Sentencia 2013-02582 de diciembre 10 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 110011102000201302582 01 (10496-23)

Aprobado según acta de Sala Nº 101

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón De Gómez

Bogotá, D.C., diez de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 1996 y 59-1 de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta Colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

Cabe agregar que si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, se enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

Mediante certificación visible a folio 139, la Unidad del Registro Nacional de Abogados certificó la calidad de abogado del ciudadano PEDRO VICENTE PARRA HENDE, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 79.910.449 y tarjeta profesional 119.360, vigente (fl. 16, cdno. 2ª Inst.).

3. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

4. Marco normativo.

Conforme quedó consignado en la sentencia de primera instancia, al abogado PEDRO VICENTE PARRA HENDE se le sancionó por las faltas descritas en el numeral 2º y 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, que a la letra señalan

“(…) ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

2. Promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho.

“(…).

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad (…)”.

5. De la tipicidad.

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la Sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’(2).

(…).

De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’(3). Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(4).

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)(5).

Con todo, el mismo Alto Tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’(6).

(…) En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios”(7).

Previo a pronunciarse la Sala frente a la tipicidad o materialidad de las conductas deducidas; esta superioridad desde ya debe manifestar que en el caso concreto no es posible la existencia de concurrencia jurídica de las faltas imputadas al disciplinado en el pliego de cargos, toda vez que la contenida en el numeral 2º termina siendo subsumida en la estipulada en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, como se procede a explicar.

Cabe recordar que el anterior fenómeno procesal se presenta cuando una las faltas ofrece especialidad descriptiva frente a otra de las imputadas y en tal situación una desaparece al interior de los contenidos normativos de la primera de tales figuras, reduciéndose la imputación y el debate probatorio a uno sólo de los reproches normativos elevados, puesto que proceder en sentido contrario, implica sancionar dos veces por el mismo hecho, toda vez que se trata de un solo componente ontológico el que se reprocha, siendo necesario realizar la imputación de cara a la norma que de forma particular y concreta regula los hechos indagados de forma específica; sin que por ello exista nulidad.

Por lo anterior, la conducta de promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho, de cara a los elementos de prueba examinados constituye el instrumento o vehículo para ejecutar los actos fraudulentos; y así habrá de entenderse en la parte motiva de esta decisión la conducta examinada por el a quo y prevista en el numeral 2º del artículo 33, como un todo encaminado a ejecutar y consumar los actos fraudulentos.

Por lo anterior la Sala al subsumir la conducta prevista en el numeral 2º del artículo 33 en la descrita en el numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, absolverá al investigado del cargo formulado por la conducta prevista en el numeral 2º del artículo 33.

En ese orden, se tiene que el abogado investigado presentó demanda reivindicatoria en contra de la señora MARÍA PAULINA CUY REYES a sabiendas que el contrato de compraventa objeto del referido proceso era de confianza y por tal razón no había existido una venta real entre el señor VICENTE GIL GÓMEZ y la señora LAUDIZ LEIGH WILCHES.

Igualmente y de cara a los actos fraudulentos, esta corporación encontró su materialidad inicialmente en la demanda reivindicatoria y demás actuaciones subsidiarias a ésta impulsadas por el abogado investigado, visibles en el cuaderno anexo 1, folios 1 al 172.

Cabe agregar, que el elemento del conocimiento del acto fraudulento; surge en la inferencia lógica y razonable reflejada en que si éste no hubiese conocido de la simulación, tal como lo advirtió el Ministerio Público, entre la señora LAUDIZ LEIGH WILCHES PATIÑO (su mandante) y el señor VICENTE GIL GÓMEZ ( quien pagaba sus honorarios) habría demandado a este último directamente y no a la excompañera permanente de éste, señora MARÍA PAULINA CUY REYES, por cuanto quien podía dar cumplimiento al presunto contrato de compra y venta de inmueble era señor GIL GÓMEZ.

El anterior presupuesto fáctico de enorme relevancia para la investigación, surge como hecho indicador —en términos de prueba indirecta— para concluir que la venta nunca existió, de tal manera que lo pretendido por el investigado era lograr exonerar al señor Vicente Gil Gómez del pago de los alimentos debidos a su descendiente, al no tener ningún bien en su haber con el cual responder; de allí la razón que se hubiese hecho uso de un ardid, para no demandar, se insiste, a quien debía demandar.

