Sentencia 2013-05603 de octubre 15 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000201305603 01

Aprobado según Acta 86 de la fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Referencia: abogado apelación

Denunciada: Diana Fabiola Granados Abaunza

Denunciante: Lyda Yolanda Becerra Reyes

Primera instancia: sanciona – con doce (12) meses de suspensión

Segunda instancia: confirma

Bogotá, D.C., quince de octubre de dos mil quince.

Asunto a decidir

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a resolver el recurso de apelación impetrado por la disciplinada contra el fallo del 21 de octubre de 2014, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), mediante el cual sancionó a la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza con suspensión de 12 meses del ejercicio profesional, tras hallarla responsable de la comisión de las faltas descritas en los artículos 35 numeral 4º, 33 numeral 9 y 39, de la Ley 1123 de 2007.

Hechos y antecedentes procesales

Hechos. Fueron reseñados por el a quo de la siguiente manera:

Se inició este proceso por queja presentada por la señora Lyda Yolanda Becerra Reyes en contra de la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza (F. 1 a 4 c. o.), por cuanto contrató sus servicios profesionales para que tramitara una demanda ejecutiva para el cobro de un contrato de arrendamiento respaldado con un cheque girado por la señora Sonia Patricia Galarza Rey, la cual correspondió al Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, con Radicado Nº 2005.00539.00, librándose mandamiento de pago el 11 de mayo de 2005 por valor de $ 2.160.000.00. Manifestó que en diferentes oportunidades acudió a la abogada para solicitarle información sobre el proceso pero siempre le manifestó que no se había podido hacer nada, transcurriendo así desde el 2005 hasta el 2012.

Expuso que tuvo conocimiento de manera accidental, el 4 de febrero de 2013, acerca del retiro de unas sumas de dinero por valor de $ 2.343.500.00, por lo que se dirigió al Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá enterándose que esas sumas de dinero fueron retiradas en junio de 2010 por la denunciada, dinero que la profesional del derecho nunca le entregó. En atención a esta situación, solicitó al Juzgado la expedición de copias del expediente, pero el Despacho le informó que este no aparecía, entregándole solo copias de las órdenes de pago de depósitos judiciales, por lo que solicitó la reconstrucción del expediente...” (fl. 1 al 3 del c. o.)

En sustento de la queja allegó los siguientes documentos:

– Comunicaciones fechadas 2 y 9 de marzo de 2010, de las órdenes de pago de depósitos judiciales cobrados por la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza el 1º de junio de 2010, por valores de $ 1.286.500.00 (F. 4 c. o.), $ 1.057.000.00 (F. 5 c. o.), $ 1.002.200.00 cobrado el 9 de marzo de 2010 (F. 6 c. o.)

– Consulta en la página web de la Rama Judicial del proceso Nº 2005-00539, tramitado en el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá (F. 7 a 17 c. o.)

– Consulta general de depósitos (F. 19 a 20).

– Solicitud de reconstrucción del expediente presentada por la quejosa al Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá el 8 de mayo de 2013 (F. 21 c. o.)

– Copia del acta de fracaso diligencia de reconstrucción de 8 de julio de 2013 (F. 22 c. o.)

– Copia de consignación efectuada a la disciplinada por valor de $ 1.500.000, el día 18 de marzo de 2011, en el PAC de Bancolombia Punto de servicio: Gómez Plata – Antioquia Número de cuenta a acreditar 10132907629 (fl. 3 c. o.)

Calidad de disciplinable. Previo a cualquier trámite procesal se acreditó la calidad de disciplinable de la doctora Diana Fabiola Granados Abaunza quien según certificado del 27 de septiembre del 2013, remitido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, se identifica con la C.C. Nº 52.561.888 y está inscrita como abogada con T.P Nº 105354, vigente (fl. 27 c. o.).

Apertura de Investigación. Por auto del 27 de septiembre del 2013, el a quo dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra la doctora Diana Fabiola Granados Abaunza, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 y se fijó la audiencia de pruebas y calificación provisional para el día 27 de mayo de 2014 (fl. 26 c. o.).

Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional. En la fecha programada para la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional, se hizo presente la disciplinada, su apoderada y la quejosa.

En esta sesión de audiencia se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

Diligencia de versión libre de la disciplinada: En donde manifestó que conoce a la señora quejosa por cuanto ella sostuvo una unión marital de hecho con su tío materno Samuel Abaunza durante varios años, relación que terminó en el año 2009 aproximadamente.

Señaló que a raíz de tal situación hubo una relación pues su tío es muy cercano a la familia y ella también lo fue.

Indicó que siendo ella la abogada de la familia, la contrató para varias asesorías, entre esas para iniciar el proceso ejecutivo por cánones de arrendamiento de un apartamento que ella tenía en Bogotá.

Expresó que inició el proceso ejecutivo en el 2005, no con un cheque como ella lo manifiesta en la queja, sino con el contrato de arrendamiento que había suscrito la quejosa con la señora Sonia Patricia Galarza Rey y los señores Luis Alfredo Galarza Rey y Armando Galarza Duarte.

Aseveró que el día 28 de abril de 2005 presentó la demanda singular de mínima cuantía y señaló las pretensiones de la demanda, y las direcciones de notificación de los demandados.

Así mismo que admitida la demanda se solicitó como medida cautelar el embargo de los salarios devengados o que llegare a devengar la señora Sonia Galarza Rey como empleada del Dispensario Central del Ejército Nacional.

Señaló que ahí había empezado el inconveniente con la señora Lyda Becerra, por cuanto la señora Galarza es médica vinculada al Dispensario Central del Ejército, pero con contratos cortos de prestación de servicios, por lo cual se presentaron inconvenientes con el embargo de los salarios, por cuanto mientras se hacía la solicitud de embargo, y se tramitaba, transcurrían varios meses, de tal manera que cuando se radicaba el oficio en el ejército les contestaban que ya no laboraba para esa entidad, diciembre de 2005, y con la información que le proporcionara la señora quejosa, presentó solicitud ante el Juzgado para que se extendiera el embargo a los dineros que la demandada continuara percibiendo del Ejército Nacional por concepto de nueva orden de servicios, adición o renovación y cualquier modalidad de vinculación que se diera en el futuro.

En razón de esta solicitud el juzgado libró nuevo oficio Nº 0022 de 12 de enero de 2006 al Pagador del dispensario Central del Ejército Nacional, informando sobre el embargo de la quinta parte del salario. En vista de que no pudo llevarse a cabo el embargo, en marzo y abril de 2006 realizó nueva solicitud, a la cual el Juzgado mediante auto de 2 de mayo de 2006 decretó el embargo de los salarios de la demandada.

Teniendo en cuenta que había transcurrido más de un año sin que se hubiere podido llevar a cabo la medida cautelar, situación que siempre conoció la poderdante, se inició el trámite de notificación, por cambio de dirección de los demandados.

Manifestó la disciplinada que el proceso sí estuvo un poco detenido por las dificultades en la consecución de la medida cautelar y la notificación. Expuso que en el año 2009 la relación sentimental entre la señora Lyda Yolanda Becerra y el señor Samuel Abaunza terminó en malos términos y a partir de esa situación, la familia se vio involucrada tomando partido en favor del señor Samuel Abaunza, aunque respetando a la señora quejosa. Señaló que durante la relación sentimental ellos adquirieron una casa, que es donde reside la señora quejosa, y un vehículo, pues quien salió de la casa solo con su ropa había sido su tío el señor Samuel Abaunza. Ninguno de ellos inició proceso para declarar la existencia de esa unión marital.

Como la señora Lyda Yolanda había hecho un préstamo a su tío Samuel por la suma de $ 10.000.000.00, para cuyo respaldo ella le hizo firmar una letra de cambio, dinero que fue cancelado por el señor Samuel durante la misma relación sin que la quejosa le haya regresado la letra de cambio ni él tampoco se la haya exigido, con este título la quejosa le inició un proceso ejecutivo en el año 2011 y le embargó su sueldo de médico en Compensar. Ante esta situación la familia ya observó mala fe de parte de la señora Lyda Becerra.

En relación con la manifestación hecha por la quejosa acerca de que la requería y que no la atendía, la abogada manifestó que de conformidad con la información que la quejosa le suministraba, era que ella podía hacer las solicitudes al juzgado para la medida cautelar y el trámite de notificaciones.

Expuso que desde el año 2004 laboró no solo en Bogotá, sino también en el Meta y Boyacá. A partir del 2009 en compañía de otra abogada y de un administrador iniciaron a trabajar en el cobro de cartera en el Meta, por lo que se dedicó con su trabajo en Bogotá y en el Meta, en varios municipios, por lo que tomó una habitación para hospedarse y delegó los procesos que tenía a un primo abogado, quien le indicó que revisado el proceso ejecutivo de la señora quejosa, habían unos títulos, por lo que ella en uno de sus viajes a Bogotá los retiró y le avisó a la señora Lyda Yolanda Becerra de la existencia de esos títulos, procedió a hacer el cambio y a hacer la entrega del dinero con el descuento del 20 que se había pactado como honorarios.

Expresó que lamentablemente como abogada sabe que la forma de probar la entrega de dineros es con un recibo o una consignación, pero que no tiene copia del recibo elaborado a mano y suscrito por la señora quejosa.

Indicó que ha sido mala fe de la quejosa y de su señor padre, pues la quejosa acudió a ella en varias oportunidades para que la asesorara, corno (sic) el caso del problema en su vista, en el que se logró su pensión por la pérdida de la capacidad.

Indicó que todo iba bien cuando en el año 2011 su tío Samuel Abaunza tenía una deuda con una cuñada Nelly León, Y ella presentó el proceso ejecutivo en donde se embargó el vehículo que estaba a nombre del señor Samuel Abaunza pero que al momento de la separación de hecho quedó en manos de la señora Lyda Becerra junto con la casa. Este vehículo lo recuperó su tío Samuel Abaunza en abril de 2012, pues canceló la deuda y procedió a la venta del vehículo.

