Sentencia 2013-06101 de marzo 1 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201306101 01

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según Acta de Sala Nº 017 de la fecha

Bogotá, D. C. primero de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

1. Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 Constitucional Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la Ley” (Subrayado de la Sala), norma desarrollada por el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura” (Negrilla fuera de texto), concordante con lo preceptuado en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, pues la alzada “procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia”.

Facultad constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinada. En razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, el cual dispuso que “… Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial...”.

Transitoriedad que fue avalada mediante Auto 278 de 9 de julio de 2015 proferido por la honorable Corte Constitucional, proveído que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

2. Límites de la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del operador de segunda instancia, se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el juzgador que los tópicos no discutidos no suscitan inconformidad. Respecto de la órbita de conocimiento esta corporación, no goza de libertad para emitir un nuevo juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión recurrida y desatar los puntos de disenso esbozados por el apelante(36).

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 31 de octubre de 2016, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó al abogado Gustavo Patiño Álvarez, con suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión, por haber inobservado los deberes de “Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión” y “Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión”, consagrados en los numerales 14 y 19 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y por la comisión de la falta del “ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”, establecida en el artículo 39 ibídem, en concordancia con el numeral 4º del artículo 29 de la misma norma, a título de dolo, a fin de establecer si se confirma, modifica o revoca la providencia apelada.

3. Comoquiera que el disciplinado en su recurso de apelación aduce la violación al derecho de defensa por indebida notificación –que de ser cierta conllevaría a una declaratoria de nulidad–, advierte esta colegiatura la necesidad de revisar la notificación surtida al abogado Gustavo Patiño Álvarez en el trascurso de la investigación disciplinaria.

A folios 12, 13, 29, 30, 36, 37, 44, 45, 62, 63, 91, 92,108, 109, 114, 126, 127, 130, 131, 132, 141, 142, 145, 146, 147, 153, 154, 157, 158, 159, 164, 165, 168, 169, 170 y 189 del cuaderno original de primera instancia, obran constancias enviadas al abogado Gustavo Patiño Álvarez, con el fin de notificarlo de cada actuación surtida en el proceso disciplinario Nº 2013-06101. Al no poderse informar al sancionado, el magistrado de primera instancia mediante auto de fecha 6 de marzo de 2014, dispuso emplazarlo por el término de tres (3) días y de no excusarse, declararlo persona ausente y designarle un defensor de oficio.

A folio 22 del expediente, se emplazó al sancionado y a través de proveído de 27 de junio de 2014, se declaró persona ausente y se designó como defensor de oficio a la abogada Diana Milena Orozco Rojas, quien fue relevada del cargo el 3 de diciembre de 2014, a solicitud de la misma. En las diligencias disciplinarias participaron en representación del aquejado los profesionales Juan Javier Baena Merlano, Carlos Alberto Duque y Diana Patricia Barbosa Pulido, quienes fueron relevados del cargo por incomparecencia a las audiencias de pruebas y calificación provisional, previa compulsa de copias a esta Sala, para que se investigara su presunto actuar antiético; no obstante, el a quo designó el 1º de junio 2016 al abogado Sergio Antonio Medina Pérez, quien es el actual representante judicial.

El artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, establece que: “Efectuado el reparto, dentro de los cinco (5) días siguientes se acreditará la condición de disciplinable del denunciado por el medio más expedito; verificado este requisito de procedibilidad, se dictará auto de trámite de apertura del proceso disciplinario, señalando fecha y hora para la audiencia de pruebas y calificación de la cual se enterará al Ministerio Público; (…) La citación se realizará a través del medio más eficaz. En caso de no conocerse su paradero, se enviará la comunicación a las direcciones anotadas en el Registro Nacional de Abogados fijándose además edicto emplazamiento en la Secretaría de la Sala por el término de tres (3) días (…) Si el disciplinado no comparece, se fijará edicto emplazatorio por el termino de tres (3) días, acto seguido se declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio con quien se proseguirá la actuación” (negrilla de la Sala).

A folio 8 del cuaderno original de primera instancia, reposa el certificado expedido por el Registro Nacional de Abogados, en el que se especificó “Revidados los registros que contiene nuestra base de datos y archivos físicos se contrató que el (la) doctor (a) Gustavo Patiño Álvarez, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 230296, se encuentra inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional número 50245 expedida 26 sep. 1989, documento que a la fecha se encuentra NO VIGENTE. La siguiente dirección son las que tiene registradas: C 13 # 8-39 Of., 703 Bogotá, Trav. 94L # 88 46”.

El magistrado de instancia, dio estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, al enviar las comunicaciones referidas en precedencia a las direcciones consignadas en el Registro Nacional de Abogados, por cuanto no se contó con otra: lo emplazó, declaró persona ausente y designó un defensor de oficio, en pro del derecho de defensa y contradicción del sancionado, con quien se celebró las audiencias de pruebas y calificación provisional y juzgamiento, adelantadas en el proceso disciplinario del abogado Gustavo Patiño Álvarez.

El numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, establece como deber profesional del abogado “Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional” (negrilla y subrayado de la Sala). Por consiguiente, no hay lugar a declarar la nulidad en la actuación, por cuanto se respetó el principio rector de la acción disciplinaria de derecho de defensa y contradicción, enmarcado en el artículo 12 de la Ley 1123 de 2007, el cual preestablece: “Durante la actuación el disciplinable tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Cuando se juzgue como persona ausente, se designará un defensor de oficio” (Negrilla y subrayado de la Sala), al enviársele las comunicaciones a las direcciones por él registradas en el Registro Nacional de Abogados.

4. Caso en concreto. Los hechos denunciados, investigados y sancionados por la Sala a quo, durante el transcurso de las diligencias disciplinarias se circunscribieron en que el abogado Gustavo Patiño Álvarez, actuó en representación del sentenciado Lara David, en el proceso penal Nº 2008-03327, desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 5 de febrero de 2013, estando sancionado con suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión, mediante sentencia confirmada por esta superioridad el 1º de marzo de 2013, la cual rigió desde el 30 del mismo mes y año al 29 de febrero de 2014.

El defensor de oficio y el disciplinado, presentaron recurso de apelación en el término establecido en el inciso tercero del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, el cual prescribe: “Recurso de apelación…, se concederá en efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación (…)”. Como se constató a folio 225 del cuaderno original de primera instancia, la última notificación se surtió mediante edicto emplazatorio fijado el 28 de noviembre de 2016 y se desfijó el 30 siguiente, radicándose los escritos el día 25 del mismo mes y año.

Al haberse sustentado debidamente el recurso de apelación y presentado en término, procederá esta colegiatura a resolver los puntos esbozados por los recurrentes, quienes manifestaron la violación al derecho de defensa del abogado Gustavo Patiño Álvarez, porque los representantes judiciales de oficio designados en procura del debido proceso del disciplinado, no solicitaron pruebas con el fin de desvirtuar los hechos censurados; también ocurrió dicho quebrantamiento, porque se dio por notificado de la sentencia sancionatoria de 1º de marzo de 2012, cuando sólo obra en el infolio elementos meramente formales y no que permitan entrever una verdadero conocimiento del sancionado, motivo éste que deja sin argumentos la modalidad de la conducta.

Para resolver los cuestionamientos mencionados en precedencia, la Sala revisará si existió una vulneración al debido proceso del disciplinado, por indebida notificación y al no haber tenido una buena defensa técnica, así como constatar si el a quo, no probó la modalidad dolosa de la conducta.

El debido proceso. El artículo 29 de la Constitución Política de 1991, consagra como garantía fundamental de todo proceso, la presunción de inocencia del investigado, principio que deberá ser desvirtuado con sustento en las pruebas legal y debidamente allegadas a las diligencias judiciales. Así como, a gozar de un juicio justo, asistido por un profesional del derecho de su escogencia o proporcionado por el Estado, quien deberá presentar pruebas y controvertir las allegadas en contra de su defendido y a recurrir las providencias desfavorables al mismo.

La Corte Constitucional destacó la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, porque con su ejercicio se pretende “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico”(37).

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha establecido que el derecho de defensa es el núcleo esencial del debido proceso, garantía reconocida en la norma superior como en tratados internacionales de derechos humanos. Este alto tribunal consideró que en el ejercicio del mismo, se desprenden dos modalidades: la defensa material y la técnica. La primera, le corresponde directamente al investigado, mientras que la segunda, la ejerce un profesional del derecho a nombre de aquél, quien puede ser de confianza o de oficio(38).

En lo atiente al caso objeto de estudio, se cuestionó el ejercicio de la defensa técnica prestada por los siguientes defensores de oficio, Diana Milena Orozco Rojas, Juan Javier Baena Merlano, Carlos Alberto Duque y Diana Patricia Barbosa Pulido. Con el fin de establecer si existió vulneración a dicha garantía fundamental del disciplinado, procederá esta Sala a revisar por separado cada actuación.

La defensora de oficio Diana Milena Orozco Rojas, fue designada mediante auto de fecha el 27 de junio de 2014, quien compareció a la audiencia de pruebas y calificación provisional convocada para el 1º de septiembre del mismo año, diligencia suspendida por el magistrado instructor, en aras de garantizar el debido proceso del investigado, porque la profesional no había estudiado el caso; por consiguiente, la reprogramó para el 15 siguiente. Llegada la fecha preestablecida, por excusa de la letrada el despacho convocó para el 3 de diciembre de 2014, oportunidad en la que se relevó del cargo a solicitud de esta.

El defensor de oficio Juan Javier Baena Merlano, fue designado mediante proveído de 3 de diciembre de 2014, quien presentó derecho de petición ante el Seccional, con el fin de que le fuera informado si por tener contrato de prestación de servicios con la empresa Cormagdalena, estaba inhabilitado para ejercer la representación judicial del disciplinado. Razón por la cual, la Sala a quo a través de auto de fecha de 10 de febrero de 2015, ratificó la designación y convocó para audiencia de pruebas y calificación provisional el 19 de marzo de 2015, a la cual no compareció el profesional, por consiguiente, se relevó del cargo el 7 de mayo de 2015 y se compulsó copias a esta superioridad, para que se investigara la posible actuación antiética.

El defensor de oficio Carlos Alberto Duque, fue designado mediante providencia de 7 de mayo de 2015, quien asistió a las audiencias de pruebas y calificación provisional convocadas los días 1º de julio y 3 de septiembre de 2015, en las cuales solicitó oficiar al Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá y a la Defensoría de la misma ciudad, para que certificaran si su prohijado actuó como defensor de oficio, porque de ser así, no habría lugar a un reproche disciplinario; finalmente, manifestó que no existía pruebas de las que se estableciera la participación del investigado en el proceso penal para los años 2012 y 2013, luego la falta del informe de la Defensoría, impedía concluir un actuar antiético del abogado. Solicitó insistir en la constancia de la mentada entidad, y de no ser posible absolverlo y terminar la investigación disciplinaria.

El magistrado fallador, fijó el 30 de noviembre de 2015 para instalar la diligencia de juzgamiento, a la cual no acudió el profesional, razón por la que el 17 de febrero de 2016, se relevó del cargo y se compulsó copias a esta Superioridad, para que se investigara la posible incursión en falta disciplinaria.

La defensora de oficio Diana Patricia Barbosa Pulido, fue designada mediante auto de fecha 17 de febrero de 2016, día en el cual se reprogramó la diligencia de juzgamiento para el 28 de abril de 2016. Por la incomparecencia de la profesional, el magistrado de primer grado, la relevó del cargo el 1 de junio siguiente, y en su lugar nombró al abogado Sergio Antonio Medina Pérez, quien es el actual representante judicial.

Revisas las actuaciones surtidas en las diligencias disciplinarias por los defensores de oficio del inculpado, se evidencia que los abogados Diana Milena Orozco Rojas, Juan Javier Baena Merlano y Diana Patricia Barbosa Pulido, si bien fueron nombrados, no realizaron mayor actividad procesal. Razón por la cual el Seccional, compulsó copias contra el abogado Baena Merlano, con el fin de que investigara una posible inobservancia a los deberes profesionales. Con relación a la representante Orozco Rojas, como se observó participó en la primera diligencia, pero la misma fue suspendida por el instructor del proceso, en aras de garantizar el debido proceso del disciplinado, posteriormente presentó renuncia la cual fue aceptada sin objeción alguna; respecto de última abogada, el Seccional la designó y como no compareció se relevó sin mayor consideración.

Frente a la defensa técnica del abogado Carlos Alberto Duque, cabe señalar que la Corte Constitucional en Sentencia C-069 de 2009, ponencia de la entonces Magistrada Clara Inés Vargas Hernández, indicó que “si bien cada abogado es autónomo en el diseño de la defensa de su cliente, de acuerdo con las circunstancias que presente el caso sometido a su tutela, puede apelar a diversas estrategias metodológicas entre las que se destacan: (i) la defensa directa, donde el abogado plantea una postura con fundamento en la prueba positiva y con base en ella desarrolla sus argumentos de descargo; (ii) la defensa indirecta, donde el abogado cuestiona las pruebas del adversario para desestimar su valor y mostrar la falta de solidez de la acusación, aunque sin aportar nuevos elementos de juicio; (iii) la defensa por excepciones, donde el reproche está centrado en las deficiencias de orden procesal relacionadas con la acción, los actos o las personas que intervienen en el proceso. El silencio también puede ser interpretado como una estrategia legítima de defensa en procura de los intereses del sindicado, cuando responde a una táctica previamente ponderada y cuidadosamente examinada por el defensor, máxime si se tiene en cuenta que en virtud del principio de presunción de inocencia, es el Estado quien debe probar no sólo la ocurrencia de un hecho punible sino la responsabilidad del acusado”. (Negrilla y subrayado de la Sala).

No puede entonces esta Sala Colegiada, reprochar o considerar pasiva la defensa técnica del abogado Carlos Alberto Duque, porque el representante judicial, aquí recurrente, estimó que la prueba solicitada no era pertinente para desvirtuar los hechos censurados, luego esa determinación le corresponde al operador judicial, quien en la oportunidad admitió la petición y decretó la prueba, funcionario que está cobijado por el principio de autonomía e independencia judicial. Tal como lo resaltó el alto Tribunal Constitucional, el profesional del derecho es autónomo en el diseño de su estrategia defensiva, siempre y cuanto no contraríe el debido proceso del investigado.

Si para el defensor de oficio, aquí recurrente procedían otras pruebas y no las solicitadas por su colega, eso no puede ser cuestionado disciplinariamente, ni se considera una violación al derecho de defensa del sancionado, porque el profesional Duque, expuso las razones por las cuales debía allegarse ese elemento probatorio a las diligencias, siendo la finalidad del mismo, establecer si para los años 2012 y 2013, el inculpado actuó en el proceso penal y de ser afirmativo, en que calidad.

Respecto de la indebida notificación de la providencia sancionatoria proferida el 1º de marzo de 2012, por esta Sala Colegiada, en el proceso disciplinario Nº 2009-05947 01 de Esperanza Reina Vallejo contra Gustavo Patiño Álvarez, se revisará la dirección aportada por el aquejado en el proceso penal, por el cual se cuestionó su actuar antiético, así como las suministradas por este, en el Registro Nacional de Abogados, para determinar si en efecto se violó el debido proceso.

Revisado el expediente arribado a esta instancia, por el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá, evidenció esta Sala que la dirección aportada por el disciplinado corresponde a la calle 13 Nº 8-39, oficina 703, la cual fue utilizada por el sancionado para recibir las comunicaciones y/o notificaciones del proceso Nº 2008-03327, desde el 12 de febrero de 2012 fecha en la cual se allegó el poder a las diligencias penales, dejando en la parte final una nota de “Notificaciones. Calle 13 Nº 8-39 Of. 703 Bogotá D.C.”(39), hasta el 31 de octubre de 2013, como consta a folio 32 del cuaderno de anexo 1.

Obra a folio 1 y siguientes del cuaderno de anexo 3 del expediente, la sentencia de primera instancia, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 7 de diciembre de 2011, en el proceso disciplinario Nº 2009-05947, mediante la cual se responsabilizó al abogado Gustavo Patiño Álvarez, por la comisión de la conducta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007. En el mismo cuadernillo reposa las comunicaciones de notificación(40) de la precitada providencia, enviadas al aquejado a las direcciones calle 13 Nº 8-39, oficina 703 y Transversal 96 Nº 88-46.

Reposa en el cuaderno de anexo 2 de las diligencias, la providencia mediante la cual esta Sala Colegiada, conoció en grado jurisdiccional de consulta la sentencia sancionatoria proferida por el Seccional de Bogotá el 1º de marzo de 2012, en la que se confirmó la decisión de suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión del abogado Gustavo Patiño Álvarez, aquí investigado. A folio 35 y 36 del cuaderno de anexo 3, obran las constancias de notificación de dicha providencia, enviadas a las direcciones calle 13 Nº 8-39, oficina 703 y Transversal 96 Nº 88-46.

La notificación de las sentencias y providencias interlocutorias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1123 de 2007, debe hacerse de manera personal a más tardar al día siguiente y por el medio más expedito. Si el interviniente no se presenta, será emplazado o se procederá a notificarlo por estado. Ahora bien, el artículo 104 ibídem, prescribe que en “caso de no conocerse su paradero, se enviará la comunicación a las direcciones anotadas en el Registro Nacional de Abogados fijándose además edicto emplazamiento en la Secretaría de la Sala por el término de tres (3) días (…) Si el disciplinado no comparece, se fijará edicto emplazatorio por el termino de tres (3) días, acto seguido se declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio con quien se proseguirá la actuación” (negrilla de la Sala).

Advierte esta Sala, que las direcciones a la cuales se le envió las comunicaciones al disciplinado de la iniciación de la investigación como de las sentencias de primera y segunda instancia del proceso disciplinario Nº 2009-05947, corresponden a las aportadas en el proceso penal Nº 2008-03327 y a las consignadas en el Registro Nacional de Abogado, desde el 2011 hasta el 7 de julio de 2015.

Resalta este Tribunal Disciplinario, que el abogado Gustavo Patiño Álvarez, se notificó de la sentencia sancionatoria de primera instancia proferida en este proceso, el 22 de noviembre de 2016, por medio de las comunicaciones enviadas a las direcciones aportadas por el mismo, en el Registro Nacional de Abogados, es decir, la carrera 8 Nº 19-34 oficina 405 y residencial la transversal 94 L Nº 88-46 y presentó recurso de apelación el 25 siguiente, manifestando la violación del derecho de defensa y contradicción, porque según el encartado “afortunadamente para estos días llego una de mis hermanas de la ciudad de Pitalito (Huila) y recibió la última notificación donde ya se me imponía una sanción”, refirió con relación al disciplinario Nº 2009-05947 que “tampoco tuve conocimiento,.., primero porque ya no vivo en esa fallecida dirección donde me enviaban las notificaciones y solamente terminado el año 2013, ya para cumplir los dos años de la sanción fue que me entere de la misma”, en igual sentido señaló: “considero que se me violo el derecho de defensa, toda vez que este proceso que se inició hace varios años se me está notificando a mi antigua oficina en la calle 13 Nº 8-39, of. 703 la cual no utilizo desde hace más de diez (10) años, también se me enviaron notificaciones a la transversa 96 Nº 88-46 (…) dirección cambiada hace varios años cuando se estableció en Bogotá la nueva nomenclatura”.

El disciplinado aportó junto con el recurso, copia de un formulario único para múltiples trámites de profesionales del derecho radicado el 8 de julio de 2015 ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en el cual se denota como domicilio profesional la carrera 8 Nº 19-34 oficina 405 y residencial la transversal 94 L Nº 88-46.

Llama la atención de la Sala, el por qué el togado Patiño Álvarez, solo cuestionó la notificación respecto de los procesos disciplinarios y no las comunicaciones o citaciones enviadas por el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá, si bien todas se realizaron en las direcciones calle 13 Nº 8-39, oficina 703 y Transversal 96 Nº 88-46, en el interregno de 2011 a 2012.

El numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, establece como deber profesional del abogado “Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional” (negrilla y subrayado de la Sala), no puede entonces el disciplinado, culpar a la administración de justicia, por haber enviado las comunicaciones a las direcciones por él aportadas el Registro Nacional de Abogados, cuando este solo lo actualizó el 8 de julio de 2015.

Como se constató a folio 8 del cuaderno original de primera instancia, reposa el certificado expedido 7 de octubre de 2013, por el Registro Nacional de Abogados, en el que se especificó “Revidados los registros que contiene nuestra base de datos y archivos físicos se contrató que el (la) doctor(a) Gustavo Patiño Álvarez, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 230296, se encuentra inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional número 50245 expedida 26 sep. 1989, documento que a la fecha se encuentra NO VIGENTE. La siguiente dirección son las que tiene registradas: C 13 # 8-39 of. 703 Bogotá, Trav. 94L # 88 46”.

Considera esta corporación, que no existió vulneración al debido proceso del disciplinado, por cuanto gozó de una defensa técnica autónoma, fundada en la inexistencia de la falta, para lo cual solicitó pruebas encaminadas a fortalecer su teoría del caso, así como se constató que las notificaciones surtidas en el proceso disciplinario Nº 2009-05947 y en este, se enviaron a las direcciones aportadas en el Registro Nacional de Abogados.

1. Se probó o no, la modalidad dolosa del tipo disciplinario endilgado al disciplinado.

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia SP 153 de 18 de enero de 2017, con Radicación 47100, expresó que “La demostración del dolo, dada su condición de “hecho psíquico” (no perceptible directamente por los sentidos), como suele denominársele por algunos sectores doctrinarios, generalmente se hace a través de inferencias, por la obvia dificultad para lograr su acreditación a través de “prueba directa”. Sobre el dolo, ha dicho esta corporación que en tanto se refiere al conocimiento y la voluntad de todos los elementos que constituyen el tipo objetivo, se demuestra valorando aquellos datos, precisamente objetivos, que rodean la realización de la conducta” (negrilla y subrayado de la Sala).

En igual sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-319 de 3 de mayo de 2012, ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, se refirió al concepto de dolo con fundamento en la doctrina y la definición dada por el Procurador General de la Nación, en que “El dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar en contravía a éste; por tanto, el conocer ya involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a eso se realiza la conducta, es porque efectivamente quiere el resultado” (negrilla y subrayado de la Sala).

El artículo 21 de la Ley 1123 de 2007, establece las modalidades de la conducta sancionable a título de dolo o culpa, entonces, le corresponde al director del proceso adecuar las faltas disciplinarias, respecto de su descripción típica.

En el caso bajo estudio, se estableció que el abogado Gustavo Patiño Álvarez, inobservó los deberes de “Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión” y “Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión”, descritos en los numerales 14 y 19 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al haber seguido actuando en representación del sentenciado Lara David, en el proceso penal Nº 2008-03327, después del 30 de marzo de 2012, fecha en la cual empezó a regir la sanción de suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión.

De las constancias obrantes en el expediente, las cuales fueron enviadas a las direcciones consignadas por el sancionado en el Registro Nacional de Abogados y en el proceso penal Nº 2008-03327, se constató que el profesional sancionado tuvo conocimiento de la sentencia de primera como de segunda instancia del asunto disciplinario Nº 2009-05947. Destaca esta colegiatura, que el abogado Patiño Álvarez, recibió notificación en la calle 13 Nº 8-39, oficina 703 desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 5 de febrero de 2013 por el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá, luego no es posible recibir unas comunicaciones y las otras no.

Al hallarse probado que el profesional recibía las notificaciones, comunicaciones y/o citaciones en las direcciones calle 13 Nº 8-39, oficina 703 y Transversal 96 Nº 88-46, las cuales usó para efectos judiciales desde el 2 de febrero de 2012 al 5 de febrero de 2013 en el proceso penal, considera esta colegiatura la existencia de los elementos de conocimiento y voluntad del abogado Gustavo Patiño, luego una vez enterado siguió representando al sentenciado Lara David, sin importarle la incompatibilidad por haber estado suspendido.

La Sala a quo, en los cargos como en la sentencia consideró que el profesional había sido debidamente notificado, en las direcciones aportadas por él al Registro Nacional de Abogados como la señalada en el proceso penal, y en igual sentido de esta corporación, argumentó el conocimiento y la voluntad elementos inherentes a la modalidad dolosa de la conducta, por cuanto siguió representando al sentenciado, después de estar sancionado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de 31 de octubre de 2016, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó al abogado Gustavo Patiño Álvarez, con suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión, por haber inobservado los deberes consagrados en los numerales 14 y 19 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y por la comisión de la falta establecida en el artículo 39 ibídem, en concordancia con el numeral 4º del artículo 29 de la misma norma, a título de dolo, con fundamento en las motivaciones de esta providencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen para que notifique a todas las partes del proceso y cumpla lo dispuesto por la Sala, advirtiendo que contra esta providencia no procede recurso alguno.

4. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, Radicado 26129.

37 Sentencia C-799 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería y Sentencia C-127 de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.

38 Sentencia C-127 de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.

39 Folio 145 c. anexo. Nº 2.

40 Folios 24 y 25 ibídem.