Sentencia 2013-06457 de septiembre 9 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000 2013 06457 01

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Sala 76 de la misma fecha

Bogotá D.C., septiembre nueve de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 256, numeral 3º de la Constitución Política y según la interpretación de lo dispuesto en los artículos del 14 al 19 del Acto Legislativo 2 de 2015 por parte de la Corte Constitucional en el Auto de Sala Plena 278 del 9 de julio del presente año y, 59 de la Ley 1123 de 2007, procede esta Sala a pronunciarse frente al recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

La potestad disciplinaria del Estado

La forma organizativa de Estado social de derecho acogida en Colombia a partir de la Constitución de 1991, implicó un cambio trascendental en la concepción del papel del Estado contemporáneo. El tránsito del Estado liberal de derecho fundado, entre otros, en el postulado laissez faire-laissez passer, al Estado social de derecho, ha conllevado a la asunción de una función activa y protagónica del Estado actual como “promotor de toda la dinámica social”(11).

El cumplimiento de unos fines esenciales y sociales del Estado, como la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, entre otros factores, ha ocasionado un incremento considerable de las funciones de los órganos estatales, que a la vez ha conducido a la ampliación de los poderes sancionatorios del Estado(12).

El derecho sancionador, reconoce que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente en la realización de sus fines (art. 113 Superior). De esta manera, la represión de los ilícitos que correspondía exclusivamente a la Rama Judicial y más concretamente a la Jurisdicción Penal, se muestra hoy insuficiente frente al aumento del repertorio de infracciones producto de la mayor complejidad de las relaciones sociales en el Estado moderno que, como se señaló, ha incrementado sus funciones(13).

La potestad sancionatoria penal propende por la garantía del orden social en abstracto; la consecución de fines retributivos, preventivos y resocializadores; y presenta un mayor grado de afectación de los intereses jurídicamente protegidos que daría lugar a la privación de la libertad. No ocurre lo mismo con la potestad sancionatoria disciplinaria, al buscar primordialmente garantizar la organización y el funcionamiento de la Administración, y cumplir los cometidos estatales; cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos consignados; que descartan la imposición de sanciones privativas de la libertad(14).

Así, el derecho disciplinario comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho colombiano, conforme a la institución encargada de materializar la función de control disciplinario, esto es la jurisdicción disciplinaria, propugna por el comportamiento ético de los abogados y funcionarios judiciales, en razón de su función social, que demanda un comportamiento ejemplar, determinado por el cumplimiento de unos deberes de carácter deontológico funcional, cuyo desconocimiento lleva a la estructuración de la falta disciplinaria(15).

Se trata entonces de la configuración del injusto disciplinario, que se da por desconocimiento de los deberes, la incursión en algún tipo de prohibición, por la materialización o realización de faltas en particular y, la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades o inhabilidades. Sin duda estamos en presencia de un Derecho Público, Constitucional y Autónomo(16).

Caso concreto

Al doctor Julio César Díaz Meneses, en sede de primera instancia, se le declaró responsable de las faltas consagradas en los artículos 37, numeral 1º y, 35, numeral 1º, de la Ley 1123 de 2007, tipos disciplinarios que consagran las infracciones en las cuales puede incurrir un profesional del derecho contra la debida diligencia profesional y la honradez, respectivamente, este último abiertamente conocido como la rectitud en el obrar de cada persona.

Lo anterior, tras infringir los deberes profesionales establecidos en el numeral 10 y 8º del artículo 28 Ibídem, respectivamente, por cuanto pese a que le fue conferido poder por parte de la señora Magda Luz Hernández Rueda para que la representara al interior de las diligencias penales No. 2010-03154, no desplegó ninguna gestión tendiente a cumplir con el encargo, no obstante haber recibido la suma de $500.000 —de los cuales reintegró $200.000— a título de honorarios, dinero considerado desproporcional teniendo en cuenta que no ejerció el mandato otorgado.

En consecuencia, esta Sala en sede de segunda instancia, se circunscribirá a valorar los argumentos esbozados en el recurso de apelación, relativos con ese asunto concreto.

Se realiza la enunciada explicación, por cuanto se le precisa al doctor Díaz Meneses, que no se le declaró responsable de incurrir en la falta contra la debida diligencia profesional por no haber promovido proceso ejecutivo de alimentos contra el señor Zuluaga Fajardo, tal como lo dejó entrever en el escrito de alzada, sino solamente por no haber desplegado actuación alguna al interior de las diligencias penales 2010-03154.

