Sentencia 2013-03363 de septiembre 16 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 11001 1102000 2013 03363 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Discutido y aprobado en Sala Nº 77 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala.

2.1. Competencia.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en segunda instancia, de la apelación de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2.2. Fundamentos de la decisión.

La Corte Constitucional, en diversos fallos, se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado social y democrático de derecho, así como sobre la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas. El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

El abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe.

De conformidad con el marco esbozado, la Corte Constitucional ha destacado el interés público inmerso en la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:

"(...) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer sus intereses particulares en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia sociedad”(5).

El derecho disciplinario, en cualquiera de sus subespecies, debe diferenciarse, demarcarse y delimitarse de las otras especies del derecho sancionador, toda vez que, como ninguna otra disciplina, expresa un juicio de reproche ético-jurídico que en el caso de la profesión del abogado comporta una desvaloración social del comportamiento en el ámbito de una profesión liberal intervenida por el Estado, habida cuenta de la misión y función social que el profesional del derecho cumple en nuestro Estado social y democrático de derecho.

Por su parte, el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 establece como presupuestos probatorios para proferir fallo sancionatorio la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la materialidad de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. En efecto, de una lectura sistemática del Código Disciplinario del Abogado se desprende que para la demostración de estos dos aspectos puede acudirse dentro del proceso a cualquiera de los medios probatorios existentes, siempre que las pruebas se encuentren legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso.

Así, al momento de proferir el fallo, corresponde al operador disciplinario hacer un análisis en conjunto de cada uno de los elementos con que cuenta la investigación, de conformidad con las reglas de la sana crítica, a efectos de determinar si existe prueba que ofrezca certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

De este modo, la legislación disciplinaria ha adoptado como método para la valoración de la prueba el denominado sistema de persuasión racional, según el cual ningún medio de prueba tiene previamente señalada la valoración que debe darle el funcionario que conoce del asunto —tarifa legal—, por el contrario, corresponde a aquél examinar la prueba conforme a las reglas de la lógica, el correcto entendimiento humano, los principios generales del derecho, con el propósito de obtener certidumbre sobre la cuestión fáctica que será el objeto de análisis desde el punto de vista de las diferentes normas disciplinarias.

El sistema de valoración de la prueba descrito está llamado a coadyuvar en la conquista de los fines del proceso disciplinario, especialmente, el de la aproximación razonable a la verdad material.

Adicionalmente, el análisis de las pruebas en las que se basa el fallo constituye garantía para preservar uno de los principios rectores de la ley disciplinaria cual es la motivación de los actos, pues la decisión definitiva del proceso en torno a la responsabilidad de los implicados, bien sea sancionatoria o absolutoria, sólo puede desprenderse de la valoración probatoria.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-244 del 30 de 1996 sostuvo:

“(…) Como es de todos sabido, el juez, al realizar la valoración de la prueba, la que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación de la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado. (…)”.

En todo caso, nótese que las pruebas objeto de valoración por parte del intérprete son aquellas allegadas en forma regular al proceso, esto es, cumpliendo con todos los principios generales de la prueba judicial, incluido, el de oportunidad de la prueba. Así, las pruebas deben ser practicadas dentro de las etapas preclusivamente establecidas por el legislador para ello; y sólo sobre ellas se puede fundar la motivación de la decisión, pues éstas son el camino a través del cual el operador se aproxima, en forma razonable, a la realidad material que debe conocer observando el debido proceso.

En este orden de ideas, dentro del proceso disciplinario la prueba cumple un papel fundamental cual es conducir al operador a una mayor aproximación a la verdad real sobre la existencia de la falta disciplinaria y de la responsabilidad del investigado, requisitos esenciales para proferir fallo sancionatorio, de conformidad con el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

En materia de derecho procesal, se dice que quien tiene la titularidad de la carga de la prueba es la parte que persigue los efectos jurídicos en función de los hechos que sustentan su pretensión (Teoría de Michelli - Teoría de la carga de la prueba según el efecto jurídico perseguido por las partes); asimismo, dichos presupuestos deben estar contemplados en la norma con la finalidad de que sean de aplicación en el proceso mismo. En caso contrario, la misma no se le aplicará, quedando sin sustento su pretensión o defensa (Teoría de Rosemberg - Teoría normativa).La carga de la prueba durante el litigio tiene una doble dimensión: una carga de prueba formal, al corresponder a las partes probar los hechos introducidos en sus alegaciones y una carga de prueba material, al ofrecer al operador judicial un criterio para resolver dudas sobre medios probatorios desestimando las pretensiones según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos inciertos.

La prueba, en derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley.

