Sentencia 2013-03055 de diciembre 11 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 11001010200020130305500/2154C

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 93 de la fecha

Bogotá D.C., once de diciembre de dos mil trece.

Asunto

Procede la Sala a dirimir el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasión de la demanda de reparación directa interpuesta a través de apoderado judicial por los señores Disemina Henao, Luis Gonzalo Henao Molano, Deisy Henao de Ramos, Pastora Henao Henao, Tomas Adrián Henao Henao, María Isabel Henao Henao, Faride Henao Henao, Martha Inés Henao Henao y Hernando Henao Henao, en su calidad de padres y hermanos respectivamente de Luis Gonzalo Henao Henao, quien falleció trágicamente el 27 de abril de 1996 contra la Electrificadora del Meta S.A. - ESP.

Hechos

A través de apoderado judicial, los señores Dioselina Henao y otros, entablaron acción de reparación directa ante el juez administrativo de reparto de Villavicencio, con el fin de que se declare a la Electrificadora del Meta S.A. - ESP responsable de la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao ocurrida el 27 de abril de 1996; y como consecuencia de ello, se le condenara a pagar solidariamente a cada uno de los actores, por concepto de los perjuicios morales infligidos a ellos el equivalente legal a un mil gramos oro para cada uno, según lo certificado por el Banco de la República; e igualmente la cancelación de los perjuicios materiales ocasionados por motivo del hecho.

Los sucesos por los cuales se está solicitando la declaratoria de responsabilidad y condenas, se refieren a que el señor Luis Henao Henao, fue contratado por el señor José Luis Álvarez Guevara, para intercalar unos postes de redes de energía eléctrica en la obra contratada por la Constructora Llano 200 Limitada, a efectos de ampliar la conexión del servicio en el sector, conforme a la autorización que para dicha labor obtuvo de la Electrificadora del Meta S.A. ESP, pues para tal ejecución era preciso des energizar el sector y por ende se requería de la participación del personal de dicha entidad.

La autorización concedida por la entidad demandada, se dio para el 27 de abril de 1996 a la hora de las 5:00 a.m., sin embargo por cuestiones de luminosidad se empezaron las labores a las 5:30 a.m. con la asistencia del maestro de obra de la urbanización, el ingeniero de la demandada y otros dos empleados; seguidamente siendo ya las 7:00 a.m. y al haberse intercalado algunos postes, el señor Henao Henao tenía que conectar los puentes, y estando confiado en la des energización y en lo expuesto por los empleados de la entidad pasiva, la misma fue defraudada por cuanto equivocaron el procedimiento, no cumplieron con la misión, y llevaron al citado señor a un accidente fatal e injustificable, ya que al conectar el poste fue sorprendido con una fuerte descarga eléctrica.

Actuación procesal

El 12 de febrero de 1998, le correspondió el conocimiento de estos hechos al Tribunal Administrativo del Meta, quien por auto del 5 de ese mismo mes y año, admitió la demanda y le dio el impulso procesal pertinente, como notificar al ente demandado y práctica de pruebas para el esclarecimiento de los hechos; empero a raíz de la implementación de los juzgados administrativos, el caso fue remitido el 23 de agosto de 2006, al Juzgado Primero Administrativo del Meta, quien por auto adiado del 1 de septiembre de la misma anualidad, avocó el conocimiento del caso.

Dicho ente judicial, continuó con el trámite procesal del proceso; empero atendiendo lo ordenado en los artículos primero y segundo del Acuerdo PSA11-117 del 2 de septiembre de 2011, se remitieron las diligencias al Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Villavicencio; quien también aplicando lo previsto en el Acuerdo PSAA11-8640 del 19 de septiembre de 2011 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Acuerdo PSA11-124del 21 de septiembre de 2011, ordenó el envío del caso al Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, ente judicial que por auto adiado del 15 de mayo de 2012, se declaró incompetente para conocer la demanda, y dispuso la remisión del expediente a los juzgados civiles del circuito (reparto) para que avocara su conocimiento.

Tal decisión se fundó en las siguientes consideraciones:

“(...) En el año 1997, época de la presentación de la demanda, se encontraba vigente el Decreto 3130 de 1968 “Por el cual se establece el régimen aplicable a las entidades descentralizadas...”, donde se incluye a las sociedades de economía mixta, como objeto de su regulación. Esta norma que en su artículo 31 establecía que la jurisdicción competente para conocer las controversias que surgieran con ocasión de la actividad comercial e industrial de los estas empresas, era la jurisdicción ordinaria, salvo las que se originen en desarrollo de funciones públicas cuando la ley les haya confiado esa función, siendo esta últimas del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, caso en el cual actuará mediante actos administrativos.

