Sentencia 2013-04335 de noviembre 2 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 1100111020002013 04335 -01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta Nº 101 de la misma fecha.

Bogotá, D.C. dos de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la sala

Competencia

Al no haberse apelado la sentencia proferida, conforme se dispone en el artículo 59-1 de la Ley 1123 de 2007, previo traslado a los sujetos procesales el cual transcurrió en silencio, procede esta superioridad a su revisión por vía de consulta, limitándose el presente pronunciamiento a lo desfavorable al disciplinado.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

El caso concreto

De acuerdo con lo anterior, la controversia jurídica objeto de definición en el sub lite, se circunscribe a determinar si la profesional sancionada incurrió en la falta disciplinaria descrita en el artículo 37 numeral 1º del Código Disciplinario del Abogado.

Revisado el acervo probatorio recaudado en primera instancia, se encuentra probado que la doctora Ángela Walker Posada, está inscrita como abogada con tarjeta profesional vigente número 35500789, según certificación Nº 11699-2013, de 14 de agosto de 2013, emanada de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

Igualmente se encuentra probado que la abogada recibió poder de la señora María Mercedes Moreno de Lalinde, el 17 de febrero de 2012 (fol. 2 cuaderno anexo 5), y designada como su apoderada para representarla legalmente dentro del proceso de levantamiento de la afectación a vivienda familiar.

También obra a folio 1 del cuaderno de anexos 6, donde fue designada como apoderada para adelantar proceso de sucesión intestada y a folios visibles del 6 a 9 del cuaderno anexo 13, escritura pública Nº 0391 donde la señora Moreno de Lalinde, confiere poder general a la doctora Walker Posada.

La investigada aprovechándose de la confianza depositada por la poderdante quebrantó el deber de la debida diligencia profesional al haber abandonado los procesos, toda vez que en el de sucesión con radicado Nº 2010-1201, la última actuación fue retirar el edicto emplazatorio sin realizar ninguna otra actuación posterior y en el proceso ejecutivo con radicado Nº 2007-0862, una vez recibió el mandato el 6 de julio de 2010, abandonó el proceso sin cancelar el saldo adeudado para completar el pago total de la obligación y solo hasta el 23 de abril de 2012, solicitó el desarchivo del caso, abandonándolo nuevamente hasta el 12 de marzo de 2013, cuando presentó el memorial aportando una consignación, causándole perjuicios a su poderdante quien tuvo que contratar otro abogado para continuar los procesos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que no existe prueba siquiera sumaria que justifique su actuar, esta Sala colige que la profesional inculpada con su conducta incurrió en la falta descrita en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1) Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Así las cosas, el comportamiento de la profesional del derecho aquí imputada, permiten encausar el trámite de esta consulta a la clara adecuación típica de la falta disciplinaria descrita, pues con su actuar quebrantó el deber profesional consagrado en el artículo 28-10 ibídem.

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…)

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”.

De las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que la disciplinable, Walker Posada, asumió el compromiso de representar los intereses de la quejosa el 28 de octubre de 2010 y el 24 de febrero de 2011, para que la representara en los procesos de marras, para lo cual le entregó la documentación e información pertinente.

Los procesos que debía adelantar la abogada y que fueron abandonados por la misma fueron los siguientes:

a) Proceso de sucesión intestada adelantada en el Juzgado 19 Civil Municipal de Bogotá con radicado Nº 2010-1201.

b) Proceso Ejecutivo adelantado en el Juzgado 18 Civil Municipal con radicado Nº 2007-0862.

Así las cosas, es claro que la abogada Ángela Walker Posada, se desempeñó como apoderada de la parte demandada, abandonando los dos procesos, en el de sucesión se limitó a subsanar la demanda, memorial de 20 de febrero de 2012, solicitando elaborar edicto emplazatorio, abandonando el caso hasta el 12 de marzo de 2013, fecha en que le fue revocado el poder.

En el ejecutivo una vez recibe el mandato el 6 de julio de 2010, abandonó el proceso sin cancelar el saldo adeudado para completar el pago total de la obligación y solo hasta el 23 de abril de 2012, solicitó el desarchivo del caso, abandonándolo nuevamente hasta el 28 de enero de 2013.

La anterior conducta es negligente y omisiva, demorándose un lapso de casi nueve meses sin impulsar los procesos, conducta que la investigada aceptó en audiencia de Juzgamiento de 29 de octubre de 2015, cuyos cargos habían sido formulados en audiencia de 17 de septiembre de 2015.

Del análisis de las pruebas aportadas es indubitable que la investigada asumió el compromiso de representar los intereses de la quejosa dentro los procesos ejecutivo y de sucesión, se observa que abandono los procesos no efectuando ninguna actuación para impulsar los intereses de su poderdante, entonces se colige la materialidad de la conducta por la infracción del deber de atender con celosa diligencias sus encargos profesionales.

Frente a la conducta de la abogada Ángela Walker Posada, considera esta Superioridad que la misma tiene trascendencia social, pues esta profesional del derecho asumió un compromiso de representar unos intereses en los procesos ejecutivo y de sucesión, sin embargo, no efectuó ninguna gestión, dejando abandonado el proceso perjudicando a sus clientes, quienes confiaron en sus servicios profesionales y por ello la contrataron, mereciendo esta conducta gran reproche, porque genera descredito que afecta el ejercicio de la profesión.

Esta Colegiatura, concluye, que la abogada cometió la falta del articulo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 a título de culpa, ya que esta pese a conocer la obligación que tenía de tramitar con diligencia las gestiones a ella encomendadas, no realizó las actuaciones propias de la misma, dejando de presentar las demandas ejecutiva y de sucesión para la cual fue contratada, a pesar de haber recibido los documentos.

De la sanción:

Respecto de la dosificación de la sanción conforme lo prescribe la Ley 1123 de 2007, se destaca que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la misma fue ajustada, máxime los criterios para la graduación de la misma señalados en la precitada norma, veamos:

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

A. Criterios generales

1. La trascendencia social de la conducta.

2. La modalidad de la conducta.

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.

B. Criterios de atenuación

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

C. Criterios de agravación

1. La afectación de Derechos Humanos.

2. La afectación de derechos fundamentales.

3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero.

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.

5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado”.

La sanción impuesta en la sentencia de primera instancia es ajustada teniendo en cuenta la modalidad de la conducta y la gravedad que reviste siendo proporcional al grado de afectación que pudo haber surgido para los quejosos, máxime que los elementos de juicio probatorios que orientan a la demostración objetiva y subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente, no se encuentran desvirtuados y mucho menos justificados, valoración suficiente para que esta Colegiatura proceda a confirmar la providencia consultada en el caso sub examine.

Para esta Superioridad, la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión que corresponde aplicar a la abogada Ángela Walker Posada, por la comisión de la falta disciplinaria que dio lugar a la presente actuación debe dejarse incólume por el grado de trascendencia de la falta, la forma subjetiva de realización de la conducta y por el perjuicio económico causado a la quejosa.

Así las cosas, pues como lo advirtió de manera acertada el a quo, la falta endilgada se cometió porque abandonó las diligencias encomendadas, quebrantando así el deber objetivo de cuidado que todo profesional del derecho debe mantener cuando asume una gestión jurídica, esto aunado a la ausencia de antecedentes disciplinarios, permiten divisar que la conducta desplegada por la investigada, amerita confirmar la sanción.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada de 20 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en descongestión del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual se sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el termino de DOS (2) MESES a la abogada Ángela Walker Posada, tras hallarla disciplinariamente responsable de la falta a la debida diligencia profesional consagrada en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, por las razones indicadas en la parte motiva de este proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».