SENTENCIA 2013-05366/11123-27 DE AGOSTO 10 DE 2017

 

Sentencia 2013-05366 de agosto 10 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Magistrada Ponente:

Doctora Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 110011102000201305366 01 (11123 - 27)

Aprobado según acta de sala Nº 64

EXTRATOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia; 112 numeral 4º y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en primera instancia por las salas homólogas de los consejos seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

2. De la calidad de disciplinable del investigado.

Se acreditó la calidad de abogado del investigado, mediante certificado Nº 13803-2013 del 20 de septiembre de 2013, expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (fl. 23, cdno. 1ª instancia).

3. De la falta imputada.

El cargo por el cual se sancionó en primera instancia al jurista LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, está descrito en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, así:

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas: 

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”. 

4. De la apelación.

Así las cosas, procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia planteados en la impugnación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 171 del Código Disciplinario Único (L. 734/2002), aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que recogen la temática.

4.1. Argumentos de la apelación.

El fallador de primer grado endilgó responsabilidad disciplinaria al abogado NAMEN RODRÍGUEZ, por haber lanzado frases injuriosas contra el Juez Diecinueve de Familia de Bogotá y los empleados del despacho judicial, los días 14 de marzo y 2 de julio de 2013, según se vio en precedencia.

Ahora bien, al observarse relación e identidad en algunos de los argumentos en los cuales fundamentó el recurso de apelación el abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, esta Sala hará un análisis en conjunto de los mismos, así:

En el literal a de la apelación, se presentó el disciplinado, como una persona intachable, sin conflictos ni problemas con la justicia, tal y como se evidenciaba al carecer de antecedentes penales, disciplinarios y contravencionales, y en literal e del referido escrito, Indicó que en el dossier no se analizó la forma como escribe y redacta sus memoriales o escritos, ni su comportamiento ante los funcionarios judiciales o la gente del común, y como se expresa tanto verbal como por escrito, pues “cualquier persona natural habla y se expresa de la misma manera como escribe. Esto es un indicio que demuestra también que no pude haber cometido la falta que me enrostran”. (Sic).

Frente a estos argumentos, dable resulta indicar por este juez colegiado que los mismos, carecen de la entidad suficiente para derruir el reproche disciplinario elevado en la sentencia impugnada, por tal razón no serán acogidos por la Sala.

En efecto tenemos que los antecedentes personales, sociales o la carencia de antecedentes disciplinarios, penales o contravencionales, así como los ademanes y formación intelectual no conllevan per se a impedir la comisión de una conducta tipificado en el ámbito disciplinario, penal, etc., por parte de cualquier profesional del derecho.

Así pues, los antecedentes disciplinarios del investigado, a la luz del artículo 45 literal C numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, apenas constituye un criterio de agravación a tenerse en cuenta para graduar la sanción a imponer al infractor.

El texto literal del precepto en cita es del siguiente tenor:

ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes: 

(...) 

C. Criterios de agravación (...) 

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. 

(...)”. 

Tampoco puede considerarse como un indicio de no haber cometido una falta disciplinaria, la forma como habla y escribe el litigante encartado, pues en el presente caso se le imputó la comisión de hechos objetivos y plenamente probados con la testimonial obrante en el plenario, según se explicará líneas adelante.

Quiere decir lo anterior, que la forma de escribir y el vocabulario normalmente utilizado por el togado (según su criterio), como indicio, no puede desvirtuar el hecho conocido, siendo el mismo el haberse pronunciado de manera injuriosa contra el titular y los funcionarios del Juzgado Diecinueve de Familia de Bogotá, los días 14 de marzo y 2 de julio de 2013.

Para mejor ilustración, preciso resulta trascribir lo pertinente a los indicios como medio de prueba, conforme lo ha venido desarrollando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(2), veamos:

“Como se sabe, y lo ha repetido la Sala en diversos pronunciamientos(3), el indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho (indicador o indicante) del cual razonadamente, según los postulados de la sana crítica, se infiere la existencia de otro hecho (indicado) hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido. 

Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser calificados de graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, sino de la común ocurrencia de las cosas; y de leves, cuando el nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece. 

De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria, al efecto establecida por los artículos 284 y siguientes de la Ley 600 de 2000 (la cual gobernó la presente actuación —D. 2700/91, arts. 300 a 303—), el hecho indicador del cual se infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar debidamente acreditado por los medios directos de prueba (testimonio, peritación, inspección, documento, confesión); ha de ser indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden a su vez tomarse como hechos indicadores de otros acaecimientos fácticos; independiente, ya que a partir de un hecho indicador no pueden estructurarse varios hechos indicados.