Esta norma tuvo vigencia hasta que se expidió el día 29 de diciembre de 1998 la Ley 489 de 1998, la que en su artículo 21, la derogó expresamente. Sin embargo, la Ley 489, no estableció una norma equivalente como la que establecía el Decreto derogado 3130, en el sentido de determinar la jurisdicción competente que dirimiría las controversias en los que estuviera involucrada una sociedad de economía mixta (sin distinguir porcentajes de participación pública), razón por la cual, frente a las sociedades de economía mixta, con posterioridad a 1998, se debía acudir a la cláusula general de competencia establecida en artículo 97, que estableció que el desarrollo de sus actividades se sujetan a las reglas del derecho privado.

Aunado a lo anterior, la Ley 142 de 1994, en su artículo 1º, establece el campo de aplicación para los servicios públicos domiciliarios, entre ellos el de energía eléctrica, a las actividades que presten o realicen las prestadoras de servicios públicos. Entre tanto, señaló en el artículo 17, que en todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que preste servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esa ley, la que en su artículo 32, consagra que salvo en lo que la Constitución Política o esta ley disponga expresamente lo contrario, que la constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos, administración y ejercicio de los derechos de las personas que sean socias, en lo no dispuesto en la misma ley, se regirán por las reglas del derecho privado, incluso sin atender el porcentaje de aportes en el capital social, ni la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce.

(...)

Teniendo en cuenta que la entidad demandada, Electrificadora del Meta S.A. ESP, es una sociedad por acciones con participación de capital público, sin consideración alguna al porcentaje de dicha participación, pero especialmente, que está destinada a la prestación de un servicio público, les es aplicable las normas y el precedente jurisprudencial antes señalado, nos lleva a la necesaria conclusión, que para interponer la demanda por los hechos en los que se encuentre vinculada su responsabilidad extracontractual, es un asunto que debe conocer la justicia ordinaria y no la contenciosa administrativa. (...)” (sic para lo transcrito) (v. fls. 342 a 344).

Arribadas las diligencias a los juzgados civiles del circuito, le correspondió por reparto el conocimiento del referido proceso al Juzgado Segundo Civil del Circuito del Meta, quien mediante providencia del 22 de octubre de 2012, ordeno devolver la actuación al Juzgado Tercero Administrativo, por no observar la misma la estrictez de la legislación civil, pues no se agotó el requisito de procedibilidad.

Pese a lo anterior, dicho auto fue recurrido por la parte actora, y conocido en sede de apelación por el Tribunal Superior de Villavicencio, quien mediante auto del 4 de junio de 2013, ordenó revocar lo dispuesto por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, y dispuso que se revisara por parte de dicho ente judicial lo concerniente a la jurisdicción y competencia del caso, para determinar quién es el competente (v. fl. 82 y ss., cdno. del tribunal).

Estando nuevamente las diligencias en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, este mediante proveído del 24 de octubre de los corrientes, declaró su falta de jurisdicción y competencia para adelantar el asunto, por considerar que de acuerdo a lo decantado jurisprudencialmente por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III - Subsección B, C.P. Ramiro Rojas Betancourth el 28 de febrero de 2013, “la Electrificadora del Meta S.A. ESP, es una empresa de servicios públicos constituida como sociedad por acciones con una participación pública superior al 50%, se concluye que se trata de una ESP mixta en los términos del artículo 14, numeral 6º de la Ley 142 de 1994 y por ende una entidad pública de las enlistadas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, respecto de cuyos procesos conoce la jurisdicción contencioso administrativa en razón al criterio orgánico.

Igualmente, se profiere esta decisión en virtud de lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo que otorga competencia a esta corporación para resolver las apelaciones interpuestas por las partes contra las sentencias de primera instancia proferidas por los tribunales administrativos y en atención a que la cuantía de las pretensiones de la demanda supera el monto de lo establecido por el Decreto 597 de 1988 para que se trate de un proceso de doble instancia” (sic) (v. fls. 12 a 16, cdno. juzgado 2º civil del circuito - proceso de responsabilidad civil extracontractual).

Por lo anterior, dispuso el envió del expediente a esta colegiatura.

Consideraciones

De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2º del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre estas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se consagran en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996.