La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien alega debe probar. El que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un hecho positivo. Peirano sostiene que la prueba recae sobre ambas partes, se trate o no de un hecho positivo. Si no, puede recaer sobre quien esté en mejores condiciones de probar. Aquí se produce una distribución de la carga de la prueba.

2.3. Caso concreto.

Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por el abogado disciplinado doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA, se fundó en dos aspectos en concreto, en el primero, asienta su disenso en que en su parecer no incurrió en la falta descrita en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, ya que no existe prueba que indique que transgredió la norma en cita, y el segundo, sostiene que la sanción impuesta es injusta pues no atiende los lineamientos de graduación de la sanción señalados en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007; es decir, uno de ellos ataca la antijuridicidad, lo que devendría en la revocatoria de la decisión y como consecuencia de ello se decretaría la absolución, y el otro, subsidiario, ataca el quantum punitivo impuesto en la sentencia por el a quo.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados como disenso. Al respecto conviene recordar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia.

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo.

En este sentido, la Sala se pronunciará única y exclusivamente de cara a lo manifestado por el recurrente, esto es, en síntesis, el argumento sustentado en que no cometió falta disciplinaria alguna, y subsidiariamente, revisar la sanción impuesta, en otras palabras, esta superioridad estudiará si la sentencia de primera instancia es acorde a los presupuestos legales y jurisprudenciales para predicar si existe o no responsabilidad por los hechos denunciados y de ser así, si la pena impuesta se encuentra acorde con los parámetros para el efecto.

La Sala desde ya anticipa que confirmará íntegramente la decisión de primera instancia, por las siguientes razones:

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante fallo del veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014) declaró disciplinariamente al abogado JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA, por la incursión en la faltas disciplinarias consagradas en el artículo 34 literal i) de la Ley 1123 de 2007, al considerar, que el profesional del derecho faltó a la lealtad con el cliente, al haber recibido un encargo para el cual no estaba capacitado ya que el togado recibió poder para instaurar una demanda civil, en la cual omitió estimar razonadamente y bajo juramento, el monto de la indemnización que se reclamaba a la luz del artículo 211 del Código de Procedimiento Civil que fue modificado por el artículo 10 de la Ley 1395, por lo que el juez declaró probada esa excepción previa y pese a que fue apelada esa decisión por el abogado investigado, la misma no fue sustentada, de tal suerte que fue declarada desierta la alzada y consecuentemente se archivó la demanda.

Para poder establecer si la conducta del abogado investigado tiene interés para el derecho disciplinario, se hace necesario establecer el origen de dicha sanción.

Pues bien, dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA, se probó que el profesional suscribió contrato de prestación de servicios el 3 de octubre de 2011 con el señor Hernando Vásquez Silva Presidente General de Fepco Zona Franca S.A., para adelantar un proceso civil en contra de la sociedad Nabors Drilling International Ltda., demanda que le correspondió por reparto al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá bajo el radicado 2011-00666. Una vez se le corrió traslado de la demanda, el apoderado de sociedad Nabors Drilling International Ltda., en su contestación de propuso como excepción previa el hecho de que no encuentra estimada razonadamente y bajo juramento la pretensión económica, excepción que fue aceptada por el Juzgado, decisión que fue apelada por el doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA, recurso que fue aceptado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Civil; sin embargo, el recurso de apelación promovido por el togado fue declarado desierto, dado que el recurrente no lo sustentó dentro del término legal para el efecto, aspectos que no fueron objeto de controversia ni de objeción por parte del abogado investigado ni del quejoso.

De acuerdo a lo anterior, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, investigó la conducta y declaró responsable al doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA, por la contenida en el artículo 34 literal i), que al tenor literal reza:

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…).

i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales” (se resalta).

De cara a la falta contenida la normatividad antes descrita, resulta imperioso precisar que el deber profesional tutelado, es el de la lealtad con el cliente, entendida ésta, como una de las principales cualidades que debe tener el abogado en el ejercicio de su profesión.

Quiere decir lo anterior que al doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA se le investigó y sancionó por faltar a la lealtad con su cliente frente al poder conferido el 3 de octubre de 2011 por el presidente del Fepco Zona Franca S.A., señor Hernando Vásquez Silva, pues se tiene que el profesional del derecho no debió asumir el encargo si no tenía los conocimientos o si los mismos no estaban actualizados frente al tema que se pretendía ventilar al interior de un proceso civil.

Se tiene entonces que el JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA al ser el apoderado de Fepco Zona Franca S.A., redactó la demanda de carácter civil en contra de la empresa Nabors Drilling International Ltda., hecho que no fue objeto de discordia entre las partes. También se probó que la demanda le correspondió al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, bajo el radicado 2011-00666, de igual forma que la contraparte, por medio de su apoderado propuso una excepción previa asentándola en que no obraba dentro de la demanda la estimación razonada y bajo juramento de la pretensión económica, excepción que fue aceptada por el Juzgado, advirtiendo que la Ley 1395 de 2010, modificó el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, que introdujo ese requisito para sustentar la pretensión económica.

