Sentencia 2013-04329 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000234200020130432901

Consejera ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez

Actor: Carlos Augusto Rojas Neira.

Referencia: acción de tutela.

Impugnación contra la providencia de 06 de agosto de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

Fallo

La Sala decide la impugnación formulada por el accionante contra la sentencia proferida el 6 de agosto de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones del actor por tener otro medio de defensa.

I. Antecedentes

Carlos Augustos Roja Neira solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá-Quindío, conforme con los siguientes hechos:

El accionante afirmó que, según el Simit, el 5 de enero de 2013 se impuso una foto multa al vehículo KFW-992, de propiedad del actor, en inmediaciones de la vía la Española kilómetro 79, sector Combia-Quindío.

Indicó que la multa se impuso el 5 de enero de 2013 y que hasta el 17 de julio de 2013, es decir, seis (06) meses después, le notificaron la infracción.

En vista de lo anterior, sostuvo que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que, según la Ley 769 de 2002 y 1383 de 2010, las autoridades competentes deben enviar por correo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la infracción y los soportes al propietario.

Concluyó que las entidades administrativas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que, la foto multa se notificó 6 meses después de cometida la infracción, además, la notificación, según el accionante, fue atípica, pues, se hizo por vía telefónica.

Por lo anterior, formuló la siguiente pretensión:

“1. Que se declare la vulneración a mi derecho fundamental del debido proceso, por parte del Transito(sic) de Calarca(sic).

2. Que se declare que debido a dicha vulneración, el comparendo o sanción en contra del vehículo de placas KFW992, del cual soy propietario, carece de legalidad, y que por lo tanto debe ser cancelado.

3. Que se ordene la eliminación de esta sanción de todas las bases de datos en las cuales aparezca dicho reporte, en especial el Simit.

4 Que se declare la sanción correspondiente que conlleva la responsabilidad de la omisión por parte del Ministerio de Transporte, por gala de vigilancia a sus entidades.

5. Y las demás medidas, sanciones y reparaciones que a su sana critica señor juez crea pertinentes para la completa reparación a mis derechos vulnerados”.

Oposición

El Ministerio de Transporte solicitó que se negaran por improcedente el amparo solicitado por el señor Carlos Augusto Rojas Neira.

Afirmó que los organismos de tránsito del país son entes autónomos e independientes, por tal razón, ninguna dependencia del Ministerio de Transporte es segunda instancia de sus decisiones, de tal manera que no es posible ordenar a estos o a sus concesionarios, que ejecuten sus funciones.

Indicó que la inspección, vigilancia y control sobre los organismos de tránsito, y demás organismos que conforman el Sistema Nacional de Transporte, la ejerce la Superintendencia de Puertos y Transporte, conforme a lo dispuesto en el Decreto 101 de 2000.

A pesar de notificar a la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá-Quindío esta guardó silencio.

Fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 09 de agosto de 2013, negó las pretensiones del accionante.

Sostuvo que se demostró la existencia del comparendo impuesto el 5 de enero de 2013 al señor Carlos Augusto Rojas Neira por valor de $ 294.741.

Asimismo, indicó que no obra prueba que demuestre que se notificó el comparendo al accionante en fecha anterior a la del 22 de julio de 2013, por consiguiente, afirmó que desde ese día la multa fue notificada.

En vista de lo anterior, señaló que, según el artículo 135 de la Ley 1383 de 2010, la persona que le sea impuesta una multa por medio de comparendos electrónicos o cámaras de videos podrá manifestar su inconformidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación ante las autoridades de tránsito, reclamación que el accionante no realizó.

Concluyó que el señor Rojas Neira contaba con otro mecanismo judicial para la protección del derecho fundamental invocado, por lo que, no es procedente la acción de tutela.

Impugnación

El accionante solicitó se revocara la providencia del 9 de agosto de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

Afirmó que no se notificó en debida forma de la imposición del comparendo y que, además, en la primera instancia no se demostró que la autoridad competente hubiera allegado la notificación de la multa.

Sostuvo que al no ser notificada correctamente no puede hacer uso del mecanismo de defensa que le otorga la ley.

I. Consideraciones de la Sala

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados, o en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

Ahora bien, en el caso bajo estudio el señor Carlos Augusto Rojas Neira presentó acción de tutela contra el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá-Quindío, en la que solicitó la protección a su derecho fundamental al debido proceso.

Lo anterior, por cuanto, las entidades administrativas accionadas omitieron realizar la notificación de una foto multa impuesta el 5 de enero de 2013 al vehículo KFW-992, de propiedad del actor, en inmediaciones de la vía la Española kilómetro 79, sector Combia-Quindío.

La Ley 1383 de 2013 que reformó la Ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones” establece en el artículo 22 que:

“El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

ART. 135.—Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.

Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.

La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere.

No obstante lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes al propietario, quien estará obligado al pago de la multa. Para el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia” (Negrillas de la Sala)

Para efectos de las ayudas tecnológicas en la actividad del tránsito terrestre, y más concretamente en los procesos sancionatorios que se pueden derivar de la misma, la Corte Constitucional en Sentencia C-530 de 2003, sostuvo que estas coadyuvan la labor de detectar a los posibles infractores de las normas que regulan el tránsito y la circulación de vehículos en el territorio nacional, y de esta manera, contribuir a la modernización de los trámites y funciones en ese campo, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y brindar un mayor nivel de seguridad en la actividad del transporte terrestre.