La Sala debe destacar como presupuesto nuclear del acto fraudulento que el abogado investigado según las reglas de la experiencia del derecho, debió perseguir en la defensa de los presuntos intereses de su mandante a la persona que supuestamente se había obligado y presuntamente había recibido los $ 45.000.000, objeto del negocio, y no obstante ello, extrañamente, se determinó por demandar a la persona totalmente ajena al contrato celebrado; circunstancia ésta la cual devela que el abogado si conocía las consecuencias de su actuar ilícito, porque en otra circunstancias, tal como lo advirtió el Ministerio Público, le habría parecido extraño y hubiese opuesto resistencia; ante la exótica situación de perseguir los dineros que interesan al cliente, a través de una persona, se insiste, totalmente ajena al contrato celebrado; aspectos éstos los cuales fueron evidentes y destacados en el acápite de sentencia consultada, que evidencian los actos fraudulentos.

Así la cosas, considera la Sala que se encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado imputadas al acusado contenidas en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, pues es evidente la incursión del abogado investigado en la descripción típica transcrita; la cual a su vez devela, evidente desprecio por parte del togado del deber que le imponía de obrar con rectitud y lealtad en procura de una adecuada administración de justicia(8).

6. Antijuridicidad.

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, para que una conducta típica merezca reproche, es preciso que vulnere alguno de los deberes funcionales de los abogados:

“ART. 4º—Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.

Con respecto a la antijuridicidad como presupuesto de la sanción disciplinaria, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-181 de 2002 que “la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado”.

De forma semejante, en la Sentencia C-948 de 2002 el mismo Alto Tribunal indicó que el derecho disciplinario busca asegurar el cumplimiento de los deberes legales atribuidos a los funcionarios públicos o a los particulares que desarrollan actividades de interés general:

“La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones(9). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas”(10).

La Sala de instancia estimó que la conducta del abogado inculpado quebrantó el deber profesional vertido en el artículo 28 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007 (fl. 203, c.o. 1ª Inst.), cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…).

6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado”.

En este sentido, el juez disciplinario de primer grado consideró que el encartado desconoció sus obligaciones frente a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, al haber promovido una actuación manifiestamente contraria a derecho, utilizada como instrumento, para defraudar los derechos de la señora MARÍA PAULINA CUY REYES y su descendiente, a través de una acción reivindicatoria la cual a la postre, tal como lo coligió la juez de instancia en sentencia, derivó en actos de simulación ante cuya evidencia fue necesaria la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación (fls. 152-161, c.a.).

Cotejado lo anterior por parte de esta Superioridad surge como evidente el actuar antijurídico del abogado.

Así las cosas, queda demostrado el injustificado incumplimiento a sus deberes por parte del abogado PEDRO VICENTE PARRA HENDE, de los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado.

7. Culpabilidad.

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete la conducta, dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento.

En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

Para el caso concreto del dolo en el ámbito disciplinario, su identificación supone tanto el conocimiento de la tipicidad de la conducta como la voluntad o decisión de llevarla a cabo. Al respecto, la Corte Constitucional retomó en la Sentencia T-319A de 2012 la doctrina sentada en torno a este componente subjetivo del injusto, al determinar:

“[L]a Corte considera pertinente destacar las aproximaciones que se han hecho, desde la doctrina, a la definición del dolo en materia disciplinaria. La Corte destaca, en esta ocasión, la elaborada por la Procuraduría General de la Nación:

El dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar en contravía a éste; por tanto, el conocer ya involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a eso se realiza la conducta, es porque efectivamente quiere el resultado’(11).

La doctrina, por su parte, ha propuesto partir de la definición que otras disciplinas hacen del dolo, asociándolo con la intencionalidad y el saber, en los mismos términos planteados por la procuraduría. Al respecto, se ha dicho:

‘Tratándose del dolo en materia disciplinaria, se parte de una presunción, de estirpe constitucional, consagrada en el artículo 122 de la Carta, según el cual el funcionario, al momento de asumir sus funciones, se compromete solemnemente a cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos que rigen la función o el servicio que va a desempeñar. Eso significa que entiende el compromiso que adquiere y que se obliga, no solo a observar las normas, sino a tener conocimiento de ellas y de la manera en que deben aplicarse

(...).

Por lo anterior se afirma que el servidor público soporta una carga mayor y superior en materia de responsabilidad y que para excusarse de cumplir con sus postulados, debe probar, de manera fehaciente, que ha sido contra su querer o ajena a su voluntad la actuación que vulnera el ordenamiento, o que su propósito fue diferente al conseguido, o que actuó suponiendo unos resultados pero sobrevinieron unos diferentes(12) (énfasis fuera de texto).

