Sentencia 2013-03872 de noviembre 16 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 110011102000201303872 01

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según acta 104 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 30 de octubre de 2015, mediante el cual fue sancionado con CENSURA el abogado RAMÓN RUIZ RENGIFO, al hallarlo responsable de vulnerar el artículo 28 numerales 1º y 6º de la Ley 1123 de 2007 y por ende infractor de la falta descrita en el artículo 33.8 ibídem.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. Caso concreto.

La primera advertencia en el presente caso realizada por esta superioridad, es que se está juzgando un abogado, no un auxiliar de justicia, entendiéndose que, habiendo sido designado el abogado de la lista de tales auxiliares para actuar como curador ad litem, para representar a un menor de edad en un proceso de familia, el cual se trataba de una unión marital de hecho, donde la madre del menor se encontraba impedida para representarlo por tener intereses contrapuestos, lo que decantó en la necesidad de acudir a la figura del curador, que en efecto como lo manifestó la primera instancia estaba en la obligación de aceptar el cargo, más aun tratándose de un incapaz absoluto (menor de edad), es decir, existe la norma especial que lo obligaba a atender tal llamado de la justicia (CPC, art. 45).

Independientemente de que hubiese con seguido el pago de los gastos de curaduría o no, pretermitió tal obligación legal, pues existía en caso de no obtenerlos otro medio de defensa judicial para su cobro, pero no debía dejar de acercarse a aceptar el cargo, como quiera era de imperioso cumplimiento, y por tanto con tal comportamiento abuso de la vía del derecho y la empleo contrariamente a su finalidad.

Lo anterior, como quiera que al ser mandato legal lo único que podía hacer al haber sido designado como curador ad litem era acatarlo, pero contrariamente se tomó la libertad de renunciar a tal encargo, al cual con toda razón el juzgado le dijo no aceptarle su petitum, puesto que ni siquiera se había posesionado, siendo relevado del cargo, mediante auto del 28 de noviembre de 2011.

Lo anterior, no quiere decir que no hizo uso de su nombramiento o de vía judicial, en tanto, uno se comprobó que tuvo comunicación con la demandante a quien le representaría su hijo menor, lo cual ya es una actuación jurídica y dos, al haber presentado renuncia, sabía que tenía el cargo a cuestas y no obstante su obligatoriedad, dejo de lado la ley y dispuso a su entender de otra solución al no encontrar el pago inmediato para gastos de curaduría.

Ahora bien, como quiera que debemos centrarnos en la apelación presentada por el disciplinado, se puede observar en el recurso de alzada, que se refirió a que por temas de salud no pudo actuar dentro del proceso que cursaba en el Juzgado 23 de Familia de Bogotá, la Sala observa no tiene ni el más mínimo asomo de asertividad su argumentación, pues como se indicó el disciplinado fue designado el 18 de octubre de 2011 como curador ad litem, presentó escrito de “renuncia irrevocable” poniendo de presente como argumentaciones la falta de recursos económicos de la demandante y el 28 del mismo mes y año, fue relevado del cargo, entendiéndose que no fue por aceptación de la renuncia, en tanto ni siquiera se había posesionado, pero nunca presentó excusa diferente y dentro del proceso disciplinario tampoco al versionar acerca de los hechos materia de investigación.

Revisado el expediente existe solicitud de aplazamiento de una audiencia debido a la operación referida señalando que fue a finales del año 2013(29), téngase en cuenta que los hechos materia de la compulsa de copias datan de noviembre 28 de 2011.

Ahora bien, en cuanto a la no presentación de alegatos de conclusión dentro del proceso disciplinario, no fue pretermitido su derecho a la defensa, por el contrario se le respetó el derecho a la defensa y al acceso a la administración de justicia designándole un defensor de oficio, que estuvo en el juzgamiento y presento sus alegaciones en defensa del disciplinado.

Sin mayores argumentaciones que las enunciadas frente a las expuestas a la contestación del recurso de alzada, procede esta corporación a destacar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa gestión se concentra al observar los deberes del abogado, garantes del ejercicio de la profesión, y en el código deontológico, se concentran en su artículo 28, los cuales dejó de lado al no observar la disposición legal que lo obligó a aceptar el cargo y por ende no colaboró con la recta y cumplida realización de la justicia

Se hace necesario para esta Sala recordar, quienes son los sujetos disciplinables que pone de presente la Ley 1123 de 2007, ante la jurisdicción disciplinaria:

“SUJETOS DISCIPLINABLES. ART. 19.—DESTINATARIOS. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional.

Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán los abogados que en representación de una firma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de servicios profesionales a cualquier título” (resaltado fuera de texto).

El togado incurrió en efecto en la falta contemplada en el artículo 33.8 de la Ley 1123 de 2007 al haber dejado de lado la recta y leal realización de la justicia y los fines del estado, puesto que empleo en forma contraria a su finalidad la vía de derecho, por cuanto estando obligado a la aceptación del cargo de curador ad litem, no acató la norma y por el contrario, busco una excusa de renunciar al cargo, disculpa que de por sí, no podría ser tenida en cuenta en tratándose de condiciones económicas del demandante, pues de no haber recibido lo que le correspondía tenía la vía ejecutiva para cobrarlo, pero debía haber actuado como curador ad litem de un menor, pues siendo así es un incapaz absoluto, tal como lo trata el artículo 45 de la codificación procesal civil.

3. De la sanción impuesta.

Así pues, al encontrarse probada la infracción y la responsabilidad del abogado disciplinado, además de tener en cuenta los criterios generales, de atenuación y agravación de la pena, se procederá a confirmar la sanción de CENSURA, por la vulneración del mencionado precepto legal a título de dolo.

Por los argumentos expuestos, esta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y en consecuencia se CONFIRMARÁ la sentencia objeto de apelación proferida el 30 de octubre de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con CENSURA al abogado RAMÓN RUIZ RENGIFO, por hallarla responsable de faltar al deber profesional consagrado en los numerales 1º y 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y en consecuencia de ello, de la comisión de la falta descrita en el numeral 8º del artículo 33 ibídem, a título de culpa.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá del 30 de octubre de 2015, mediante el cual fue sancionado con CENSURA el abogado RAMÓN RUIZ RENGIFO.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.»

29 Folio 174 c.o. 1ª instancia.