Existe el conflicto de jurisdicciones cuando dos o más funcionarios investidos de competencia se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar que no les corresponde, evento en el cual será negativo, y para que se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos:

1). Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2). Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3). Que el proceso se halle en trámite.

2. La solución al conflicto.

Lo primero que hay que aclarar dentro del presente asunto es que, no obstante haber entrado en vigencia el pasado 2 de julio, la Ley 1437 de 2011, “[p]or la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, habrá de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 308 de este nuevo estatuto, cuyo tenor literal es el siguiente:

ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (resaltado no original).

Por tanto, al haberse presentado la demanda que ocupa la atención de esta Sala, el 18 de diciembre de 1997; es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberán tenerse en cuenta las normas sobre la jurisdicción previstas en el estatuto anterior.

La controversia suscitada entre las autoridades jurisdiccionales citadas se ha centrado, entre otras, respecto al criterio orgánico establecido por la Ley 1107 de 2006 para efectos de asignar competencia, esto es, que corresponde al contencioso conocer de las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias del Estado.

En caso que se somete a decisión de la Sala en el presente conflicto, se relaciona con el debate motivado por un hecho “error de los operadores para des energizar el sector de trabajo en donde se estaban intercalando unos postes de redes eléctricas” atribuido a una empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil, en este caso, la Electrificadora del Meta S.A. ESP, lo cual ocasionó la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao, el 27 de abril de 1996.

Ahora bien, como primera medida, es necesario establecer que esta acción se encuentra consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, el cual establece que: “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

Así mismo, es pertinente indicar que la finalidad de la acción de reparación directa, es proteger todos los derechos de las personas, por lo que es considerada un contencioso subjetivo de responsabilidad, razón por la cual, el juez solo puede impartir las declaraciones y condenas dirigidas a la reparación integral del daño y de los perjuicios, de acuerdo a las pretensiones de la demanda, lo que significa que al demandante le corresponde la carga de indicar exactamente su petición, decir en qué consiste y estimar su valor, debido a que la jurisdicción administrativa es rogada, razón por la cual, se prohíben los fallos extra y ultra petita.

Lo anterior quiere decir, que a través de ella se busca declarar la responsabilidad administrativa de una entidad pública, con el fin de que asuma los daños patrimoniales causados por hechos u omisiones perjudiciales, debido a las fallas en el servicio.

De lo anterior, se concluye que la administración pública es el sujeto pasivo de esta acción, en la medida de que la actuación es desplegada por personas o entidades que ejercen funciones administrativas o judiciales, razón por la cual dicha acción tiene uso, cuando se ocasiona un daño, cuya causa sea una omisión, hechos u operaciones de la administración.

De otro lado, también hay que dejar en claro que se observa que el extremo pasivo de la demanda está integrada por la Empresa de Servicios Públicos Electrificadora del Meta S.A. ESP, quien por regla general, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, se encuentra sometida al régimen de derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la misma ley, con independencia de su naturaleza —estatal, mixta o privada—; la norma en comento dispone:

ART. 32.—Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado”.

La regla precedente se aplicará inclusive a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o el derecho que ejerce (resaltado fuera de texto).

(...)”.

De lo anterior se concluye que, las empresas de servicios públicos domiciliarios, en cumplimiento de las actividades que desarrollan, deben someterse al régimen del derecho privado, siendo competente para conocer de las controversias derivadas de sus actos u omisiones, la jurisdicción ordinaria, dejando a salvo, desde luego, los asuntos que por vía de excepción la misma ley reservó al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la prestación de servicios públicos como modernamente ha sido concebida es diferente del ejercicio de las funciones administrativas, conceptos que bajo la teoría clásica del servicio eran asimilables, en la medida en que el primero era la concreción de la función administrativa, en efecto en sentencia del 15 de agosto de 2008, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, dicha corporación señaló:

“La Carta de 1991, al regular los servicios públicos domiciliarios como un apartado especial de la constitución económica, introdujo un cambio sustancial: el nuevo ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la ‘función pública’ y optó por un ‘nuevo servicio público’ basado en el modelo competitivo: a la vez libre e intervenido por el Estado en su condición de director general de la economía. De ahí que los servicios públicos domiciliarios dejaron de ser concebidos como función pública, a la manera de la escuela realista de Burdeos, para ser tratados como un capítulo singular de la constitución económica dentro de un modelo “neocapitalista, propio de una economía social de mercado, que pretende conciliar las bondades de la competencia con la necesaria intervención estatal, en orden a proteger al usuario final”. En efecto, la prestación de los servicios públicos no reviste el carácter de función pública. Y no la reviste, porque la Constitución misma dispone que una y otra materia son objeto de regulación legal separada. Así, el numeral 23 del artículo 150 distingue con claridad las leyes que “regirán el ejercicio de las funciones públicas” de aquellas que se ocupan de la “prestación de los servicios públicos”. De otro lado, no debe olvidarse que los servicios públicos son regulados en el marco del régimen económico (título XII) y no dentro del apartado de la Constitución dedicado a la organización del Estado (título V a X), como sí sucede con la función pública cuyo entorno constitucional se encuentra consignado en el capítulo 2 del título V (C.N., arts. 122 a 131). Esta superación de la vieja concepción orientada por el profesor Duguit conforme a la cual los servicios públicos eran una manifestación de la función pública, ha sido puesta de relieve en forma, por demás, reiterada por la Sala en múltiples pronunciamientos. En ese orden de ideas, la jurisprudencia de la Sala tiene determinado que el servicio público dejó de ser sinónimo de función pública, en tanto “la Constitución de 1991 significó un gran cambio en cuanto se refiere a la concepción de los servicios públicos, pues reconoce que el Estado y los particulares pueden concurrir, en condiciones de libre competencia, a su prestación, sin que ello signifique que renuncie a su condición de director general de la economía y garante del cumplimiento de la función social de la propiedad” (resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, le corresponde a la Sala analizar atendiendo a la naturaleza de la accionada y del asunto ventilado ante esta corporación, si las pretensiones de la demanda guardan relación con el servicio público que presta la Empresa de Servicios Públicos Electrificadora del Meta S.A. ESP, en cuyo caso el conocimiento corresponderá a la Jurisdicción Ordinaria, o si por el contrario se trata de una actividad administrativa que debe conocer la jurisdicción contencioso administrativa.

En ese contexto, y atendiendo que existe sobre el tema disparidad de criterios, fue que el mismo legislador con la promulgación de la Ley 1107 de 2006, estudio todo lo relacionado con el tema de jurisdicción en los aspectos de responsabilidad extracontractual, asignándole a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la competencia para conocer sobre los asuntos en los que son parte las entidades públicas, teniendo presente como primera medida el criterio orgánico y dejando a un lado el criterio funcional como factor de distribución de competencias; por lo tanto, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer las controversias contractuales, extracontractuales, de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho en las cuales es parte una empresa de servicios públicos domiciliarios.

Sobre el tema objeto de análisis, la Jurisprudencia del Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, de fecha 25 de octubre de 2012, al interior del proceso 2012-0748-01, decantó:

“... Ahora bien, se observa en el escrito de tutela, que a juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en error al darle aplicación a lo dispuesto en la norma precitada, ya que aunque la Ley 1107 de 2006 estableció que la competencia para conocer sobre controversias como la planteada por los hoy accionantes radicaba en la jurisdicción contenciosa administrativa, su demanda había sido admitida con anterioridad a su promulgación y en tal virtud la caducidad como presupuesto para admitir y continuar con el trámite ante la jurisdicción contenciosa, no podía contabilizarse en estricto sentido desde la fecha de la ocurrencia de los hechos.

Al respecto, considera la Sala que la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, de declarar la nulidad de todo lo actuado y remitir el proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue acertada, pues no era posible que dicho despacho decidiera sobre un asunto sobre el cual el legislador modificó la competencia.

Visto lo anterior, y una vez establecido que si bien al momento de presentarse la demanda la jurisdicción competente era la ordinaria, debido a lo consagrado en la Ley 1107 de 2006, el conocimiento de esta clase de controversias cambió de competencia por tratarse de una empresa de servicios públicos domiciliarios, correspondiendo en vigencia de la mencionada ley a la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que a continuación se revisará si las decisiones adoptadas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulneraron los derechos fundamentales alegados por los accionantes” (sic).

Visto lo anterior, queda claro que la competencia cuando se trata de responsabilidad extracontractual y como en este caso ocasionado por una omisión de trabajadores de la entidad, indistintamente de la naturaleza jurídica de la demandada, sino atendiendo al factor orgánico, naturaleza del asunto y dejando al lado del criterio funcional, debe atribuirse a la jurisdicción contencioso administrativa. Además no puede desconocerse la naturaleza pública de la entidad demandada que en virtud de la competencia fijada por la Ley 1107 de 2006, es a esta jurisdicción contenciosa a la que le concierne solucionar los litigios ocasionados.

