Sentencia 2013-02669 de junio 15 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000201302669 01/3510/A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 56, de la misma fecha

Bogotá D.C., quince de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(8), el 28 de agosto de 2014, mediante el cual sancionó con tres (3) años de suspensión de la profesión y multa de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el año 2013, al abogado Luis Gustavo Rodríguez Velasco, como autor responsable de las faltas a la ética profesional previstas en el numeral 4º del artículo 30 y literal d) del artículo 34; ambas de la ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “...los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el togado.

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo por faltar a los deberes de honradez, lealtad y buena fe de la profesión consagrados en numeral 4º del artículo 30 y literal d) del artículo 34, de la ley 1123 de 2007, preceptos cuyo tenor literal es el siguiente:

“(...). ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión: (...). 4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión. (...)”.

“(...). ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente: (...).d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos; (...)”.

Del escrito de queja, como de su ampliación y las demás pruebas allegadas al proceso, se tiene que en efecto el abogado recibió poder de parte del quejoso, para adelantar proceso ejecutivo hipotecario, al cual le correspondió el Nº 2012-00845, dentro del cual el quejoso aportó consignaciones por valor de $ 4’234.500.00 pesos, que el togado había recibido de las demandadas, por arreglo que realizó de manera privada, sin que lo diera a conocer, ni su cliente, ni al juzgado de conocimiento, lo que efectivamente se configura en vulneración de los deberes consagrados en los numerales 8º, 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, como son el deber de lealtad y honradez para con su cliente, la diligencia que debe guardar el togado en los procesos de que se hace cargo y el mantener informado a su cliente de la evolución del asunto, deberes que resultan vulnerados por las conductas asumidas por el togado en el proceso ejecutivo que se hizo referencia y que es objeto de estudio; lo anterior hace que sus conductas encuadren en la falta descrita en el numeral 4º del artículo 30, del CDA, en la medida que no solo retuvo el dinero de su cliente, sino que no informó al Juzgado sobre el acuerdo logrado con las demandadas y además tampoco reportó al cliente y al Juzgado sobre los dineros recibidos, actuación desleal y de mala fe, para con el juzgado y su cliente; la Sala encuentra ajustado a derecho el que de conformidad con las pruebas allegadas, era de mayor riqueza descriptiva el numeral 4 de artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, que la contemplada en el numeral 4º del artículo 35, ibídem, por lo que indicó que esta última falta se debía revocar, criterios que se ajustan a las circunstancias fácticas y por tal razón será objeto de confirmación por parte de esta Sala, como en efecto se hará.

En cuanto al deber descrito en el literal c) del numeral 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, endilgada al disciplinable, esta Sala observa que el hecho de no informar de manera oportuna a su cliente de la celebración de la audiencia del 14 de febrero del 2014, dentro del proceso de impugnación de paternidad 2012-00384 y adicionalmente no informar de manera oportuna a su cliente sobre el acuerdo celebrado con las demandadas dentro del proceso ejecutivo hipotecario 2012-00845, y mantenerlo informado sobre la evolución del mismo, no solo encuadra dentro de la descripción del deber descrito en la norma antes citada, sino que a su actuar se le debe endilgar al disciplinado la falta descrita en el literal d) del artículo 34 del CDA, como lo atribuyó el a quo, por lo que también será objeto de confirmación.

Las faltas descritas en los dos párrafos anteriores fueron calificadas a título de dolo, criterio con el cual coincide esta Colegiatura, por cuanto el actuar del togado fue hecho con conocimiento de causa y con el propósito de alcanzar los fines propuestos, por lo que dentro del plenario no existe ningún tipo de justificación que amerite ser cambiada por esta Sala, por lo que también será confirmada.

Esta Sala no comparte los argumentos expuestos por el disciplinado, cuando sostiene que no se le permitió ejercer su derecho a la defensa, pues tuvo todo el tiempo que duró el proceso, el cual fue objeto de notificación a las direcciones registradas, y sin embargo no compareció, y en aras a las garantías exigidas por el disciplinable el a quo le nombro defensora de oficio la cual actuó dentro de todo el proceso presentando pruebas y solicitando otras, con una participación activa dentro del mismo, por tal razón, estas insatisfacciones entregadas no serán objeto de modificación.

Tampoco es de recibo la argumentación en el sentido de que no existía prueba para determinar que efectivamente él recibió el dinero que el quejoso manifiesta, pues los recibos allegados a folios 3 al 5 del c. o. de primera instancia, son contundentes al aparecer el número de la cuenta la fecha de la consignación con sello del Banco y adicionalmente los extractos bancarios donde aparecen las consignaciones de las entregas de que hace referencia con anterioridad y coinciden el valores, prueba que resulta irrefutable y confirmatoria no solo del dinero consignado, sino del arreglo que el togado tenía con las demandadas y que no reportó ni al juzgado, como tampoco al cliente, situación que resulta de la mayor importancia para las resultas del proceso disciplinario, y por tal razón la Sala no hará eco de las reclamaciones que en este sentido ha expresado el disciplinable.

La valoración de la prueba debe observarse desde su integridad y observando el centro de atención sobre el objeto de queja, por tal razón es el juez el que en su leal saber y entender y con el conocimiento inmediato y directo de las diferentes pruebas, evalúa y decide acorde con el criterio de la sana crítica y utilizando los elementos probatorios allegados al proceso utilizará aquellos que refuercen o den la mayor certidumbre posible para tomar una decisión en derecho, como en efecto lo ha realizado esta Colegiatura y que es coincidente a la que llegó el a quo.

Teniendo en cuenta la actuación surtida en el plenario, permite tener certeza que las conductas por la que resultó estar inculpado el abogado Luis Gustavo Rodríguez Velasco, las cuales lo hacen estar incurso en las faltas endilgadas y por tanto resultó sancionado el togado, se presentó, siendo la persona responsable de las mismas y cometida en la modalidad dolosa, por cuanto a sabiendas que tenía la obligación de actuar de manera apropiada, con honradez y de buena fe, y en forma leal no lo hizo, y en sus argumentaciones de defensa no se encontró ningún elemento que atenuara siquiera su conducta, por lo que esta Colegiatura lo encuentra responsable por tal razón se confirmara.

En lo atinente a la dosificación de la sanción, de tres (3) años de suspensión en el ejercicio de la profesión, y multa de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues, obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad el comportamiento investigado; analizados los múltiples de antecedentes que registra el disciplinado anteriores a la comisión de la falta; la modalidad dolosa de la conducta y de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1º—CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(9), el 28 de agosto de 2014, mediante el cual sancionó con tres (3) años de suspensión de la profesión y multa de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el año 2013, al abogado Luis Gustavo Rodríguez Velasco, como autor responsable de las faltas a la ética profesional previstas en el numeral 4º del artículo 30 y literal d) del artículo 34; ambas de la Ley 1123 de 2007; conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR personalmente al disciplinado, para lo cual se comisiona al Seccional de Instancia, en caso de su imposibilidad proceder conforme a las maneras subsidiarias de ley.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

8 Magistrados: Sergio Sánchez (Ponente) y Jorge Eliecer Gaitán Peña

9 Magistrados: Sergio Sánchez (Ponente) y Jorge Eliecer Gaitán Peña.