Sentencia 2013-03100 de octubre 7 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 050011102000201303100 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Referencia: Abogado en Consulta

Denunciante: De Oficio – Juzgado Segundo-Promiscuo Municipal de Control de Garantías de Sabaneta

Denunciado: Julián Gutiérrez Ochoa

Primera Instancia: Suspensión en el ejercicio de la profesión, por el término de dos meses

Decisión: Confirma

Aprobado según Acta Nº 084 de la fecha

Bogotá, D.C., siete de octubre de 2015

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justicia-, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.”, en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007—Código Disciplinario del Abogado—.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Caso concreto. Entra entonces esta corporación a decidir si confirma, revoca o modifica la sentencia sancionatoria proferida el 29 de enero 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó al abogado Julián Gutiérrez Ochoa con suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de la falta disciplinaria descrita en el literal g del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

Se debe aclarar de entrada, que el derecho disciplinario es un conjunto de normas que permiten que el Estado ejerza una función de control disciplinario administrando justicia, que tiene como finalidad que los abogados mantengan un comportamiento ético ejemplar en la realización de sus labores como profesionales del derecho, determinado por un catálogo de deberes de carácter deontológico funcional, cuyo desconocimiento lleva a la estructuración de la falta disciplinaria, es por ello que esta corporación tiene como objetivo primordial propender porque se cumpla estrictamente con este catálogo de deberes profesionales plasmados en la Ley 1123 de 2007, a través de un control ético.

De la Tipicidad. La conducta por la que se le imputó y sancionó al abogado Julián Gutiérrez Ochoa, se encuentra descrita en el artículo 34 literal g de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…)

g) Adquirir del cliente directa o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales”.

Se dice que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber consagrado dentro del catálogo considerado como estatuto del abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.

Frente a la tipicidad en materia disciplinaria, la Corte Constitucional también se ha pronunciado a través de sus fallos, definiéndola de la siguiente forma: “El principio de tipicidad en materia disciplinaria exige que la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción; y (ii) la precisión que se emplee en esta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse; aspecto éste que se orienta a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(15)”.

Artículo 34 literal G de la Ley 1123, que consagra la infracción contra la lealtad con el cliente, cabe anotar que la norma en cita busca que los abogados no abusen de su posición dominante apropiándose del interés en causa en forma desproporcionada a sus honorarios. En el sub lite efectivamente se encuentra probado que el letrado fungió como apoderado judicial del señor José Bernardo Montoya Álvarez para en su nombre y representación adelantar un proceso de sucesión intestada de la señora Teresa De Jesús Montoya Álvarez, el cual cursó en el Juzgado 2º Segundo Promiscuo Municipal y de Control de Garantías de Sabaneta – Antioquia, bajo el radicado Nº 2010-05, sin embargo incurrió en la falta arriba descrita toda vez que de las pruebas obrantes se tiene que:

• El 18 de diciembre de 2009 el señor José Bernardo Montoya Álvarez le confirió poder al abogado Julián Gutiérrez Ochoa, para que iniciara y llevara hasta su terminación proceso de sucesión intestada de la señora Teresa De Jesús Montoya Álvarez (hermana fallecida del señor Montoya Álvarez), seguido en el Juzgado 2º Segundo Promiscuo Municipal de Sabaneta – Antioquia.

• Así mismo el despacho de conocimiento con Auto del 26 de enero de 2010, declaró abierto el Proceso de Sucesión Intestada de la causante y reconoció como heredero de la mencionada, al señor José Bernardo Montoya Álvarez.

• Mediante Escritura Pública Nº 857 del 28 de febrero de 2012, protocolizada en la Notaria 2ª de Envigado - Antioquia, el señor José Bernardo Montoya Álvarez, en su condición de asignatario dentro del proceso de sucesión intestada Nº2010-05, cedió a título oneroso al abogado disciplinable Julián Gutiérrez Ochoa, se derecho de herencia.

