Sentencia 2013-04424 de mayo 25 de 2016

 

Sentencia 2013-04424 de mayo 25 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 110011102000201304424 01

Aprobado según Acta 45 de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la quejosa señora Carolina García Paris y el funcionario disciplinado, doctor Rafael Barrera Núñez, Juez Veintitrés de Familia Piloto en la Oralidad de Bogotá, en contra de la sentencia dictada el 29 de mayo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que lo sancionó con tres (3) mes de suspensión en el cargo e inhabilidad especial, por el mismo término, como autor de la falta prevista en el artículo 48.49 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con lo previsto en los artículos 230 Superior, 153.1 y 150.9 del Código de procedimiento Civil, al no haberse apartado del conocimiento del proceso oportunamente.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

De la apelación

Al tenor del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto legal es el siguiente: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (resaltado fuera del texto original).

Motivo de inconformidad

— La quejosa señora GARCÍA PARIS en su escrito de apelación señala “…sanción que considero, no es lo suficientemente drástica ya que la conducta desplegada amerita una sanción mayor…”, al respecto:

Artículo 16 de la Ley 734 de 2002, la sanción disciplinaria tiene una función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la Ley y los tratados internacionales que se deben observar en la función pública.

Estas sanciones deben estar regidas por los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, necesarios para evitar la arbitrariedad de los operadores jurídicos cuando imponen sanción alguna, principios estos que fueron debidamente analizados al momento de imponer la sanción, cabe la pena resaltar que el investigado doctor Rafael Barrera Núñez, no registra antecedentes; conforme a los artículos 46 que señala los límites de las sanciones y 47 criterios para la graduación de la sanción, de la Ley 734 de 2002.

— El disciplinado BARRERA NUÑEZ en su apelación esgrime como argumento, que “…para el caso en concreto, con una sustancial modificación del grado de culpabilidad: doloso a culposo; circunstancia que sin lugar a duda engendran el vicio de nulidad descrito por el 143 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 3, referido a la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso…”.

De la Nulidad solicitada por el disciplinado.

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, Son causales de nulidad: i) La falta de competencia; ii) la violación del derecho de defensa del disciplinable, iii) la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Ahora bien, de conformidad con el principio de trascendencia, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal y la doctrina imperante en la materia, han considerado que la nulidad no puede invocarse solo en interés de la Ley, sino que es necesario que “la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales o socave las bases fundamentales del juicio, de tal manera que su declaratoria se encuentra orientada a que se corrijan errores prominentes en la tramitación del proceso y en el tratamiento del disciplinado”. Sentencia de fecha 26 de Octubre de 2011. Corte Suprema de Justicia, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

Pues bien, considera esta Corporación que en el asunto sub examine no se presentó una irregularidad sustancial que afecten el debido proceso del inculpado que obligue a declarar la nulidad de lo actuado para que la Sala A quo subsane el vicio advertido.

El debido proceso el constituyente lo consideró como un derecho de carácter sustancial y por ello le otorgó rango superior en el artículo 29 de la Constitución Nacional, el cual dispuso en su inciso 1º:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

Garantías consagradas como principios rectores en la Ley 734 de 2002, artículo 6º según el cual:

“ART. 6º—DEBIDO PROCESO. El Sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código.

En virtud de los principios que rigen las nulidades, esta Corporación ha venido sosteniendo la tesis de que su declaratoria constituye un remedio extremo que sólo puede decretarse cuando la grave inconsistencia procesal no pueda corregirse sino rehaciendo parte del trámite, situación que es objeto de análisis en el sub lite, a efectos de determinar si la inconformidad de la decisión adoptada por el Seccional de instancia con el ordenamiento jurídico, cumple tal requerimiento.

Sobre este tema, ha dicho la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Sentencia de fecha 15 de febrero de 1990 con ponencia del Magistrado Jorge Carreño Luengas.

“La nulidad consecuencia del principio de legalidad del proceso, busca establecer la intangibilidad de las formas propias de cada juicio, por ser éstas el marco dentro del cual puede ejercer el estado su derecho de sancionar, y por cuanto constituyen la garantía de la persona respecto de la salvaguarda de su libertad y del aseguramiento de oportunidades y medios idóneos para su defensa”.

En efecto, al revisar cuidadosamente el proceso se encuentra que en auto de cargos, se consideró que la falta había sido cometida a título de DOLO, sin embargo un análisis detallado, hace determinar que si bien dicho comportamiento se dio, no se determinó una intención nociva, sino que se produjo por la violación a un deber objetivo de cuidado, al no estar atento o concentrado en el despliegue de la actividad judicial que desarrolla, por cuanto es su deber, examinar cada proceso cuando llega al despacho, a fin de estudiar si se da inicio a la actividad procesal, por lo que ha de indicarse, que la conducta no se cometió a título de dolo, sino de CULPA.

Si bien es cierto en el pliego de cargos se le calificó la conducta a título de dolo por la primera instancia, esta Superioridad entiende con la argumentación dada por la primera instancia que se tuvo en cuenta la no intención nociva para convertirla en una violación al deber de cuidado y por eso se degrada la conducta de dolo a culpa; nos parece que ese cambió del nomin iuris en el tipo lo que está es beneficiando al disciplinado esto es, desarrollando el principio pro disciplinado, pero hacemos hincapié en que los hechos por los cuales se le imputó la conducta al hoy Juez 23 de Familia del piloto de Oralidad de Bogotá, son los mismos del pliego de cargos. Luego consideramos que estamos favoreciendo al disciplinado para no entrar a que conductas como estas queden en la impunidad en aras de aplicar una justicia material que el artículo 2º de la Carta Política.

En consecuencia, frente al caso que concita la atención, la Sala advierte que en el proceso tramitado contra el doctor Rafael Barrera Núñez no se ha incurrido en irregularidad sustancial afectante del debido proceso que genera nulidad de lo actuado por la Sala a quo, por lo expuesto en precedencia, ésta Superioridad negará la nulidad solicitada, por lo expuesto en la parte motiva.

Ahora bien, procede la Sala procediera a resolver el recurso de alzada a la sentencia proferida por el Seccional de Bogotá, en el sub lite.

Al respecto, la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria en el artículo 196, en los siguientes términos:

“ART. 196.—FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

Y, el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, señala:

“ART. 153.—DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos…” (resaltado no original).

De manera que al funcionario público se le investiga y sanciona es por “el incumplimiento de los deberes” y uno de esos deberes es el de cumplir dentro de la órbita de su competencia, la Constitución y las leyes.

Para el caso en estudio, el funcionario sancionado, incumplió este deber, al haber iniciado la ejecución de los actos tendientes por espacio de un año, violando un deber objetivo de cuidado, debido a que decretó medidas cautelares, pedidas por la abogada Ana Mercedes Barreiro; admitió demanda de reconvención con fecha 12 de octubre de 2012 demanda ésta formulada por la abogada Ana Mercedes; posterior el 13 de febrero convocó para audiencia la cual fue cancelada y el 11 de abril de 2013 se llevó a cabo la audiencia de conciliación de que trata el artículo 430 y 432 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior y de las pruebas allegadas está plenamente demostrada la comisión de la falta endilgada en primera instancia al doctor Barrera Núñez, luego de un análisis serio y ponderado se puede establecer que el funcionario debió declararse impedido desde el momento en que le reconoció personería a la abogada Ana Mercedes Barreiro (fl. 35 anexo 1), notificada por estado el 27 de agosto de 2012, siendo este el inicio a toda una actividad procesal que duró aproximadamente 7 meses hasta el 11 de abril de 2013 fecha en se llevó a cabo la audiencia de conciliación del 432 del Código de Procedimiento Civil como se enunció en citas anteriores.

En este orden de ideas no queda duda alguna que el investigado debe responder por la falta gravísima a título de culpa, tras el incumplimiento al no haberse apartado del conocimiento del proceso oportunamente.

Al no prosperar los argumentos de la apelación, se confirmará la decisión apelada, señalando que se comparte la sanción impuesta por el a quo, dada la gravedad y modalidad de la falta, y su incidencia al no declararse impedido en el momento oportuno para ello.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. NEGAR LA NULIDAD solicitada por el apoderado del disciplinado, respecto a la providencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por lo expuesto en la parte motiva.

2. CONFIRMAR sentencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 29 de mayo de 2015, mediante la cual sancionó al doctor Rafael Barrera Núñez, Juez Veintitrés de Familia Piloto de Oralidad de Bogotá, con tres (3) mes de suspensión en el cargo e inhabilidad especial, por el mismo término, como autor de la falta prevista en el artículo 48.49 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el previsto en los artículos 230 Superior, 153.1 de la Ley 270 de 1996 y 150.9 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

3. Ejecutoriada la sentencia comuníquese a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a las Presidencias de las Salas Administrativas del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura de Bogotá, conforme a lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley 734 de 2002.

4. Contra esta decisión no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»