Sentencia 2013-05547 de diciembre 10 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015).

Magistrada Ponente:

Doctora Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 110011102000201305547 01 (10694-24)

Aprobado según acta de Sala Nº 101

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y 59 de la Ley 1123 de 2007, esta Superioridad es competente para conocer en apelación, las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

Cabe señalar que, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo, a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema sometido a decisión

2. Del investigado.

Mediante certificado obrante a folio 15 del cuaderno de segunda instancia, el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, acreditó la calidad de abogado del ciudadano V... H... T... P..., identificado con la cédula de ciudadanía xxx xxx xxx, portador de la tarjeta profesional Nº xxx xxx del Consejo Superior de la Judicatura.

3. De la prescripción.

La Sala en forma oficiosa decretará la prescripción parcial de la conducta del disciplinado a partir del recurso de reposición interpuesto por el investigado el 11 de junio de 2010 (fls. 3-4 c. a1) contra el auto del 21 de mayo de 2010 proferido por el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá (fl. 2 c. a1) y hasta el recurso de reposición interpuesto por el togado el 1º de octubre de 2010 contra el auto de 7 de septiembre de 2010 emitido por el mismo despacho (fls. 13-15 c. a1).

Lo anterior por cuanto a juicio de esta Superioridad a las conductas del letrado del 11 de junio y 1º de octubre de 2010 les ha sobrevenido el fenómeno de la prescripción, de cara a las previsiones consagradas en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2011(sic); fenómeno procesal que será declarado en la parte resolutiva de esta decisión.

4. De la nulidad.

La Sala desde ya debe precisar que la sentencia recurrida fue emitida el 5 de marzo de 2015, por la Sala Homóloga del Consejo Seccional de Bogotá (fls. 120-144 c. 1ra Inst.), decisión la cual fue notificada mediante edicto desfijado el 6 de abril de 2015. En ese interregno el apelante en tiempo oportuno interpuso recurso de apelación mediante escrito inicial del 25 de marzo de 2015 (fls. 154-155 c.o 1ra. Inst.) y un segundo escrito complementario de su alegación (pero dentro del término de traslado) radicado el 9 de abril de 2015 (fls. 156-161 c.o. 1ra Inst.).

Bajo los anteriores presupuestos la Sala se pronuncia inicialmente frente a las nulidades planteadas por el apelante:

Frente al primer punto objeto de ataque del apelante encaminado a señalar que el proceso disciplinario se evacuó hasta la misma audiencia de juzgamiento con total desconocimiento de su derecho al debido proceso y a la defensa los cuales considera, le asisten constitucionalmente.

Esta Superioridad debe precisar que quien alega una irregularidad procesal en virtud al principio de concreción, el cual caracteriza las nulidades, debe entrar a concretar, precisar en qué consistieron los actos de menoscabo a su derecho. En tal sentido la Sala de Casación Penal determinó:

“Principio de concreción, en virtud del cual en contra de la abstracción, es decir, de la vaguedad, indeterminación, imprecisión, generalidad e indefinición, le corresponde a la parte que aduce irregularidades procesales delimitar, precisar, individuar, particularizar y puntualizar el acto o actos procesales que generan o desencadenan el desconocimiento de los derechos y garantías de los sujetos procesales”.(3)

En segundo lugar y en cuanto a la afirmación del apelante de no existir prueba allegada al expediente en legal forma; la Sala debe destacar que el recurrente al igual que en el apartado anterior, no concreta ni precisa cuál de todas las pruebas aportadas al expediente en su sentir, fueron introducidas vulnerando las formas propias del juicio. Vale decir que como eje central de la sanción, la misma se construyó a partir del auto emitido por el Juez 22 Civil del Circuito, el 21 de abril de 2014, el cual sancionó al investigado acorde a lo previsto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil; por incurrir en maniobras dilatorias mediante la interposición de 17 recursos de reposición (fls. 196-199 c. a1).

En un tercer y cuarto punto de su apelación, se duele el investigado de que el despacho de instancia no haya accedido a su solicitud de aplazamiento de la audiencia a celebrarse el 26 de febrero de 2015 al alegar incapacidad médica, circunstancia la cual consideró no respetó las garantías mínimas procesales.