Concluidas aquellas precisiones, procede esta Sala, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo, y la luz de las disposiciones legales atinentes al tema a debatir, a analizar cada uno de los cargos imputados al doctor Julio César Díaz Meneses.

- De la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

De las pruebas allegadas al expediente, tales como, la declaración de la quejosa, el testimonio del señor Juan Carlos Ruiz Chávez, la versión libre del disciplinado y las copias del proceso penal 2010-03154, se observa que a raíz de la ruptura sentimental de la señora Magda Luz Hernández Rueda con Franklin Zuluaga y, además, con ocasión de un incumplimiento en las cuotas alimentarias que este último debía cancelar en virtud de la menor hija de ambos, el 9 de junio de 2010 la señora Hernández Rueda presentó denuncia penal contra su antigua pareja por la conducta punible de inasistencia alimentaria.

Posteriormente, el 17 de julio de 2012 la señora Hernández Rueda le confirió poder al doctor JULIO CÉSAR DÍAZ MENESES, para que “ejerza la defensa de mis intereses dentro del proceso de la referencia”, otorgándole las siguientes facultades:

“Mi apoderado queda facultado para conciliar, recibir, desistir, transigir, sustituir, designar apoderado suplente, designar dependiente judicial, interponer recursos y en general todas las facultades que requiera para cumplir con cabalidad con el mandato aquí conferido”(17).

En contraposición de lo anterior, no se observa que con posterioridad al 17 de julio de 2012 —fecha en la que se radicó el poder enunciado en la Fiscalía 13 Local de Bogotá— el doctor DÍAZ MENESES hubiese desplegado actuación alguna al interior de las diligencias penales 2010-03154, es decir, no se encuentra que el profesional del derecho hubiera ejercido el mandato otorgado por la señora Hernández Rueda, por cuanto no se evidencia que presentara memoriales solicitando el impulso del pleito o acudiera a diligencias programadas por el ente investigador, conductas que sí se demostraron de la señora Hernández Rueda, como a continuación se explicará.

- El 30 de agosto de 2012, la señora Magda Luz Hernández Rueda llegó memorial al proceso penal 2010-03154, en el cual indicó:

“Por medio de la presente me dirijo a ustedes dando a conocer que al señor Franklin Zuluaga Fajardo con C.C. 79.535.162 de Bogotá, quien se encuentra actualmente demandado por inasistencia alimentaria a quien no se le ha encontrado manera de la cual se haga responsable en sus obligaciones paternales. Doy a conocer a ustedes sobre los procesos de sucesión en bienes que dejó la señora Ana Rosa Fajardo con C.C. 41.351.943, cuyo parentesco es madre del demandado a quien pido se le investigue sus propiedades en sucesión”(18).

- El 28 de febrero de 2013, la Fiscalía 13 Local de Bogotá elevó la siguiente constancia:

“En la fecha y hora arriba indicadas se hicieron presentes al despacho la señora Magda Luz Hernández Rueda, identificada con C.C. 52.532.672 de Bogotá, residente en la carrera 1 este Nº 43 16 sur barrio San Miguel tel. 320 308 37 65, conelfindeindagarsobreel estadoactualdesuinvestigacióneindicarquetienecomo testigosa María Angélica Rueda Hernández y Pedro Javier Forero, que se pueden ubicar por intermedio mío en la dirección anotada”(19) (Resaltado y Negrilla por fuera del texto).

- En consecuencia, el 1º de marzo de 2013, la Fiscalía 13 Local de Bogotá ordenó recepcionar el testimonio de María Angélica Rueda de Hernández y Pedro Javier Forero Sepúlveda(20).

- El 23 de mayo de 2013, se recepcionó el testimonio de Pedro Javier Forero Sepúlveda(21) y de María Angélica Rueda de Hernández(22).

- El 17 de septiembre de 2013, la Fiscalía 13 Local de Bogotá suscribió la siguiente constancia:

“(…)

Que se presentó a este despacho la señora MAGDA LUZ HERNÁNDEZ RUEDA, CC. Nº 52.532.672, DIRECCIÓN CARRERA 1 ESTE Nº 43 69 SUR, BARRIO SAN MIGUEL LA GLORIA, TELS: 320 308 3765, conel fin de realizar diligenciade conciliación pero esta nosepudollevaracabo,porqueelindiciado,nosepresentó. Por lo anterior se continuará con la correspondiente investigación” (Subrayado y Negrilla por fuera del texto).