Aunado a esto, inició el proceso divisorio de la casa que habita la quejosa la cual era propiedad de ambos. En razón de este proceso, se embargó la casa, y empezó a tener comunicación no con la quejosa, sino con su padre para llegar a un acuerdo.

Señaló que en razón de su embarazo de alto riesgo se dedicó de lleno a él, viniendo a controles a Bogotá y alrededor de 20 días después de nacido su bebé fue vinculada corno (sic) Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por lo que con todas esas circunstancias no tuvo tiempo de renunciar a los poderes, por lo que procedió a iniciar su trabajo como defensora e informar a sus clientes que no podía seguir actuando por lo que deberían revocarle los poderes. Sin embargo, el padre de la quejosa seguía llamándola para llegar a acuerdos, pero ellos obrando de mala fe, se enteraron que estaba trabajando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y creyeron que estaba actuando como litigante, cuando su última actuación en ese proceso fue en mayo de 2012, casi 7 meses antes de ser funcionaria pública, y en agosto del año anterior solicitaron al juzgado que se oficiara al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para corroborar si estaba actuando en ambos lados, pero el juzgado no le dio trámite a tal solicitud.

Expresó que el proceso ejecutivo sigue casi igual como ella lo dejó, pues no ha avanzado en nada. Considera la abogada que estas actuaciones disciplinarias tienen que ver con la situación personal existente, diciendo que ahora son “enemigos”, que primero lo hicieron con la letra de su tío que está pagando con un descuento que le están haciendo mensualmente.

Aportó los siguientes documentos:

• Copia de listado de procesos en diferentes juzgados (F. 58 c. o.)

• Tres fotografías en las que afirma figuran la quejosa y el señor Samuel Abaunza (F. 59 c. o.)

• Oficio Nº 2089 del 27 de septiembre de 2005, elaborado por el Juzgado 58 Civil Municipal y dirigido al Pagador Dispensario Central del Ejército (F 60 c. o.)

• Memorial presentado por la abogada al Juez 58 Civil Municipal de Bogotá solicitando medidas cautelares dentro del proceso Nº 2005.00539.00 (F. 61, 63 Y 64 c. o.)

• Oficio Nº 0022 elaborado por el Juzgado 58 Civil Municipal y dirigido al Pagador del Dispensario

• Oficio Nº 1061 elaborado por el Juzgado 58 Civil Municipal y dirigido al Pagador del Dispensario Central del Ejército (F. 65 c. a.)

• Contestación de la demanda (F. 66 a 67 c. a.)

• Oficios de notificaciones (F. 68 a 69 c. a.)

• 3 comunicaciones de órdenes de pago de depósitos judiciales (F. 70 a 72 c. a.)

• Certificación de Juzgado Promiscuo Municipal de Chitaraque (Boyacá) (F. 73 c. a.)

• Registro Civil de Nacimiento, resumen de historia clínica, y Registro Civil de Defunción de Juan Daniel Granados Abaunza (F. 74 a 78 c. a.)

A solicitud de la disciplinada la Magistrada de Instancia, suspendió la audiencia para ser reanudada el 4 de junio de 2014; llegada la fecha y hora se dio continuidad a la audiencia en donde se recaudaron las siguientes pruebas (fls. 52 al 55 y CD c. o.)

Intervención de la apoderada de la disciplinada:

Agregó que su defendida inició proceso ejecutivo en el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá con radicado Nº 2005.00539.00, en el que representaba a la quejosa para hacer efectivo el cobro de unos cánones de arrendamiento, y que se le endilgaba que no había realizado ninguna actuación desde el año 2005 y hasta el año 2012, situación que no es cierta por cuanto su representada estuvo siempre pendiente del trámite del proceso, y tratando de conseguir el embargo de los salarios de la entonces demandada lo que se logró en el año 2006.

Los cobros de los embargos se realizaron durante los años 2006 a 2009, señaló que su representada todo el tiempo informó a su cliente el estado del proceso, dada la familiaridad existente entre ellas.

En relación con la manifestación hecha por la quejosa de que nunca se le informó sobre el retiro de los títulos, señaló que se le entregó el dinero en efectivo en presencia de su señor padre Luis Eduardo Becerra, de modo que no se podía decir que no se le había entregado el dinero. Aclaró la defensora que dentro de la época que se alude en la queja que la disciplinada no tuvo una labor eficaz dentro del proceso, su representada quedó en estado de embarazo y su bebé presentó una enfermedad bastante complicada por lo que requería de su permanente cuidado, situación que llevó a la muerte del bebé, circunstancia que se puede catalogar como un caso fortuito. Tiempo este en el que la abogada no pudo trabajar, no obstante en 2009 retornó el ejercicio de su profesión hasta el 2012 que empezó a trabajar y haber superado su estado de salud, cuando ingresó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Ampliación de queja:

La señora Lyda Yolanda Becerra Reyes amplió y ratificó su queja, señaló que tomó los servicios de la abogada para un proceso del cobro de un arrendamiento respaldado por un cheque que se radicó en el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, que transcurridos desde el 2005 hasta el 2012 no había pasado nada con el proceso.

Que por casualidad se enteró que ella se dirigió al Banco Agrario y se enteró que la abogada había retirado unos títulos a su nombre el 4 de febrero de 2013 por valor de $ 2.343.500.00, por lo que de inmediato acudió al Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá Negó haber recibido estos dineros por parte de la abogada.

Indicó que se separó del señor Samuel Abaunza Gámez, el 22 de agosto de 2009, y que sí hubo una ruptura de la amistad a raíz de esta situación, y que tal como lo manifestó la abogada anteriormente, no se hablaban desde el 2005, por lo que no podía afirmar que le había entregado el dinero y menos en presencia de su papá.

Expuso que la abogada en ningún momento la buscó para informarle sobre la existencia de los títulos.

Expresó que la abogada actuó en su contra en un proceso divisorio, y en el embargo de la casa y el carro. Pues mientras le llevaba a ella el proceso ejecutivo, le llevaba otro proceso ejecutivo en el Juzgado 57 Civil Municipal de Bogotá a un tío en el que se embargó el carro que estaba a nombre de Samuel Abaunza, pero que ella tenía en su posesión. En este proceso la abogada era apoderada de la señora Nelly León quien es la esposa del señor Norberto Abaunza, hermano del señor Samuel Abaunza, y finalmente el señor se quedó con el carro.

En relación con la casa indicó que fue secuestrada dentro del proceso llevado en el Juzgado 17 Civil del Circuito con radicado 2011.00140.00.

Al ser preguntada por la defensora de la disciplinada sobre el proceso ejecutivo de Nelly Rosa León del Juzgado 66 Civil Municipal el cual se adelantó en el año 2010, radicado 2010.01433.00, en donde fue capturado el carro del señor Samuel Abaunza, quien fue su compañero permanente. Indicó que como lo mencionó antes, sí tiene conocimiento sobre el proceso y que la señora Nelly León es la esposa del señor Norberto Abaunza, hermano del señor Samuel Abaunza.

Etapa probatoria. Conforme a los elementos de prueba allegados por la disciplinada y su solicitud de pruebas, la Magistrada ponente de instancia ordenó tener como pruebas la documental aportada por la querellante y decretó otras pruebas; suspendiendo la audiencia para ser reanuda el 4 de julio de 2014 (fl. 52 a 55 c. o y CD).

Continuación Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional. En la fecha programada – 4 de julio de 2014, se dio curso a la continuación de la audiencia, y en ella se practicaron las siguientes pruebas (fls. 116 a 118 y CD c. o.)

Testimonio de Margarita Rosa Mogollón: en relación con los hechos de la queja expresó que en 2007 nació el bebé y a los pocos meses de nacido presentó una enfermedad.

Testimonio de Samuel Abaunza Gámez: Señaló haber sido el compañero sentimental de la quejosa, motivo por el cual conocía que la abogada disciplinada quien es su sobrina, le llevaba el proceso, el cual terminó y según le comentó su sobrina, los dineros le fueron entregados a la quejosa.

Sobre el proceso divisorio indicó que luego de la separación de su compañera permanente Lyda Becerra, estos tenían un inmueble de propiedad de ambos, motivo por el cual vendió el 50% a su hermano. Interponiendo por este motivo la demanda para que se adelantara el proceso divisorio correspondiente, que conoció el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá.

Testimonio de Luis Eduardo Rincón Aya: indicó ser compañero permanente de la disciplinada y no tener conocimiento respecto de los hechos investigados.

Testimonio de Luis Eduardo Becerra Gamba: expuso ser el padre de la quejosa y no constarle si hubo entrega de dineros por parte de la abogada a su hija.

Inspección judicial al proceso Divisorio Nº 2011 0140 de Norberto Abaunza Gámez contra Lyda Becerra, adelantado en el Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá, en el que se extrajeron las siguientes actuaciones relevantes:

– Poder otorgado a la disciplinada (fl. 1 c. a Nº 1)

– Demanda presentada por la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza en calidad de apoderada de Norberto Abaunza (fls. 21 a 23 c. a Nº 1)

– Memorial presentado por la disciplinada del 18 de mayo de 2012, solicitando el levantamiento de la medida cautelar (fl. 65 c. a Nº 1)

– Memorial de revocatoria del poder a la disciplinada adiado 6 de agosto de 2013 (fl. 92 c. a. Nº 1).

– Auto del 26 de agosto de 2013 que acepta la revocatoria. (fl. 93 c. a Nº 1).