A ese respeto lo primero que se impone advertir es que fue el mismo apelante quien siempre asumió una actitud silente a lo largo de la investigación; un hecho el cual devela tal afirmación, se erige en que éste fue vinculado como persona ausente, mediante auto del 5 de mayo de 2014 (fl. 13 c.o 1ra. Inst.); circunstancia ante la cual se le designó defensor de oficio, el cual lo representó en las audiencias del 9 de julio de 2014 (fls. 21-22 c.o 1ra Ints.), 16 de septiembre de 2014 (cd2) y 26 de febrero de 2015, ante la revocatoria al poder de la defensora de confianza (fl. 74; 98 c.o 1ra. Inst.).

Cabe agregar que el investigado en su oportunidad había designado como defensora de confianza a la abogada A... C... C... C..., quien lo representó únicamente en la audiencia del 27 de enero de 2015 (fl. 74. c.o 1ra Inst.); se reitera, por cuanto el disciplinado le revocó el poder.

En ese orden, bajo los anteriores presupuestos, surge como evidente que el investigado siempre tuvo conocimiento de la investigación impulsada en su contra.

Un segundo aspecto a examinar se construye en la potísima razón que el apelante, cuando la audiencia la habían fijado con un mes de antelación, acudió a solicitar el aplazamiento de la misma una hora y trece minutos antes de su celebración (el escrito de aplazamiento se formuló a las 8:47 am y la audiencia estaba fijada para las 10 am.); circunstancia la cual devela una actitud encaminada a obstruir un ejercicio legítimo de la potestad Estatal de administrar justicia.

Cabe agregar, que el disciplinado dentro de la investigación nunca acudió a los llamados de la judicatura, pero extrañamente en etapa de juzgamiento y cuando al asunto le había fenecido la práctica de pruebas y bastaba sólo rendir los alegatos de conclusión el investigado solicitó el aplazamiento de la diligencia, en la cual estaba garantizada su defensa técnica.

Bajo las anteriores premisas surge como evidente la no trascendencia del presunto yerro, del cual se duele el recurrente,

Por lo anterior, concluiríamos que en virtud al principio de protección quien haya sido causa del acto violatorio o coadyuvado con su comportamiento al acaecimiento del acto irregular, no puede invocar la nulidad(4).

Por lo anterior la Sala no accederá a las nulidades planteadas por el recurrente, tal como lo declarará en la parte motiva de esta decisión

5. De la apelación.

Habrá de referirse esta corporación estrictamente a los motivos de discrepancia planteados en la impugnación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

6. Marco normativo.

El cargo por el cual se sancionó al jurista en el fallo apelado es el descrito en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, el cual dispone:

““(...) ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: 

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad. (...)”. 

7. El caso en concreto.

Esta Superioridad estudiará por separado cada una de los temas propuestos por el apelante con miras a determinar de un lado la materialidad de la falta y de otro la responsabilidad en ella del abogado V... H... T... P...

En primer lugar y en cuanto al reparo formulado por el apelante en cuanto a que la investigación se originó en lo ordenado por el Juez 22 Civil del Circuito mediante auto de abril 20 de 2012 y la secretaría del despacho terminó enviando a esta investigación toda la documental existente hasta el año 2014, con lo cual a la postre fue sancionado por el Seccional de instancia; a su juicio ello deviene en insólito e imposible que se hayan investigado y sancionado actuaciones posteriores al citado auto.

Bajo la anterior premisa la Sala parte del contenido del inciso 6º del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, preceptiva la cual se introduce al procedimiento reglado por la Ley 1123 de 2007 a través de la cláusula de remisión contenida en el artículo 16 ejusdem, la cual señala que la indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y losqueleseanconexos.

Caberecordarque la conexidad se presenta cuando varias faltas están ligadas entre sí por vínculos subjetivos o materiales o se conectan de alguna manera, y son atribuibles a una o varias personas y un hilo conductor determinante entre ellas, aspecto este que la doctrina ha señalado como conexidad sustancial.

En ese sentido se impone destacar que la conexidad sustancial puede ser teleológica, es decir cuando el mismo sujeto incurre en varias faltas disciplinarias unidas por un nexo de medio a fin, esto es cuando comete una falta con el fin de realizar otra; a su vez consecuencial, la cual sucede cuando el disciplinable pretendiendo cometer una falta incurre además en otra y cronológica, que se presenta cuando en un mismo contexto de acción se presentan varias faltas o cuando las faltas se cometen por el mismo sujeto en diferentes contextos de acción pero con la misma finalidad

En esa perspectiva surge el concepto de conexidad procesal, la cual a diferencia de la anterior (conexidad sustancial) no requiere de vínculos determinantes y surge exclusivamente por razones de conveniencia o economía procesal, bajo las modalidades de comunidad de medio probatorio, es decir cuando una misma prueba permite demostrar varias faltas y unidad de sujeto, lo cual se refiere a hechos que no necesariamente sean conexos pero son cometidos por el mismo sujeto.