• A través de memorial del 10 de abril de 2012, el profesional de derecho, solicitó al Juzgado de conocimiento, hacerlo parte en la sucesión, como cesionario o subrogatario del derecho de herencia que corresponda o pueda corresponderle al señor José Bernardo Montoya Álvarez.

• Mediante proveído del 22 de agosto de 2012, el Juzgado 2º Segundo Promiscuo Municipal y de Control de Garantías de Sabaneta – Antioquia, accedió a la solicitud del abogado inculpado.

• Con Escritura Pública Nº 2813 de septiembre 4 de 2012, se rescilió la compraventa de derechos hereditarios y por consiguiente se dejó sin efectos lo contemplado en la Escritura Pública Nº 587 del 28 de febrero de 2012.

De lo expuesto con antelación deviene la certeza sobre la materialidad de la falta contra la lealtad con el cliente descrita en el artículo 34 literal G cuyo verbo rector consiste en adquirir del cliente parte de su interés en la causa.

Sobre el particular, vale la pena indicar lo expuesto por la Real Academia de la Lengua

“Adquirir: Der. Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción”.

Nótese que el letrado, aceptó haber escriturado la compraventa de los derechos hereditarios, argumentando que procedió de tal forma en atención a la lentitud en el trámite por parte del Juzgado 2º Segundo Promiscuo Municipal y de Control de Garantías de Sabaneta – Antioquia; en consecuencia adquirió de su cliente directamente todo el interés en la causa, sin que dicha transacción tuviera relación alguna con el justo pago de sus honorarios profesionales; actuación que realizó sin justa causa defraudando la confianza de su cliente.

Bajo lo anterior, esta Superioridad considera que tal manifestación no está llamada a prosperar teniendo en cuenta que en nada tiene que ver el movimiento en el curso del proceso con una cesión de derechos herenciales, pues continuando en cabeza de su cliente como único heredero la titularidad de la pretensión de sucesión de la causante Teresa de Jesús Montoya Álvarez, no alejaba al abogado para que en uso de sus facultades hiciera uso de los mecanismos propios para darle impulso al proceso, tales como, solitudes respetuosas, peticiones, recursos y demás actuaciones tendientes al ágil devenir procesal.

Así las cosas queda claro para esta corporación que la intención del profesional fue obtener una remuneración adicional al justo reconocimiento por su gestión jurídica, en detrimento de los intereses patrimoniales de su cliente.

De lo anterior se colige que el acto jurídico por el cual el quejoso le cedió al abogado “todos los derechos hereditarios, que le pudieran corresponder o puedan corresponderle en la sucesión intestada de Teresa De Jesús Montoya Álvarez, quien falleció el 26 de abril de 2.001”(16); comportamiento que se encuentra ajustado a la descripción típica endilgada, lo que impone confirmar la decisión proferida por la Sala de instancia.

Antijuridicidad. El artículo 4º de la Ley 1123 de 2007 establece la antijuridicidad como la conducta realizada por los abogados afectando injustificadamente algunos de sus deberes profesionales. Importa en ella entonces el valor del acto como valor del resultado, lo cual significa que no tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, salvo que se asuma como un mero concepto formal que no permite que la conducta sea sancionada en tanto que para ello requiere que exista un resultado que trascienda a los intereses de la sociedad y en tal sentido que exista una viva lesión al bien jurídico tutelado, pero también exige el estudio de la procedencia o no de causales eximentes de responsabilidad en materia disciplinaria.

Es así como en el caso sub examine, la falta atribuida al abogado inculpado, implicó el desconocimiento al deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, que establece:

“ART. 28.—Deberes Profesionales del Abogado. Son deberes del abogado:

(…)

3. Conocer, promover y respetar las normas consagradas en este código.

En lo que respecta a la antijuridicidad, se determinó que efectivamente con el actuar del disciplinado sí se vulneró el deber señalado, debido a que de manera intencional, es decir sabiendo acerca su proceder y las implicaciones jurídicas de su actuar, afecto el fin social ético y moral que lleva implícito el ejercicio de la profesión de abogado, falto a la lealtad con su cliente quien depositando toda su confianza le cedió todos sus derechos que le correspondían en el proceso de sucesión Nº 2012-1057.