– Auto del 22 enero de 2014 que no accede a la compulsa de copias. (fl. 97 c. a Nº 1)

Inspección judicial al proceso ejecutivo de Lyda Becerra Reyes contra Sonia Patricia Galarza Rey Nº 2005 00539, adelantado en el Juzgado 58 Civil Municipal, con las siguientes actuaciones:

– Consulta de procesos de la página web de la rama judicial: actuación repartida al juzgado 58 Penal Municipal de Bogotá el 2 de mayo de 2006, terminación del proceso el 19 de febrero de 2010 (fls. 8 y 9 del c. a Nº 2)

– Constancia de pago de depósitos judiciales dentro del proceso a la disciplinada el 2 de marzo de 2010, por las sumas de $ 1.286.500 y $ 1.057.000 (fls. 2 y 3 del c. a Nº 2)

Continuación Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional. En la fecha programada

– 1º de Agosto de 2014, (fls. 114 a 116 y CD c. o.), se dio curso a la continuación de la audiencia, practicando las siguientes pruebas:

a. Inspección realizada al proceso Ejecutivo Singular adelantado en el Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, radicado Nº 2010-1433 de Nelly Rosa León contra Samuel Abaunza Gámez, con las siguientes actuaciones de importancia para la investigación:

– Demanda presentada por Diana Fabiola Granados Abaunza, en calidad de apoderada de Nelly Rosa León, (fls. 1 al 3 del c. a 4)

– Acta de reparto del 1º de Octubre de 2010, correspondiéndole al Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá (fl., 4 del c. a 4)

– Auto que libró mandamiento de pago y reconoció personería a la abogada disciplinada del 2 de Noviembre de 2010 (fl. 6 del c. a 4)

– Memorial donde la abogada presentó liquidación del crédito del 11 de agosto de 2011. (fl. 10 c. a 4)

– Auto del 23 de Agosto del 2011, donde se impartió aprobación a la liquidación presentada por no haber sido objetada. (fl. 11 del c. a 4)

– memorial presentado por la abogada donde solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación, adiada 23 de marzo de 2012, solicitó Igualmente levantamiento cautelas y renunció a términos (fl. 14 c. a. Nº 4)

– Auto del 27 marzo de 2012 que ordenó la terminación del proceso, levantamiento de cautelas y entrega del bien al demandado (fl. 15 del c. a Nº 4)

– Certificado de tradición del automotor a nombre de Samuel Abaunza, (fl. 1 c. a. Nº 3).

– Solicitud de la apoderada para embargo y secuestro del vehículo (fl. 2 c. a. Nº 3).

– Auto del 23 noviembre de 2010 que ordenó el embargo y secuestro del vehículo. (fl. 5 c. a. Nº 3)

– Memorial del 3 de marzo del 2012, informando la aprehensión del carro que se encontraba en poder de la señora Lyda Becerra, (fls 13 a 15 del c. a. Nº 3)

– Auto del 27 marzo de 2012 que ordenó la terminación del proceso, y cancelación de la medida cautelar (fl. 20 del c. a. Nº 3)

– Auto del 30 de marzo de 2012 que ordenó la entrega del vehículo al demandado (fl. 21 del c. a Nº 3).

b. Ampliación de versión libre y espontánea de la disciplinada en la que expresó que no encontró el recibo donde consta la entrega de dineros a la quejosa, toda vez que pasaron 4 años desde la entrega de estos dineros, tiempo en el cual se cambió de residencia en diferentes oportunidades.

c. Respecto del proceso divisorio expuso que aunque la renuncia solo se produjo hasta el 2013, actuó en el mismo hasta mayo de 2012.

Refiriéndose al proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, manifestó que en el 2010 Mery Rosa León le endosó en Procuración el cobro de una deuda de Samuel Abaunza, donde por instrucciones de la endosante solicitó el embargo y secuestro de un vehículo de propiedad del demandado, situación que se verificó año y medio después, motivo por el cual el demandado canceló la deuda a Mery Rosa León, situación que conllevó a la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación.

d. Incorporación de la documental recibida obrante a folios 136 a 141 del c. o., consistente en la certificación expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el que indicó que la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza, se encuentra posesionada como Defensora de Familia de la Regional Meta desde el 15 de Noviembre de 2012.

Acto seguido, la Magistrada de conocimiento, procedió a la calificación jurídica de la actuación, enrostrándole a la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza cargos por las faltas descritas a continuación:

– Numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que dispone:

“Constituyen faltas a la honradez del abogado: (...) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorara la comunicación de este recibo”

Por lo cual faltó al deber descrito en el numeral 8 del artículo 28 de la misma norma, al considerar que hasta ese momento se encontraba acreditado que la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza, en virtud del mandato encomendado había cobrado dineros que se encontraban en depósitos judiciales y que debieron ser entregados a su cliente hoy quejosa, sin que al parecer exista constancia de tal entrega hasta la fecha; conducta calificada como dolosa.

– Por la violación al deber contemplado en el numeral 14 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el artículo 29 numeral 1º ibídem, con lo cual incurrió en la falta contemplada en el artículo 39 de la misma normatividad, por ejercer como funcionaria pública desde el 15 de noviembre de 2012, al mismo tiempo que se desempeñó como apoderada de la parte demandante ante el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se tramitó un proceso divisorio con radicado Nº 2011-00140 (c. a. 1); por cuanto habiendo recibido poder para actuar como apoderada de la parte demandante el 7 de marzo de 2011, actuó en el mismo hasta el 20 de agosto de 2013, cuando fue aceptada la revocatoria del poder otorgado (fl. 65 c. a Nº 1); esta falta se atribuyó bajo la modalidad de dolo, por cuanto a sabiendas de que estaba incursa en una causal de incompatibilidad, la disciplinada no se separó del proceso, sino que continuó actuando como apoderada de la parte actora.

– Por la violación al deber de lealtad de conformidad con el artículo 28 numeral 6 de la Ley 1123 de 2007, con lo cual incurrió en la falta contemplada en el artículo 33 numeral 9 ibídem, por cuanto dentro del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, en la que fungió como apoderada de la señora Nelly León, en contra de su tío Samuel Abaunza, realizó maniobras ilegales y fraudulentas con la única finalidad de despojar a la quejosa Lyda Becerra, excompañera sentimental del demandado, del vehículo de propiedad de la sociedad conyugal. Falta atribuida a título de dolo.

El Magistrado otorgó el uso de la palabra a la disciplinada y a su defensor de oficio para que solicitaran pruebas, quienes aportaron el registro civil de nacimiento del menor hijo de la disciplinada, también se ordenó actualizar el certificado de antecedentes disciplinarios de la abogada cuestionada; se fijó como fecha para el desarrollo de la audiencia de Juzgamiento, el 1º de Septiembre de 2014. (fls. 146 y 147 y CD c. o.).

Audiencia de Juzgamiento. Llegada la fecha y hora programada, se le concedió el uso de la palabra al apoderado de confianza de la disciplinada para que presentara sus alegaciones finales, quien expuso en síntesis que todo se debió a un problema familiar, en el que la quejosa tuvo un vínculo con el tío de su defendida, vínculo que terminó mal. En cuanto a los dineros recibidos afirmó que pese a no haberse allegado la constancia de entrega de los mismos a la quejosa, ello no es prueba de la no entrega, más aun cuando ha transcurrido tanto tiempo y la disciplinada en razón de situaciones personales y laborales ha debido cambiar de residencia y como consecuencia de ello extravió el recibo.

Respecto del proceso divisorio expuso no existir cláusula de exclusividad en la que la abogada estuviera impedida para actuar en otro proceso como apoderada de la contraparte, aunado a que el proceso donde había fungido como apoderada de la quejosa ya había terminado. Expuso que no se aportó ni existe contrato ni norma que diga que en otro proceso no pueda defender a otra parte, luego, la abogada sí estaba facultada para ser demandante de su cliente en otro asunto.

Haciendo un análisis del proceso ejecutivo donde se embargó y secuestró un vehículo de propiedad de su tío Samuel Abúnza (sic), en virtud del cobro de una letra de cambio girada en favor de la señora Nelly León, por la suma de $ 1.500.000,00, en ninguna parte se encontró acreditada que tal deuda objeto de la demanda hubiera sido simulada, así como tampoco se puede decir que la disciplinada obró mal porque solicitó el embargo del automotor y no del sueldo, toda vez que es potestad del profesional del derecho, solicitar las medidas cautelares sobre los bienes que en su leal saber y entender sean más expeditos para conseguir la satisfacción de la deuda.

Respecto del cargo consistente en que la abogada ingresó a laborar a un cargo público, y no se apartó del conocimiento de los procesos que adelantaba, específicamente el proceso divisorio adelantado en el juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá; expuso que el verbo rector dice ejercer la profesión, y en ese caso no había actuado en el proceso desde hacía más de 6 meses, situación que lejos de catalogarse como dolosa, puede predicarse como negligencia o descuido.

Bajo estos supuestos solicitó la absolución de su defendida.

El Ministerio Público retomando los argumentos vertidos por el Seccional de instancia solicitó declarar responsable a la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza los cargos endilgados y en consecuencia imponer la sanción correspondiente.

El fallo apelado. Mediante fallo del 21 de octubre de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó a la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza, con 12 meses de Suspensión en el ejercicio de la profesión tras hallarla responsable de las faltas descritas en el numeral 4 del artículo 35, artículo 39, y numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Señaló el a quo que dentro del asunto, se encontró demostrada la materialidad de la falta consistente en la no entrega de dineros recibidos en virtud de la gestión profesional, sin que quepa duda sobre la responsabilidad dolosa en torno a que conocía la ilegalidad de su actuar, ya que sabía que le correspondía entregar los dineros percibidos por concepto títulos judiciales a la quejosa, sin que a la fecha dicha entrega haya tenido lugar; y por ello su conducta se encaja a la atribuida en auto de cargos.