Ahora bien, en reiteradas oportunidades esta colegiatura ha sostenido que el tipo disciplinario endilgado al profesional del derecho-falta contra la recta administración de justicia por parte de un abogado materializada en el presente asunto, al aconsejar, patrocinar e intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, son comportamientos ontológicamente de naturaleza dolosa por cuanto exige pleno conocimiento, intención y voluntad de representarse un comportamiento jurídicamente desvalorado.

En el asunto en comento, es evidente para esta corporación que dada la condición de abogado del investigado, era plenamente conocedor que impulsar un proceso reivindicatorio bajo las citadas circunstancias a todas luces contrarias a derecho y en detrimento de los intereses de la ciudadana María Paulina Cuy Reyes y la hija de ésta, procreada en la relación marital con el señor Vicente Gil Gómez.

Por tanto la Sala debe concluir, de cara al elemento examinado que en el presente caso se predica del acusado un comportamiento por naturaleza doloso, si se tiene en cuenta que se aprovechó de su condición de abogado y mandatario judicial de la ciudadana LAUDÍZ LEIGH WILCHES; para coadyuvar el ánimo del señor Vicente Gil Gómez de insolventarse; para incurrir con ello en las actuaciones que la Sala ha descrito en el apartado de la tipicidad.

8. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción deben tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada al inculpado, consagra el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el abogado PEDRO VICENTE PARRA HENDE a quien, de cara al mandato constitucional previsto en el artículo 229 Superior se le exigía colaborar para el buen desempeño de la administración de justicia y no incurrir en actos fraudulentos utilizando como instrumento un proceso de naturaleza civil; la sanción de suspensión impuesta en la sentencia objeto de consulta cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado conocer, promover y respetar las normas consagradas en la referida ley no sólo con el compromiso en el asunto bajo examen, sino como uno de los principales deberes del abogado previsto en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

Cabe destacar que la conducta disciplinaria desplegada por el abogado PEDRO VICENTE PARRA HENDE, encarna una enorme gravedad y perturbación social de la comunidad que espera de los abogados un comportamiento respetuoso del ordenamiento jurídico; y no encaminado a utilizar los instrumentos legales para defraudar los intereses de terceros; por ello la Sala considera que la sanción pudo ser mayor, de no ser porque el investigado carecía de antecedentes disciplinarios.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con suspensión al implicado, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado.

Ahora, en el caso bajo examen, la sanción de suspensión impuesta, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, asegurándose igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, lo cual justifica la sanción disciplinaria de sanción impuesta a la disciplinada; ello acorde a lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993, donde en uno de sus apartes se determinó:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Así las cosas, resulta imperativo para esta colegiatura REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia consultada proferida el 20 de octubre de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión al abogado PEDRO VICENTE PARRA HENDE como autor responsable de las faltas previstas en los numerales 2º y 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; para en su lugar absolverlo del primer cargo y confirmar en lo demás la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá del 20 de octubre de 2014, en cuanto al cargo de la falta contenida en el artículo 33 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar ABSOLVER al Abogado PEDRO VICENTE PARRA HENDE del citado cargo, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

2. CONFIRMAR, en los demás la sentencia consultada proferida el 20 de octubre de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión al abogado PEDRO VICENTE PARRA HENDE quien se identifica con cédula de ciudadanía 79.910.449 y tarjeta profesional 119.360, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; conforme lo expuesto en la parte motiva.

3. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

4. Por la secretaría judicial de la Sala, notifíquese la presente decisión en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007. Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»

2 Ibídem.

3 Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

4 Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

6 Sentencia C-404 de 2001, reiterado en Sentencia C-818 de 2005.

7 Ver sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.

8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-393 de 2006

9 En reiterados pronunciamientos esta Corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Corte Constitucional. Sentencia C-341-96, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional. Sentencia C-712.01, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

10 Ver Sentencia C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.

11 Lo trascrito es doctrina reiterada de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, según consta en el fallo disciplinario de segunda instancia de radicado 049-7324-08.

En dicha providencia, la delegada se refirió, también, al criterio que ha expuesto sobre el tema la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, al precisar que, “En materia disciplinaria el dolo está integrado por los elementos de conocimiento de los hechos, conocimiento de la ilicitud de la conducta y la representación del resultado, en este ámbito el conocimiento de las circunstancias fácticas, más el conocimiento de la prohibición ya son suficientes para atribuir la conducta a título doloso. Ello implica la accidentalidad o eventualidad del elemento representación y también del elemento voluntad que son propios del derecho penal”.

12 Brito Ruiz, Fernando. Régimen Disciplinario. Procedimiento ordinario, verbal, pruebas. Legis Editores S.A., Cuarta Edición, 2012.