DE PROFESIÓN impuesta en la sentencia consultada, cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto, pues el profesional del derecho actuó de manera dolosa al representar a dos partes que tenían interés sobre el mismo bien inmueble, además no registró antecedentes disciplinarios.

Ahora, en el caso bajo examen, la sanción impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, asegurándose igualmente el principio de

legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario (Art. 3º Ley 1123 de 2007).

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993.

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Antioquía, el26 de marzo de 2015, mediante la cual sancionó con DOS MESES DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN al abogado JAIME DE JESÚS ARCILA ZULUAGA, identificado N° 36.066.537 y tarjeta profesional No. 21235 vigente del C.S. de J., tras hallarlo responsable de la falta descrita en el artículo 34literal e) de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia consultada, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Antioquía, el 26 de marzo de 2015, mediante la cual sancionó con DOS MESES DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION al abogado JAIME DE JESÚS ARCILA ZULUAGA, identificado N° 36.066.537 y tarjeta profesional No. 21235 vigente del C.S. de J., tras hallarlo responsable de la falta descrita en el artículo 34literal e) de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

TERCERO: COMISIÓNESE al Magistrado Sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia con facultades para subcomisionar, para que en el término legal, notifique al disciplinado de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a ésta Corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notífiquese y cúmplase».