Cabe resaltar que en materia de prueba indiciaria, además de la acreditación del hecho indicante, de la debida inferencia racional fundada en las reglas de la sana crítica y del establecimiento del hecho desconocido indicado, cuando son varias las construcciones de ese orden, es de singular importancia verificar en el proceso de valoración conjunta su articulación(4), de forma tal que los hechos indicadores sean concordantes, esto es, que ensamblen entre sí como piezas integrantes de un todo, pues siendo éstos fragmentos o circunstancias accesorias de un único suceso histórico, deben permitir su reconstrucción como hecho natural, lógico y coherente, y las deducciones o inferencias realizadas con cada uno de aquellos han de ser a su vez convergentes, es decir, concurrir hacia una misma conclusión y no hacia varias hipótesis de solución”.

Bajo estos presupuestos, reitera la Sala, que los argumentos en estudio, carecen de la entidad para desvirtuar la materialización de la falta enrostrada al profesional del derecho y su responsabilidad en la comisión de la misma.

En el literal b del escrito de apelación, acusó el apelante la presunción de su inocencia en virtud al artículo 29 de la Constitución Política; mientras en el literal g señaló no haber cometido falta disciplinaria alguna, y en el literal f aseguró que por haber solicitado vigilancia especial dentro del reseñado proceso de custodia y cuidado personal y permiso de salida del país, se compulsaron las copias origen de este disciplinario.

Para rebatir los argumentos de la apelación se considera necesario por este juez colegiado proceder a analizar la conducta reprochada al investigado en la sentencia apelada, no sin antes efectuar una precisión respecto de las injurias y acusaciones temerarias contra los servidores públicos, las cuales constituyen falta disciplinaria contra el respeto debido a la administración de justicia, establecida por el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

Para ello se considera necesario citar las constancias secretariales de fechas 14 de marzo y 2 de julio de 2013, las cuales se expidieron en el marco del proceso de custodia y cuidado personal y permiso de salida del país (Rad. 2012-00396), promovido por ANA MARÍA CRUZ SALAZAR contra ADOLFO TRIANA ROJAS, adelantado ante el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogotá, de las que se extractaron las manifestaciones consideradas por la Sala de instancia como constitutivas de falta disciplinaria, veamos:

Constancia secretarial del 14 de marzo de 2013, suscrita por la secretaria del despacho CONCEPCIÓN VENEGAS AVILÁN:

“El día de hoy entre las 11:00 y 11:45 A.M., se presentó en secretaría el doctor LUIS GUILLERMO NAMEN R. averiguando por el proceso Nº 2011-00396 desde su aparición y hasta que se retiró de la baranda mantuvo una actitud de agresividad y tono alto de voz, se le atendió por la compañera que tiene el turno de baranda a es hora, le facilitó el expediente y unos folios para que los fotocopiara, en el tiempo que permaneció en baranda, entre muchas de las cosas que dijo: “que quería hablar con el juez, que en el proceso habían cosas oscuras, que en las actuaciones se había cometido prevaricato, qué si era que el juez había recibido plata?, pese a habérsele explicado que el titular del Despacho lo atendía el día y hora programada para la audiencia o por escrito...”(5) (Sic).

Constancia secretarial del 2 de julio de 2013, suscrita por el doctor GUILLERMO PARDO PIÑEROS en su condición de Juez Diecinueve de Familia de Bogotá, CONCEPCIÓN VENEGAS AVILÁN secretaria y MÓNICA NAVARRETE GARCÍA, escribiente del despacho:

“El día de hoy las 11:00 A.M., se presentó en secretaría el doctor LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, averiguando por unas copias que están ordenadas el proceso Nº 2012-00396, como es su costumbre, desde que llega y hasta que se retira, sin que haya revisado la pantalla para saber el estado y ubicación del proceso, grita, hace afirmación des-obligantes contra el juzgado y el señor juez. El mencionado también se hizo presente el martes 25 de junio, a la hora de las 4.50 P.M. requiriendo copias, los folios necesarios no se le prestaron en ese momento por lo avanzado de la hora... Dentro de las afirmaciones que hace se tienen: *El juez es un prevaricador y se lo digo en la cara; *¿Qué, cuánto nos había pagado en el proceso?; *Qué habíamos hecho en el expediente lo que se nos había dado la gana; * Que como ya le habíamos compulsado copias ante el Consejo nada le importaba, qué más le daba...”(6) (Sic).

