Sentencia 2013-06678 de marzo 23 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201306678 01

Aprobado según Acta 24 de la misma fecha

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Bogotá D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la procesada contra la sentencia del 1º de septiembre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se resolvió sancionar con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses a la abogada Marha Yaneth Gutiérrez Rojas luego de haberlo hallado responsable de incurrir en las faltas descritas en el numeral 1º del artículo 37, y literal c) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007; dejando por sentado que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo 1º de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a desatar en sede de apelación la providencia del a quo así,

El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, lo cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, por ende, en la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Se advierte que la togada fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, por faltar al deber de obrar con la debida diligencia profesional el cual está consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al incurrir en la falta descrita en el artículo 37, numeral 1º ibídem, preceptos cuyos tenores literales son los siguientes:

“… ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…).

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo…”.

“… ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas…”.

También se atribuyó a la abogada disciplinada, un segundo cargo por faltar al deber previsto en el literal c) del numeral 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y con ello incurrir en la falta tipificada en el literal c) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, atribuida a título de dolo.

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

“(…)”.

“18. Informar con veracidad a su cliente sobre las siguientes situaciones:

c) La constante evolución del asunto encomendado y las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos.

“ART. 34.—Constituyen faltas a la lealtad con el cliente:

“(…)”

“c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarla la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto”.

A la anterior imputación se llegó con fundamento en el acervo probatorio acopiado en el investigativo, como fueron las intervenciones bajo la gravedad del juramento de los quejosos María Teresa Eraso Torres, Natalia Caguasango Eraso y Silvio Gerardo Caguasango Eraso, las piezas procesales del expediente de reparación directa radicado 2012-00226 de conocimiento del Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, las documentales tramitadas para soportar la demanda mencionada, así como la versión de la disciplinada y sus alegatos conclusivos.

Respecto de los fundamentos de la apelación interpuesta por la abogada Martha Yaneth Gutiérrez Rojas, contra la sentencia del 1º de septiembre de 2015, mediante la cual fue sancionada con suspensión en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses, por incurrir en las faltas disciplinarias tipificadas en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 a título de culpa y en el literal c) del artículo 34 ibídem, a título de dolo, se destacan los siguientes:

La recurrente centra el argumento de su defensa, en expresar que la motivación para imponer la sanción en su contra, se basó en los testimonios de las señoras María Teresa Eraso y Natalia Caguasango Eraso, los que califica de faltar a la verdad, ser contradictorios, amañados, que se desmienten entre ellas mismas, por ende no debieron ser valorados con certeza, sino con duda y que en cambio se dejaron de valorar sus intervenciones que si son verdaderas.

Concluyendo en su argumentación que no hubo armonía entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, porque basándose en los testimonios de los quejosos que descalifica en su totalidad, considera que no se le puede atribuir como dolosa la conducta, y en cambio sí debieron aplicarse en su favor los principios de debido proceso, duda razonable, igualdad, buena fe, relevantes para la integridad y su buen nombre jurídico.

Pues bien, considera la Sala que no son de recibo los argumentos expuestos por la recurrente, como quiera que lo primero que se advierte y llama la atención de esta corporación es que la abogada ejerció directamente su defensa en este proceso, asistió a todas las audiencias y en la de juzgamiento lo hizo acompañada de su defensora de confianza, por ende no puede aludir que se le haya violado el debido proceso, se observa que la actuación estuvo prevalida de todas las garantías procesales, aportó y solicitó pruebas que fueron integradas a la investigación, básicamente referente a las gestiones primarias de acopio de documentación para soportar la demanda a presentar y el trámite de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción a incoar, las cuales desde luego que si fueron valoradas en la investigación, como lo fueron sus intervenciones en la versión libre y en los alegatos finales, situación distinta en es que no hayan sido hayan desvirtuado la comisión de las conductas y su responsabilidad en las mismas, decisión del a quo que es respaldada por esta superioridad, por estar acorde a lo evidenciado probatoriamente.

También es de destacar por esta Sala, que contrario a lo expuesto por la impugnante en este momento procesal, en el desarrollo de las audiencias en las que se recepcionó la ampliación de la queja a los afectados, bajo la gravedad del juramento, la abogada en ningún momento cuestionó sus intervenciones, mucho menos las tachó de falsas, así como tampoco de contradictorias y faltas a la verdad, oportunidad en la que le asistió el derecho para interrogarlos, argumento que solo viene a advertir en el recurso de apelación contra la providencia sancionatoria en su contra.

Al respecto, esta Sala precisa que no asiste razón a la profesional del derecho investigada, como quiera que evidentemente en lo que a la primera conducta respecta, la tipificada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, sobre la que poca referencia se hace en la apelación, la evidencia probatoria es contundente en revelar que la abogada Martha Yaneth Gutiérrez Rojas, desde 29 de diciembre de 2010 en que fue consultada por primera vez por los quejosos para tramitar una demanda de reparación directa frente al accidente que sufrió Natalia Caguasango el día 9 de mayo de 2010 en el parque El Tunal sufrió un traumatismo ocular por un balonazo que le golpeó su ojo izquierdo produciéndole ceguera definitiva, desde dicho momento y hasta el día 12 de diciembre de 2012 que se profirió la decisión de rechazo de la demanda por presentación extemporánea, se constituyó en la mandataria de los quejosos, aceptando verbalmente el mandato, por lo que si bien como ella lo refiere en efecto adelantó las gestiones de búsqueda de pruebas para respaldar la demanda a presentar a través de algunos derechos de petición y asistió a la conciliación prejudicial en la Procuraduría General de la Nación, no se puede desconocer y es evidente que la abogada perdió de vista el término legal con el que contaba para instaurar en término la demanda y con ello haber agilizado los trámites concernientes al diligenciamiento oportuno de los poderes, así como la prueba pericial, pues recordemos que es ella la profesional del derecho y sus clientes no tenían el conocimiento de la premura de la caducidad, es más pareciera que la abogada no tuvo claro dicho factor sustancial en la gestión encomendada, al punto que es inexplicable haya radicado la demanda el 1º de octubre de 2012, cuando ya había caducado la acción que lo fue desde el 17 de agosto de 2012, lo cual no tiene ninguna justificación de su parte, cuando se reitera desde finales del 2010 aceptó verbalmente el mandato encomendado por los quejosos para ejercer el mecanismo de control administrativo previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con tan grave resultado de haber frustrado la oportunidad de lograr el resarcimiento económico de los perjudicados por tan grave hecho originario de la acción pretendida.

