Sentencia 2013-06925 de abril 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente:

César Palomino Cortés

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 25000-23-42-000-2013-06925-01

Nº interno: 2594-2016

Demandante: Luz Marina Sierra Leal

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho. Ley 1437 de 2011

Tema: Pensión gracia. Docente nombrado por autoridad departamental antes del 31 de diciembre de 1980. Confirma fallo del tribunal que accedió a las pretensiones de la demanda

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Cuestión previa.

Corresponde a la Sala pronunciarse frente al impedimento de la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez con fundamento en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso, toda vez que conoció el proceso de la referencia, cuando se desempeñaba como magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Al respecto se evidencia que efectivamente la Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez sustanció el proceso en primera instancia(5); en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 160 A del Código Contencioso Administrativo, se aceptará el impedimento manifestado y se le declarará separada del conocimiento del presente asunto.

3. Del problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación presentado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, la Sala determinará si procede revocar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda, ordenando el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la señora Luz Marina Sierra Leal. Para el efecto se analizará si los tiempos de servicios docentes de la actora en el Municipio de Une, Cundinamarca, anteriores al 31 de diciembre de 1980, son válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

3.1. La pensión de jubilación gracia.

a. La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

b. Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según el artículo 6º, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

c. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

d. Así mismo, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

“(...) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. (...)”. 

f. La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado(6), pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15 trascrito, puntualizó:

“(...) También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (...).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. (...)”. 

3.2 Pruebas relevantes.

Edad.

Obra en el proceso a folio 2 la copia de la cédula de ciudadanía de la señora Luz Marina Sierra Leal, donde consta que nació el 13 de julio de 1961, por lo tanto, para el 7 de marzo de 2012, fecha en que solicitó el reconocimiento pensional(7), tenía más de 50 años.

Tiempo de servicios y vinculación.

— Copia del acta de posesión del 19 de junio de 1980 como maestra interina de la escuela rural de la vereda de Timasita del Municipio de Une, que válida con retroactividad el nombramiento de la demandante desde el 18 de abril de 1980, por el término de 30 días(8).

— Copia del acta de posesión del 27 de abril de 1980, como maestra interina de la escuela rural de la vereda de Timasita, en la que consta que fue nombrada mediante el Decreto 661 del 20 de marzo de 1980, por la Secretaria de Educación de Cundinamarca, por el término de 60 días desde el 18 de febrero de 1980(9).

— Copia de la constancia del director de escuelas del Municipio de Une, Cundinamarca, en la cual certifica que la accionante trabajó en la escuela rural mixta de la vereda Timasita, como maestra interina desde el 18 de febrero de 1980, por el término de 60 días, en remplazo de la titular del cargo, quien disfrutaba de una licencia(10).

— Copia de la constancia del director de escuelas del Municipio de Une, Cundinamarca, donde certifica que la demandante prestó sus servicios como maestra interina en la escuela rural mixta de la vereda de Timasita, a partir del 18 de abril de 1980, por el término de 30 días(11).

— Copia del acta de posesión Nº 00709 del 22 de marzo de 1983, ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, como maestra en el Municipio de Tocaima(12).

— Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de fecha 26 de julio de 2011, en el que se indica que la señora Luz Marina Sierra Leal estaba vinculada como nacionalizada a la Secretaria de Educación de Cundinamarca, mediante el Decreto 549 del 18 de febrero de 1983, y que prestó sus servicios hasta el 29 de enero de 1997, para un total de 28 años, 4 meses y 5 días(13).

Buena conducta.

En la copia del expediente administrativo consta la declaración de honradez y buena conducta de la accionante y el certificado de la Procuraduría General de la Nación en el que no registra antecedentes disciplinarios(14).

3.3 Del caso concreto.

En el sub lite la señora Luz Marina Sierra Leal solicita la nulidad de los actos administrativos expedidos por la UGPP, que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, porque omitió aportar los decretos de nombramiento en el Municipio de Une, Cundinamarca, para probar el tiempo de servicios anterior al 31 de diciembre de 1980.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió al reconocimiento de la pensión gracia, al considerar que con las certificaciones del director de la escuela y las actas de posesión como maestra en el Municipio de Une, Cundinamarca, se acreditó el requisito de vinculación en la docencia oficial territorial antes del 31 de diciembre de 1980.

Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación alegando que la actora no demostró estar vinculada el 31 de diciembre de 1980, como docente territorial o nacionalizada, resaltando que el tiempo de servicio de 90 días en el Municipio de Une, Cundinamarca, no se puede computar para el reconocimiento de la pensión gracia, ya que no aportó los decretos de nombramiento.