Asimismo, es pertinente indicar que la finalidad de la acción de reparación directa, es proteger todos los derechos de las personas, por lo que es considerada un contencioso subjetivo de responsabilidad, razón por la cual, el juez solo puede impartir las declaraciones y condenas dirigidas a la reparación integral del daño y de los perjuicios, de acuerdo a las pretensiones de la demanda, lo que significa que al demandante le corresponde la carga de indicar exactamente su petición, decir en qué consiste y estimar su valor, debido a que la jurisdicción administrativa es rogada, razón por la cual, se prohíben los fallos extra y ultra petita.

Lo anterior quiere decir, que a través de ella se busca declarar la responsabilidad administrativa de una entidad pública, con el fin de que asuma los daños patrimoniales causados por hechos u omisiones perjudiciales, debido a las fallas en el servicio.

La acción de reparación directa es la típica que se interpone por una responsabilidad extracontractual, derivada de la actividad de la administración, por expropiación u ocupación de inmuebles en situaciones excepcionales de orden público, por la ocupación temporal o permanente de inmuebles con ocasión de trabajos públicos o por cualquier causa, por almacenaje en bodegas oficiales, por fallas en el transporte aéreo, por hechos u omisiones de las fuerzas militares o de policía, por fallas en el servicio de notariado y registro, por liquidaciones o insolvencia de los organismos descentralizados, por fallas en el servicio médico, por la falla y omisión en la prestación de un servicio, etc., cuyo fundamento legal se encuentra consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política y su pilar fundamental es la indemnización del daño causado a la persona o a sus bienes, es decir, que dicha acción, pretende una condena en contra de la administración, con la cual se indemnicen los perjuicios y se restablezca el derecho.

De lo anterior, se concluye que la administración pública es el sujeto pasivo de esta acción, en la medida de que la actuación es desplegada por personas o entidades que ejercen funciones administrativas o judiciales, razón por la cual dicha acción tiene uso, cuando se ocasiona un daño, cuya causa sea una omisión, hechos u operaciones de la administración.

Descendiendo al sub-lite se observa, que el trámite de las acciones de reparación directa si son de competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, más cuando, al contrario de lo indicado por el juez tercero administrativo de descongestión de Villavicencio, la entidad demandada, indistinta a su naturaleza, es de naturaleza pública, motivo este más que suficiente para argüir la competencia radicada en dicha jurisdicción

Ahora bien, los demandantes incoan la acción de reparación, y si bien, para esta corporación es claro que la competencia no la puede determinar el nombre que se le dé a la demanda, pues se debe ir más allá, también lo es que ello solo sucede cuando hablamos de entidades de carácter particular, privadas que no cumplen funciones administrativas e igualmente respecto de la pretensión; sin embargo, lo que aquí se recaba, es que la demanda está dirigida contra un ente público la que en sentir de los demandantes originaron el daño al omitir su deber de vigilancia y permitir con ello la muerte de su pariente, quienes conforme a la ley deben responder dentro del proceso impetrado y que ahora es objeto de estudio.

Máxime lo anterior, es evidente que las pretensiones de la demanda de acción de reparación directa, únicamente van enfocadas a que se les reconozca el pago de la indemnización por perjuicios morales y materiales, a razón de la falla en el servicio u omisión en el deber de la entidad en vigilar adecuadamente sus funciones, donde como bien lo indica la norma, se tazaron y especificaron en debida forma por parte del profesional del derecho que representa a los actores, por ende, la demanda cumple con todos y a cada uno de los requisitos establecidos para poder impetrarla ante el contencioso administrativo.

De acuerdo con todo lo precedente, se tiene que la única pretensión dirigida a que se les reconozca el pago de la indemnización por perjuicios materiales, a razón de la falla en el servicio de la administración, se encausa en trámites, acciones, omisiones y operaciones propias de la entidad demandada, que como se dijera con anterioridad, es pública, pues tiene una participación accionaria nacional superior al 50%.

De manera que es claro que a la jurisdicción contenciosa le corresponde conocer de tales juicios derivados de responsabilidad donde intervengan entidades de carácter público o en su defecto de sociedades de economía mixta descentralizada por servicios, como la accionada en la presente controversia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio y el Juzgado segundo Civil del mismo Circuito, en el sentido de asignar el conocimiento asunto a la jurisdicción contenciosa administrativa representada por el primero de los mencionados, en razón a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este fallo.