Para entrar en contexto sobre la inobservancia del abogado disciplinado doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA se hace necesario verificar el contenido del artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, que rezaba:

ART. 211.—Juramento estimatorio. El juramento de una parte cuando la ley la autoriza para estimar en dinero el derecho demandado, hará prueba de dicho valor mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que lo admita o en el especial que la ley señale; el juez de oficio podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.

(…).

Con la reforma que trajo la Ley 1395 de 2010 estableció en su artículo 10, que el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

ART. 211.—Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión (se resalta).

Nótese que aunque el abogado investigado JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA haya pasado por alto la reforma que trajo la Ley 1395 de 2010 al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, dicho yerro era subsanable, pues se propuso, como su nombre lo indica, como una excepción previa, que de haberse corregido, la demanda continuaría su curso normal; sin embargo el doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA, optó por no corregir la mencionada omisión de la demanda y apeló la decisión del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, recurso concedido ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá quien a su vez declaró desierto el recurso por falta de sustentación.

Pues bien, de las actuaciones hechas por el doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA se colige que las mismas no coinciden con las de un profesional capacitado para adelantar la gestión encomendada, pues en primer lugar porque le asistía la obligación de conocer la normatividad a la gestión encomendada, esto es al Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables al caso en concreto. En segundo lugar, porque se tiene que aunque al abogado JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA se le advirtió de dicha falencia, apeló la decisión sin ningún sustento jurídico, pues como se dijo anteriormente lo que procedía era la simple corrección del punto en concreto que señaló el Juez 17 Civil del Circuito de Bogotá.

Frente al argumento expuesto por el disciplinado en el refiere que la demanda fue revisada antes de su presentación por unos funcionarios de la empresa Fepco, esta Sala no comparte dicha postura, ya que la razón de que la empresa haya suscrito un contrato de prestación de servicios y haber pagado una suma considerable como honorarios para entablar una demanda, era precisamente la necesidad de Fepco de tener a un abogado externo que se encargara en concreto de dicho asunto, y que en teoría, debía ser el idóneo para adelantar esa gestión, pero de manera alguna puede excusarse y transferir su responsabilidad a dos trabajadores de Fepco, los cuales no hicieron parte del contrato de prestación de servicios y menos, en la elaboración de la demanda, la cual no cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil.

El recurrente sostuvo en su escrito que no sustentó el recurso, de manera consiente, pues de haberlo hecho y el Tribunal no acceda a su petición, se hubiera condenado en costas a su poderdante; sin embargo ha de señalarse que este hecho es atribuible única y exclusivamente al profesional del derecho, y de manera alguna puede tomarse como argumento defensivo ya que fue éste quien decidió interponer el recurso de apelación, dejando de lado que podía descorrer el traslado de la demanda subsanándola, es decir, que estaría alegando su error en su propio beneficio, situación que no es aceptable por esta superioridad.

Para esta Sala es de total reproche el hecho de que el abogado investigado JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA haya recibido honorarios para adelantar una demanda de carácter civil, en la que fue probada la excepción previa de inepta demanda por no haber estimado razonadamente y bajo juramento los perjuicios pretendidos, error que solo es atribuible al investigado pues no fue subsanado ni tampoco sustentado en tiempo el recurso impetrado, hechos que dejan ver su falta de conocimiento y de competencia para haber asumido la gestión encargada.

Aunado a lo anterior, el doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA manifestó que no volvió a presentar la demanda por no haberse puesto de acuerdo con su poderdante, pese a que ya se le había retribuido económicamente por esa gestión, pero a causa de su falta de conocimiento sobre la reforma al Código de Procedimiento Civil que trajo de la Ley 1395 de 2010, la gestión encomendada no pudo llegar a feliz término.

En relación con el quantum punitivo que fue objeto de disenso por el recurrente y que fue impuesto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá de suspensión por dos meses en el ejercicio de la profesión, esta Superioridad considera que esa sanción se encuentra ajustada por el daño causado al quejoso y la incertidumbre en la que se encuentra frente a sus expectativas por el actuar del doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA, por lo que se mantendrá la misma sanción impuesta por el Seccional de instancia.

Para la Sala no existe el más mínimo asomo de duda respecto de la materialidad de la conducta, toda vez, que las pruebas obrantes en el informativo corroboran que el doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA, actuó dolosamente, pues como profesional del derecho debe saber que no estar capacitado para aceptar las gestiones encomendadas es una falta que conlleva sanciones disciplinarias; no obstante, en este caso, pese a conocer las consecuencias optó por actuar en contravía del ordenamiento aceptando el encargo y como consecuencia de ello afectó los intereses de su cliente, quien confió en sus conocimiento y capacidades, las cuales se vieron comprometidas con el resultado obtenido en la demanda civil presentada.