- El 2 de octubre de 2013, la señora Magda Luz Hernández Rueda presentó derecho de petición, por medio del cual realizó la siguiente solicitud:

- “Solicitar proceda a diligencia y lleve ante el Sistema Penal Acusatorio el proceso de la referencia. En vista de las reiterados incumplimientos por parte del imputado a las conciliaciones las cuales y han (sic) sido fracasadas y con la entrega del informe del investigador se cumple a cabalidad los presupuestos para que elo (sic) imputado sea llamado a IMPUTACIÓN DEL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA. (sic).fundamento en el artículo 2343 MODIFICADO. LEY 1181 DE 2007 artículo 1º y 235 del C.P.”(23).

- El 9 de octubre de 2013, el Fiscal 13 Local de Bogotá dio respuesta al derecho de petición enunciado, en el cual realizó un recuento de las diferentes actuaciones surtidas. Resalta la Sala, que en el resumen efectuado no se mencionó gestión alguna ejecutada por el doctor DÍAZ MENESES(24).

El 29 de octubre de 2013, la señora Hernández Rueda radicó, nuevamente, derecho de petición en la Fiscalía 13 Local de Bogotá, por medio del cual, a parte de solicitar la práctica del testimonio de Pedro Javier Forero Sepúlveda y María Angélica Rueda de Hernández, realizó el siguiente requerimiento:

“Solicitar a su digno ORDENE a quien corresponda el envió (sic) del proceso de la referencia a el CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÁ D.C. para lo pertinente, por cumplir a cabalidad los presupuestos y donde se prueba que el demandado, hace caso omiso a sus requerimientos y falta a las diferentes negociaciones”(25).

- El 5 de junio de 2014, se celebró audiencia de conciliación en la Fiscalía 13 Local de Bogotá, donde acudieron Magda Luz Hernández Rueda y Franklin Zuluaga Fajardo —no se observó presencia del doctor DÍAZ MENESES—, quienes llegaron a un acuerdo conciliatorio respecto de las cuotas alimentarias y, en consecuencia, se elevó la respectiva acta, suscrita por la querellante, el querellado y el Fiscal del caso, únicamente(26).

Desde este punto de vista, pleno fundamento encuentra esta Corporación para que la primera instancia lo sancionara por la falta que aparece descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, pues se demostró con las pruebas aportadas, la materialidad de la falta y la responsabilidad del disciplinado exigidas en el artículo 97 Ibídem, para proferir sentencia sancionatoria, toda vez que pese a haber recibido poder de parte de la señora Magda Luz Hernández Rueda, con el fin que la representara al interior de las diligencias penales 2010-03154, no desplegó acción alguna tendiente a cumplir con el encargo confiado, como quiera que en ese expediente no obra actuación del profesional del derecho, en contraposición a los diferentes memoriales presentados por la quejosa, los cuales de una u otra manera, impulsaron el pleito en mención.

Respecto de lo manifestado por el disciplinado, relativo a que en varias oportunidades —sin precisar circunstancias de tiempo— acudió a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de solicitar la continuación de la investigación seguida contra el señor Zuluaga Fajardo, observa esta Colegiatura, que no existe prueba alguna que corrobore su dicho ni que tampoco cuestione el plenario penal, el mismo que es absolutamente demostrativo de la conducta omisiva del letrado, y de la postura diligente de la quejosa, quien en diferentes oportunidades acudió a las oficinas del ente investigador, con el objeto de informar aspectos concretos, solicitar testimonios e incluso, manifestar que estaría dispuesta a conciliar con el denunciado Zuluaga Fajardo.

Es precisamente esa conducta diligente y acuciosa de la señora Hernández Rueda la que se le reclama y se echa de menos del doctor DÍAZ MENESES, quien tenía el deber de realizar las diferentes gestiones efectuadas por su cliente, por cuanto esa fue la razón por la que se solicitó sus servicios profesionales, para que en virtud de su calidad y, por lo mismo, conocedor del ordenamiento jurídico, efectuara y acudiera a las diferentes herramientas y mecanismos establecidos en la ley penal para sacar avante lo pretendido por su mandante.

Igualmente, se contempla que el doctor DÍAZ MENESES no aportó prueba alguna que soportara y demostrara su dicho, lo cual le era imperativo debido al principio de la carga de la prueba.