Ahora bien, en reiteradas oportunidades, esta Sala ha manifestado que la injuria se traduce en expresiones, términos, frases, símbolos, gestos o ademanes de contenido lesivo proferidas o dirigidas contra los funcionarios, colegas y demás personas involucradas en el asunto profesional en el cual actúa el litigante, y lesionan la majestad de la justicia, premisas que en el caso sub examine se concretan en las manifestaciones realizadas por el abogado, pues es evidente el animus injuriandi en su actuación, afirmaciones a todas luces con la entidad suficiente para herir la susceptibilidad, aprecio y autoestima de los empleados y el titular del Juzgado Diecinueve de Familia de Bogotá.

En este orden de ideas, considera la Sala, en el caso bajo estudio, se está ante la existencia de la conducta constitutiva de falta disciplinaria, pues la actuación del abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, según la revisión de las manifestaciones reseñadas en las constancias secretariales del 14 de marzo y 2 de julio de 2013, en el proceso de custodia y cuidado personal y permiso de salida del país traído en autos, estuvieron encaminados a injuriar o acusar temerariamente a los funcionarios del Juzgado Diecinueve de Familia de Bogotá, incluido su titular, las cuales contienen la relevancia suficiente para considerar trasgredidos los deberes profesionales que han de guiar su recto oficio, y sin duda alguna revisten verdaderos actos de deshonra al atacar la honorabilidad de los funcionarios del citado Despacho Judicial, siendo la misma un primer atributo personalísimo de la dignidad humana.

Las frases proferidas por el litigante en el recinto del Juzgado Diecinueve de Familia de Bogotá, poseen contenido injurioso y aún calumnioso, pues tienen idoneidad para atacar el honor y la honra, señalando al titular del despacho judicial de prevaricar, a los empleados del juzgado de recibir dinero para manejar a su antojo el proceso de custodia y cuidado personal y permiso de salida del país, radicado bajo el número 2012-00396.

Así las cosas, se itera, considera la Sala que en el actuar desplegado por el inculpado se denota animus injuriandi, pues las frases utilizadas por el litigante contra el funcionario no escapan de ser consideradas injuriosas pues es evidente el querer herir la susceptibilidad y el pundonor de los funcionarios del Juzgado Diecinueve de Familia de Bogotá, por ende de la administración de justicia.

En efecto, el encartado no podía emplear el citado lenguaje, como quiera que las contradicciones jurídicas, si bien es cierto retraen oposición de pruebas, argumentos, razones de hecho o de derecho, en manera alguna pueden concitar ni permitir a los abogados afrenten a quienes intervienen en el proceso como para el caso se dio, sin obrar ninguna causal de justificación.

Pues en las reglas mínimas de conducta exigibles se ha previsto que el abogado debe conservar la dignidad y el decoro de la profesión, observar y exigir mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus relaciones con los funcionarios, con los colaboradores y auxiliares de la justicia, con la contraparte y sus abogados, pero el togado olvidó su especialísimo rol, el cual lo vincula estrechamente con la administración pública, la administración de justicia y la colectividad compuesta por potenciales usuarios de sus servicios profesionales o contrapartes, debiendo por tanto tener un comportamiento digno, decoroso y pulcro; de allí su deber de actuar con ponderación, con mesura, con seriedad, con absoluto respeto para con todas aquellas personas que en su ejercicio profesional involucre.

En este orden de ideas, se refuta la tesis del apelante en cuanto consideró no haber cometido la falta disciplinaria imputada por el fallador de primera instancia y encontrarse revestido la presunción de inocencia, pues la decisión sancionatoria, se profirió con base en las testimoniales vertidas en infolio y la referida prueba documental, deviniendo por ende justificada y acorde a los elementos propios de la sana critica, además de concordante frente al derecho fundamental a la presunción de inocencia, el cual exige para declararse responsable al acusado, se le haya demostrado su culpabilidad.

Sobre este derecho de rango superior, la guardiana de la Constitución se ha pronunciado(7), señalando:

“El derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 29 constitucional, significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad. Así pues, la presunción de inocencia, se constituye en regla básica sobre la carga de la prueba, tal y como aparece consagrado en numerosos textos de derechos humanos[28].

[28] Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 8-2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14-2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En un Estado social de derecho corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una persona es responsable de un delito, produjo el daño, o participó en la comisión del mismo, lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle su culpabilidad. Por ello, a luz del principio del in dubio pro reo si no se logra desvirtuar la presunción de inocencia hay que absolver al acusado, y toda duda debe resolverse a su favor implicando su absolución”. 