En esa medida, si el abogado acepto la gestión a sabiendas que no estaba actualizado en sus conocimientos y por ende no estaba en capacidad de asumirlo, como en este caso ocurrió, el doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA incurrió en una falta contra la lealtad debida con su cliente, exactamente la comprendida en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 del 2007.

Así las cosas, esta colegiatura encuentra que la sanción impuesta en la sentencia de primera instancia deberá confirmarse íntegramente, por cuanto en el proceso adelantado en contra del doctor JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA, se observaron las ritualidades del trámite disciplinario, se respetaron los derechos del abogado disciplinado y la sentencia está cimentada en pruebas legalmente recaudadas que llevan a la certeza de la materialidad de la conducta, de la responsabilidad del profesional del derecho y el daño causado al quejoso, amén que la sanción cumple con los criterios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo del veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014), mediante el cual se sancionó al abogado JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión por haber incurrido en la falta disciplinaria descrita en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

2. REMITIR copia del presente fallo a las autoridades que deben hacer cumplir su ejecución y a las que deban registrarla en sus bases.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase.»

5 Corte Constitucional, Sentencia C-196 de 1999.

Salvamento de voto

De manera comedida manifiesto que SALVO MI VOTO en el asunto la referencia, toda vez que no comparto la decisión adoptada por la Sala en forma mayoritaria en la sesión del 16 de septiembre de 2015 - Acta 77 en el sentido de: “PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014), mediante el cual se sancionó al abogado JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión por haber incurrido en la falta disciplinaria descrita en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007”; por cuanto considero que se debió decretar la nulidad de la actuación desde la formulación de cargos al disciplinado.

Lo anterior por cuanto verificado el expediente de primera instancia, en la audiencia de pruebas y calificación provisional del 18 de junio de 2014, en la cual se le formularon cargos al abogado JAIME ALBERTO GUZMÁN PALMA y en el fallo de primera instancia del 20 de octubre de 2014, se le imputo y se le sancionó por la falta disciplinaria consagrada en el artículo 34 literal i) de la Ley 1123 de 2007, teniendo como hechos los siguientes:

El señor IDELFONSO ROZO TORRES en su escrito de queja manifestó que suscribió un contrato de prestación de servicios con el abogado disciplinable, cuyo objeto era promover una demanda ante la jurisdicción civil, con ocasión de la muerte de un trabajador de la empresa donde es Representante Legal el quejoso.

Refirió que presentada la demanda le correspondió al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, y mediante auto de 17 de agosto de 2012 declaró probada la excepción propuesta por la parte demanda referente a la no estimación de la indemnización pretendida bajo juramento, en tal sentido, el togado presentó recurso de apelación el cual fue admitido el 14 de febrero de 2013 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, pero el recurso no fue sustentado, motivo por el cual dicha providencia quedó en firme.

Así mismo refirió el quejoso:

“Por todo lo anterior considero respetuosamente que la conducta del abogado Jaime Guzmán ha sido totalmente irresponsable y debe ser investigado por tres razones:

a. Por el error cometido en el proceso, que sin lugar a dudas permitió que prosperara la excepción previa propuesta por la parte demandada.

b. Por su negativa a reunirse con las directivas de la empresa para rendir de manera personal su informe, estas posturas no son de un profesional serio.

c. Por su negativa a presentar nuevamente la demanda teniendo en cuenta que a este abogado se le canceló la suma de $6.000.000 honorarios que no son justificados y proporcionados con el deplorable servicio prestado. Por lo tanto considero que este abogado incumplió con el contrato” (resaltado propio).

Entonces en el sub examine, se debe señalar que la conducta investigada y cuestionada no se encuentra adecuada al tipo disciplinario endilgado, pues del estudio fáctico se pude establecer con claridad meridiana que la conducta merecedora de reproche disciplinario es la de una indiligencia, en la atención del encargo encomendado, como lo fue la falta de sustentación del recurso de apelación que hizo que el auto del 17 de agosto de 2012 quedara en firme en contra de las pretensiones de su cliente, así mismo tal y como la falta de diligencia en volver a presentar la demanda y con ello propender por cumplir con el mandato otorgado.

Por lo anterior considero que se debió decretar la nulidad de lo actuado por errada calificación de la conducta endilgada a la abogada, en razón a que la falta que se tipifica con la conducta desplegada por la profesional del derecho en la consagrada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, que señala:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

En los anteriores términos dejo consignado el salvamento de voto anunciado en la referida decisión.

Angelino Lizcano Rivera