Sentencia 2013-06335 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000234200020130633501

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Demandante: Darwin Rafael Rodríguez Guerrero

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro

Acción de Tutela

Fallo segunda instancia

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

Decide la Sala la impugnación presentada por la directora del centro de documentación judicial - CENDOJ, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, contra la sentencia del 3 de diciembre de 2013 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió al amparo solicitado así:

“Primero: AMPARAR los derechos constitucionales fundamentales invocados por el señor Edwin (sic) Rafael Rodríguez Guerrero, identificado con la cédula de ciudadanía 7.143.120 de Santa Marta, por las razones expuestas en este proveído.

Segundo: En consecuencia, la directora del centro de documentación judicial - CENDOJ, dentro del término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, deberá realizar las gestiones pertinentes para que se restrinja el acceso del público a la información del señor Darwin Rafael Rodríguez Guerrero ya notificado, contenida en el sistema de gestión Justicia Siglo XXI, dentro del proceso con Rad. 110016000023200702546”.

1. Pretensiones.

El señor Darwin Rafael Rodríguez Guerrero, mediante apoderada, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial - CENDOJ y el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá - sistema penal acusatorio de Bogotá, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al buen nombre, habeas data, al trabajo y al mínimo vital. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“(...) ordenar al Centro de Servicios Judiciales de Bogotá - Consejo Superior de la Judicatura - rama judicial y/o a la dependencia que corresponda que se sirva:

1. RESTRINGIR O RESERVAR la consulta en la página de la rama judicial consulta de procesos y en otras similares o de igual manejo por las accionadas, acerca del proceso penal en que fue sujeto procesal el ciudadano Darwin Rafael Rodríguez Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía 7.143.120 de Santa Marta.

2. En adelante abstenerse de publicitar dicha información a terceros que no puedan demostrar un interés legítimo para consultar dicha información”.

2. Hechos.

Se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El Juzgado 13 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, en sentencia del 13 de junio de 2007, condenó al actor a la pena principal de 10 meses de prisión y a la interdicción de derechos y funciones públicas, por el delito de hurto agravado.

En providencia del 12 de mayo de 2010, el Juzgado 6º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad declaró extinguida la pena de prisión y las accesorias.

Mediante petición del 25 de julio de 2013, el señor Rodríguez Guerrero solicitó al coordinador del Centro de Servicios Judiciales del sistema penal acusatorio de Bogotá, que se reservara o restringiera la consulta del proceso penal en el que fue condenado.

En respuesta del 28 de agosto de 2013, le informaron que no tiene ningún requerimiento pendiente de ese proceso, porque ya se habían enviado las comunicaciones sobre la extinción de la pena a las diferentes autoridades y, que en el sistema siempre aparecerá que existió un proceso penal en su contra, pero que también se verá que se ordenó el archivo definitivo de aquel.

Por lo anterior, considera que se están vulnerando los derechos fundamentales invocados, porque se encuentra en situación calamitosa, pues está desempleado y tiene dos hijos a cargo. Aunado a que ha intentado, en repetidas oportunidades, postularse a ofertas de trabajo, empero, cuando las empresas a las que se presenta indagan en el sistema de gestión de la rama judicial sobre sus antecedentes, desisten de la intención de contratarlo, en razón del reporte del proceso penal en su contra.

3. Oposición.

La juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá informó que el actor fue condenado el 13 de julio de 2007, por el delito de hurto agravado; el 12 de mayo de 2010 se declaró la extinción de la pena y se emitieron los oficios a la autoridades respectivas para la cancelación de las anotaciones que se generaron con motivo del proceso penal.

Que si se consulta el proceso en la página web de la rama judicial, aparece el historial del expediente, información veraz que no afecta el buen nombre, porque está actualizada y el proceso se encuentra en archivo definitivo por extinción de la pena.

Señaló que ese centro de servicios maneja información de los procesos y no una base de datos de sentencia condenatorias y, como ha dado cumplimiento a lo ordenado por las autoridades judiciales del proceso penal, pidió que se desvinculara de la presente acción.