También encontró probado que la disciplinada estando nombrada como funcionaria pública —Defensora de familia— no se apartó del conocimiento del proceso divisorio adelantado en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, radicado 2013-5603 en el que fungió como apoderada de la parte demandante desde el inicio del proceso el 9 de marzo de 2011, hasta el 20 de agosto de 2013, fecha en que fue aceptada la revocatoria del mandato; conducta eminentemente dolosa al seguir actuando como apoderada de una de las partes dentro del proceso, a sabiendas que se encontraba incursa en una causal de incompatibilidad.

Finalmente elevó juicio de reproche por la conducta desplegada por la abogada dentro del proceso ejecutivo adelantado en el juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, radicado 2010-1433 al considerar:

“(...) Ya despojada la quejosa de la tenencia del rodante, aparece el señor Samuel Abaunza cancelando el valor adeudado, y por lo tanto la abogada, hoy disciplinada, solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación, el levantamiento de las medidas y renunció a términos de ejecutoria el 23 de marzo de 2012. Por lo que obtuvo que en auto de 27 de marzo de 2012 se levantaran las medidas cautelares y se hiciera entrega del vehículo al demandado Samuel Abaunza Gámez (F. 14 Y 15 anexo 3), auto completamente ilegal porque el vehículo no tenía por qué entregársele a él porque este fue capturado a la conductora hoy quejosa, y era a ella misma a quien tenía que habérsele hecho entrega, porque se trataba de un proceso ejecutivo, no de un proceso declarativo ni dispositivo, donde los jueces tengan que ordenar entregas a personas distintas de aquellas a quienes se le había aprehendido o capturado el vehículo, salvo que hubiese sido rematado, o se tratara de un proceso ordinario declarativo en el cual se dijera que el automóvil que venía conduciendo Lyda Yolanda Becerra tenía que ser entregado a otra persona porque era el propietario.

Y es que no se puede aprovechar un proceso ejecutivo para solucionar una disputa sobre la tenencia o la posesión de un bien, quitándoselo al tenedor o al poseedor, y entregándoselo al propietario

(...)

En consecuencia la abogada también debe ser condenada por los cargos que se le formularon en relación con esta conducta porque hizo ese proceso ejecutivo de manera fraudulenta para afectar los intereses de la señora quejosa -quien lo manifestó en su ampliación dentro de la primera audiencia-, faltando a la lealtad de conformidad con el artículo 28 numeral 6 de la Ley 1123 de 2007, con lo cual incurrió en la falta contemplada en el artículo 33 numeral 9 ibídem. Porque es que ni el señor Samuel Abaunza, ni la señora quejosa conocen el derecho... y la disciplinada fue quien patrocinó y además intervino activamente, haciendo un embargo en contra de su tío, para poder despojar a la señora quejosa de la posesión o de la tenencia de ese vehículo, y lograr así que una vez terminado el proceso con un supuesto pago se entregara el vehículo a su tío cuando ha debido entregarse a la persona que lo tenía en posesión o tenencia, es decir volver a las cosas al estado anterior porque sobre el vehículo no se tomó ninguna decisión dentro del proceso ejecutivo.

Esta falta se atribuyó de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1123 de 2007 en la forma de realización de la conducta de por acción y de acuerdo con el artículo 21 de la misma normatividad en la modalidad dolosa, pues porque la disciplinada presentó la demanda es decir actuó, y lo hizo dolosamente con el interés de contribuir con su tío a la terminación de la comunidad patrimonial que se derivaba de la relación terminada hacía poco tiempo —para entonces— con la señora quejosa.

Ello se ve muy claramente en la secuencia de fechas tanto en el trámite del proceso divisorio en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, y el proceso ejecutivo que ante el Juzgado 66 Civil Municipal en contra del señor Samuel Abaunza, su otro tío, hasta lograr despojar a la señora quejosa de uno de los bienes que estaba en disputa en razón de la comunidad que ellos tuvieron...”.

Entonces, considerando grave el comportamiento de la disciplinada, y teniendo en cuenta la modalidad dolosa de las conductas, el Despacho impuso sanción de 12 meses en el ejercicio de la profesión.

De la apelación. Notificadas las partes, la disciplinada mediante apoderado radicó escrito el 28 de noviembre de 2014 e interpuso el recurso de apelación, presentando los siguientes argumentos:

De este primer cargo el despacho respecto de la constancia de la entrega del dinero dijo que la práctica enseña que ninguna persona entrega a otra sumas de dinero si no recibe a cambio un respaldo y mucho menos un abogado o una abogada. Ante esta apreciación eso es lo que enseña la regla de la experiencia, sin embargo no puede ser lo genérico, porque por ejemplo en el caso objeto de análisis existía cierta confianza entre la hoy investigada y la quejosa por el antecedente de familiaridad, entonces podría no existir exigencia de documento alguno, sin embargo en el presente caso tal como lo manifestó la investigada en su versión, que ella hizo entrega del dinero, e incluso se firmó un documento, pero por diferentes situaciones de índole personal no tenía ese comprobante. En el análisis que hace el despacho no entiendo porque dice que el investigado primero dijo que no tenía el recibo y después ella dijo que sí, cuando la abogada siempre lo que dijo y dio a entender es que sí había hecho firmar un comprobante pero que no tenía ese documento porque se le había extraviado.

El despacho trae el artículo 232 del C.P.C. que nos habla de la limitación de la eficacia del testimonio y subraya lo siguiente: “La falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciara por el Juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto”, hasta ahí podría asistirle razón al despacho, sin embargo hubiese sido interesante que se analizara el artículo en su integridad toda vez que también se dice en este artículo “a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”, como se puede observar y como ya lo manifesté entre abogada y la quejosa, si bien para esa fecha probablemente no tenían una buena relación, sí existís si se puede decir una familiaridad entre ellas, pues de las diligencias se sabe que la hoy quejosa convivio en unión marital de hecho con el señor Samuel Abuanza, tío de la hoy investigada, este análisis para hacer ver al despacho que puede existir una justificación, por tanto no le asiste razón al a quo toda vez que hizo una interpretación parcial del artículo. Sin embargo para el caso y de acuerdo a lo dicho por la investigada sí hizo firmar un recibo cuando hizo entrega del dinero. Esta versión de la investigada que obviamente es contraria a la quejosa, tiene que analizarse de forma objetiva, pues véase como es la propia investigada quien pretendiendo demostrar su inocencia solicita como prueba la declaración del papá de la quejosa, pensando en que este señor iba a decir la verdad y cual era esa verdad, pues esa verdad era que la investigada hizo entrega de los dineros a la hoy quejosa y ese acto le constaba al señor padre de la quejosa y es por eso que lo solicita como prueba, pero desafortunadamente considero que por tratarse del papá de la quejosa este ciudadano desmintió la versión de la investigada, aduciendo que no le constaba y que solo una vez se había entrevistado con ella, testimonio de este señor que también le solicito respetuosamente a este despacho sea analizado teniendo en cuenta el grado de parentesco que ostenta con la quejosa. Es que desde mi punto de vista considero que este señor no dijo la verdad, esto no es porque el suscrito defensor quiera desacreditarlo, sino porque de la declaración que rindió la quejosa en uno de los apartes dijo que su papá había hablado con la abogada y esta le había dicho “yo le tengo por ahí hay guardada esa plata en una cuenta”, entonces si este ciudadano solo se hubiera entrevistado una sola vez con la abogada años atrás, entonces cuando la investigada le hizo esa manifestación. De ahí es que parto para manifestar que este ciudadano probablemente no dijo la verdad.

La otra prueba de cargo, fue la propia queja y declaración de la quejosa, que en mi criterio sería la única prueba, entonces porque se le cree a la quejosa y no a la investigada, cuando es obvio que la quejosa después de interponer la respectiva queja, pues ya tiene unas pretensiones de las cuales muy seguramente no iba a desistir, aunado a esto no hay que pasar por alto el conflicto familiar que se suscitó por la ruptura de la Unión Marital de Hecho entre ella y el señor Samuel tío de la investigada y que de una u otra manera por lo que se sabe de las diligencias esa unión no tuvo un final feliz o por lo menos cordial, por el contrario generó conflictos y que desafortunadamente no solo afectaron a la pareja, sino también a sus familiares, es por ello que reitero mi petición respetuosa al despacho, que al momento de analizar los dichos de la quejosa no deje atrás los antecedentes familiares, pues como bien lo manifestó en declaración el tío de la investigada señor Samuel, que la hoy quejosa le había dicho que se iba a vengar y no solamente de él. Y por esas circunstancias puede existir animadversión de la quejosa hacía la investigada.

De este primer cargo, como planteamiento de defensa se hizo alusión en los alegatos de conclusión al principio de la buena fe, esto en cuanto se le debe dar credibilidad a lo manifestado por la investigada sobre la entrega que hizo del dinero. Y es que es tanta la buena fe de la investigada, como lo manifesté anteriormente, que citó como testigo al propio papá de la quejosa creyendo que él iba a decir la verdad, pero no fue así, pero el punto es que se arriesgó citando a ese testigo y por qué digo que se arriesgó, porque era casi un imposible que él contradijera los dichos de su hija, sin embargo la investigada lo solicitó como prueba, eso es actuar de buena fe. Sin embargo es lamentable que el despacho diga que “aquí no opera la buena fe, porque entonces todos los disciplinados que utilizan los dineros de los clientes la invocarían, cuando no tengan como probar documentalmente el pago”, ante esta apreciación del despacho lo que hay que decir es que la buena fe debe operar en todas las actuaciones del ser humano, aterra que el despacho diga que ahí no opera, lo que sucede es que se debe analizar con las demás pruebas que obren dentro de un proceso, pero insisto no decir que no opera; máxime que cuando este principio se encuentra consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, eso es tanto como decir que en algunos procesos judiciales o administrativos no opera el debido proceso.

