Sentencia 2013-02732/10517-24 de septiembre 16 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 050011102000201302732 01 (10517-24)

Aprobado según Acta de Sala 77

Bogotá D.C., dieciséis de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3 de la Constitución Política y 112 numeral 4 de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en segunda instancia de las sentencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La calidad de abogada está demostrada con la certificación del Registro Nacional de Abogados, en la cual se enuncia que María Eugenia Jiménez Vargas, está inscrita como profesional del derecho (fl. 5 c. o. primera instancia).

3. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

Corresponde entonces a la corporación decidir si con las pruebas real y oportunamente allegadas al expediente disciplinario se encuentra demostrada la materialidad u objetividad de las faltas endilgadas a la abogada María Eugenia Jiménez Vargas, conforme a los cuales el a quo la consideró responsable de la falta descrita en el numeral 6 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, así:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

6. No expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos.

Se deduce del acopio probatorio que a la abogada María Eugenia Jiménez Vargas el 10 de noviembre de 2010 le fue conferido poder por la señora María Otilia Tabares Sánchez para asumir su representación judicial, instaurando el 18 del mismo mes y año la demanda divisoria contra Regina Buriticá Sánchez, proceso que fue tramitado ante el Juzgado Civil del Circuito de La Ceja - Antioquia. (fls. 1 a 6 anexo I)

Asimismo, obra en las copias allegadas las actuaciones al interior del mencionado proceso, tales como:

i) Trámites pertinentes para la notificación de la demanda (fl. 69 anexo I);

ii) El 20 de marzo de 2012, el referido Juzgado mediante auto interlocutorio decretó la división material del inmueble objeto de litigio (fls. 70 a 73 anexo I);

iii) Mediante escrito allegado el 27 de marzo de 2012, la investigada comunicó al Despacho la imposibilidad de nombrar perito de mutuo acuerdo (fl. 73 anexo I);

iv) Por auto del 28 de marzo de 2012, el despacho judicial nombró a Jorge Ruiz López como partidor;

v) El 15 de mayo de 2015, como gastos de la prueba pericial el Juzgado fijó la suma de $3.750.000 (fl. 80 c.o primera instancia).

vi) En escrito del 4 de agosto de 2013, el partidor Jorge Ruiz López precisó que la señora María Otilia Tabares Sánchez le entregó la suma de $3.500.000, explicando la necesidad de sufragar lo concerniente al impuesto predial (fls. 100 a 103 anexo I); vii) en memorial del 27 de agosto de 2013, la disciplinada allegó copia del recibo de pago de honorarios al secuestre el 19 de julio de 2012. (fl. 114 anexo I).

viii) El 16 de diciembre de 2013, el Juzgado negó la renuncia presentada por el auxiliar de la justicia (fl. 161 anexo I).

ix) Mediante escrito del 28 de enero de 2014, la disciplinada solicitó requerir al auxiliar de la justicia la presentación del trabajo de partición (fl. 177 anexo I);

x) Por auto del 5 de febrero de 2014 fue reemplazado el partidor (fls. 181 a 183 anexo I).

xi) De acuerdo al informe allegado por el estrado judicial, el 8 de julio de 2014 la actuación se encontraba a la espera de la rendición del trabajo de partición. (fls. 70 y 71 c.o primera instancia).

3.1. De la apelación.

Ahora bien, en relación de los argumentos expuestos por la disciplinable, procederá esta colegiatura a referirse a ellos, a efectos de determinar si la conducta de la profesional del derecho María Eugenia Jiménez Vargas, consistente en no expedir los recibos por concepto de pago de honorarios a la quejosa, se enmarca dentro de la falta prevista en el artículo 35 numeral 6 de la Ley 1123 de 2007.

Esta corporación, en relación con el primer punto, cimentado en la indebida valoración de lo declarado por la quejosa, tomándolo como única prueba para sancionar, habrá de señalar que la sentencia debe fundarse en el acervo probatorio legal, regular y oportunamente allegado a la actuación, apreciado en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y observando los principios rectores del debido proceso y presunción de inocencia.

En tal sentido, estima esta corporación que la prueba recaudada no contiene suficientes elementos de juicio para pregonar la certeza de la responsabilidad de la profesional del derecho María Eugenia Jiménez Vargas, en la comisión de la falta atribuida, advirtiendo como lo precisó la representante del Ministerio Público, contradicción en el dicho de la señora María Otilia Tabares Sánchez.

Nótese en primer lugar, como en el escrito origen de las presentes diligencias, la quejosa aseveró haberle entregado directamente a su abogada los honorarios del partidor, sumas respecto de las cuales adujo no le extendió ningún recibo; sin embargo, como a bien se tuvo reseñar, en el expediente tramitado en el Juzgado Civil Circuito de La Ceja - Antioquia, reposa el recibo expedido el 19 de junio de 2012 por el auxiliar de la justicia Jorge Ruiz López, en el cual claramente consignó haber recibido de la denunciante $3.500.000 (fl. 114 anexo I).

Tampoco fue valorado por el seccional de primer grado, que en la diligencia de ampliación de queja vertida ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Retiro, la señora María Otilia nuevamente se contradijo, pues señaló haber suscrito contrato de prestación de servicios con la disciplinable por la suma de $10.000.000, respecto de lo cual fue acreditado por la abogada Jiménez Ramírez que lo pactado eran $2.000.000.