Ahora bien respecto de si existe eximente o no de responsabilidad, se puede afirmar que dentro de las establecidas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, no es procedente ninguna, no se puede verificar la existencia de causal que pueda excluir al disciplinado de su responsabilidad disciplinaria en el asunto, en cuanto a que no se acepta la justificación de su actuar por la presunta falta de celeridad procesal ni que tiempo después, esto es, el 4 de septiembre de 2012 mediante Escritura Pública Nº 2813 se deja sin efectos el contrato de compraventa de derechos hereditarios contenidos en la Escritura pública Nº 587 del 28 de febrero de 2012, porque a dicha fecha, la falta ya estaba cometida, habida cuenta que el tipo disciplinario reprochado al investigado, tiene característica de ser instantáneo.

Culpabilidad. Se entiende por culpabilidad la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente. Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona que siendo responsable jurídicamente decide actuar contra derecho con consciencia de la antijuridicidad.

La falta se atribuye en la modalidad de dolo, en cuanto a que el disciplinado al momento de pretender ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal y de Control de Garantías de Sabaneta – Antioquia hacerlo parte en la sucesión, como cesionario o subrogatario del derecho de herencia que corresponda o pueda corresponderle al señor José Bernardo Montoya Álvarez, conforme a la Escritura Pública Nº 857 del 28 de febrero de 2012 de cesión de derechos herenciales, actuó de manera consiente y voluntaria. Aunado a lo anterior se trata de un tipo disciplinario que según el precedente jurisprudencial está determinado por la modalidad dolosa.

Razones por las cuales resulta en deber jurídico considerar integrado el trípode que constituye la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, circunstancia que obliga a endilgar responsabilidad disciplinaria contra el abogada Julián Gutiérrez Ochoa y por consiguiente impartir confirmación a la decisión del A quo.

Dosimetría de la sanción. Frente a la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma se encuentra acorde y consulta los parámetros establecidos en los artículos 40, 43 y 45 de la Ley 1123 de 2007, en atención que la misma tuvo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por el doctor Julián Gutiérrez Ochoa, a quien se le exigía una conducta consecuente con la lealtad en aras de la protección de los derechos de su poderdante, la sanción impuesta en la sentencia apelada cumple con los criterios legales y constitucionales, en efecto la gravedad de la infracción disciplinaria en la cual incurrió el disciplinado, está dada por haber pretendido adquirir la totalidad de los derechos herenciales que le correspondían a su cliente al interior del proceso de sucesión intestada Nº 2012-1057 que cursa en el Juzgado 2º Segundo Promiscuo Municipal de Sabaneta – Antioquia, siendo este de interés para su poderdante.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con suspensión al implicado, en tanto, la prevención general que caracteriza la utilidad de la sanción, cumple el propósito de “(…) amenaza de un mal a todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias (…)(17)”.

Ahora, en el sub lite, la sanción de suspensión impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, dada la presencia de antecedentes disciplinarios del infractor(18); asegurándose igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria de dos meses de suspensión impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993 “(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por los argumentos expuestos, esta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y en consecuencia se confirmará en su integridad la providencia objeto de consulta.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada, proferida el 29 de enero de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a través de la cual sancionó al abogado Julián Gutiérrez Ochoa, al hallarlo responsable de la falta disciplinaria descrita en el literal g del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, enviándole copia de esta Sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Por Secretaría Judicial de esta corporación, líbrense las comunicaciones pertinentes.

4. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen, para lo de su competencia.

5. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase».

15 Sentencia C-030 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

16 Escritura Pública Nº 857 del 28 de febrero de 2012, protocolizada en la Notaria 2ª de Envigado- Antioquia. Fl 18 c.o 1ª instancia.

17 Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008. Pág. 45 y 46.

18 Folio 19 cuaderno 2ª instancia