De los otros dos cargos formulados me voy a referir, sin embargo considero que no existe congruencia fáctica de lo narrado en la queja con estos dos últimos cargos, es decir, se inició por unos hechos que fue lo analizado en el primer cargo, pero también se termina sancionando por otros hechos que no fueron objeto de la queja.

Del segundo cargo

Artículo 28 numeral 14 de la Ley 1123 de 2007, con la incursión en la incompatibilidad contemplada en el artículo 29 numeral 1º, con lo cual se pudo incurrir en una de las faltas contempladas en el artículo 29, por cuanto la investigada al estar desempeñando una función pública y antes de esta función tener procesos en curso como litigante, dice el despacho, ha debido renunciar al poder. Considero que si bien es cierto cuando la investigada recibió el cargo público y con antelación era abogada demandante en el juzgado 17 Civil del Circuito, desde el instante que se posesionó no ejerció ninguna labor como abogada dentro de ese proceso judicial, es decir, no ejerció, que es el verbo rector que trae el tipo disciplinario, por tanto este cargo resultaría atípico, ya que siendo funcionaria pública, insistió no ejerció la profesión dentro de ese proceso que se llevaba en ese juzgado. Vemos como incluso en el mismo análisis del despacho.

Dice que continuo actuando como apoderada, pero más adelante dice “se proferían autos en los que le estaban dando órdenes e incluso la instaron y la requirieron para que actuara”, entonces vemos como la investigada si bien es cierto aún aparecía como abogada del demandante, ella no actuó en el proceso siendo funcionaria pública, no ejerció la profesión. Por lo tanto también resulta atípica esta conducta.

Del tercer cargo

Por la violación del deber contemplado en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123. Con lo cual pudo haber incurrido en la falta del artículo 33 numeral 9. Ante este cargo que incluso fue objeto para que se le compulsarán copias al señor Juez dentro del proceso ejecutivo por un supuesto auto embargo y la crítica que también hace el despacho es que porque el vehículo embargado le fue entregado al señor Samuel, quien era su propietario y no a la quejosa quien era la persona que lo tenía al momento del embargo, considero que estas apreciaciones del despacho podrían ser más para cuestionar al despacho ya que ella no tenía la disposición de entregar o no el vehículo a determinada persona, eso le corresponde al juzgado. Se critica que porque embargo a su propio tío, sin embargo no existe norma que diga a quien un abogado puede embargar, eso es el ejercicio libre de la profesión. (fls. 279 a 283 c. o.)

Decisión frente a la apelación. Mediante auto del 20 de enero de 2015, la Magistrada de Instancia, concedió la alzada. (fl. 286 c. o.).

Trámite en segunda instancia

Una vez las diligencias en esta instancia, mediante auto del 6 de marzo de 2015, se avocó el conocimiento de las mismas, se le corrió traslado al Ministerio Público, ordenándose su fijación en lista y se requirió a la Secretaría Judicial de esta Sala, para que allegue los antecedentes disciplinarios de la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza, e informara si contra esta cursan otras investigaciones por los mismos hechos aquí examinados (fl. 4 c. 2ª Inst.).

La señora Viceprocuradora General de la Nación emitió concepto (fl. 14-17 c. 2ª Inst.), señalando respecto de la comisión de la falta contemplada en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007 que se encontró probada la comisión, toda vez que...”se puede afirmar en grado de certeza que, sí incurrió en la falta contemplada por cuanto sin importar el grado de parentesco que exista entre las partes se debe expedir un comprobante de pago, y al no existir tal se asume que la jurista nunca le entregó el dinero a su cliente (...) La señora Lyda Becerra tiene como pruebas, aparte de la queja, la comunicación de la orden de pago de depósitos judiciales, en el cual consta que la jurista Diana Granados Abaunza recibió, el 1 de junio de 2010, una cantidad de dinero por concepto del depósito realizado a favor de su cliente, que consta en el folio 4 del cuaderno original. Es decir, que su escrito cuenta con un respaldo que lo hace mucho más sólido que, la versión de la doctora Diana Granados...”.

Respecto de la incompatibilidad descrita en el artículo 29 ibídem expresó:

“A juicio de este despacho, el ejercicio de la abogacía, en su acepción que interesa a este caso (abogado litigante), supone la actuación del profesional –dentro de un proceso judicial dirigido a defender o a disponer los derechos de sus representados.

Si bien tener un poder para representar a una persona es un acto procesal, en el asunto que nos ocupa la actuación de la doctora Diana Fabiola Granados Abaunza no puede tenerse como un acto propio del ejercicio de la abogacía. La intervención de la disciplinada en el respectivo proceso se limitó a presentar la demanda ejecutiva el 2 de mayo de 2005.

Además, no se demostró que, con posterioridad a su posesión en el cargo público, la imputada hubiere adelantado alguna otra actuación.

En cada caso en particular debe demostrarse si una actuación en desarrollo del derecho de apoderamiento, como la desplegada por el jurisconsulto implica el ejercicio propiamente de la abogacía, situación que en este asunto no se estableció.

Corolario de lo consignado en párrafos anteriores, es que la conducta cuestionada al disciplinable no se adecua a las normas señaladas como violadas, y en consecuencia, deberá absolverse a la doctora Diana Fabiola Granados Abaunza, de toda responsabilidad disciplinaria por el cargo que le fue formulado...”.

Bajo estos supuestos, solicitó se revoque la sanción impuesta, en el sentido de absolver a la disciplinada de las faltas contempladas en los artículos 33-9 y 29 de la Ley 1123 de 2007, imponiendo sanción disciplinaria únicamente en lo atinente a la falta descrita en el artículo 35 numeral 4 ibídem; y en consecuencia adecuar la sanción impuesta a 6 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

Antecedentes disciplinarios. La Secretaría judicial de esta Sala allegó certificado de antecedentes disciplinarios de la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza, haciendo constar que no registra anotación alguna. (fl. 19 c. 2ª Inst.). Igualmente mediante constancia de la misma fecha se informó que en esta Corporación no se adelantan otras investigaciones con relación a los hechos materia del presente asunto (fl. 20 c. 2ª Inst.).

Impedimentos. Observado el infolio, no se evidenció que los Magistrados integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hayan manifestado impedimento para conocer de las presentes diligencias en esta instancia.

Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996—Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

La Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015, ratificó las atribuciones de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al señalar:

“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”.

Asunto a resolver. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza contra el fallo del 21 de octubre de 2014, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través del cual la sancionó con suspensión de 12 meses del ejercicio profesional, tras hallarla responsable de la comisión de las faltas descritas en el numeral 4 del artículo 35, artículo 29 y artículo 33 numeral 9 de la Ley 1123 de 2007, circunscribiéndose al objeto de impugnación y lo que resulte inescindiblemente vinculado a ello, conforme lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 171 del Código Único Disciplinario, al cual se llega por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Descripción típica de las faltas imputadas. En el caso bajo examen la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza, fue sancionada por la comisión de las siguientes faltas:

a. “Numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que en su tenor literal indica:

“Ley 1123 de 2007.

(...)

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...)

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

b. “ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

1. Los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones.

c. ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...)

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

Sea lo primero advertir, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia condenatoria debe existir la certeza sobre una conducta constitutiva de falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Del caso concreto Mediante escrito la señora Lyda Yolanda Becerra Reyes en contra de la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza (fl. 1 a 4 c. o.), por cuanto contrató sus servicios profesionales para que tramitara una demanda ejecutiva para el cobro de un contrato de arrendamiento respaldado con un cheque girado por la señora Sonia Patricia Galarza Rey, la cual correspondió al Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, con radicado Nº 2005.00539.00, librándose mandamiento de pago el 11 de mayo de 2005 por valor de $ 2.160.000.00. Manifestó que en diferentes oportunidades acudió a la abogada para solicitarle información sobre el proceso pero siempre le manifestó que no se había podido hacer nada, transcurriendo así desde el 2005, hasta el 2012.

Expuso que tuvo conocimiento de manera accidental, el 4 de febrero de 2013, acerca del retiro de unas sumas de dinero por valor de $ 2.343.500.00, por lo que se dirigió al Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá enterándose que esas sumas de dinero fueron retiradas ello de junio de 2010 por la denunciada, dinero que la profesional del derecho nunca le entregó. En atención a esta situación, solicitó al Juzgado la expedición de copias del expediente, pero el Despacho le informó que este no aparecía, entregándole solo copias de las órdenes de pago de depósitos judiciales, por lo que solicitó la reconstrucción del expediente...” (fl. 1 al 3 del c. o.)

Posteriormente en diligencia de ampliación de queja indicó que tomó los servicios de la abogada para un proceso del cobro de un arrendamiento respaldado por un cheque que se radicó en el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, que transcurridos desde el 2005 hasta el 2012 no había pasado nada con el proceso.

Que por casualidad se enteró que la abogada había retirado unos títulos a su nombre el 4 de febrero de 2013 por valor de $ 2.343.500.00, por lo que de inmediato acudió al Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, negó haber recibido estos dineros por parte de la abogada.

Indicó que se separó del señor Samuel Abaunza Gámez el 22 de agosto de 2009, y que sí hubo una ruptura de la amistad a raíz de esta situación, y que tal como lo manifestó la abogada anteriormente, no se hablaban desde el 2005, por lo que no podía afirmar que le había entregado el dinero y menos en presencia de su papá.

Expuso que la abogada en ningún momento la buscó para informarle sobre la existencia de los títulos.

Expresó que la abogada actuó en su contra en un proceso divisorio, y en el embargo de la casa y el carro. Pues mientras le llevaba a ella el proceso ejecutivo, le llevaba otro proceso ejecutivo en el Juzgado 57 Civil Municipal de Bogotá a un tío en el que se embargó el carro que estaba a nombre de Samuel Abaunza, pero que ella tenía en su posesión. En este proceso la abogada era apoderada de la señora Nelly León quien es la esposa del señor Norberto Abaunza, hermano del señor Samuel Abaunza, y finalmente el señor se quedó con el carro.