Menos aún se tuvo en cuenta la renuencia por parte de la denunciante de recibir copia del documento ni del escrito de rendición de informe del estado del proceso ni el desconocimiento de María Otilia respecto de la devolución de los dineros por parte del perito, pues con vehemencia refirió haber acudido al juzgado donde constató que su apoderada tenía “parado” el proceso, pero dijo desconocer tan importante circunstancia, relacionada estrechamente con los hechos materia de inconformidad: la devolución de los dineros entregados como honorarios al auxiliar de la justicia.

Por otro lado, es claro y así lo confirmó la propia querellante, que en algunas ocasiones la acompañó el señor Hernando Adolfo Restrepo Buriticá, quien fue escuchado en declaración en dos oportunidades: en la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 25 de junio de 2014 y en la audiencia de juzgamiento llevada a cabo el 5 de noviembre del mismo año. Acerca de lo manifestado por el testigo, se dejó de apreciar por parte del Juez Disciplinario de primera instancia lo concerniente a que la abogada investigada les indicó las pautas para la cancelación de los honorarios del partidor, enviándole directamente al Juzgado de Conocimiento.

De otro lado, el referido testigo recordaba que la denunciante le entregó a la abogada lo acordado por adelantar el proceso, sin precisar si les expidió recibo, hecho calificado por el seccional como contradictorio, porque al inicio de su declaración éste señaló que no los extendió (recibos), sin embargo al minuto 12.04 pista 2 cd 2, el señor Hernando Adolfo corroboró lo concerniente al pago de los honorarios de la abogada en cuotas y en la misma diligencia aclaró su respuesta, en el sentido de no estar presente ni recordar si fue expedido el recibo, luego a más de contradictorio, es evidente que el dicho de aquél resultaba coherente, pero fue excluido sin apreciar en conjunto su exposición; además, las contradicciones de la quejosa, ni siquiera fueron tenidas en cuenta, menos la beligerancia de aquella a recibir los documentos de manos de la abogada en la diligencia celebrada el 27 de agosto de 2014. (fl. 88 a 92 c.o. primera instancia).

Referente al segundo argumento, esgrimido por la recurrente, específicamente la interpretación extensiva que del tipo disciplinario hizo la Sala a quo, al equiparar el verbo rector expedir con conservar o guardar copias de los recibos a un mismo hecho y que existía jurisprudencia referente a que esta forma de decidir está proscrita, especialmente en materia sancionatoria, estima esta colegiatura que en este caso realmente se aprecia que por parte de la Sala de instancia se juzgó a la abogada implicada, sin certeza de la situación fáctica endilgada, tampoco se apreció en conjunto el acervo recaudado, pues habiéndole reconocido, con en efecto se observa en el expediente del proceso divisorio agrario, la diligente actuación de la profesional del derecho, le atribuye la falta por no tener el cuidado de guardar copia de los comprobantes de los abonos de sus honorarios, más cuando como se evidenció, la denunciante incurrió en varias contradicciones, culpando de la parálisis del expediente a su apoderada, manifestando haber celebrado contrato por la suma de $10.000.000 cuando en realidad había sido por valor de $2.000.000, señalando haber acudido con cierta frecuencia al despacho judicial, pero sin conocer la devolución de los honorarios por parte del partidor, aseverando haberle entregado los dineros del auxiliar de la justicia a la abogada acusada, sin embargo, quedó plenamente demostrado que ella se los dio directamente al auxiliar de justicia Jorge Ruiz López.

Luego entonces, así como sucesivamente incurrió en contradicción la señora María Otilia Tabares Sánchez, incluso mencionando la realización de reuniones a su espalda, sin precisar cómo se enteraba de las mismas, evidenciándose agresividad en las respuestas suministradas en la diligencia del 27 de agosto de 2014, lo cierto es que también es posible que la inculpada le expidiera los recibos y aquella no los allegara, o ni siquiera recordara tal hecho, así como acaeció con las sumas entregadas por ella directamente al partidor.

En este orden de ideas, considera esta corporación que conforme a la sana critica, el Juez tiene libertad para apreciar el valor o grado de eficacia de las pruebas producidas, pero ello no implica que se le autorice para valorar arbitrariamente, sino que por el contrario, le exige que determine el valor de las mismas haciendo un análisis razonado de ellas, siguiendo las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano, consecuencia de lo cual se exige fundar sus sentencias y expresar las razones por las cuales concede o no eficacia probatoria a una prueba.

Así las cosas, analizado el acervo obrante en la actuación, la diligencia profesional desplegada por la abogada investigada, las contradicciones en el dicho de la denunciante, la documental con la cual acreditó sus descargos la profesional del derecho acusada, la Sala REVOCARÁ la sentencia apelada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, el 15 de enero de 2015 mediante la cual se sancionó con censura a la abogada María Eugenia Jiménez Vargas, por la comisión de la falta prevista en el numeral 6 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar ABSOLVERLA de dicho cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia apelada proferida el 15 de enero de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual fue declarada disciplinariamente responsable la abogada María Eugenia Jiménez Vargas, de la comisión de la falta consagrada en el numeral 6 artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, imponiéndole sanción de censura, para en su lugar ABSOLVERLA de dicho cargo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Comisiónese al magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, para que notifique a las partes de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al consejo seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».