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso consagraron el principio de la autorresponsabilidad al afirmar que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, es decir, es a la parte a quien incumbe aportar al proceso las pruebas de sus alegaciones y de las normas que establecen los efectos perseguidos y, por lo tanto, es ese sujeto procesal a quien le corresponde sufrir las consecuencias de su propia inactividad(27).

En el presente evento, el abogado investigado debió indicar, la autenticidad de lo manifestado como medio defensivo, es decir, que representó los intereses de la señora Hernández Rueda en el proceso penal 2010- 03154, pues al no existir alguno —y a la denunciante negarlo—, queda demostrada la materialidad de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, consistente en no haber desplegado actuación alguna en las diligencias penales referenciadas en virtud del poder otorgado por la quejosa, sin que obre prueba que justifique el actuar desplegado, violatorio del deber consagrado en el numeral 8º del artículo 28 Ibídem.

Lo anterior, de conformidad con el principio de la carga dinámica de la prueba, caso en el que corresponderá probar a quien se encuentra en mejores condiciones para hacerlo, en este evento, al disciplinado, quien debió aportar algún elemento de juicio demostrativo y justificativo de su defensa.

Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado que:

“El llamado principio de las cargas dinámicas (…) encuentra su fundamento en las normas constitucionales que consagran el principio de equidad, toda vez que en algunas ocasiones este puede verse vulnerado por la exigencia hecha a la parte actora de aportar determinadas pruebas al proceso dada su dificultad; y por lo mismo, supondría la inaplicación, en tales eventos, de la norma procesal civil que consagra a su vez el principio del onus probando. Sin embargo, en otros casos es la parte actora la que está en condiciones de aportar los medios de convicción pertinentes, por lo cual resulta innecesaria la inversión de la carga de la prueba que conlleva la presunción de falla del servicio; opera entonces el principio de la carga dinámica de la prueba, en virtud del cual si es el demandante quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar determinados hechos”(28).

En consecuencia, para esta Sala queda demostrado que el doctor JULIO CÉSAR DÍAZ MENESES infringió el deber establecido en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrió en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 Ibídem, a título de culpa, como acertadamente lo indicó el Seccional, pues teniendo el deber de hacer uso de su capacidad jurídica y plena diligencia para adelantar la gestión encomendada, no lo hizo, como quiera que no aparece actuación suya en las diligencias penales 2010-03154 y tampoco se encuentra probado gestiones extraprocesales efectuadas por el disciplinado, sin que se encuentre en el plenario ningún elemento de convicción que permita establecer una causal de justificación a la infracción contentiva en el tipo disciplinario descrito.

- De la falta del numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

De la declaración de la señora Magda Luz Hernández Rueda, el testimonio de Juan Carlos Ruiz Chávez y la versión libre del disciplinado, observa esta Colegiatura que la quejosa le entregó al doctor DÍAZ MENESES la suma de $500.000 a título de honorarios por los servicios profesionales adquiridos con ocasión de la representación de esta en la diligencia penal 2010- 03154 seguida contra Zuluaga Fajardo; dinero que de conformidad con lo manifestado por el testigo Ruiz Chávez, fue reintegrado parcialmente por parte del letrado, como quiera que devolvió el monto de $200.000 ante las presiones y exigencias expresas de la cliente y de su compañero sentimental, señor Pedro Javier Forero Sepúlveda —conocido del sujeto disciplinable—.

De lo anterior se concluye, que la señora Hernández Rueda entregó al doctor DÍAZ MENESES, $500.000 por concepto de honorarios; sin embargo y al percatarse de la inactividad de este al interior del proceso penal enunciado, le solicitó la devolución del dinero concedido, a lo cual accedió parcialmente el profesional del derecho, como quiera que solamente reintegró $200.000, quedando $300.000.oo en su poder.

Esta Colegiatura encuentra ajustada la petición que en su momento realizó la señora Hernández Rueda al investigado, relativa al reintegro del dinero concedido, pues como ha quedado demostrado, no se observa actuación del doctor DÍAZ MENESES dentro del proceso penal 2010-03154 y tampoco se evidencia prueba alguna demostrativa de una gestión extraprocesal de su parte, por lo tanto, resulta a todas luces desproporcionado el monto obtenido frente al trabajo desplegado.