Recapitulando acorde con la prueba documental allegada al investigativo, se observa que la abogada Martha Yaneth Gutiérres Rojas, tramité unos primeros poderes para radicar la solicitud de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la acción, el 27 de marzo y el 11 de abril de 2012, radica dicha solicitud en la Procuraduría General de la Nación el 13 de abril de 2012 y se agota el 16 de julio del mismo año, fecha a partir de la cual contaba con un mes para presentar la demanda, esto es hasta el 17 de agosto de 2012, radicándola solo hasta el 1º de octubre de 2012 cuando ya había caducado.

Es decir, la abogada habiendo asumido el asunto desde el 29 de diciembre de 2010, obtenido el dictamen de la pérdida de capacidad laboral de la lesionada desde el 21 de noviembre de 2011, conforme está certificado en el expediente que lo expidió en dicha fecha la NUEVA EPS, no obstante solo elabora poderes a sus clientes para iniciar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, en marzo y abril de 2012 y para presentar la demanda administrativa hasta el 6 de septiembre de 2012 es que le remite vía correo electrónico a Natalia el poder, no existiendo soporte probatorio de cuándo se los remitió a los otros clientes, o si fue en la misma fecha a los tres, siendo entonces evidente la parsimonia con que la abogada desplegó la gestión para la que fue contratada, por lo que a no dudarlo, constituye su comportamiento en reprochable siendo acreedora de la sanción impuesta en su contra en lo que la falta al deber de diligencia se refieren el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conducta atribuida a título de culpa, dada la negligencia y demora para instaurar el control de reparación directa con el consecuente resultado perjudicial para sus clientes.

Finalmente, en cuanto a la errada tipificación de calificar como dolosa su conducta, teniendo en cuenta que dicha culpabilidad le fue atribuida respecto de la falta prevista en el literal c) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, la abogada hace énfasis en que se vulneró el principio de consonancia porque entre la sentencia y los medios probatorios como son las ampliaciones de los quejosos, están viciados de carecer de certeza por ser contradictorios y amañados, que no se le puede endilgar que actuó con dolo porque no buscó a los clientes, llegando a afirmaciones no probadas.

Pues bien, como expresamente lo fundamentó el a quo este cargo se imputó a la abogada por cuanto ocultó a los clientes el resultado de la providencia proferida el 12 de diciembre de 2012 por el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, en el que se rechazó la demanda de reparación directa en que representaba a los quejosos, por haberse presentado de manera extemporánea como ya nos hemos referido precedentemente.

La disciplinada, en el recurso de apelación argumenta que ello no es cierto, que sus clientes se enteraron fue por ella de que se había definido en dicho sentido el litigio, descalificando como faltos a la verdad, amañados, contradictorios las declaraciones rendidas por sus poderdantes la señora María Teresa Eraso y la lesionada Natalia Caguasango Eraso, ante lo cual la corporación, considera que la fundamentación de la impugnante es la que no consulta la verdad, pues contrario a la apreciación de la abogada esta colegiatura coincide con la valoración y argumentación expuesta en el fallo de primer grado, toda vez que es totalmente viable jurídica y probatoriamente hablando dar credibilidad a los quejosos en sus afirmaciones, porque fueron ellos los perjudicados con el actuar de la profesional del derecho y es que analizada en su integridad la gestión que desplegó, surge con claridad su falta de ética y responsabilidad en el cumplimiento del mandato que le fue encomendado, la inculpada transcribe apartes de las ampliaciones de las quejosas e interpreta a su acomodo, cuando estas son totalmente coherentes y precisas en revelar que se enteraron de la decisión adversa porque fueron y la constataron en el juzgado y con la decisión en mano fueron a la oficina de la abogada, ahí es donde ella les manifiesta que no hay nada que hacer, es decir, no se enteraron de primera mano por ella, sino por su propia gestión.

Así las cosas, conforme al plenario se tienen como probadas las conductas y la responsabilidad del disciplinable en los cargos imputados, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente válido de su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es confirmar la responsabilidad disciplinaria expuesta en la sentencia apelada.

2. De la sanción impuesta.

Finalmente y frente a la sanción impuesta en sede a quo la cual fue de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses, será mantenida por ésta corporación por cuanto en efecto obedece a un criterio razonado y ponderado, teniendo en cuenta la materialidad de dos faltas, una en la modalidad culposa la de falta a la debida diligencia profesional y la de falta de lealtad con el cliente en la modalidad dolosa, la ausencia de antecedentes disciplinarios en cabeza de la togada y el impacto negativo que ello generó tanto en la imagen que el colectivo percibe de la profesión de la abogacía como en los intereses de los quejosos; dejan por sentado que la anterior dosificación se realizó con base en lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 1º de septiembre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se resolvió sancionar con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses a la abogada Martha Yaneth Gutiérrez Rojas, luego de haberla hallado responsable de incurrir en las faltas descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 y el literal c) del artículo 34 ibídem, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de éste fallo.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».