Sentado el objeto del recurso de apelación, la Sala destaca que después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, el apoderado de la accionante allegó al proceso la copia simple del Decreto 1708 del 29 de abril de 1980, dictado por el gobernador de Cundinamarca, en el que nombró interinamente a la señora Luz Marina Sierra Leal, como maestra de la escuela rural Timasita, Municipio de Une, desde el 18 de abril de 1980, por 30 días(15). Frente a este documento el A quo señaló que no sería tenido en cuenta “por cuanto de conformidad con el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no fueron solicitados, practicados ni incorporados al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas en el mismo código”. Por consiguiente, el análisis de las pruebas recaudadas en el proceso no incluirá la copia del Decreto 1708 de 1980.

Ahora bien, frente a la censura de la entidad recurrente se resalta que la sentencia del 6 de abril de 2017(16) se consideró que los certificados de los tiempos de servicios pueden ser valorados para el reconocimiento pensional, los cuales pueden ser expedidos por los directivos de los centros educativos y deben establecer con claridad la información de la vinculación. En la citada sentencia se dijo entonces que “lo importante de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestará los servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos temporales; a efecto de esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de 1913 en los términos analizados”(17).

Para constatar la acreditación de los requisitos que extraña la entidad demandada, se tiene que en el sub judice obran a folios 3 y 4 las copias de las actas de posesión del 27 de abril y 19 de junio de 1980 de la actora en el cargo de maestra interina, en la escuela rural mixta de la vereda Timasita ubicada en el Municipio de Une, Cundinamarca, en las que se indica que fue nombrada mediante los decretos Nos. 661 del 20 de marzo de 1980 y Nº 1708 del 29 de abril de 1980, expedidos por la Secretaría de Educación de Cundinamarca.

Además, a folios 5 y 6 constan en el proceso las certificaciones del director de escuelas del Municipio de Une, Cundinamarca, en las que informa que la demandante laboró durante 90 días en el año 1980 (desde el 18 de febrero de 1980 por 60 días, y a partir del 18 de abril de 1980 por 30 días), como maestra interina.

A partir de la valoración de las actas de posesión de la demandante maestra interina, en la escuela rural mixta de la vereda Timasita ubicada en el Municipio de Une, Cundinamarca, y de las certificaciones del director de escuelas del Municipio de Une, Cundinamarca, para la Sala se encuentra probado que la señora Luz Marina Sierra Leal fue vinculada como docente antes del 31 de diciembre de 1980, por nombramiento de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, autoridad del nivel territorial, por consiguiente, el tiempo laborado allí es apto para el reconocimiento de la pensión gracia.

De tal suerte que contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, sí está probado que la actora cumple con el requisito de haber sido docente oficial en el nivel territorial antes del 31 de diciembre de 1980.

Por otra parte, en lo atinente a los 20 años de servicios docentes oficiales con vinculación territorial o nacionalizada que se requieren para el reconocimiento de la pensión gracia, se destaca que en el proceso obra el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de fecha 26 de julio de 2011, en el que se indica que la señora Luz Marina Sierra Leal estaba vinculada como docente nacionalizada a la Secretaria de Educación de Cundinamarca, mediante el Decreto 549 del 18 de febrero de 1983, y que prestó sus servicios hasta el 29 de enero de 1997, para un total de 28 años, 4 meses y 5 días.

En último lugar, se precisa que la demandante nació el 13 de julio de 1961, de modo que cumplió 50 años el 13 de julio de 2011, en consecuencia, está acreditado el requisito de la edad para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

En atención a lo señalado, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de reconocer la pensión gracia a la actora, toda vez que sí acreditó la vinculación docente por nombramiento de autoridad del nivel departamental antes del 31 de diciembre de 1980 y cuenta con más de 20 años de servicios como docente nacionalizada.

III. DECISIÓN

Vistas las consideraciones que anteceden, se confirmará el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. ACEPTAR el impedimento manifestado por la Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. En consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto.

2. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 5 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos desarrollados en la parte motiva de esta providencia.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: César Palomino Cortés—Sandra Lisset Ibarra Vélez, Impedida—Carmelo Perdomo Cuéter»

5 Mediante auto del 20 de enero de 2014, la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, admitió la demanda en el proceso de la referencia, como consta a folios 36 a 39 del expediente.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Nº S-699 de 26 de agosto de 1997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

7 Como consta en la Resolución RDP 000688 del 30 de marzo de 2012, visible a folio 14 del cuaderno principal

8 Fl. 15 del cdno. ppal.

9 Fl. 16 del cdno. ppal.

10 Fl. 5 del cdno. ppal.

11 Fl. 6 del cdno. ppal.

12 Fl. 7 del cdno. ppal.

13 Fls. 9 a 11 del cdno. ppal.

14 Fls. 188 y 165 del cdno. ppal.

15 Fls. 228 a 232 del cdno. ppal.

16 Sentencia que citó las providencias de la Sección Segunda, Subsección B, del 16 de enero de 2006, Exp. 6024-05, M.P. Tarsicio Cáceres Toro; y del 14 de noviembre de 2015, Exp. 2636, M.P. Gerardo Arenas Monsalve

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 6 de abril de 2017, proceso con radicado 52001-23-31-000-2014-00270-01 (0585-16).