En relación con la casa indicó que fue secuestrada dentro del proceso llevado en el Juzgado 17 Civil del Circuito con radicado 2011.00140.00.

Mediante fallo del 21 de octubre de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó a la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza, con 12 meses de Suspensión en el ejercicio de la profesión tras hallarla responsable de las faltas descritas en el numeral 4 del artículo 35, artículo 29 y artículo 33 numeral 9 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que se encontró demostrada la materialidad de las faltas consistentes en la utilización de dineros percibidos a nombre de su cliente, actuar estando incursa en una incompatibilidad e intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, faltas todas calificadas a título de dolo ya que conocía la ilegalidad de su actuar.

Pues bien, esta Superioridad se referirá a cada una de las faltas enrostradas de la siguiente manera:

a. De la falta de honradez de la abogada establecida en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Pues bien, entrando al caso concreto, pertinente resulta mencionar que en efecto, se encuentra demostrado que la quejosa contrató los servicios profesionales de la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza, para que defendiera sus intereses jurídicos dentro del proceso ejecutivo Nº 2005-00539, adelantado en el Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá.

El 19 de febrero de 2010, se libró orden de pago de depósitos judiciales cobrados por la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza, por valores de $ 1.286.500.00 (F. 4 c. o.), y $ 1.057.000.00 (F. 5 c. o.), cobrados el 9 de marzo de 2010 (F. 6 c. o.).

Por otra parte, no ha sido desconocido por la disciplinada ante este asunto, que recibió las sumas antes referidas, ni resultan siendo objeto de debate probatorio en este asunto; sin embargo, se duele la quejosa de que la abogada no le haya entregado el dinero que le correspondía, es más, señala que nunca le informó del recibo de este dinero, sino hasta cuando se dirigió al Despacho y se percató de lo acontecido, sin que a la fecha la abogada cuestionada haya efectuado la entrega de los dineros recibidos en cumplimiento de su mandato.

Por su parte, la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza menciona que en efecto recibió este dinero, pero contrario a lo aducido por la quejosa si lo entregó, desafortunadamente extravió el recibo que así lo acreditaba, y por lo tanto, no ha incurrido en irregularidad alguna.

En efecto, el legislador previó un catálogo de faltas contra la honradez, con el ánimo de reprochar todas aquellas conductas que enloden el actuar del abogado, al disponer de sumas que no le corresponden y que han sido percibidas en virtud de su gestión profesional.

Como es sabido, a los abogados se les encomienda la facultad de recibir, y en otras ocasiones, tienen a su cargo el manejo o recibo de dineros que no le pertenecen y que están en la obligación de entregar, a la mayor brevedad posible a su destinatario.

Luego y tal y como lo dijera el Ministerio Público, para esta Sala sí hay prueba que enrostran la responsabilidad de la abogada, no encajan dentro de estas conductas, el hecho de que una abogada perciba dineros en cumplimiento al mandato conferido, sobre el cual debe señalarse que es un contrato en virtud del cual una parte denominada mandante, encarga a otra llamada mandatario, la gestión de uno o más negocios por cuenta y riesgo de la primera, y que se itera, en cumplimiento de este perciba unos dineros y acto seguido se apropie de ellos.

Debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

Uno de los deberes de los profesionales el de actuar con probidad, honradez y rectitud en sus relaciones profesionales, expresándole a sus clientes con claridad qué derechos les asisten y por ello se les exige inmediatez en la efectividad de los derechos por lo que se han comprometido a velar, y que tienen a su disposición únicamente en virtud de la facultad que como togados les asiste. Este deber comprende la obligación de pactar anticipadamente las condiciones del mandato, las formas de pago, los gastos que podrían presentarse, para lo cual el abogado debe suscribir contratos, rendir cuentas, expedir recibos, entregar documentos a sus clientes cuando lo soliciten, abstenerse de realizar cualquier conducta que ponga en peligro los intereses de sus clientes, rendir cuentas claras y entregar inmediatamente dineros o bienes recibidos en virtud de su gestión profesional, no retenerlos como al parecer ocurrió en este asunto.

Entonces, en virtud de este deber, no le es permitido a un profesional del derecho, utilizar ni disponer de los dineros, bienes o documentos que le pertenecen a sus clientes y que han recibido por cuenta de estos, ya que como licenciados en leyes conocen a quién le corresponde su titularidad, así como los mecanismos jurídicos para reclamarlos en caso de ser necesario. Tampoco le es permitido, se insiste enfáticamente, condicionar su entrega ni retenerlos, mucho menos para satisfacer sus intereses personales. El abogado debe actuar de manera transparente y leal, con rectitud y buena fe, absteniéndose de emplear sus conocimientos jurídicos en actos que no se acompasan con la realidad.

Vulnerando así el bien jurídico resguardado por el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, en cuanto a los deberes profesionales del abogado, que para nuestro caso presente se encuadra en lo establecido en el numeral 8. De la norma en comento que reza:

“Numeral 8º. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus horarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.

En el presente caso, llama la atención de la Sala que la abogada disciplinada, en principio afirmó en su versión libre que sí había entregado los dineros, expidiendo el respectivo recibo, sin embargo, le fue imposible acreditar estas afirmaciones.

Por el contrario, la queja presentada contra la abogada disciplinada, no solo se muestra coherente y contundente frente a los hechos denunciados, que coinciden todas las situaciones témporo-espaciales y modales en las que ocurrió la conducta. Es decir, refiere que en junio de 2013 indagó en el Despacho sobre el estado del proceso, encontrando que la abogada había cobrado el dinero de los depósitos judiciales y no le había ni informado ni entregado las sumas respectivas, con lo que los argumentos expuestos en la queja, ratificados bajo la gravedad del juramento ante esta Sala, constituyen plena prueba en torno a los hechos irregulares puestos en conocimiento por el quejoso, toda vez que existe prueba documental que así lo acredita, consistente en las órdenes de pago libradas por el despacho en favor de la abogada cuestionada, sumas que efectivamente cobró el 9 de marzo del 2010; situación que lleva consigo una falta de probidad y transparencia, olvidando que se comprometieron a salvaguardar los intereses de sus prohijados.

Así las cosas, no puede pasar por inadvertido esta Sala, la conducta de la abogada tendiente a satisfacer sus intereses personales por encima del de su cliente, por lo que en el caso bajo estudio la prueba allegada al proceso ya reseñada indica en forma diáfana y contundente que los hechos constitutivos de la investigación disciplinaria existieron, esto es, no entregar a la mayor brevedad posible los dineros recibidos por cuenta de su cliente, luego no cabe duda de la antijuridicidad de la conducta desplegada por la procesada, vulnerando con su actuar sus deberes profesionales sin la concurrencia a su favor de causal alguna de ausencia de responsabilidad.

Ahora, ella como abogada litigante para la fecha de los hechos, era conocedora del ordenamiento jurídico, entendiendo que una de sus obligaciones era cumplir a plenitud con el deber a la honradez en el ejercicio de la profesión, pero que en este evento en forma voluntaria e intencional, consciente de los hechos y comprendiendo la antijuridicidad de su acción actuó de manera contraria a dicho imperativo legal, luego pudiendo y debiendo apegarse al ordenamiento jurídico, prefirió quebrantarlo, por ello su conducta es reprochable tal y como lo consideró la Sala de instancia, por lo que de manera categórica serán despachados desfavorablemente los argumentos expuestos en relación con la situación fáctica y jurídica materia de examen.

De lo anterior y en consonancia con el a quo, tenemos como grave el comportamiento del disciplinable adentrándose, respecto a la culpabilidad en la modalidad dolosa, pues como se observó este conocedor de la normatividad y según la argumentación anterior, en forma consiente y voluntaria retuvo el dinero y no lo ha regresado a su cliente como es su deber.

b. De la falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.

Al respecto de cara a la existencia de esta falta, debe acudirse al proceso divisorio Nº 2011-000140 adelantado en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde recibió poder para actuar como apoderada de la parte demandante el 7 de marzo de 2011, representando los intereses de su prohijado hasta el 20 de agosto de 2013, cuando fue aceptada la revocatoria del poder otorgado (fl. 65 c. a Nº 1); falta esta que también se encuentra demostrada tal y como pasa a explicarse a continuación:

En efecto, la Honorable Corte Constitucional expresó en Sentencia C-1004/07:

“15. Puede afirmarse hasta aquí, que lo establecido en el numeral primero del artículo 29 cumple varios propósitos pero se orienta, en particular, a asegurar la dedicación exclusiva de los servidores públicos al ejercicio de sus funciones. Lo anterior concuerda con lo dispuesto, a su turno, por el numeral 11 del artículo 34 del Código Disciplinario Único de conformidad con el cual es deber de los servidores públicos “dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales”. De este modo, se restringe el ejercicio privado de la profesión bajo la aplicación del principio de eficacia pero también en consideración de los principios de neutralidad e imparcialidad en el sentido de asegurar la dedicación exclusiva de los servidores públicos al ejercicio de sus funciones y, por otro lado, impedir que los servidores públicos profesionales de la abogacía —que estén debidamente inscritos— incurran en situaciones que puedan originar conflictos de intereses.

Lo anterior se hace evidente cuando se repara en el énfasis que pone el mismo numeral primero del artículo 29 al decir que “en ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios”. De ahí se infiere la preocupación de la ley en diseñar un régimen de incompatibilidades en el que se plasmen exigencias y cautelas con el fin de evitar, en la medida de lo factible, producir situaciones que pongan en riesgo la actuación eficaz, objetiva, imparcial e independiente de los servidores públicos.

