Sentencia 2013-03381 de mayo 12 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.; 110011102000201303381 01

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según Acta Nº 40 de la misma fecha

Bogotá, D. C., doce de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión del 20 de junio de 2014, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la que resolvió sancionar al abogado Dagoberto Rodríguez López con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, al hallarlo responsable de haber incurrido en la conducta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007; dejando por sentado que la anterior competencia deviene de lo establecido en los numerales 3º del artículo 256 de la Carta Política y del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “… los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. Caso concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar, que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales y cumplan con el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión que se encuentra dispuesto en el estatuto deontológico que regula la profesión. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo de haber obrado en contra de lo establecido en el numeral 4º artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, al haber incurrido en la falta consagrada en el artículo 39 ibídem, lo cual se abordará, así:

Frente a la incompatibilidad para ejercer la abogacía al haber estado suspendido en el ejercicio de la profesión, la cual está consagrada en el numeral 4º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007; se tuvo plena certeza que el letrado incurrió en la misma, y vulneración de su deber, toda vez que infringió la conducta descrita en artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto a pesar de haber sido suspendido en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) años lo cual estuvo vigente desde el 4 de mayo de 2011 al 3 de mayo de 2013, según fallo emitido por esta superioridad el 13 de septiembre de 2010, luego de haberle hallado responsable de incurrir en la conducta descrita en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, al interior del sumario identificado con el Radicado 110011102000200905034 01, decidió seguir ejerciendo la representación de la parte actora al interior del proceso de restitución de inmueble arrendado identificado con el Radicado 2007-01411-00, haciendo lo siguiente: (i) El 22 de junio de 2011 radicó memorial de sustitución de poder al abogado Harold Armando Cubillos Montoya; (ii) El 1º de julio de 2011 solicitó la diligencia de restitución de inmueble arrendado e (iii) intervino dentro de las diligencias de restitución de bien inmueble efectuadas el 24 de octubre y 21 de noviembre de 2011, es decir que el abogado presentó diferentes memoriales en ese asunto además concurrió a diferentes actuaciones, haciendo disposición de un derecho de postulación que ya no tenía.

Analizando lo anterior, tenemos que el Seccional de instancia le imputó al togado investigado el que hubiere radicado el 22 de junio de 2011 un memorial sustituyendo el poder al doctor Harold Armando Cubillos Montoya, lo cual al juicio de esta superioridad no es constitutivo de la mentada falta disciplinaria, pues el deber consagrado en el numeral 19º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 prevé lo siguiente “… 19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión…”, lo anterior, no indica otra cosa más clara que, es obligación de los profesionales del derecho el renunciar o sustituir el poder en aquellos asuntos en los que no pudieren seguir ejecutando la representación o el derecho de postulación encomendado, tal y como acertadamente lo hizo el togado encartado aquél 22 de junio de 2011, por ende frente a esa conducta será absuelto el aquí investigado.

Caso contrario ocurre con lo acaecido en las datas subsiguientes, pues está claro que al haber estado suspendido del ejercicio de la profesión y además de tener conocimiento de ello, y de haber sustituido el poder encomendado, debió ausentarse por completo del proceso y no actuar como lo hizo, presentando el 1º de julio de 2011 una solicitud de fijación de diligencia de restitución de inmueble arrendado y concurriendo en las diligencias de restitución acaecidas los días 24 de octubre y 21 de noviembre de 2011, haciendo disposición de un derecho de postulación que ya no tenía, por lo cual frente a esas conductas se confirmará la responsabilidad en la falta consagrada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de las conductas típicas conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, así como la inexistencia de responsabilidad frente a una de ellas lo pertinente es revocar parcialmente la sentencia en consulta.

3. De la sanción impuesta.

Finalmente, frente a determinar si se confirma o no el quantum sancionatorio, procederá esta Sala ad quem a decir que se confirmará pues si bien es cierto al togado se le ha absuelto de una de las conductas reprochadas, no lo es menos que la sanción impuesta de SUSPENSIÓN por el término de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, está ajustada y razonable, atendiendo la modalidad dolosa de la conducta, la presencia de antecedentes disciplinarios en cabeza del jurista, así como el impacto negativo que ello género en la imagen que se percibe en el público frente a la profesión de la abogacía, atendiendo lo establecido por los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 20 de junio de 2014, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en la cual resolvió sancionar al abogado Dagoberto Rodríguez López con SUSPENSIÓN de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, luego de haberle hallado responsable de haber incurrido en la conducta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007 para que en su lugar:

A. ABSOLVER al letrado de haber cometido una de las conductas investigadas, siendo ella el haber presentado el 22 de junio de 2011 el memorial de sustitución del poder en favor del abogado Harold Armando Cubillos Montoya, conforme lo sustentado en la parte motiva de esta providencia.

B. CONFIRMAR la responsabilidad frente a las otras conductas reprochadas así como la sanción de suspensión en el término de seis (6) meses impuesta al togado, en igual sentido atendiendo lo sustentado en la parte motiva de ésta providencia.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».