La Corte Constitucional en Sentencia T-1143 de 2003, consagró que el cobro desproporcionado de honorarios solo es falta disciplinaria cuando el profesional se aprovecha de la necesidad, ignorancia o inexperiencia del cliente, debiéndose esbozar claramente los motivos por los cuales se consideró probada la ventaja obtenida por el abogado frente al vulnerado poderdante, estipulando unos criterios jurídicos que deben ser evaluados al momento de sancionar a un abogado por el tipo disciplinario de referencia, que son: a. El trabajo efectivamente desplegado por el litigante; b. El prestigio del mismo; c. La complejidad del asunto; d. El monto o la cuantía; y, e. La capacidad económica del cliente.

Por lo anterior, esta Sala atendiendo los criterios fijados por la intérprete máxima de nuestra Constitución Política, considera totalmente desproporcional el pago que se le concedió por honorarios, pues no existe un equilibrio entre lo recibido y lo realizado de acuerdo al objeto del mandato, es decir, el abogado se comprometió a representar los intereses de la señora Hernández Rueda dentro del proceso penal 2010-03154; sin embargo, en ese expediente no se evidenció actuación alguna de su parte, por lo contrario, se encontraron memoriales suscritos y radicados a título propio por la quejosa, quien prácticamente impulso con sus diferentes solicitudes, el litigio mismo, por lo tanto, es excesivo y desproporcional el monto concedido frente a la labor practicada, aprovechándose de esta manera, de la necesidad y urgencia de la señora Hernández Rueda de conseguir un profesional del derecho que la defendiera, representara y sacare avante su pretensión, la cual era conseguir que el progenitor de su menor hija respondiera por las cuotas alimentarias adeudadas.

De esta manera, para esta Sala queda demostrada la infracción al deber establecido en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la incursión en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 35 Ibídem, a título doloso como acertadamente lo calificó el Seccional, por cuanto el abogado era consciente de lo que se había comprometido en el mandato y por lo cual, recibiría la suma pactada, que en efecto aceptó sin adelantar tal labor, resultando totalmente desproporcional lo accedido frente a lo realizado.

En cuanto a la antijuridicidad, se tiene que no se encuentra en el plenario ningún elemento de convicción que permita establecer una causal de justificación a la infracción contentiva en el tipo disciplinario descrito en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, correspondiéndole el respectivo reproche disciplinario y la imposición de sanción por la conducta desplegada, por cuanto resulta totalmente desproporcional los honorarios percibidos frente a la labor desplegada por el abogado, aprovechándose de la necesidad de la quejosa, quien necesitaba contar con un profesional diligente que velara por sus intereses dentro del proceso, como quiera que pretendía le fuera cancelada las cuotas alimentarias adeudadas por parte del progenitor de su menor hija.

Precisamente atendiendo las trascendentales funciones de los abogados y el riesgo que de su actividad se deriva, el Legislador se ha ocupado de expedir diversos estatutos con el propósito de regular dicha actividad, imponer algunas restricciones y señalar los correctivos pertinentes(29)2. Por lo anterior, y en lo que corresponde a la sanción de SUSPENSIÓN POR CUATRO (4) MESES en el ejercicio de la profesión impuesta por la sala A quo, la misma se confirmará por resultar dicha sanción necesaria, pertinente y proporcional, en tanto permite y cumple con la función de corrección y prevención.

Sin necesidad de otras consideraciones, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 29 de mayo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual sancionó con SUSPENSIÓN DE CUATRO (4) MESES en el ejercicio del cargo, al doctor JULIO CÉSAR DÍAZ MENESES, al hallarlo responsable de la comisión de las faltas contenidas en los artículos 35, numeral 1º y, 37, numeral 1º, de la Ley 1123 de 2007.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho Registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Remítase el expediente a la Colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase».

11 Corte Constitucional, Sentencia C-595/10.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-595/10.

15 Ibídem

16 Derecho disciplinario que se enmarca en el núcleo el constitucionalismo contemporáneo representado por los valores, principios, derechos, deberes y garantías constitucionales

17 Folio 68 del c.a.

18 Folio 78 del c.a

19 Folio 79 del c.a.

20 Folio 80 del c.a.

21 Folio 82 del c.a.

22 Folio 83 del c.a.

23 Folio 88 del c.a.

24 Fls 89-90 del c.a.

25 Fls 91-92 del c.a.

26 Fls 108-109 del c.a.

27 NISIMBLAT Nattan, DERECHO PROBATORIO Introducción a los medios de prueba en el Código General del Proceso, Ediciones Doctrina y Ley Ltda, Bogotá D.C., 2013, pág. 172.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Proceso 85001-23-31-000-1993-00074-01, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

29 Sentencia C-819 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.