16. Estas cautelas y previsiones no constituyen, sin embargo, una camisa de fuerza que les niegue a los servidores públicos que son a su vez abogados debidamente inscritos la posibilidad de litigar. El numeral primero es claro cuando hace la salvedad de acuerdo con la cual aquellos servidores públicos que por razón de la función que cumplen o a quienes el respectivo contrato mediante el cual se vinculan en calidad de servidores públicos se los permite, pueden ejercer su profesión de abogacía. A lo que se suma el que tales servidores que también sean profesionales del derecho siempre pueden litigar en causa propia y como abogados de pobres. De todo ello se deriva, como lo mencionó la Corte en líneas precedentes, un interés porque los servidores públicos realicen su tarea de modo eficaz así como se comporten de manera imparcial y transparente y velen por los intereses de la sociedad en general”.

De igual manera la Sentencia C-819/10 expuso:

“5. La función pública como incompatibilidad para el ejercicio de la abogacía

5.1. La abogacía está amparada por la libertad de escoger profesión u oficio a que se ha hecho referencia. Pero al mismo tiempo su ejercicio involucra una función social con enormes responsabilidades. Es así como en varias ocasiones la Corte ha explicado cuál es el rol que cumple el abogado en un Estado Social y Democrático de Derecho, cuyos principales ejes fueron recogidos en la Sentencia C-290 de 2008, que sobre el particular señala:

“La Corte ha considerado que el abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenario: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias”. (Resaltado fuera de texto)

Según esta línea jurisprudencial, esta falta es de mera conducta, es decir, basta con que la abogada figure representando intereses litigiosos al momento de fungir como funcionaria pública, situación que efectivamente acaeció, pues nótese como la disciplinada siendo nombrada en un cargo público como lo es de Defensora de Familia del I.C.B.F. desde el 15 de noviembre de 2012, figuró como apoderada de la parte demandante dentro del proceso de marras hasta el 20 de agosto de 2013, fecha en la cual le fue revocado el poder conferido.

Así las cosas ninguna duda cabe respecto de la materialidad de la conducta.

Esta Superioridad acoge los postulados del a quo en cuanto a calificar el comportamiento de la disciplinable como grave, y respecto a la culpabilidad en la modalidad dolosa, pues como se observó esta conocedora de la normatividad y según la argumentación anterior, en forma consiente y voluntaria no presentó renuncia al poder conferido; pues nótese que no se trató de un simple olvido, ya que entre la posesión en el cargo y la revocatoria del poder transcurrieron 9 meses, tiempo más que suficiente para que se hubiera apartado del conocimiento del proceso.

c. De la falta contenida en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, que reza:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...)

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

Antes de cualquier consideración de fondo sobre el particular, válido es precisar que la falta imputada es de carácter doloso, cuyos verbos rectores son alternativos, pues a través de cada uno de ellos es posible incurrir en falta; así se tiene por ejemplo un significado de cada uno de ellos, veamos: aconsejar, es inspirar algo en alguien o sugerir como conveniente a sus intereses; patrocinar, se define como defender, proteger, amparar, favorecer, apoyar o financiar una actividad e intervenir, que es tomar parte en el asunto, a más que el tipo cuenta con ese ingrediente normativo determinado por el término de actos fraudulentos, esto es, engañoso o falaz(2).

Entrando ya en el asunto en concreto, se tiene que en efecto, dentro del proceso ejecutivo adelantado en el juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, radicado 2010-1433, de Nelly Rosa León contra Samuel Abaunza Gámez, la abogada disciplinada presentó la demanda en calidad de apoderada de Nelly Rosa León, contra el señor Samuel Abaunza —tío de la disciplinada— (fls. 1 al 3 del c. a 4), proceso que por reparto del 1º de Octubre de 2010, correspondió al Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá (fl., 4 del c. a 4), con auto del 2 de noviembre de 2010, se libró mandamiento de pago y reconoció personería a la abogada disciplinada (fl. 6 del c. a 4), la abogada presentó liquidación del crédito del 11 de agosto de 2011. (fl. 10 c. a 4), siendo aprobado con auto del 23 de Agosto del 2011, por no haber sido objetada. (fl. 11 del c. a 4); la apoderada luego de aportar el certificado de libertad y tradición del vehículo a nombre del demandado Samuel Abaunza, solicitó su embargo y secuestro (fl. 2 c. a. Nº 3), el cual fue decretado con Auto del 23 noviembre de 2010 (fl. 5 c. a. Nº 3); el 3 de marzo del 2012, se informó al despacho la aprehensión del carro que se encontraba en poder de la señora Lyda Becerra, (fls 13 a 15 del c. a. Nº 3); la abogada solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación, el 23 de marzo de 2012, y solicitó igualmente levantamiento de cautelas y renunció a términos (fl. 14 c. a. Nº 4); con Auto del 27 marzo de 2012 se ordenó la terminación del proceso, levantamiento de cautelas y entrega del bien al demandado (fl. 15 del c. a Nº 4); orden dada con Auto del 30 de marzo de 2012 (fl. 21 del c. a Nº 3).

Pues bien, obra prueba documental y testimonial que permite establecer que en efecto, la abogada tiene parentesco de consanguinidad con la contraparte, pues son tío y sobrina, de igual manera la demandante es esposa de un hermano del demandado, circunstancia entonces respecto de la cual no existe discusión alguna en el actual estadio procesal. Ahora bien, en estas condiciones, el asunto a dilucidar en el presente pronunciamiento es si en las actuaciones procesales anteriormente reseñadas existió ánimo fraudulento o engañoso por parte de la abogada disciplinada. Al respecto, la abogada investigada con el respaldo de la Defensa Técnica, se ha mostrado totalmente ajena, esgrimiendo argumentaciones que deben ser objeto de análisis a partir de este momento.

Para esta Superioridad son de recibo las consideraciones del seccional de instancia cuando argumentó que una vez despojada la quejosa de la tenencia del rodante, aparece el señor Samuel Abaunza cancelando el valor adeudado, y por lo tanto la abogada, hoy disciplinada, solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación, el levantamiento de las medidas y renunció a términos de ejecutoria el 23 de marzo de 2012. Por lo que obtuvo que en auto de 27 de marzo de 2012 se levantaran las medidas cautelares y se hiciera entrega del vehículo al demandado Samuel Abaunza Gámez (F. 14 y 15 anexo 3), auto que aunque no es ilegal, si permite suponer fundadamente que el interés perseguido en el proceso no era el satisfacer una obligación, si no por el contrario el fin perseguido por el demandado a través de su cuñada y su sobrina era despojar de la posesión a la quejosa del vehículo tal y como sucedió, pues recuérdese que el mismo fue incautado a la hoy quejosa; no pudiendo la abogada prestarse a que se aproveche un proceso ejecutivo para solucionar una disputa sobre la tenencia o la posesión de un bien, quitándoselo al tenedor o al poseedor, y entregándoselo al propietario.

Esta falta se atribuyó de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1123 de 2007 en la forma de realización de la conducta por acción y de acuerdo con el artículo 21 de la misma normatividad en la modalidad dolosa, pues porque la disciplinada presentó la demanda es decir actuó, y lo hizo dolosamente con el interés de contribuir con su tío a la terminación de la comunidad patrimonial que se derivaba de la relación terminada hacía poco tiempo —para entonces— con la señora quejosa.

Por tanto, si bien es cierto, no obra prueba con base en la cual podamos predicar que la doctora Granados Abaunza, presentaba impedimento para actuar en contra de su pariente consanguíneo, si existen argumentos suficientes para señalarla inequívocamente como la persona que por lo menos asesoró en la perpetración de esos atentados contra la administración de justicia, que desde el plano disciplinario se tipifica como la intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad, conducta que vislumbra un fraude en los intereses económicos de la quejosa, tal como bien lo indicó el a quo.

En relación con el elemento culpabilidad de la conducta endilgada contraria a derecho, se dirá que el haber intervenido la inculpada en actos fraudulentos en detrimento de los intereses de un tercero la hace merecedora de juicio de reproche, al incurrir en la conducta que atentó contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, descrita en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, encontrándose probada la tipicidad y la responsabilidad en cabeza de la investigada, en el entendido que este también describe conductas consistentes en aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.

Así analizados los hechos y las pruebas allegadas, bajo los principios de la sana crítica, conlleva a colegir sin vacilación alguna que la profesional del derecho, procedió en forma desleal con la administración de justicia y su actuación denota una maniobra fraudulenta con miras a ayudar a su pariente cercano a recuperar un bien que estaba en posesión de su ex pareja sentimental, utilizando para ello la figura del embargo y secuestro dentro del proceso ejecutivo ya mencionado.

La jurisprudencia de esta misma Sala Jurisdiccional Disciplinaria sobre la falta en particular, prevista entonces en el numeral 2 del artículo 52 del Decreto 196 de 1971, ha indicado:

“Sobre la intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos como tipo de ilicitud disciplinaria contra la lealtad debida a la administración de justicia. Encuentra la Sala que examinado en su conjunto el recaudo probatorio, en el caso bajo estudio, se hallan demostrados también los elementos propios del tipo disciplinario descrito en el numeral 2 del artículo 52 del Estatuto Ético de la Abogacía, por cuanto existe clara orden de la Fiscalía (...) de Duitama de conservar el bien en calidad de depositaria, esto es, como mera tenedora de él, con la prohibición de negociarlo; al aparecer como garantía de los perjuicios causados con el ilícito y al intentar trasladar su dominio se violó o defraudó la orden judicial impartida, y por ende la confianza depositada en la profesional por parte del funcionario judicial, causándole perjuicios a los quejosos al quedar desprotegidos sus intereses y sufrir mengua en su patrimonio, amén de no haber podido, por esa causa, cumplir con otras obligaciones adquiridas”(3).