La directora del CENDOJ manifestó que esa dependencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura actúa como administrador del portal web de la rama judicial y garantiza la publicación de la información administrativa y judicial.

En cuanto al registro en el sistema de información Justicia Siglo XXI, indicó que la alimentación y/o actualización de datos corresponde a las secretarías de cada uno de los despachos judiciales y que sirve para la gestión de procesos relacionados con la administración de justicia, que de ninguna manera constituye antecedentes penales y/o disciplinarios, ni vulnera el habeas data.

4. Providencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 3 de diciembre de 2013, amparó los derechos fundamentales invocados y ordenó a la directora del Centro de Documentación Judicial - CENDOJ realizar las gestiones para restringir el acceso del público a la información del actor, contenida en el sistema de gestión Siglo XXI, con relación al proceso penal en el que fue condenado.

La decisión se adoptó, porque consideró que al señor Rodríguez Guerrero se le ha privado del derecho al trabajo por los antecedentes penales que se reflejan en la consulta de procesos en el sistema de gestión judicial Siglo XXI, pues se allegaron certificaciones de empresas que argumentaron que no lo contrataron por haber sido procesado por el delito de hurto.

5. Impugnación.

La directora del CENDOJ impugnó la decisión e informó que esa dependencia es la administradora del portal web de la rama judicial y tiene la responsabilidad de garantizar la publicación de la información administrativa y judicial producida por la rama, conforme al Acuerdo PSAA11-9109- de 2011 y que la unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial es la encargada de la administración del sistema de información de procesos Justicia Siglo XXI, como lo dispone el Acuerdo 1591 de 2002.

La información publicada en la página web www.ramajudicial.gov.co es un reflejo de lo que se encuentra en el sistema Justicia Siglo XXI, que está integrado por la información de los diferentes despachos judiciales, en tanto que la protección del habeas data, invocada por el actor, de ser posible, debe realizarse en el aplicativo de consulta de procesos administrado por la unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial; luego el CENDOJ no puede intervenir por no estar entre sus funciones.

Finalmente, señaló que la unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial realizó el bloqueo para la consulta web del caso del actor.

6. Trámite en segunda instancia.

Mediante auto del 23 de abril de 2014, se ordenó la vinculación al presente trámite de las empresas Operación Logística Colombiana Ltda. - Opecol y Transporte y Logística P&M Ltda. y, que se oficiara al Ministerio de la Protección Social para que informara si la consulta de procesos en la página de la rama judicial es un medio para conocer antecedente penales, que pueden usar las empresas en procesos de selección de empleados.

En auto del 18 de junio de 2014 se ordenó, por segunda vez, que se notificara a las empresas referidas y que se oficiara a la Cámara de Comercio de Bogotá para que indicara las direcciones de notificaciones judiciales que aparecen en los certificados de existencia y representación de estas.

7. Intervención de los terceros vinculados.

El representante legal de la empresa Operación Logística Colombiana - Opecol informó que el actor presentó solicitud de empleo como conductor, pero que el departamento de personal la rechazó, en principio. Sin embargo, ante la insistencia, se le dio la oportunidad de vincularse a la empresa y actualmente tiene un contrato de prestación de servicios como conductor.

Consideraciones

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, el señor Darwin Rafael Rodríguez Guerrero pretende la protección de los derechos fundamentales al buen nombre, habeas data, al trabajo y al mínimo vital, que considera vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial - CENDOJ y el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá - sistema penal acusatorio de Bogotá.

A la Sala le corresponde resolver la impugnación interpuesta por la directora del CENDOJ contra la sentencia del 3 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

Caso concreto

En el escrito de impugnación, la directora del CENDOJ manifestó que esa dependencia no es la encargada de la administración de la base de datos del sistema de información de procesos Justicia Siglo XXI, sino que esa función le corresponde a la unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial.

Como la pretensión del actor va dirigida a que en el link de “consulta de procesos” no se vea reflejado que fue condenado en un proceso penal, con el fin de que sean protegidos los derechos fundamentales invocados, principalmente el habeas data y el derecho al trabajo, se estudiará:

• Qué clase de información maneja el sistema de consulta de procesos de la rama judicial.

• Quién es el encargado de la administración de esa información.

• Si esa información es pública y, de qué manera podría afectar los derechos fundamentales invocados.

• Finalmente, si el sistema de consulta de procesos de la rama judicial sirve de medio para averiguar antecedentes penales de las personas.

El Acuerdo 1591 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura estableció el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (Justicia XXI), que en el artículo 1º dispone:

“ART. 1º—Adoptar el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (Justicia XXI), para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales administrativos, los tribunales superiores y los juzgados, el cual será suministrado e implementado por la unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial, responsable de su mantenimiento técnico y actualizaciones, las cuales requerirán de la previa autorización de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

Por su parte, los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo PSAA11-9109 de 2011, que reglamentó la administración de las publicaciones de portal web de la rama judicial establecieron:

“ART. 1º—Desígnase como administrador principal del portal web oficial de la rama judicial (www.ramajudicial.gov.co) al Centro de Documentación Judicial - CENDOJ.

“ART. 2º—El administrador principal tendrá las siguientes funciones:

1. Mantener en operación la infraestructura computacional y de telecomunicaciones necesaria para la operación del portal web de la rama judicial con el soporte de comunicaciones de la unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial.

2. Velar por que los sistemas de información estén actualizados y en óptimo funcionamiento en el portal web de la rama judicial, coordinando estas actividades técnicas con los responsables de alimentar y dar soporte a los aplicativos y sistemas de información.

3. Administrar las cuentas y perfiles de administración de contenidos del portal web de la rama judicial.

4. Asignar y revocar las cuentas de Usuario con sus correspondientes permisos a los administradores secundarios de las diferentes oficinas, despachos, corporaciones y unidades a nivel central y seccional.

5. Definir y velar por el cumplimiento de los estándares de publicación establecidos para el portal web de la rama judicial por parte de los administradores secundarios.

6. Administrar la operación del hosting en lo referente a copias de respaldo, control de acceso, seguridad, auditoría, desempeño, afinamiento, redundancia y monitoreo del portal web de la rama judicial.

7. Administrar las publicaciones que los administradores secundarios no tengan permisos para realizar, esto incluye fijación, actualización o eliminación de información, teniendo presente los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura si se trata de información de carácter sensible.

8. Administrar y tener en funcionamiento las herramientas de acceso a la comunidad como foros de discusión, chats, encuestas de opinión y redes sociales.

9. Brindar asistencia técnica y coordinar los tiempos de uso de las herramientas de comunidad (chat, foros, encuestas) a las corporaciones y demás despachos a nivel central y seccional.

10. Presentar a la Sala Administrativa el diseño oficial y las modificaciones futuras del portal web de la rama judicial.

11. Verificación de los requerimientos mínimos para nuevos desarrollos, vínculos o publicaciones de otras dependencias para ser incluidos en los contenidos del portal web de la rama judicial, a su cargo.

12. Administrar las conexiones a las bases de datos hospedadas en los servidores del hosting de las publicaciones a su cargo.

13. Administrar, mantener y actualizar las páginas y programas de las publicaciones a su cargo.

14. Coordinar con los administradores secundarios, oficinas, unidades, direcciones y consejos seccionales, corporaciones y despachos judiciales el ingreso de nuevas páginas, vínculos, elementos o contenidos a ser publicados en el portal web de la rama judicial.

15. Administrar las conexiones con otros sitios web de interés para la rama judicial.

16. Asesoría técnica y funcional a los administradores secundarios sobre el manejo del módulo de administración de contenidos y en general del portal web.

17. Los temas adicionales al portal web de la rama judicial serán aprobados por el CENDOJ con previo estudio y posteriormente se definirá el administrador secundario, quienes mantendrá actualizado el contenido.

PAR. 1º—El Centro de Documentación Judicial - CENDOJ definirá en el sistema integrado de gestión de calidad los procesos, procedimientos y formatos que se requieran para el correcto funcionamiento del portal web de la rama judicial.

“ART. 3º—Los administradores secundarios estarán conformados por los funcionarios y empleados designados por los presidentes de cada corporación, por los directores de unidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por el director ejecutivo de administración judicial, por los presidentes de los consejos seccionales de la judicatura, y los directores seccionales de administración judicial, oficinas y despachos.

Las funciones de los administradores secundarios serán las siguientes:

1. Publicar la información pertinente de cada corporación, despacho, unidad u oficina.

2. Velar por que los contenidos de publicación se actualicen oportunamente.

3. Velar por que los contenidos publicados se encuentren dentro de los estándares definidos para el diseño de las diferentes publicaciones.

4. Coordinar con el CENDOJ, la utilización de las herramientas de acceso a la comunidad como son el chat, los foros de discusión y las encuestas de opinión.

5. Administrar las conexiones a las bases de datos de las publicaciones dinámicas a su cargo.

6. Coordinar con el CENDOJ la publicación de categorías, subcategorías y secciones en el portal web de la rama judicial.

7. Administrar, mantener y actualizar las secciones de los contenidos del portal web de la rama judicial y de los aplicativos de los sistemas de información a su cargo.

Dentro de sus competencias los Administradores secundarios, deberán responder por la calidad y presentación oportuna de los contenidos y otros documentos de incorporación en el portal web de la rama judicial.

PAR. 1º—Los administradores secundarios serán los responsables de ingresar o modificar y mantener actualizados los diferentes contenidos publicados en el portal web de la rama judicial.

Dentro de sus competencias los administradores secundarios, deberán responder por la calidad y presentación oportuna de los contenidos y otros documentos de incorporación en el portal web de la rama judicial.

PAR. 2º—Definidos los administradores secundarios por parte de cada una de las corporaciones, unidades sala administrativa, consejos seccionales de la judicatura, dirección ejecutiva administración judicial y direcciones seccionales, oficinas y despachos estos deberán remitir al CENDOJ los formularios de inscripción (anexo Nº 1) con los datos de los funcionarios y empleados responsables, y de igual forma para tales efectos, definiendo los permisos respectivos, igualmente comunicarán al CENDOJ cualquier cambio en su designación.

PAR. 3º—Los permisos para el administrador secundario de contenidos son los de agregar, actualizar y eliminar”.

Se observa de las disposiciones transcritas, que el sistema de consulta de procesos no corresponde con una base de datos, conforme con las definiciones de los literales b y c, artículo 3 de la Ley 1581 de 2012. Se trata de un sistema que maneja información de procesos judiciales para consulta de usuarios y también administra datos institucionales de las entidades públicas y personas jurídicas que intervienen en los procesos. En efecto, dispone la Ley 1581 de 2012 que:

“ART. 3º—Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales;

b) Base de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento;

c) Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

d) Encargado del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;

e) Responsable del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos;

f) Titular: persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento;

g) Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”.

La administración de esa información le corresponde a la unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial, que es la responsable del mantenimiento técnico y de las actualizaciones del sistema de información Justicia Siglo XXI, previa autorización de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Por su parte, el CENDOJ, unidad perteneciente al organigrama de la dirección ejecutiva de administración judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es el administrador principal del portal web de la rama judicial.

Por lo tanto, el manejo de la información que pueden consultar los usuarios en la página web de la rama judicial, es una labor conjunta de todos los despachos judiciales, unidades administrativas y, en general, de todos los órganos que tienen la posibilidad de publicar, modificar, actualizar, eliminar o manipular información, por cuanto el CENDOJ funge como administrador principal y debe trabajar coordinadamente con los administradores secundarios quienes suministran la información, cuya consulta es de carácter público.

Según lo expuesto, se advierte que esa información tiene una función específica, que es la de mantener informados a los usuarios de la rama judicial de las actuaciones que se producen en desarrollo de la obligación del Estado de administrar justicia y no es un medio de consulta de antecedentes penales de las personas que intervienen en procesos judiciales.

En materia de antecedentes penales, el artículo 248 de la Constitución Política dispone que “únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”.

Los antecedentes son datos personales que permiten identificar si una persona tuvo alguna condena penal o si tiene asuntos pendientes con la justicia penal, los cuales son administrados por la Policía Nacional, según el artículo 95 del Decreto 19 de 2012:

“Mantenimiento y actualización de los registros delictivos. El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional mantendrá y actualizará los registros delictivos de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales y de policía, conforme a la Constitución Política y a la ley”.

En consecuencia, es ante la Policía Nacional donde deben consultarse los antecedentes penales de un ciudadano y no en el sistema de gestión de procesos de la rama judicial que, como se mencionó, registra las actuaciones que se desarrollan en los despachos judiciales del país.

Sin embargo, se observa que en cumplimiento del fallo de primera instancia, la directora del CENDOJ le remitió al director de la unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial, la petición del actor dirigida a que se borre o restrinja la consulta del proceso en el que fue condenado.

De allí que a folio 65 obra informe en el que anexó “copia del acta de inspección realizada por el ingeniero Héctor Armando Baquero Barrera, al servidor EJPMS con dirección IP 172.16.135.5 con usuario de registro de actuaciones 9000. Y donde consta que procedió a realizar los controles pertinentes que permites el bloqueo para la consulta Web de la C.C. 79757440 correspondiente al señor Juan Miguel Morales Niño”.

Revisada el acta referida, se evidencia que se dejó constancia que el mismo procedimiento fue realizado con el señor Darwin Rafael Rodríguez Guerrero.

Al consultar en la página web de la rama judicial, se observa que con el nombre del actor no aparece ninguna información que lo relacione con el proceso penal del que fue parte, pero, si se busca con el radicado del proceso y la ubicación del despacho judicial, es posible acceder a la información.

Como se mencionó, esa es la función del sistema de información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI, pues mediante ese instrumento se puede consultar la información de los procesos judiciales, que, se insiste, no es un sistema de consulta de antecedentes penales, como sí lo es el sistema de consulta administrado por la Policía Nacional.

De lo anterior, se advierte que el CENDOJ está cumpliendo con sus funciones de administración de información de los procesos judiciales y, por lo tanto, no vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, por lo que se revocará el fallo impugnado y se negarán las pretensiones respecto del CENDOJ.

En cuanto a la conducta de las empresas que le negaron el derecho al trabajo al señor Darwin Rafael Rodríguez, porque en la consulta de procesos de la rama judicial, supuestamente registraba antecedentes penales, la Sala observa:

Que la empresa Opecol Ltda., en principio rechazó la solicitud de empleo del actor, porque presentaba antecedentes en la consulta de procesos pero, conforme informó en la respuesta a la acción de tutela, actualmente está vinculado como conductor, mediante un contrato de prestación de servicios, lo que demuestra que se encuentra superada la vulneración alegada.

La empresa P&M, pese a ser notificada, no dio respuesta a la acción de tutela de la referencia, pero a folio 18 obra una certificación en la que señaló que no le dio trabajo al señor Darwin Rafael Rodríguez, porque en el estudio de seguridad refleja antecedentes penales y, que si “arregla este antecedente que arroja en la consulta de procesos de estudio de seguridad” le darían la oportunidad de trabajo.

La anterior circunstancia demuestra que la aludida empresa está usando el sistema de gestión judicial Siglo XXI como medio para verificar si los aspirantes a un empleo tienen antecedentes penales, lo que resulta inaceptable y, como se explicó, no es procedente, pues ese sistema no es el mecanismo idóneo.

En consecuencia, se requerirá a la empresa de Trasporte y Logística P&M para que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar esas prácticas en los procesos de selección de personal y se ordenará que se remita copia de esta providencia al Ministerio del Trabajo, para que tenga conocimiento de lo resuelto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

1. REVÓCASE la providencia del 3 de diciembre de 2013, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar:

2. NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor, respecto del Centro de Documentación Judicial - CENDOJ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. REQUIÉRASE a las empresas de Transporte y Logística P&M Ltda., para que, en lo sucesivo, se abstenga de revisar antecedentes penales en las bases de datos del sistema de información de procesos Justicia Siglo XXI.

4. REMÍTASE una copia de esta providencia al Ministerio del Trabajo, para que tenga conocimiento de lo resuelto.

5. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo,

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Presidente de la Sección—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, salvamento parcial de voto—Martha Teresa Briceño de ValenciaCarmen Teresa Ortiz De Rodríguez.

Protocolo de proyecto de fallo de tutela

Despacho de la Doctora Martha Teresa Briceño de Valencia

Administración de información judicial, CENDOJ y unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial

Fecha de la sala: 3 de abril de 2014

Identificación del proyecto de fallo de tutela
Número de radicado de la tutela: 25000-23-42-000-2013-06335-01Instancia en la que se dicta el fallo de tutela: Segunda
Demandante en la tutela: Darwin Rafael Rodríguez GuerreroDemandado en la tutela: Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial - CENDOJ y el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá - sistema penal acusatorio de Bogotá
Derechos fundamentales que se invocan vulnerados: al buen nombre, habeas data, al trabajo y al mínimo vital
Pretensiones de la tutela: Que se restrinja el acceso del público a la información del señor Darwin Rafael Rodríguez Guerrero, contenida en el sistema de gestión Justicia Siglo XXI, dentro del proceso con Rad. 110016000023200702546
Tema de la acción de tutela (descriptor):Habeas data/ manejo de información
Subtemas de la acción de tutela (restrictor): Acceso a la información de los procesos judiciales
Cumple requisito de inmediatez Sí: No: N/A
Reiteración jurisprudencial: Sí: No:X
Decisión de primera instancia en el proceso ordinario y fundamentos: N/A
Quién apela el fallo ordinario y fundamentos del recurso: N/A
Decisión de segunda instancia en el proceso ordinario y fundamentos: N/A

Elementos relevantes para la decisión del proyecto de tutela
Hechos principales que sirven de fundamento a la solicitud de tutela
1. El Juzgado 13 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, en sentencia del 13 de junio de 2007, condenó al actor a la pena principal de 10 meses de prisión y a la interdicción de derechos y funciones públicas, por el delito de hurto agravado.
2. En providencia del 12 de mayo de 2010, el Juzgado 6º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad declaró extinguida la pena de prisión y las accesorias.
3. Mediante petición del 25 de julio de 2013, el señor Rodríguez Guerrero solicitó al coordinador del Centro de Servicios Judiciales del sistema penal acusatorio de Bogotá, que se reservara o restringiera la consulta del proceso penal en el que fue condenado.
4. En respuesta del 28 de agosto de 2013, le informaron que no tiene ningún requerimiento pendiente de ese proceso, porque ya se habían enviado las comunicaciones sobre la extinción de la pena a las diferentes autoridades y, que en el sistema siempre aparecerá que existió un proceso penal en su contra, pero que también se verá que se ordenó el archivo definitivo del mismo.

Argumentos jurídicos que sustentan la vulneración alegada en la tutela: El actor considera que se están vulnerando los derechos fundamentales invocados, porque el público tiene acceso información que refleja sus antecedentes penales, lo que afecta su buen nombre y le impide conseguir trabajo.
Decisión del fallo de tutela de primera instancia y fundamentos: Amparó los derechos invocados, porque consideró que la información pública ha impedido que el actor consiga trabajo y le ordenó al CENDOJ que restringiera la información del actor.
Quién impugna y fundamentos de la impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia: La directora del CENDOJ porque la administración del sistema de información de procesos Justicia Siglo XXI es la de la unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial.
Tesis y fundamentos del proyecto de fallo de tutela de segunda instancia: Revoca y niega el amparo, porque se encontró demostrado que el CENDOJ cumple su función de administración de datos de la rama judicial y, porque el sistema de consulta de antecedentes penales corresponde a la Policía Nacional.
Fuente normativa: Artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo PSAA11-9109 de 2011 y artículo 1º del Acuerdo 1591 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura.
Observaciones de otros despachos:

Apoderados:

Demandante: Sandra Lily Velasco Burbano

Demandado: N/A