Sobre la certeza requerida para imputar responsabilidad al investigado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso Nº 22898, aprobado el 19 de octubre de 2006, indicó:

“La certeza implica que el funcionario judicial está fuera de toda duda, es decir, que acepta la existencia de unos hechos con criterio de verdad desde dos planos a saber: (i) Subjetivo. Consistente en la manifestación de aceptar el hecho como cierto y (ii). Objetivo. Son los fundamentos probatorios que se tienen para concluir en la existencia de dicho hecho. 

En otras palabras, la certeza no es otra cosa que la convicción del hecho. Conocimiento al que se arriba luego de concluir que éste encuentra cabal correspondencia con lo que revelan los medios de prueba incorporados al trámite, luego de ser examinados de acuerdo con los postulados de la lógica, de la ciencia o de las máximas de la experiencia, excluyéndose de esta manera las ideas contrarias que se tenían de él”. 

Así las cosas, al obrar al infolio elementos de convicción que dan certeza sobre la comisión de la conducta irregular atribuida al togado y por ende de su responsabilidad en su comisión, se torna imperativo para esta Sala confirmar la decisión apelada, en relación con los hechos hasta aquí expuestos.

Finalmente, en los literales c y d el apelante además de calificar de sospechosos los testimonios del Juez Diecinueve de Familia de Bogotá, doctor GUILLERMO PARDO PIÑEROS, y de CONCEPCIÓN VENEGAS AVILÁN y MÓNICA NAVARRETE, secretaria y escribiente del referido despacho, respectivamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, consideró que se presentó una contradicción en el testimonio del doctor PARDO PIÑEROS, pues éste manifestó no constarle nada de lo plasmado en el acta suscrita por la secretaria del despacho CONCEPCIÓN VENEGAS AVILÁN, mientras la citada funcionaria, señaló que el señor Juez estaba presente cuando ocurrió el supuesto incidente en el cual se materializó la falta disciplinaria, generándose así una duda a su favor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.

Para abordar los argumentos en referencia, se precisa por esta corporación que si bien la norma en cita por el litigante encartado, artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(8), califica de sospechosas para declarar a las personas en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, entre otras, por su dependencia, ello de manera alguna conlleva a prescindir de la prueba testimonial, sino que exhorta al Operador Judicial a tener mayor rigurosidad al realizar su análisis.

Sobre los testigos sospechosos, la guardiana de la Constitución ha señalado:

“Respecto de los testigos sospechosos, quienes se encuentran en situaciones que afectan su credibilidad e imparcialidad y cuya declaración, si bien puede recibirse, ha de analizarse con severidad (art. 217 e inciso 3º del art. 218 del CPC), la Corte señaló: 

“En cuanto al artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, éste lo que hace es definir como sospechosos a aquellos testigos que se encuentren en circunstancias que puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o intereses que tengan con las partes o sus apoderados, de sus antecedentes personales u otras causas que determine el juzgador ; ello por cuanto si bien la sola circunstancia de que los testigos sean parientes de una de las partes, no conduce necesariamente a deducir que ellos inmediatamente falten a la verdad, “...la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones libres de sospecha”[16], lo que permite concluir que dicha norma no es más que una especificación de las reglas de la sana crítica aplicadas al proceso civil. 

[16] Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 8 de junio de 1982.

No obstante lo anotado, cuando una controversia entre particulares debe ser dirimida por el juez competente, éste deberá definirla, como antes se dijo, a partir del análisis que realice del acervo probatorio, el cual está en la obligación de estudiar de acuerdo con las reglas que le impone el sistema de la sana crítica, lo que implica confrontarlas, permitir que las partes las contradigan y si es del caso las desvirtúen, y ponderarlas en conjunto, a la luz de su saber técnico específico y su experiencia. 

En consecuencia, la ponderación de una prueba como el testimonio, obliga al juez a desplegar su actividad con miras a determinar la fuerza de convicción del mismo, para lo cual deberá remitirse a criterios de lógica y experiencia que le permitan valorarla en su real dimensión, sin que ello implique, como lo afirma el actor, que se quebrante la presunción de buena fe que se atribuye a todas las actuaciones de los particulares. Si ello fuere así, la labor del juzgador se limitaría al registro de la versión, de la cual no podría dudar, lo que dejaría sin sentido su actuación e impediría el objetivo último del proceso, que no es otro que el arribo a la verdad material”. 

Bajo los conceptos de la citada jurisprudencia, considera esta colegiatura, que las testimoniales vertidas por el Juez Diecinueve de Familia de Bogotá, doctor GUILLERMO PARDO PIÑEROS, y las señoras CONCEPCIÓN VENEGAS AVILÁN y MÓNICA NAVARRETE, secretaria y escribiente del referido despacho, respectivamente, fueron contestes respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se materializaron los hechos atribuidos al disciplinado.