Por su parte la Corte Constitucional sobre los actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos precisó:

“Sanción disciplinaria a abogado – Consejo, patrocinio o intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos. Al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención “en actos fraudulentos” en detrimento de intereses ajenos, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado en ejercicio que resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquel tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso causen perjuicio a un tercero. En la medida en que el abogado desarrolla su actividad profesional en dos campos distintos a saber: dentro del proceso, a través de la figura de la representación judicial, y por fuera del mismo, prestando asesoría y consejo, es la conducta engañosa en esos escenarios lo que la norma acusada pretende censurar, pues no resulta lógico, ni constitucionalmente admisible, que el abogado pueda hacer uso de sus conocimientos jurídicos especializados para defraudar a personas o autoridades. Por eso, al tenor de la norma acusada, el jurista es sancionado disciplinariamente cuando auxilia, aconseja o interviene en un acto fraudulento o engañoso con perjuicio para los intereses de otro, que puede ser su poderdante o cliente, un tercero o la propia administración de justicia. Así entendido, en contraposición a la conclusión a la que llegan los actores, el concepto “actos fraudulentos” hace referencia a una conducta clara y suficientemente determinada, comprensible para los destinatarios de la norma, la cual a su vez puede concretarse razonablemente por la autoridad que tiene a su cargo la investigación y juzgamiento de la infracción, sin que quepa aducir que el proceso de adecuación típica queda abandonado al arbitrio o a la discrecionalidad del juez disciplinario para ser valorado por este libremente. En ese sentido, existe un equilibrio entre la conducta ilícita adoptada en la norma acusada y el bien jurídico que intenta proteger, lo que no permite advertir una afectación irrazonable de los intereses del disciplinado ni un exceso o abuso de poder por parte del legislador al expedir la medida prohibitiva. En los términos expuestos, el numeral 2º del artículo 52 del Decreto 196 de 1971 no desconoce el principio de legalidad y, por tanto, no viola los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 12, 13, 26 y 29 Superiores, relacionados por los actores para sustentar los cargos analizados en este acápite.

La Corte coincide parcialmente con la demanda, en el sentido de considerar que la preceptiva impugnada contiene en su texto un concepto jurídico indeterminado: la expresión “actos fraudulentos”. No obstante, la pregunta que surge es si el concepto jurídico indeterminado utilizado en la disposición demandada es inadmisible constitucionalmente, asumiendo que en el derecho administrativo sancionador el principio de tipicidad se caracteriza por ser más flexible y menos riguroso.

Como ya se anotó en acápites precedentes, en el derecho disciplinario la utilización de conceptos jurídicos indeterminados no viola el principio de legalidad, cuando los mismos pueden llegar a determinarse en virtud de remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, semánticos o de otra naturaleza, que permitan conocer, con suficiente precisión, el alcance de la infracción y de su respectiva sanción. Así entendido, solo si el concepto no puede concretarse se entiende afectada la tipicidad, pues en ese caso la definición de la infracción quedaría en cabeza del operador jurídico, quien valoraría libremente la conducta sin referente normativo válido. Pues bien, aun cuando la norma acusada no precisa por sí misma lo que debe entenderse por “actos fraudulentos”, no cabe duda que el alcance de la citada expresión está inscrito en el concepto de fraude, palabra cuya acepción semántica y de uso común y obvio, hace referencia a la conducta engañosa, contraria a la verdad y a la rectitud, o que también busca evitar la observancia de la ley, y que afecta o perjudica los intereses de otro, entendiendo como tal no solo a los particulares sino también a las propias autoridades. En esa dirección, el diccionario de la Real Academia Español define el fraude como: aquella “[a]acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”; y como aquel”[a]cto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”.

Por tanto, coincidiendo con lo dicho por el Ministerio público y los distintos intervinientes, al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención “en actos fraudulentos” en detrimento de intereses ajenos, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado en ejercicio que resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquel tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso causen perjuicio a un tercero.

En la medida en que el abogado desarrolla su actividad profesional en dos campos distintos a saber: dentro del proceso, a través de la figura de la representación judicial, y por fuera del mismo, prestando asesoría y consejo, es la conducta engañosa en esos escenarios lo que la norma acusada pretende censurar, pues no resulta lógico, ni constitucionalmente admisible, que el abogado pueda hacer uso de sus conocimientos jurídicos especializados para defraudar a personas o autoridades. Por eso, al tenor de la norma acusada, el jurista es sancionado disciplinariamente cuando auxilia, aconseja o interviene en un acto fraudulento o engañoso con perjuicio para los intereses de otro, que puede ser su poderdante o cliente, un tercero o la propia administración de justicia. Así entendido, en contraposición a la conclusión a la que llegan los actores, el concepto “actos fraudulentos” hace referencia a una conducta clara y suficientemente determinada, comprensible para los destinatarios de la norma, la cual a su vez puede concretarse razonablemente por la autoridad que tiene a su cargo la investigación y juzgamiento de la infracción, sin que quepa aducir que el proceso de adecuación típica queda abandonado al arbitrio o a la discrecionalidad del juez disciplinario para ser valorado por este libremente. Como ya se dijo, atendiendo a criterios lógicos, empíricos, semánticos, e incluso de sentido común, es posible precisar el alcance de la expresión “actos fraudulentos”, para concluir que ella refiere a comportamientos engañosos a través de los cuales se falta a la verdad o se pretende eludir un mandato legal; conceptos que sin duda son conocidos por la generalidad de las personas y muy especialmente por los abogados, quienes están más que nadie obligados a saber cuándo su conducta es constitutiva de fraude frente a la ley. Por otra parte, en lo que tiene que ver con el bien jurídico que es objeto de protección por la norma demandada: “la lealtad debida a la Administración de justicia”, cabe destacar que el mismo es a todas luces consecuente con la función social asignada al abogado y con las obligaciones que en ese campo él debe asumir, razón por la cual no puede considerarse que el precepto afecta los principios de proporcionalidad y lesividad. Como se mencionó en un acápite anterior, por expresa disposición del Decreto 196 de 1971, la abogacía está llamada a cumplir una función social, cual es la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia (art. 1º), siendo a su vez este segundo cometido, el de colaborar en la recta administración de justicia, uno de sus deberes principales (art. 47).

Si ello es así, hacer uso de los conocimientos jurídicos especializados para engañar a terceros y a las propias autoridades judiciales, y no para colaborar con la justicia que es precisamente el compromiso ético y moral adquirido por el abogado, sin duda que afecta sustancialmente la lealtad que este debe a la administración de justicia en el ejercicio de la profesión. En ese sentido, existe un equilibrio entre la conducta ilícita adoptada en la norma acusada y el bien jurídico que intenta proteger, lo que no permite advertir una afectación irrazonable de los intereses del disciplinado ni un exceso o abuso de poder por parte del legislador al expedir la medida prohibitiva. En los términos expuestos, el numeral 2º del artículo 52 del Decreto 196 de 1971 no desconoce el principio de legalidad y, por tanto, no viola los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 12, 13, 26 y 29 Superiores, relacionados por los actores para sustentar los cargos analizados en este acápite.(...)”

Frente a las autoridades disciplinarias, para los efectos de entrar a definir el título de imputación o determinar la existencia de la conducta fraudulenta, estas no requieren entrar a establecer la posible ocurrencia de un delito, sino limitarse a verificar la descripción típica prevista en la norma acusada con todos sus elementos. En este sentido, la competencia del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales está circunscrita únicamente a establecer si el abogado investigado disciplinariamente aconsejó, patrocinó o intervino en “actos fraudulentos” en perjuicio de otro, cumpliendo así con la función constitucional y legal que les ha sido asignada. Conforme a las consideraciones precedentes, la Corte encuentra que el numeral 2º del artículo 52 del Decreto 196 de 1971 no es contrario al artículo 256-3 de la Carta ni afecta el principio del non bis in ídem(4). (Resalta la Sala)

Entonces, vistos todos los elementos de hecho y de derecho en su conjunto, a más de los apartes jurisprudenciales, para esta Sala, la anterior actuación del profesional, no tenía otro propósito que menguar el patrimonio de la quejosa, como efectivamente se hizo.

No encuentra la Sala prueba alguna que exima de responsabilidad disciplinaria a la abogada, y menos podría pensarse que actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, así como tampoco es dable ampararse en el argumento que ninguna norma le impide ser contraparte de un familiar; ya que lo que se debatió a lo largo de este proceso disciplinario fue la intervención de la togada en actos fraudulentos a fin de menoscabar el patrimonio de terceros y no el presunto impedimento, tal y como lo planteó en el escrito de apelación presentado.

En relación con la sanción impuesta por el a quo al disciplinado, observa esta Superioridad, que la misma guarda relación con la gravedad de la falta y consultó los parámetros establecidos en el artículo 40, 43 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y la ausencia de antecedentes disciplinarios del infractor, para la época de los hechos, para imponerla, por lo que considera la Sala que se debe mantener en su integridad la sanción impuesta en la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de 21 de octubre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó a la abogada Diana Fabiola Granados Abaunza con suspensión de 12 meses del ejercicio profesional, tras hallarla responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35, 33 numeral 9 y 39, de la Ley 1123 de 2007, conforme las consideraciones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Wilson Ruiz Orejuela.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 M.P. Paulina Canosa Suárez – Sala con la Magistrada Luz Helena Cristancho Acosta.

2 Comentarios al Nuevo Código Disciplinario – Luis Enrique Restrepo Méndez 1ª Edición 2008, págs. 132-133.

3 – Radicado Nº 8979C – sentencia del 23 de abril/98. M.P. Dr. Edgardo José Maya Villazón – Publicada en el Régimen Disciplinario de los Abogados, 1998, Tomo 1, pág. 119.

4 Sentencia C-393 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil.