Sentencia 2013-04718 de noviembre 11 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 11001 11 02 000 2013 04718 01

Aprobado según acta 93 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Ref.: Funcionario en consulta Hugo Hernando Moreno Munevar, Juez 37 Civil Circuito de Bogotá D.C.

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

Al no haberse apelado la sentencia proferida, conforme lo dispone el artículo 208 de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, previo traslado a los sujetos procesales, procede esta superioridad a su revisión por vía de consulta, limitándose el presente pronunciamiento a lo desfavorable al disciplinado.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

De acuerdo a lo anterior, la controversia jurídica objeto de definición en el sub lite, se circunscribe a determinar si el entonces funcionario sancionado incurrió en incumplimiento de su deber descrito en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de administración de Justicia, en concordancia con los artículos 36 y 37 del Acuerdo 1518 de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, veamos:

“ART. 153.—DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

El mencionado Acuerdo reguló el régimen y los honorarios de los auxiliares de la justicia, en la parte pertinente, así:

“ART. 36.—Criterios para la fijación de honorarios. El funcionario de conocimiento, en la oportunidad procesal, con criterio objetivo y con arreglo a las tarifas señaladas en el presente Acuerdo, fijará los honorarios de los auxiliares de la justicia, individualizando la cantidad dentro de los límites que se le trazan, basado en la complejidad del proceso, cuantía de la pretensión, si es el caso, duración del cargo, calidad del experticio, requerimientos técnicos, científicos o artísticos propios del cargo y la naturaleza de los bienes y su valor.

CAPÍTULO II

Tarifas

ART. 37.—Fijación de tarifas. Con base en los criterios señalados en el artículo anterior, la remuneración de los auxiliares de la justicia se regirá con sujeción a las siguientes reglas: (...).

5. Secuestres.

El secuestre tendrá derecho por su actuación en la diligencia a honorarios entre dos y diez salarios mínimos legales diarios. Cumplido el encargo, aprobada y fenecida la cuenta de su administración y restituidos los bienes que se le confiaron, el secuestre tendrá derecho a remuneración adicional, así:

5.1. Por inmuebles urbanos entre el uno y el seis por ciento de su producto neto, si el secuestre no asegura su pago con entidad legalmente constituida, y el nueve por ciento si lo asegura (...)”.

Así las cosas, se observa dentro del plenario copia del proceso ejecutivo radicado 2010-339, del Banco Colpatria contra el señor FREYDEN REYES MOSCOTE, estableciéndose que efectivamente el funcionario judicial investigado en proveído de 15 de junio de 2011, fijó honorarios al secuestre por la suma de $ 450.000, para la realización de la respectiva diligencia de secuestro, la cual finalmente se llevó a cabo el 13 de julio de 2013.

Sin embargo, con su decisión el doctor HUGO HERNANDO MORENO MUNEVAR, Juez 37 Civil del Circuito de Bogotá, para la época de los hechos, desconoció el deber funcional descrito, comoquiera que desbordó los límites fijados para la tasación de los honorarios del secuestre designado “Gestiones Judiciales CIA SAS”, al desconocer tanto los criterios como las tarifas señaladas en el Acuerdo 1518 de 2002, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

A la anterior conclusión arriba esta Colegiatura, teniendo en cuenta que como se ilustró en líneas anteriores, los honorarios debieron oscilar entre 2 y 10 salarios mínimos legales diarios, es decir que para el año 2011, no debió exceder el monto de $ 178.533, toda vez que conforme con el Decreto 33 de 2011, el salario mínimo fijado para el mencionado año, fue de $ 535.600.

Sin embargo, como se dijo y está demostrado, el funcionario judicial determinó la suma de $ 450.000, por concepto de honorarios, incurriendo de esta manera en una actuación irregular ajena a la autonomía funcional, precisamente por observarse en su decisión judicial un desbordamiento o protuberante desconocimiento en la aplicación de las normas aplicables al caso concreto.

De otra parte, tampoco procedía reconocer al secuestre designado suma alguna adicional, toda vez que tampoco se cumplieron los presupuestos reseñados para tal fin en el citado artículo 37 del Acuerdo 1518 de 2002, puesto que no se rindió cuenta de la administración del inmueble afecto a la medida cautelar de embargo y secuestro, toda vez que se constituyó depósito provisional y gratuito en favor del demandado.

En este orden de ideas, es evidente que la decisión del funcionario judicial investigado de fijar los honorarios del secuestre desconociendo las normas que regulaban la materia, concretamente el monto máximo, configuró una actuación negligente, es decir, culposa.

En el ámbito subjetivo, no se observa justificación válida de la conducta del doctor MORENO MUNEVAR, quien debió dar cabal aplicación del Acuerdo 1518 de 2002, evitando vulnerar sus deberes funcionales como director del proceso de marras, máxime que contaba con conocimiento y versación jurídica propia de su condición de Juez de la República, para la época de los hechos y por ende conocedor de la normatividad y la ritualidad procesal de los asuntos de naturaleza civil, comportamiento que amerita el reproche disciplinario que ocupa la atención de esta superioridad.

Finalmente, nada justifica la exposición argumentativa reseñada en su oportunidad por la defensa de oficio, toda vez que como se acotó, no procedía el reconocimiento de sumas adicionales y menos que no existiera responsabilidad en cabeza del Juez disciplinado aduciendo que los interesados no controvirtieron oportunamente la providencia por la cual se fijó los plurimencionados honorarios al secuestre designado, en forma extralimitada o desbordada, pues los roles de los extremos procesales son diferentes del papel de director del proceso que cumple el Juez, quien debió aplicar al en el sub judice, la norma aplicable la cual no admitía interpretación diferente a la aplicación aritmética de un tope máximo de 10 salarios mínimos legales diarios, lo cual a todas luces quedó demostrado, desbordó el doctor HUGO HERNANDO MORENO MUNEVAR.

Así las cosas, no se observa desvirtuada la materialidad de la conducta ni la responsabilidad de la misma, concurriendo los elementos objetivo y subjetivo, potísima razón para proceder a confirmar la providencia objeto de grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la Sentencia de 10 de agosto de 2015, por medio de la cual se sancionó al doctor HUGO HERNANDO MORENO MUNEVAR, JUEZ 37 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, para la época de los hechos, con MULTA EQUIVALENTE a 30 DÍAS DE SALARIO QUE DEVENGABA PARA LA ÉPOCA E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES, por incurrir en la infracción a los artículos 153-1, en concordancia con los artículos 36 y 37 del Acuerdo 1518 de 2002, conforme con las consideraciones expresadas en la parte considerativa de esta providencia.

2. REGÍSTRESE esta sanción en los libros correspondientes de la Procuraduría General de la Nación, conforme lo establece el artículo 220 de la Ley 734 de 2002, y comuníquese a las autoridades correspondientes.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».