Bajo este panorama y de cara al marco normativo señalado el argumento expuesto por el recurrente encaminado a señalar que el a quo no estaba habilitado para investigar la conducta desplegada por el abogado T... en forma posterior a la emisión del auto proferido por el informante el 20 de abril de 2012, se ofrece huérfano de arraigo legal.

Efectivamente, en este asunto existe conexidad probatoria y unidad de sujeto, en una conducta que si bien y dado los innumerables recursos se inició en el año 2007 (fls. 3-4 c. a1); el fallo sancionatorio la ubicó a partir del año 2010 cuando se ordenó el remate del bien inmueble objeto del proceso ejecutivo con título hipotecario y donde se materializó la voluntad del investigado de dilatar el trámite de remate en una conducta continua y permanente durante cuatro años; de allí que surja como razonable que se hayan valorado hechos que se extendieron hasta el año 2014.

En ese orden es necesario precisar que la conducta desplegada por el abogado V... H... T... P... se exteriorizó a través de diferentes actos parciales conectados entre sí por una relación de dependencia una unidad de acción final, un nexo de continuidad, reflejado en la voluntad de dilatar.

Bajo esa premisa, si bien, en apariencia cada uno de los actos parciales censurados al abogado desde el primer recurso formulado el 21 de mayo de 2010 (fl. 196 c. a1) representa, de por sí, una falta disciplinaria consumada; todos ellos se valoran de manera conjunta como una sola conducta ontológica y normativamente entendida, por cuanto se debe partir de una concepción final de la acción una humana; de cara al concepto de acto disciplinario, vertido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Por lo anterior; surge como evidente que cuando el abogado T... exteriorizó la voluntad de interponer 17 recursos, la finalidad de ello se encaminaba a dilatar en el tiempo una orden de remate de un inmueble; conducta la cual extrañamente no atacó en sede de apelación.

Por último y de cara al segundo punto atacado por el apelante encaminado a censurar que un magistrado conoció de juzgamiento y una magistrada fue la que emitió sentencia, es una alegación que carece de sustento en punto de trascendencia; ello por cuanto el apelante no concretó ni precisó en qué lo afecto ese cambio el cual vale decir, está avalado por el ordenamiento jurídico, en tanto la magistrada Martha Inés Montaña Suárez reasumió funciones, luego de un año sabático.

Por lo anterior la Sala resolverá desfavorablemente la apelación propuesta por el abogado V... H... T... P...

Por lo anterior, la Sala no accederá a la solicitud de nulidad deprecada por la defensa del investigado, y dispondrá la terminación del procedimiento a favor del investigado sobre la conducta desplegada entre el 11 de junio de 2010 al 1º de octubre de 2010, y CONFIRMARÁ en lo demás el fallo recurrido, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 5 de julio de 2014, por las razones expuestas y en virtud a los tópicos propuestos por el recurrente, quien no logró derruir los elementos constitutivos de la falta disciplinaria endilgada, así como la responsabilidad de él en la falta contenida en el artículo 33-8, del Estatuto Deontológico.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

1. No acceder a la solicitud de Nulidad deprecada por la defensa del investigado, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.

2. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 5 de julio de 2014, para en su lugar DECRETAR la terminación del procedimiento a favor del abogado V... H... T... P... sobre su conducta desplegada entre el 11 de junio de 2010 al 1º de octubre de 2010, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

3. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada, mediante la cual se sancionó con suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión al abogado V... H... T... P..., identificado con cédula de ciudadanía Nº xxx xxx xxx y tarjeta profesional Nº xxx xxx, por la comisión de la falta contra la real y leal realización de la justicia y los fines del Estado, prevista en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

4. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoría.

5. Por la Secretaría Judicial de esta corporación notifíquese a las intervinientes acorde a lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente—Adolfo León Castillo Arbeláez—José Ovidio Claros Polanco—María Rocío Cortés Vargas—Rafael Alberto García Adarve—Julia Emma Garzón de Gómez—Martha Patricia Zea Ramos.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial».

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Proceso 13208 siete (7) de diciembre del año dos mil (2000).

4 Nadie puede alegar su propia torpeza como fuente de derechos “Nemo auditur propiam turpitudinem allegans”.