Sentencia 2013-03184 de agosto 5 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000201303184 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta Nº 065 de la fecha

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir respecto de la consulta de conformidad con el mandato establecido en el parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Debe señalarse que tal facultad constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia el primero (1º) de julio de 2015 del Acto Legislativo Nº 2 de 2015, en donde se creó el nuevo órgano rector disciplinable, en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1 del citado artículo 19 que señala: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, siendo por lo tanto absolutamente claro que la atribución legal de esta Alta Corte de disciplinar a los profesionales del derecho, se mantiene en el tiempo hasta tanto entre a funcionar la referida Comisión.

La Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015, ratificó las atribuciones de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al señalar:

“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”.

Determinada la condición del inculpado doctor Mario Iván Londoño Ramírez, se conoce el grado jurisdiccional de consulta de la providencia el 2 de octubre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se sancionó con suspensión 18 meses de suspensión en el ejercicio profesional y multa equivalente a 10 SMLMV, por haber incurrido en la falta disciplinaria establecida en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Así pues, el problema jurídico a dilucidar en este asunto, se circunscribe a determinar si el disciplinado efectivamente incurrió en la conducta que atenta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, que ameritó la sanción impuesta por la Sala A quo, al haber presentado sendos aplazamientos a la audiencia del juicio oral.

Se tiene de la situación fáctica y probatoria que obra en el dossier, que el doctor Londoño Ramírez asistió la defensa de la señora Mara Mileth Cuadros Pérez en proceso de lesiones personales Nº 2010-6721 que cursó ante el Juzgado Octavo Penal Municipal Con Funciones de Conocimiento de Bogotá, sin embargo el abogado mediante memorial del 14 de enero de 2013 solicitó aplazamiento de la audiencia de juicio oral la cual debía desarrollarse en la misma calenda justificando que tenía otras 4 audiencias con personas privadas de la libertad acompañando copia de las citaciones respectivas.

Mediante memorial del 13 de febrero de 2013 solicitó aplazamiento de la audiencia del juicio oral que se desarrollaría en la misma fecha por cuanto tenía audiencia de legalización de captura informando que oportunamente presentaría la respectiva constancia, allegando al día siguiente prueba de la diligencia.

Mediante escrito de 13 de marzo de 2013 el abogado investigado solicitó excusas para asistir a la audiencia preparatoria del juicio oral que se adelantaría el 14 de marzo de 2013 porque se encontraba enfermo acompañando la respectiva incapacidad médica.

Finalmente mediante memorial del 17 de abril de 2013 solicito el aplazamiento de la audiencia convocada para ese mismo día por cuanto elevó a la Fiscalía petición formal para la aplicación del principio de oportunidad en favor de la procesada, beneficio que solo es posible tramitar antes de la iniciación de la audiencia del juicio oral y porque su defendida se encontraba en delicado estado de salud y porque nuevamente se le cruzaba con tres audiencias.

Así las cosas no le cabe duda a esta superioridad que el disciplinado cometió la falta por la cual fue sancionado en la primera instancia pues aplazó en 4 oportunidades la audiencia preparatoria del juicio oral y si bien justificó algunas de ellas, no es casual de exoneración de su responsabilidad pues atentó contra la administración de justicia, cooperando a que la misma no sea expedita; pues como bien lo anotó la Magistratura de primera instancia pudo haber informado sobre el aplazamiento de las audiencias de manera anticipada y no el día anterior o el mismo día como en efecto ocurrió haciendo incurrir al Juzgado en pérdida de tiempo y de preparación de las salas de audiencia, labores que implican cuantiosa inversión para la administración de justicia.

Finalmente se reprocha que el profesional de derecho no sustituyera el poder si tenía una agenda tan comprometida de diligencias penales.

De la conducta imputada

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...).

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad”.

La Sala infiere claramente que el profesional del derecho, incumplió su deber profesional al incurrir en la falta contra la recta y leal realización de la justicia del Estado, por lo que se extrae de las probanzas previamente relacionadas abusando de las vías de derecho, desgastando el aparato jurisdiccional.