Asimismo, la Corte Constitucional sostuvo en la misma providencia que:

“Justamente en ese sentido es que el Código Nacional de tránsito terrestre permite el uso de ayudas tecnológicas para identificar a los vehículos y a los conductores. A pesar de que no se trate de medios clásicos de prueba, no pueden ser eliminados de estos procesos, pues pueden ser también la forma en que se estructure la defensa de quien sea inculpado erróneamente. Aunque para los actores, el uso de esos medios tecnológicos puede violar el derecho a la defensa, debido a la posibilidad de alteración de la prueba, el procedimiento previsto para estas situaciones contempla oportunidades en las cuales el conductor o el propietario del vehículo pueden defenderse. Así, si la prueba resulta falsa, podría el inculpado interponer los recursos pertinentes, razón por la cual no es violatoria del debido proceso la admisión de estos medios de prueba. Además, estas ayudas tecnológicas pretenden otorgar mayor certeza en el proceso de identificación de vehículos y conductores, lo cual resulta apropiado a fin de restringir al máximo la posibilidad de errores en la determinación de los inculpados e infractores. De otro lado, esta norma también pretende sancionar a los infractores de la manera más eficiente posible. Por ello el cargo presentado no prospera”.

Por otra parte, es de suma importancia para la Sala precisar que en la norma transcrita se dispone la obligación a la autoridad administrativa correspondiente de notificar por correo la infracción de tránsito y allegar sus soportes al propietario del vehículo, con el propósito de comunicarles a los administrados interesados sobre la actuación y brindarle la oportunidad material de ejercer sus derechos de defensa, contradicción e impugnación en caso que se les atribuyan algún tipo de responsabilidad en los hechos, puesto que, con las foto multas no se genera automáticamente la sanción, pues, la obligación del pago de la multa nace cuando se demuestra la culpabilidad de la persona, es decir, cuando se pruebe que él fue quien cometió la infracción, o cuando éste lo admita expresa o implícitamente.

Asimismo, se indica que la notificación de las imposiciones de comparendos se realiza por correo en desarrollo del principio de publicidad como garantía del debido proceso administrativo, por consiguiente, las entidades administrativas autorizadas para imponer comparendos deben allegar al propietario del vehículo infractor el comparendo elevado para que este pueda controvertir la infracción.

De igual manera, la Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010 afirmó:

“Es cierto que la imposición de comparendos a través de medios técnicos o tecnológicos, en los términos previstos en el aparte acusado, coadyuva en la labor de detectar las infracciones a las normas de tránsito, sustituyendo en la mayoría de casos la acción directa y presencial de las autoridades. Ello justifica que, en esos eventos, ante la falta de identificación del infractor, sea al propietario del vehículo a quien se notifique la orden de comparendo, pues, en su condición de tal, es en principio el directamente responsable de las obligaciones que se deriven del mal uso que pueda dársele al automotor. No obstante, tal hecho no justifica que se le imponga a éste la obligación de pagar la multa, sin brindarle previamente la oportunidad de comparecer al proceso administrativo y de ejercer su derecho a la defensa.

Precisamente, es la imputación de una determinada conducta jurídicamente reprochable, la que activa en favor del destinatario de la misma, el pleno ejercicio de sus derechos al debido proceso y a la defensa, sin que la situación del propietario del vehículo envuelto en una infracción de tránsito, pueda constituir la excepción”.

Ahora bien, en el caso concreto las autoridades accionadas no demostraron que se hubiera notificado al señor Carlos Augusto Rojas Neira del foto comparendo elevado el 5 de enero de 2013 en la vía la Española kilómetro 79, sector Combia-Quindío, por consiguiente, mal haría esta Sala tener como notificación una llamada telefónica o la simple información que aparece en la página del Simit.

En efecto, la Ley 1383 de 2010 que reforma el Código Nacional de Tránsito estipula que los comparendos realizados por medios técnicos y tecnológicos se notificaran por correo dentro de los tres días hábiles siguientes la infracción y sus soportes, disposición que no tiene excepciones legales.

En estas condiciones es claro que, al no realizar la respectiva notificación se le está vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del accionante, puesto que, el actor no podrá ejercer su derecho de contradecir e impugnar el comparendo y, si fuera el caso, allegar pruebas.

En consecuencia y de conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, se concederá el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del accionante.

Por lo anterior, la Sala considera necesario que se notifique al accionante en debida forma del comparendo, para lo cual, se otorgará un término de 48 horas a la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá-Quindío, contado a partir de la notificación de la providencia, para que notifique al accionante de la manera estipulada artículo 22 de la Ley 1383 de 2010.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia impugnada, proferida el 06 de agosto de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

En su lugar:

2. AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de Carlos Augusto Rojas Neira. En consecuencia, ORDÉNASE a la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá-Quindío que notifique por correo el comparendo impuesto el 5 de enero de 2013 al accionante, para lo cual se otorgará un término de 48 horas contado a partir de la notificación de la presente providencia.

3. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo,

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, presidenta de la sección—Martha Teresa Briceño de ValenciaHugo Fernando Bastidas BárcenasJorge Octavio Ramírez Ramírez.