2. REMITIR el presente proceso a conocimiento del mencionado juzgado administrativo y copia de la presente providencia al referido despacho civil.

Cúmplase.

Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

Aclaración de voto

Con el debido respeto me permito manifestar que NO ACLARO VOTO con respecto a la decisión asumida por la Sala como lo había expresado, puesto que al revisar detenidamente la actuación considero que lo decidido en el presente asunto, así como las consideraciones de la providencia estuvieron acertadas.

Remito 6 cuadernos contentivos de 27-27-55-16-89-344 folios.

Atentamente,

Julia Emma Garzón de Gómez.  

Salvamento de voto

Con el respeto de siempre, la suscrita ve la necesidad de salvar el voto en el asunto de la referencia, al considerar que se debió adscribir el conocimiento de las presentes diligencias a la jurisdicción ordinaria civil, por las razones que pasan a explicarse:

Se trata de determinar la jurisdicción competente para asumir y decidir sobre la demanda de responsabilidad civil extracontractual instaurada por los perjuicios causados con la muerte de Luis Gonzalo Henao.

La competencia para conocer de este asunto, está en cabeza de la jurisdicción ordinaria como pasa a motivarse, en tanto se trata de asunto excluido de la codificación contencioso administrativa y con regulación en norma especial prevista para las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Por ende, de entrada se descarta la posición asumida por el representante de la justicia ordinaria, que no obstante determinar la existencia de empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter privado como demandada, junto a otras personas naturales igualmente privadas, se escuda en el hecho de prestar la misma un servicio a cargo del Estado para finalmente entender la existencia del fuero de atracción, por cuanto tal servicio materializa una actividad fin del Estado.

En las competencias caracterizadas por el factor material, la distinción ha de hacerse conforme a la función que cumple la entidad demandada, por ello la normativa de procedimiento administrativo, ha entendido que es de su resorte conocer de aquellos casos donde se vincule a un particular en desempeño de funciones propias de los distintos órganos del Estado —L. 1107/2006— o, como en el actual CPACA, los particulares cuando ejerzan función administrativa —art. 104—.

La legislación expedida en 1994, reguló todo lo concerniente al régimen de prestación de los servicios públicos domiciliarios, empero presentaba vacíos en cuanto a competencia, pues a pesar que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 señalaba que la “constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de todas las personas que sean socias de ellas...” se rigen por el derecho privado y en el 31 se atribuía competencia al contencioso administrativo para conocer de los contratos que contenían clausulas exorbitantes y, a la justicia ordinaria, para el cobro de facturas, los demás asuntos quedaban a la interpretación del operador judicial, quien en algunas ocasiones asumía competencia y otras la rechazaba, presentándose decisiones contrarias respecto de asuntos que versaban sobre el mismo tema. Situación que aún después de expedidas las leyes 446 de 1998, 689 de 2001 y 954 de 2005 se siguió presentando.

Pero la Ley 1107 de 2006 aportó a la solución al crear un criterio orgánico para interpretar la competencia, y dejó a salvo lo previsto en la Ley 142 de 1994, reguladora de los servicios públicos domiciliarios, su prestación, contratación, funcionamiento y demás situaciones inherentes a esa función. Sin embargo el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, aunque no establece una regla específica y clara de competencia, en tanto se limitó a señalar que las actividades de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen exclusivamente por el régimen de derecho privado, dejó sentando aquellas excepciones a esa competencia, como el resolver litigios de los previstos en el artículo 33 de la misma ley —relativo a los actos administrativos expedidos con ocasión la ocupación temporal de inmuebles, promoción de la constitución de servidumbres, enajenación forzosa requeridos para la prestación del servicio y el uso del espacio público—, al igual que respecto de la contratación, al excluir de la justicia ordinaria aquellos contratos con cláusulas exorbitantes.

Como puede apreciarse, siendo la entidad demandada una empresa privada aunque cumpla funciones propias del Estado, al igual que son particulares los otros demandados como personas naturales, ninguna prevención puede hacerse al respecto, ni disquisición en punto de la competencia que no sea adscribiéndola a la justicia ordinaria. No en vano el artículo 104, numeral 1º del CPACA, fue expreso en involucrar al interior de su jurisdicción los asuntos “relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública”, lo cual implica la exclusión de todo asunto da la entidad particular que no esté en función administrativa.

De los honorables magistrados,

María Mercedes López Mora.