En efecto, del análisis de las versiones entregadas por las funcionarias CONCEPCIÓN VENEGAS AVILÁN y MÓNICA NAVARRETE GARCÍA, se aprecia que estas se encontraban (testigos propios o presenciales) en la secretaría del despacho judicial, los días 14 de marzo y 2 de julio de 2013, cuando llegó el abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, y luego de negársele las copias solicitadas al interior del proceso de autos, lanzó serias e infundadas injurias contra el Juez y sus colaboradoras, en los términos vistos en precedencia.

Aunado a lo expuesto, se descarta que se haya presentado una contradicción entre lo afirmado por el Juez Diecinueve de Familia de Bogotá y la Secretaria de ese Despacho, como lo señaló el letrado encartado, en punto de la presencia del Operador Judicial en el sitio exacto donde ocurrieron los hechos para el día 14 de marzo de 2013.

Así pues, al ser interrogada la Secretaria CONCEPCIÓN VENEGAS AVILÁN, manifestó que al iniciar el reclamo airado y lanzar las injurias el togado NAMEN RODRÍGUEZ, el Juez pudo escuchar sus afirmaciones porque estos hechos ocurrieron muy cerca de su oficina, además porque su jefe salió a llamarle la atención al disciplinado, mientras el Juez GUILLERMO PARDO PIÑEROS, manifestó que no era un testigo presencial de lo ocurrido, porque sus sentidos directamente no percibieron lo dicho por el togado, sino apenas una “algarabía”.

Se desprende de lo anterior, que si bien el citado juez de familia aclaró que no conoció directamente de las injurias proferidas en su contra, ello en nada afecta la credibilidad del testimonio de la funcionaria CONCEPCIÓN VENEGAS AVILÁN, cuando infirió que el juez escuchó perfectamente los agravios del abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, por la cercanía del puesto de trabajo de su jefe al lugar de la discusión y menos aún desvirtúa la comisión de la conducta reprochada al jurista NAMEN RODRÍGUEZ.

Insuficiente se presenta entonces la apreciación del impugnante para rebatir la materialización del tipo disciplinario, frente a la conjetura de la Secretaria del Juzgado de Familia respecto a que el director del despacho, había conocido directamente las injurias ofrecidas por el disciplinado, máxime cuando el sustento factico de la calificación de la conducta reprochada se sustentó además, en los hechos sucedidos el 2 de julio de 2013.

De otra parte, de las pruebas allegadas oportuna y legalmente al presente investigativo, de manera alguna se desprende que la compulsa de copias origen de estas actuaciones se generó por la solicitud de Vigilancia Especial, que presentara el abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, al interior del multicitado proceso de custodia y cuidado personal y permiso de salida del país, en el cual fungió como apoderado del demandado ADOLFO TRIANA ROJAS.

Pues más allá del dicho del quejoso, no obra elemento de convicción en tal sentido, y si en gracia de discusión, correspondiera el motivo de la compulsa de copias la solicitud de Vigilancia Especial del proceso de familia de marras, tal circunstancia de manera alguna afectaría la legalidad del presente disciplinario o constituiría en una causal de eximente de responsabilidad de la conducta desplegada por el jurista inculpado en cuanto a su deber de guardar el respeto debido a la administración de justicia.

Habiendo esta colegiatura desatado todos los argumentos de apelación formulados por el disciplinado, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia proferida el 29 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, por incurrir en la comisión de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el fallo apelado, proferido el 29 de mayo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante el cual se sancionó con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 79.691.383 y T.P. 117.044, de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucia Olarte Ávila, Secretaria Judicial».

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso 28465, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, aprobado acta Nº 039 del 13 de febrero de 2013.

3 Cfr. Entre otras, sentencias de 8 de mayo de 1997, Rad. 9858, 26 de octubre de 2000, Rad. 15610; 8 de junio de 2003, Rad. 18583; 13 de septiembre de 2006, Rad. 23251; y 2 y 17 de septiembre de 2008, Rad. 24469 y 24212, respectivamente.

4 Cfr. Nueva teoría de la prueba. Dellepiane Antonio. Editorial TEMIS S.A. 1991, págs. 87-92.

5 Ver fl. 14, cdno. 1ª instancia

6 Fl. 262, cdno. anexo.

7 Corte Constitucional, Sentencia C- 205 de 2003.

8 Código de Procedimiento Civil, ART. 217.—Testigos sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.