En este orden de ideas, se hace evidente para esta Colegiatura la presencia del aspecto subjetivo, dada la responsabilidad del togado en la conducta materia de reproche disciplinario, como quiera que no obra prueba que pueda justificar de manera seria la conducta, máxime que en su calidad de profesional del derecho conoce perfectamente la situación frente a los Juzgados Penales y la preparación de las salas de audiencia, reprochándose el hecho de que nunca las aplazó en un término prudente sino el día anterior o en la misma calenda.

Así la cosas, esta Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado:

“Es evidente que el abuso de las vías de derecho, o maniobras dilatorias, está dirigido a prevalerse de los mecanismos disponibles en la ley, abusando de ellos, para perjudicar a una de las partes involucradas en el proceso, y por ello mismo afectando la Administración de Justicia, impidiéndole suministrar un pronto servicio”(3).

Ahora bien, se hace útil indicar y deslindar —si bien es una tarea difícil— la acuciosidad de los profesionales del derecho, de toda conducta maliciosa tendiente a entorpecer la administración de la justicia, es así, como solo evaluando de manera seria el conjunto de acciones formuladas por los disciplinables, y el resultado de las mismas, se puede advertir la verdadera intención de los togados, esto es, de impedir una recta y leal realización de la justicia, cuestión esta que de manera clara y evidente se vislumbra en el presente caso.

Acorde con lo anterior y frente a la contundencia del acervo probatorio obrante en el plenario, encuentra sin duda alguna esta Sala, tal como lo hizo el A quo, típica la conducta endilgada al abogado disciplinado, emergiendo en grado de certeza el aspecto subjetivo, es decir la responsabilidad por el hecho objetivo, razón por la cual resulta ajustada la decisión de instancia en tanto se sancionó al togado por la comisión de la falta a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado consagrada en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, pues en relación con este aspecto no existe ningún cuestionamiento por parte de esta Corporación.

Así las cosas, la falta atribuida al abogado inculpado, implicó el desconocimiento del deber a cuyo cumplimiento se encontraba obligado como profesional del derecho de acuerdo a la siguiente cita:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(...).

6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado”.

Es así, que la Sala estima se cumplen a satisfacción los presupuestos exigidos en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para establecer la responsabilidad enrostrada por el juzgador disciplinario de primera instancia.

Sanción a imponer.

Encuentra esta Superioridad que si bien es cierto la primera instancia para imponer la sanción valoró que el actor contaba con varios antecedentes disciplinarios y el impacto social que tuvo la falta frente a la administración de justicia, bajo los parámetros establecidos en los artículos 40, 43 y 45 de la Ley 1123 de 2007, como es la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, modificara el Ad quem la sanción a imponer.

Como principio rector que vincula a la autoridad disciplinaria en el proceso de graduación de la sanción se debe responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Como regla que rige la interpretación y aplicación de los preceptos del estatuto se contempla la finalidad del proceso, y si bien es cierto la trascendencia social de la conducta afectó a la cliente del abogado y a la administración judicial, imponer 18 meses de suspensión en el ejercicio profesional por dilatar en 4 oportunidades la Audiencia del Juicio Oral resulta desproporcionado a luz de los parámetros del proceso disciplinario.

Por lo anterior, esta Sala Modificará la Sanción de 18 meses de suspensión y multa de 10 SMLMV impuesta al doctor Mario Iván Londoño Ramírez, por la falta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo, pues faltó a su deber de actuar lealmente y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, tal y como lo prevé el numeral 6 del artículo 28 ibídem, en el sentido de Reducir la sanción de suspensión a la definitiva de 6 meses en el ejercicio profesional y confirmar la multa de 10 SMLMV.

En mérito a lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. MODIFICAR la sentencia consultada de fecha 2 de octubre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó al doctor Mario Iván Londoño Ramírez como responsable de la falta disciplinaria descrita en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo, en el siguiente sentido:

• REDUCIR la sanción de 18 meses de suspensión en el ejercicio profesional a la definitiva de 6 meses de suspensión.

• CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia consultada de 2 de octubre de 2014, incluida la multa de 10 SMLMV.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de ejecutoria.

3. Por la Secretaría Judicial de esta Sala, líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes y devuélvase la actuación al Consejo Seccional de origen, para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

3 Sentencia adiada 5 de mayo de 2009, ponencia de la H. Magistrada Julia Emma Garzón de Gómez.